Edición Nº 1607

 

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    ARTÍCULO

    24 de Febrero de 2000


    No Hay Estabilidad Sin Democracia
    El embajador de los EE.UU. habla sobre las condiciones en que se desarrolla el proceso electoral peruano.

    Algunos consideran que, por encima de apariencias, el gobierno de los EE.UU. apoya al presidente Alberto Fujimori y desearía su permanencia en el gobierno. Otros creen que los EE.UU. constituyen una fuerza decisiva para desplazar a Fujimori. Un tercer grupo piensa que las dos posiciones anteriores coexisten, encarnadas en diferentes agencias norteamericanas, que actúan contradictoriamente. En la siguiente entrevista, la primera a un medio de prensa peruano, el embajador de los EE.UU., John R. Hamilton, aclara la posición de su gobierno sobre las cuestionadas elecciones peruanas. Hamilton, un miembro de carrera del Servicio Diplomático, estuvo en el Perú como consejero político en el período 1986-1989. Antes de retornar al Perú fue secretario adjunto principal del Departamento de Estado en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

     

    En su despacho, el embajador John Hamilton y más de una polémica declaración en torno al proceso electoral.

    Entrevista de FERNANDO ROSPIGLIOSI
    Fotos VICTOR CH. VARGAS

    RELAJADO después de un largo fin de semana en la playa, el embajador recibió a CARETAS en su soleada oficina del bunker de El Polo, de puertas trapezoidales con reminisencias incaicas.
    -¿Cómo observa el proceso electoral peruano?
    - Desde un inicio nosotros adoptamos una política que está expresada en nuestro comunicado del 28 de diciembre. Declaramos de manera tajante que si bien estamos preparados para trabajar con cualquier gobierno que sea elegido en elecciones libres y justas, no somos neutrales con respecto al proceso electoral, que tiene que ser llevado a cabo en condiciones de igualdad razonable para todos los participantes.
    Este compromiso de la administración Clinton va más allá de la retórica. Hemos puesto recursos, financiamos la misión del NDI-Carter, apoyamos a la Defensoría del Pueblo, Transparencia y otros, y también a una misión de la OEA. Hay una consistencia entre nuestra política y lo que hacemos en la realidad.
    -¿Ud. cree que ahora el proceso es libre, justo y transparente y que "todos los votantes tienen acceso completo a información objetiva sobre los candidatos" como señalaba el Departamento de Estado?
    - Nosotros compartimos las preocupaciones expresadas en el segundo informe de la misión NDI-Carter. El comunicado del Departamento de Estado al respecto dice que acogemos y concurrimos en lo esencial de las recomendaciones, que eran muy específicas y significaban medidas prácticas concretas que podrían mejorar todo el ambiente.
    -¿Es un hecho significativo el respaldo inmediato del Departamento de Estado al informe NDI-Carter?
    - Sí.
    -Y ese informe dice que "no existen las condiciones mínimas necesarias para unas elecciones libres y justas". Es claro y fuerte.
    - Fue claro y bastante fuerte. Nosotros hicimos hincapié en las recomendaciones. El enfoque debe ser que se puede hacer a estas alturas y el informe fue constructivo al pensar más en cómo se irá en adelante. En su mayor parte las recomendaciones son esencialmente ejecutables.
    -El premier Bustamante ha respondido diciendo que van ha habilitar una línea telefónica para que se hagan denuncias, que es un punto secundario. Hay otro más importantes como el acceso de los candidatos a la Tv., el no uso de los recursos estatales...
    - Yo creo que esos son los issues (temas) más importantes, el acceso a los medios de comunicación, sobre todos los canales de señal abierta. Para mí es fundamental. No me explico, y creo que es injustificable que la oposición haya tenido tanta dificultad para difundir su mensaje. Creo es muy bueno que el gobierno haya exhortado a los medios, pero el problema todavía no está resuelto. Eso da una imagen terrible. Y no sólo una imagen, sino que son condiciones concretas que no deberían existir en la contienda electoral.
    El otro issue es que no debe haber uso indebido de recursos del Estado. Hubo un ejemplo flagrante de eso -no tan serio en sí, porque no creo que una pinta en una montaña va a tener grandes impactos en los resultados- pero fue un ejemplo de insensibilidad a ese principio de no permitir uso de recursos del Estado.

    "Estoy muy agradecido por los consejos de WOLA, y ni siquiera me han cobrado". Derecha: sustancioso y crítico informe de WOLA y autora Coletta Youngers.


    -En medios intelectuales y políticos se dice que hay ambigüedad en la política norteamericana respecto al Perú, porque se privilegian asuntos como el narcotráfico y la política económica, y se pone en un plano secundario la democracia y los derechos humanos. ¿Es eso cierto?
    -No. No creo que sea una crítica fundada. Es fácil desde afuera y teniendo un interés en particular, pensar o ver la actuación de los que se encuentran dentro del gobierno, que tienen necesariamente que manejar varios temas, ver esa política como ambigua. Pero creo que nuestro apoyo a la democracia ha sido firme, no hay inconsistencia o contradicción entre nuestro apoyo a la democracia, por un lado, y un programa de cooperación en la lucha antinarcóticos, de otro. Tampoco creo que un programa para combatir la pobreza es inconsistente con un apoyo a la democracia. Más bien a la larga, una democracia más consolidada y más profunda solamente se logra con un mayor nivel de educación y políticas sociales.
    -Se dice también que EE.UU. estaría interesado en privilegiar el tema de la estabilidad en el Perú, lo cual implicaría la continuidad de Fujimori, dadas las turbulencias en la región andina, mientras atiende otros problemas críticos como el de Colombia. ¿Es esto verdad?
    -No. Yo leo eso también, que viene de los autodenominados geo-estrategas de fuera del gobierno. Nadie que haya estado en el gobierno tiene esos conceptos para hacer política. Yo conozco bien cómo se está considerando el panorama Andino y del Perú en Washington, la idea de que nuestro compromiso con la democracia en un país va a ser más débil en aras de una mayor estabilidad regional no entra en las discusiones. Somos un gobierno suficientemente complejo y grande para manejar muchas situaciones distintas simultáneamente.
    -Un eventual tercer gobierno del presidente Fujimori, en las condiciones de problemas económicos, pobreza, problemas en las instituciones castrenses ¿no podría generar inestabilidad?
    -La mayor garantía de estabilidad tiene que ver con una amplia variedad de condiciones económicas, sociales, políticas y de democracia. Nuestro compromiso con la democracia es una política global, apoyada en los dos partidos norteamericanos. Para lograr la estabilidad social y política, la democracia es el sistema que mejor sirve esas metas y toda nuestra política está diseñada para ayudar a otros países para desarrollar y fortalecer las instituciones democráticas que pueden responder a las condiciones que generan inestabilidad. Todos los programas de la AID acá, que tienen que ver con salud, medio ambiente, educación, instituciones democráticas, están enfocados y tienen como su gran objetivo ayudar a crear las condiciones que pueden evitar a crear inestabilidad.
    -Desde el punto de vista del informe NDI- Carter el Perú no sería un país democrático.
    -Yo no creo que ese informe dijo que el Perú no es un país democrático, sino que hizo un juicio sobre el proceso electoral. Nosotros sí estamos interesados en la estabilidad social y política. Y creemos que difícilmente se logrará si el proceso electoral no es libre, justo y transparente. No estamos prejuzgando, pero anticipando el escenario, hemos adoptado esas políticas para ayudar a que el proceso no sea en la realidad y no sea visto como ilegítimo. De ser visto así, no sería un hecho alentador. Toda la política nuestra está enfocada en tomar acciones anticipadas para evitar un desenlace de esa naturaleza. No interesa a nadie tener un gobierno peruano que no sea visto como elegido democráticamente.
    -Ud. ha hablado de una misión de la OEA. Pero en muchas partes de América Latina se desconfía de la OEA. La sospecha que hay acá es que la OEA en realidad viene a ayudar al gobierno, a legitimar el proceso y a contrapesar informes como el NDI-Carter y el de la FIDH. ¿Qué opina Ud.?

    Embajadores europeos con jefe de la ONPE. El respaldo de la Unión Europea a las declaraciones de las misiones NDI-Carter y FIDH fue inmediato y rotundo. El comunicado suscrito por el embajador de Portugal en Lima, presidente en ejercicio, afirma que las observaciones "transmiten claramente las preocupaciones tanto de los peruanos como de la comunidad democrática internacional". Y, más importante aún, considera que "lo esencial" de las recomendaciones "son apropiadas, razonables y en gran parte ejecutables". Ahora sólo falta el pronunciamiento del gobierno japonés. Todos los demás países industrializados democráticos han emitido su opinión.

    -Yo creo que esas dudas en el Perú tienen su origen en las elecciones de 1995, con las que no estoy familiarizado. Yo sí conozco bien la actuación de la OEA en elecciones sumamente contenciosas, bajo condiciones aún más difíciles que éstas, en Nicaragua en 1990 y en 1996, y en República Dominicana en 1994 y en 1996. 1 En esas elecciones la OEA montó una misión encabezada por una persona de prestigio con la debida independencia del Consejo Permanente de la OEA, con gente capacitada y experimentada, con los recursos necesarios para tener una presencia con anticipación. Y en todos esos casos ha hecho un aporte constructivo y positivo.
    Nosotros consultamos a todos los partidos acá para conocer su posición oficial. Si bien expresaban algunas inquietudes, todos querían que una misión viniera. Nosotros hicimos la recomendación para apoyar la misión. Yo conozco personalmente al ex canciller de Guatemala Eduardo Stein, que presidirá la misión. Es una persona de mucha integridad, un hombre brillante. El viene a este puesto con experiencia personal que lo califica para hacer un buen trabajo en el Perú.
    -El año pasado hubo una resolución muy dura de la Cámara de Representantes de EE.UU. El último punto decía que representantes de EE.UU. en el Perú y otros organismos "deben dejar sentada la preocupación de EE.UU. a las amenazas a la democracia y las violaciones al imperio de la ley en el Perú". Luego hubo una similar del Senado. ¿El Departamento de Estado asume esta política que recomienda el Congreso?
    -Creo que la hemos asumido. A los pocos días de esa resolución estuve acá en el Congreso y ante toda la prensa yo caractericé esa resolución como la posición ponderada de una institución amiga del Perú. Y en mis conversaciones con funcionarios conversamos también de estos temas. Creo que no hay una distancia entre la rama ejecutiva y legislativa.
    -¿El Departamento de Estado coincide en este punto con el Congreso?
    -El Congreso es una rama independiente del Ejecutivo y actúa por su propia voluntad. Los informes sobre los derechos humanos que hemos adoptado indican que sí compartimos las preocupaciones que inspiraron esas dos resoluciones.
    -En el mismo sentido, el último informe de WOLA hace una explícita referencia al embajador de los EE.UU. en el Perú y recomienda que continúe hablando regular y fuertemente sobre derechos humanos y democracia. ¿Le parece atendible esta recomendación?

    La crisis colombiana no influye en la posición de su gobierno respecto al Perú, según el embajador.


    -Estoy muy agradecido por los consejos WOLA, y ni siquiera me han cobrado.
    -Otra de las recomendaciones, tanto de WOLA como de la FIDH, es que la asistencia al Servicio de Inteligencia Nacional sea descontinuada.
    -Uno de los dos o tres grandes temas en el Perú es la lucha antinarcóticos. Vamos a hacer un gran esfuerzo para poder cooperar con cualquier gobierno peruano sobre el tema. Para nosotros es una cuestión de vida o muerte, de seguridad social nacional. Pero nosotros fiscalizamos toda ayuda que prestamos a cualquier institución de este gobierno. Ese es un deber legal, moral y político que tenemos y lo hacemos. Yo estoy seguro, totalmente convencido, que estamos manejando y fiscalizando nuestros programas de cooperación en tal medida que jamás pueden ser usados en fines indebidos.

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    1 En Nicaragua en 1990, bajo la dictadura sandinista, las encuestas daban como ganador a Daniel Ortega, pero venció la opositora Violeta Chamorro y la OEA contribuyó a evitar el fraude. En República Dominicana en 1994, Joaquín Balaguer se reeligió por tercera vez con un fraude escandaloso. La OEA contribuyó a presionarlo para que renuncie, cosa que ocurrió. En ambos casos, el papel de los EE.UU. fue decisivo para que la OEA asuma esa posición. (Nota de Redacción).

     


    Sugerencias Electorales

    La responsabilidad de los partidos y la sociedad civil, según el embajador Hamilton.

    "Ha habido en las últimas dos semanas la sugerencia que los votantes pueden pensar que el voto no es secreto. Tengo plena confianza que el voto es secreto. Pero puedo entender que una persona no bien educada podría pensar que sí van a saber como vota. Las instituciones del gobierno tienen una responsabilidad de hacer campaña para que no haya ese mal entendido sobre la privacidad del voto, pero también las instituciones de la sociedad civil, la prensa, todos los medios tienen una responsabilidad, debieran hacer una campaña sobre el voto secreto".
    "Las misiones del NDI-Carter han llegado a la conclusión que hay muchas salvaguardias en el sistema, está bien diseñado y estructurado para que no haya un fraude en el conteo de los votos. Yo he recibido personalmente una explicación de la ONPE de los múltiples sistemas que tienen. Si hay un punto débil, es cuando los votos se cuentan en la mesa de votación. Hay muchas mesas, son más de 87.000, pero eso se sabía desde hace años. No hay excusa válida para no hacer lo necesario para estar seguro que por lo menos hay uno o dos personeros en cada mesa de votación. Esta es una responsabilidad de los partidos y de la sociedad civil. Entre los 8 partidos inscritos con planchas presidenciales, hay cuatro millones de personas. Difícilmente me van a convencer que entre esos cuatro millones de personas no se puede encontrar, con el esfuerzo debido, a 87.000 que darían un día para ejercer una responsabilidad cívica. Creo que es una responsabilidad que tiene que ser asumida".



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