Edición Nº 1607

24 de Febrero de 2000 Por FERNANDO ROSPIGLOSI

Proceso Ilegítimo

LAS agresivas declaraciones de Alberto Andrade el martes pasado, podrían iniciar un vuelco en el proceso electoral. No sólo porque el candidato de Somos Perú señaló la existencia de un "núcleo fascista" en el gobierno, sino sobre todo porque insistió en que estas elecciones, tal como están, son ilegítimas.
Andrade se basó en los informes presentados en los últimos días por las misiones Carter-NDI y de la FIDH, respaldados por el Departamento de Estado y los embajadores de la Unión Europea, que sostienen que el proceso electoral está viciado y no es democrático.
El punto es que el gobierno se ha burlado de todas las recomendaciones fundamentales de esas misiones de observación y está demostrando una descomunal falta de pudor. La grotesca respuesta del premier Alberto Bustamante al excelente reportaje de Edmundo Cruz y la Unidad de Investigación del diario La República, sobre la participación del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) en la campaña electoral, confirma que no existe la menor voluntad de rectificación en el régimen.
Al contrario, los ataques del mismo Bustamante a la Defensoría del Pueblo -complementados por las agresiones de un supuesto sindicato también manipulado por el SIN-, indican que el gobierno sigue empeñado en restringir las posibilidades de una observación electoral independiente, que está desenmascarando lo que no es sino "un procedimiento que busca justificar o disfrazar lo que en realidad es la perpetuación de un régimen autoritario con fuerte presencia militar", como sostuvo la misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
En esta situación, era hora ya que los candidatos de la oposición asumieran un comportamiento más firme. La semana pasada Luis Castañeda planteó el problema, pero con una alternativa un tanto enrevesada. Esta vez Andrade ha enfrentado el mismo asunto, pero tratando de focalizar la responsabilidad del candidato-presidente, el verdadero culpable de las condiciones anormales del proceso electoral.

La propuesta de Andrade incluye una reunión con los otros candidatos de oposición y un ultimátum de 72 horas al candidato-presidente. El asunto de los plazos es clave, porque es muy obvio que el gobierno busca dilatar las condiciones inequitativas de la campaña, haciendo concesiones ínfimas, para llegar al final con el triunfo asegurado.
Por ejemplo, las pintas realizadas por los militares en terrenos y locales estatales han sido vistas por el 86%, según la última encuesta de Apoyo. Ahora están empezando a borrarlas, lentamente. Pero el objetivo ya está cumplido.
Porque, como se sabe, lo que busca el candidato-presidente es identificar a Perú 2000 con Alberto Fujimori. Es decir, él hace la campaña electoral usando los recursos públicos, movilizándose incesantemente por todo el país, regalando lotes de terreno y comida, "inspeccionando" cuanta obra pública exista. El otro aspecto de la campaña, es establecer que ese Presidente regalón y trabajador es el candidato de Perú 2000. Como toda nueva marca, el flamante partido tiene que posicionarse en el mercado, en la jerga de los publicistas.
En otras palabras, la ilegal maquinaria reeleccionista avanza sin pausa, pisoteando todo lo que se le pone delante. Si los candidatos opositores no se ponen fuertes a sólo 45 días de los comicios, después será muy tarde.
Por eso es indispensable que los candidatos que han propuesto iniciativas, Alberto Andrade y Luis Castañeda, conjuguen esfuerzos. Al parecer Acción Popular estaría en la misma línea.
Ellos no pueden esperar a que todos los candidatos se sumen al esfuerzo de exigir condiciones equitativas. Es evidente que el gobierno está alentando a algunos, como Alejandro Toledo, creándole la ilusión de que puede pasar a la segunda vuelta. De esa manera siembra la discordia en la oposición y trata de impedir que se constituya un frente común. El gobierno sabe que a Toledo lo pueden anular en cualquier momento, como ocurrió en 1995.
A estas alturas, apoyándose en informes imparciales tan contundentes como los de las misiones Carter-IND y FIDH, respaldados por gobiernos extranjeros, y los que han producido Transparencia y la Defensoría del Pueblo, es suficiente que los dos candidatos más importantes, a los que se pueden sumar otros, asuman una posición firme.
Eso podría mejorar las condiciones de la campaña para la oposición. O, si eso no ocurre, llevaría eventualmente a decisiones más drásticas, que terminen de deslegitimar el proceso electoral, viciado por el propio gobierno, abriendo paso a una nueva situación.

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