Edición Nº 1608

Martín Villa, presidente de Endesa: línea de alta tensión comunica al grupo y al gobierno.

Electrochoque
OSINERG baja la palanca y pide la nulidad de resolución de INDECOPI que autorizó concentración horizontal y vertical de ENDESA.

SE acaba de producir una descarga de alto voltaje en los medios eléctricos. Atentando contra la ley de Ohm (de resistencia eléctrica), Guillermo Thornberry, presidente del Organismo Supervisor de la Inversión de la Energía (OSINERG) acaba de apelar la Resolución que autorizó las operaciones de concentración del grupo español ENDESA en el Perú.
La súbita decisión de Thornberry, ha provocado revuelo en la Comisión de Libre Competencia de INDECOPI que preside César Guzmán Barrón, que luego de colocar una nimia multa de 150 UIT (US$ 120 mil) autorizó al grupo español que detenta el 37 % del mercado de generación y el 37 % de distribución del Sistema Interconectado Centro-Norte (SICN).
Esta medida tiene mucho que ver con la concesión de Camisea. Al Presidente Alberto Fujimori le dio una pataleta cuando se enteró que ENDESA se negaba a firmar un take or pay (compra garantizada de gas) al CEPRI de Camisea para abastecer a sus centrales térmicas de Santa Rosa y Ventanilla y rebajar la tarifa eléctrica al rebajar sus costos de operación por el reemplazo del diesel por gas.
Días antes, el propio ministro de Energía, Jorge Chamot, había presionado públicamente a INDECOPI para que se apresure a dictar sentencia creyendo que los españoles finalmente le comprarían el gas.
ENDESA participa de la distribución eléctrica en Lima a través de EDELNOR y en la generación a través de las empresas EDEGEL (Centrales hidroeléctricas de Huinco, Moyopampa y Huampaní y de la térmica de Santa Rosa), Etevensa (Central Térmica de Ventanilla) y la Empresa Eléctrica de Piura (EEPSA).
Esta gran concentración vertical (generación y distribución) está prohibida en Inglaterra y en España, países que sirvieron de modelo a los privatizadores, y en Chile, recientemente el presidente de la Comisión Nacional de Energía Oscar Landerreche ha presentado un proyecto de ley (respaldado por la senadora Evelyn Matthei) que limita la integración vertical en el sector. Antes de privatizar Electrolima y Electroperú se dictó la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE) que prohibía expresamente esta integración vertical para incentivar la competencia en el mercado.
En agosto de 1997 el grupo español ENDESA que preside Martín Villa, que hasta ese entonces sólo controlaba las empresas generadoras ETEVENSA y EEPSA (ostentando cierta concentración horizontal) adquirió el control de la empresa chilena ENERSIS que a su vez era propietaria de la generadora EDEGEL y de la distribuidora EDELNOR). Así no sólo era inminente el aumento de su concentración horizontal en la generación sino que también pasaría a contar con una gran concentración vertical (generación y distribución) que expresamente prohibía la LCE. Sin embargo, cómo maná del cielo, en noviembre de 1997, el Congreso peruano dictó la Ley Antimonopolios en el sector eléctrico que curiosamente permitía, si se solicitaba con antelación, una integración vertical que no debía exceder el 5 % y un tope de 15 % para la concentración horizontal. INDECOPI aceptó la solicitud de ENDESA que presentó como hecho consumado la concentración de 31% en ambos casos. Ahora la situación está que arde.

  Hasta el sábado 26, según información del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, un total 393.990 personas se empadronaron en el Programa de Lotes Familiares (PROFAM) en todo el país de los cuales 210.515 corrresponden a Lima-Callao y 183.475 a provincias. En promedio, considerando que la inscripción para PROFAM es de lunes a domingo y se inició el martes 15 se han registrado un promedio de 32.832 diariamente. Así, de seguir este ritmo, hasta la víspera de las elecciones del 9 abril el número de inscritos podría llegar a 1'838.620.

Según cifras publicadas en el documento "Agenda de prioridades en educación: 2000-2005. Aportes del Foro Educativo al debate electoral", en 1998 la capacidad adquisitiva del salario magisterial era 47 % de la de 1990. El hecho parece explicar que 3 de cada diez maestros tenga un segundo empleo. Y a su vez explicarse, entre otras razones, por la permanencia de un ministro por año, en promedio, en el sector en el período 1990-1999.

INTENCIONES PROFANAS

En El Vaticano Juan Pablo II no le dijo confiésate al canciller Fernando de Trazegnies. Pero en Lima el embajador Antoine Blanca señaló su pecado.

El proyecto de Carta de Intención con el FMI del año 2000, que acaba de publicar el gobierno para recoger observaciones como, ha hecho, en los últimos ocho años tiene una novedad. Por primera vez el FMI no exige una "chanchita" (superávit primario) para el pago del servicio (intereses) de la deuda externa, incluso a diferencia de lo que sucedió en 1999 en que se exigió un superávit de 0,9 % (US$ 540 millones, ahora se acepta un déficit primario de 0,4 % (US$ 240 millones) porque se prevé un déficit final de 2,5 %. En buen romance el FMI se sacó la máscara para cobrar la deuda externa. Ahora ya no se exige del fisco un esfuerzo especial sino que se acepta que no alcance. Es decir, que con los fondos de la privatización se pagará este servicio.

BLANCA DA EN EL BLANCO
Tras destacar la actuación de la Defensoría del Pueblo como supervisor del proceso electoral al formalizar el espaldarazo financiero de su país al proyecto "Capacitación y Supervisión Electoral en el Perú: Elecciones Generales 2000", el lunes 8 el embajador de Francia en el Perú, Antoine Blanca calificó como una descortesía las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Fernando de Trazegnies referidas al comunicado de los embajadores de la UE respaldando los informes de las misiones NDI-Carter y FIDH (CARETAS 1607). Apelando a conceptos elementales de la función diplomática, Blanca recordó que "los embajadores son plenipotenciarios, o sea que representan totalmente a nuestros países". A riesgo de acentuar las diferencias, no ha faltado la opinión de un analista señalando que lo de Blanca es otra descortesía: Trazegnies se encontraba en El Vaticano, realizando una vista al Papa. Esto, en visita protocolar para agradecer a la Santa Sede sus esfuerzos para la consolidación de la paz con Ecuador y no, por cierto, para confesarse.

EL FUJIMORISMO EN POCAS PALABRAS
En el último número de la revista Cuestión de Estado que dirige el ex senador Rolando Ames, el sociólogo y analista político Sinesio López ha planteado la que parece ser la más exacta definición del fujimorismo: "gobernar para los ricos con el apoyo de los pobres y la oposición de las clases medias".

ABRAZO PARTIDO

 

Susana Higuchi rompe palitos -o mejor, escobas- con Fernando Olivera sin esperar a que se realicen las elecciones.

Antes de que los votos definan en las urnas el número de congresistas que tendrá el FIM en el Congreso que se instalará el 28 de julio próximo, el grupo político de Fernando Olivera experiementó esta semana las primeras señales de lo que parece ser un fenómeno crónico: la diáspora.
En junio pasado la bancada del FIM se quedó sin asiento en el Consejo Directivo y en la Comisión Permanente tras la renuncia de Beatriz Merino (CARETAS 1570).
Ahora es Susana Higuchi, candidata con el número dos en la lista del FIM quien empieza a tomar distancias. Y no lo hace sola. Otra decena de candidatos de ese grupo político -Luz Quevedo Zapata (puesto 52), Miguel Revoredo (60) Laura Ballesteros (63), Yolanda Vicuña (82), Ana María Infante (102), entre otros- anunciaron que han asumido los postulados de Poder 2000, grupo político vinculado a los pequeños empresarios que lidera Marco Antonio Arrunátegui, quien no logró las firmas necesarias para inscribir su candidatura presidencial.
En la práctica esto se ha traducido en una escisión, por lo pronto para hacer campaña. Si bien Higuchi dice que las propuestas de Poder 2000 se complementan con las del FIM -es decir, la fiscalizadora y la propositiva, según dice- también ha sostenido que el grupo que auspicia su candidatura no cuenta con la organización de Poder 2000.
Si así están las cosas en plena campaña electoral, no hacen falta dotes de adivino para imaginar lo que sucederá con el FIM si la ex Primera Dama llega al Congreso.

Audiencia Picante

Alberto Bustamante busca evitar en Washington que casos La Cantuta y de interceptación telefónica pasen a la Corte Interamericana.

 

Helio Bicudo presidirá las audiencias.Seguido, denunciantes Luisa Zanatta y Rodolfo Robles.

A principios de esta semana, en el octavo piso del "edificio rojo" de la OEA, ubicado a sólo unas cuadras de la George Washington University, se produjo un inusitado intercambio de llamadas telefónicas. Desde Lima, los asesores legales de los casos de La Cantuta y de la interceptación telefónica, que están siendo vistos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), pugnaban por conocer los nombres de los testigos que serán presentados por el Estado Peruano en las sesiones del lunes 6. En el mismo trance se encontraba, también en Washington D.C., la abogada colombiana Claudia Pulido, del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
En la mañana del martes 29, Jorge Taiana, Secretario Ejecutivo de la CIDH, remitió sendos oficios para conocer dichas identidades. Los procuradores públicos Mario Cavagnaro y Jorge Hawie no habían dado a conocer los nombres a la CIDH. Distinta fue la conducta en las sesiones de octubre pasado cuando con el debido tiempo los nombres del General (EP) Rodolfo Robles Espinoza y Luisa Zanatta Muedas fueron dados a conocer.
En esa ocasión, el hoy presidente del Consejo de Ministros, Alberto Bustamante, Mario Cavagnaro y la novel abogada Milagros Maraví, tuvieron a su cargo la defensa de los casos de interceptación telefónica y La Cantuta. Los testimonios de Robles y Zanatta, a los cuales se suma el del ex jefe de la unidad de investigación del programa "Contrapunto" de Canal 2, José Arrieta, causaron gran impacto entre los miembros de la Comisión.
Esta vez, el gobierno fujimorista pretende desquitarse. Se presume que llevará a testigos para "desvirtuar" dichos testimonios. Sabe muy bien que, tras las audiencias del próximo lunes, la Comisión podría decidir que el caso de La Cantuta pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José. Como se sabe, en este último caso, el asesor presidencial Vladimiro Montesinos y el ex Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General (EP) Nicolás Hermoza Ríos, son sindicados como autores intelectuales del asesinato de nueve estudiantes y un profesor en la Universidad de Educación La Cantuta.
Las sesiones que se llevarán a cabo en el Salón Padilla Vidal del "edificio rojo", no sólo versarán sobre La Cantuta e interceptación telefónica. Los expedientes sobre el coronel Alejandro Briceño Contreras y Marina Machaca, también serán vistos. En 1991, Briceño trabajaba en la Casa Militar de Palacio de Gobierno. El habría hecho cumplir la disposición que prohibía el acceso a centros militares al ex capitán Montesinos. Más tarde, en 1992, fue involucrado en un proceso militar, que él señala como irregular, y hoy se encuentra asilado.
El único caso que parece tener una solución amistosa a la vista es el de Marina Machaca. Ella fue violada por un médico de un centro de salud en Puno. El galeno, a pesar de haber sido exculpado por la justicia común, ha sufrido serias sanciones administrativas.
Ese mismo día se llevarán a cabo audiencias sobre la situación de los derechos humanos, exposición que estará a cargo de Sofía Macher y Ernesto de la Jara, ambos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La exposición sobre la situación de la libertad de expresión en el Perú estará a cargo de la Asociación Prensa Libre y Democracia.

USA Acusa

Informe del Departamento de Estado confirma creciente distancia entre el gobierno y la Casa Blanca.

Secretaria de Estado Madeleine
Albrigth: una posición cada vez más dura.

Todo, todo habría sido, según una versión que recoge palabras del Premier Alberto Bustamante, obra de "un señor de apellido coreano influenciado espiritualmente por ONGs de origen izquierdista". El señor Koo, Asistente de la Secretaría del Departamento de Estado Norteamericano en materia de derechos humanos, sería la mente gris, tendenciosa, que habría perpetrado el Informe sobre el Perú recientemente emitido por esta instancia de poder mundial.
Bustamante parecía mostrar cierta decepción oriental. Días antes se había reunido con Koo en el mismísimo Washington D.C. Claro que en esa reunión no expresó ningún animus chocandi. Todo lo contrario. En ese momento, él trataba de influenciar el espíritu de Koo. Los resultados saltan a la vista. Se sabe que Bustamante pasó dificultades cuando trató de explicar el retiro del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Koo no sólo mostró preocupación por este tema sino por otros más que se pueden leer ahora en el informe del Departamento de Estado.
El documento es, desde su primer párrafo, severamente crítico. "El Perú es una república multipartidaria, con un Poder Ejecutivo que a menudo emplea su control sobre el Congreso y el Poder Judicial en detrimento del proceso democrático", se lee en el original inglés.
El párrafo contiene, además, esta precisión: "En 1995 el Presidente Fujimori ganó las elecciones siendo reelegido para su segundo período de cinco años". Anotación cargada de sentido respecto a la constitucionalidad de la candidatura actual de Fujimori.
Alude el documento asimismo a la destitución ilegal de miembros del Tribunal Constitucional por haberse opuesto "a una ley que permitiría la postulación del Presidente a un tercer período consecutivo".
El panorama del texto es vasto: señala disminución de las violaciones de los derechos humanos, pero asimismo apunta que durante 1999 persistieron graves problemas en cuanto a la protección de derechos civiles y políticos.
"El sistema judicial es ineficiente, con frecuencia sujeto a corrupción y fácilmente controlado por el Poder Ejecutivo", dice. Ni siquiera el caso del teniente Hurtado, hoy ascendido a capitán, a pesar de que había sido condenado por la justicia militar a siete años de prisión, a pesar de haber matado a más de 60 personas, "muchos de ellos mujeres y niños", en Accomarca. Recuerda el texto que el Código Militar peruano señala que un soldado condenado a dos o más años de prisión debe ser dado de baja.
Ni el caso de la asesinada, descuartizada y decapitada Mariela Barreto, y de su torturada amiga Luisa Zanatta, el documento es acusatorio. Sus autores no eran, por lo visto, contrariamente a lo afirmado por Fujimori, "miopes, daltónicos y ciegos".
El texto señala, por otra parte, los esfuerzos gubernamentales por reordenar la economía, haciéndola dinámica y orientada al mercado.
Pero apenas había concluido el efecto del informe sobre el Perú incluido en el Informe de Práctica de Derechos Humanos 1999 por País del Departamento de Estado, cuando Bustamante y todo el oficialismo recibieron otro rudo golpe: el Informe de Rebeca Cox, de la organización no gubernamental británica Electoral Reform International Service dado a conocer en Lima el viernes último. También desde el saque ella expuso la realidad: el Perú tiene instituciones democráticas en apariencia, pero no en sustancia. Fujimori usa su influencia y recursos para continuar en el poder. "No hay tope para los fondos de campaña y muy poco control sobre el dinero gastado". Dos exigencias centrales formuló la inglesa: acceso de los candidatos de oposición a los medios de comunicación privados, y prohibición de que los candidatos gobiernistas usen los recursos del Estado para sus campañas. Por lo visto, tampoco la señorita Cox tiene nada de ciega, daltónica o miope.

Redefiniendo el Sur
El muelle de Arica y los cabos sueltos en las relaciones trilaterales del sur peruano.

 

Redobles y pasodobles de la diplomacia palaciega. Hugo Banzer, presidente de Bolivia, en diciembre de 1998, en Lima. Derecha, Eduardo Frei, el pasado 1 de febrero, en la Plaza Mayor.

El desarrollo reciente de la relación peruano-chilena parece haber estado condicionado por el rigor de plazos establecidos por necesidades de carácter interno. Así, la dimensión estratégica de la solución de los asuntos pendientes del Tratado de 1929 no pudo plasmar un cambio sustantivo de la relación bilateral. Las urgencias electorales de los presidentes Frei y Fujimori señalaron un plazo que implicaba una aproximación meramente ejecutiva al tema. El resultado fue el Acta de Lima del 13 de noviembre pasado, cuya menor jerarquía legal hizo innecesaria su consideración por el Congreso.
Con similar apremio -esta vez inducido por los 90 días fijados para la entrega de las facilidades comprometidas a favor del Perú-, el 14 de febrero funcionarios de ambos países procedieron a la suscripción de un acta de entrega -de estatus hasta ahora reservado- mediante la cual el Perú no recibió nada tangible. En apariencia, el Estado peruano se resignó a la condición de administrador de lo que hasta ese momento no poseía.
Los últimos acápites del drama de la Guerra del Pacífico adquirieron así carácter de ficción, debido a plazos que este gobierno, imprudentemente, había aceptado.
Y el próximo 7 de marzo, se procederá a la "solemnización" del acta de entrega por los cancilleres de los dos países, pensando tanto en la proximidad del 11 de marzo -cuando se proceda al cambio de gobierno en Chile- como en la recepción, esta vez material, de las obras.
A pesar de todo, la "solemnización" no será perfecta. Por lo pronto, faltará el adecuado dragado del fondo marítimo en que se asienta el muelle para permitir el acoderamiento de barcos de 20,000 toneladas. En consecuencia, lo menos que se puede esperar es que la entrega de la aduana y la estación del ferrocaril -así como la operatividad de las servidumbres, la instalación del Cristo en el morro de Arica y el desartillamiento del mismo- se realice esta vez con propiedad. Sería una lástima que ello no ocurriera, teniendo en cuenta que nuestro socio ha suscrito, con bastante puntualidad, el acuerdo específico de protección de inversiones por el que tanto bregó.
Y también esperamos que la diplomacia presidencialista del señor Fujimori no olvide que sobre el Perú sigue pesando la "hipoteca" de la mediterraneidad boliviana. Si es verdad que Ilo ofrece la alternativa para paliarla, nadie puede negar el hecho de que el reclamo nacional boliviano subsiste, y que su satisfacción se orienta a la afectación de territorios que fueron peruanos.
Este tema debió incluirse en la redefinición expresa de nuestra relación con Chile, orientada esta vez por el énfasis en intereses complementarios en el ámbito de la relación trilateral del sur peruano, el norte chileno y el occidente boliviano (CARETAS, 25/XI/1999). El apresuramiento con que procedieron las cancillerías en Lima y Santiago impidió que así sucediera. La consecuencia ha sido la pérdida de iniciativa del Perú al respecto.

LA AGENDA CHILE- BOLIVIA

Sin embargo, este marco político, está siendo planteado ahora por Bolivia y Chile. En efecto, ambos países se han comprometido el 22 de febrero, en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Río y de la Unión Europea, realizada en Algarve (Portugal), a formalizar una agenda que incorporará, sin exclusión, el conjunto de la problemática chileno-boliviana. Para estos efectos se establecerían tres grupos de trabajo que tratarían: 1ro.- Los temas económicos y de seguridad pendientes. 2do.- El acápite específico de la mediterraneidad. 3roLas posibilidades de integración subregional del sur del Perú, el norte de Chile y el occidente boliviano.
Según versiones periodísticas, la iniciativa para incluir el tercer tema habría sido chilena. Desde la perspectiva boliviana, la idea sería aproximarse a la solución del problema marítimo de manera conjunta y en un escenario de desarrollo compartido antes que mediante iniciativas unilaterales que luego deben ser consultadas y respondidas por el interlocutor. He allí la gran oportunidad estratégica que el acuerdo peruano-chileno ha creado, pero que no quiso plantear.
Si el desarrollo del sur del Perú ha de imaginarse ahora en este nuevo esquema, el Estado deberá interrogarse sobre cómo maximizar esta oportunidad de nueva inserción regional y de proyección transpacífica. Al respecto no podrán dejar de hacerse estas preguntas: ¿consentirá el Perú un acceso marítimo boliviano por Arica? ¿Lo hará en condiciones soberanas para Bolivia y adyacentes a la Línea de la Concordia como en la propuesta de 1976? ¿Cómo se beneficiará el Perú al respecto?
La absolución de estas interrogantes no es prematura, a pesar de que Chile no acepte todavía hablar de acceso soberano para Bolivia, sino de mejorar el acceso marítimo. El punto es que sin respuesta a esas preguntas no habrá cooperación trilateral firme en la zona. Y ya que el gobierno prefiere orientarse en este campo por la fijación de plazos arbitrarios, ahora tiene la oportunidad de pronunciarse, en un lapso aproximado de dos años, el tiempo estimado para que las conversaciones boliviano-chilenas fructifiquen o no.