Edición Nº 1610

El Observador en su Laberinto
Un tirón de orejas desde Washington hizo que el jefe de la Misión de la OEA rectificara su primera declaración en Lima.

PIÑATA ELECTORAL- Las madres del comedor Cristo el Salvador de Villa El Salvador recibieron el 6 de marzo una visita inesperada. Empleadas del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) llegaron con el primer reparto de víveres que recibían en mucho tiempo, acompañados esta vez de propaganda del gobierno. Según Gloria Trío, presidenta de dicho comedor, "las funcionarias del PRONAA se desplazaron por toda Villa entregando, comedor por comedor, almanaques, calendarios y hasta cajas de fósforos con propaganda fujimorista". Con su comedor se equivocaron, porque está en la lista negra desde agosto, por haber recogido firmas para la realización del referéndum contra la reelección del Presidente.

EL jueves 10, Eduardo Stein, jefe de la Misión Electoral de la OEA, pronunció unas palabras que marcaron el tono inicial de su presencia, desataron una tempestad de críticas y lo condujeron luego a una rectificación, en parte por exigencia expresa de Washington.
Ese día, apenas llegado a Lima por segunda vez, Stein se entrevistó durante dos horas y media con el Presidente Fujimori. A la salida de Palacio soltó las fatídicas palabras;
"Yo no me atrevería a dar una opinión concluyente y definitiva, aún no hemos terminado las entrevistas con los candidatos, pero no hay razón para pensar en que este proceso electoral no se conduciría de manera transparente".
Era demasiado. Sus expresiones sirvieron para que muchos confirmaran la idea de que la OEA había venido, nuevamente, a encubrir las irregularidades electorales. Salieron a flote los recuerdos de la amistad de Fujimori con César Gaviria, secretario general de la OEA, que en sus días de ministro del Interior y luego de presidente de Colombia, sufriera más de una crítica por violaciones graves de los derechos humanos.
En todo caso, a partir de las críticas de la oposición respecto a sus declaraciones iniciales, el Departamento de Estado reaccionó recordando a Gaviria cuál es la forma como debe actuar una misión de observación electoral y qué se espera de ella.

Stein, jefe de la Misión de la OEA, sabe lo que se puede venir.

Lo cierto es que Gaviria no puede hacer en la OEA lo que le venga en gana, y Stein tampoco respecto de la misión que encabeza. Hay detrás o encima una auténtica espada de Damocles: la Resolución 1080 a la cual los miembros de la OEA pueden apelar cuando se produzcan "hechos que ocasionen una interrupción.... irregular del proceso institucional democrático". De acuerdo a esa Resolución, los ministros de relaciones exteriores de los 34 estados miembros de la OEA deberían reunirse para considerar la situación, algo similar a lo ocurrido después del autogolpe del 5 de abril de 1992.
Después de su traspié inicial, Stein ha enmendado rumbos. Su boletín dado a conocer el viernes así lo indica. Expresa allí, entre otras cosas, que los avances tecnológicos del proceso electoral no bastan para "superar la crisis de confianza generalizada".
Pide el boletín un esclarecimiento rápido del caso de falsificación de firmas y que Fujimori cumpla con su promesa de no inaugurar obras públicas. Aunque tardíamente, solicita asimismo acceso equitativo de los candidatos a los medios de comunicación y proclama su solidaridad con el Defensor del Pueblo.
Al mismo tiempo que el Departamento de Estado recordaba a Gaviria los deberes de la Misión Electoral, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA emitía un comunicado en el que expresa que, según el Relator sobre Libertad de Expresión, "`en el Perú no existen las condiciones necesarias para el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresar ideas políticas de oposición o críticas a la gestión del gobierno a través de los medios de comunicación, lo cual constituye un serio obstáculo para el normal desarrollo del proceso electoral".

Una Advertencia Severa

La jurista inglesa Rebeca Cox denuncia y reclama.

 

Diagnóstico preciso sobre nuestra "democracia".

EL Perú en el 2000 posee las instituciones formales y la apariencia de una democracia, pero no las normas ni la esencia. Por eso, resulta problemático que el 9 de abril se realicen elecciones legítimas y veraces.
Con esas palabras se inicia el informe de Rebecca Cox, la jurista inglesa que en enero y febrero cumplió, en representación de Electoral Reform International Services, una misión de observación electoral.

USO Y ABUSO DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Ha habido muchas quejas recientes sobre el mal uso de los recursos del estado por parte del gobierno, senala la doctora Cox.Su extenso informe establece el siguiente análisis comparativo:
• La inauguración de obras públicas por parte del Presidente y el enorme presupuesto de propaganda estatal en la etapa pre-electoral producirán a menudo una ventaja electoral en su beneficio, aunque el Presidente no se dedique al proselitismo como tal, y aparecerán a ojos de sus adversarios como un mal uso de recursos del Estado. En El Salvador y en Panamá esto se prohíbe en los 30 días anteriores a las elecciones. En Francia, un candidato a la reelección está impedido de hacer campaña en base a sus logros durante los seis meses anteriores a las elecciones.
En México existe una prohibición de seis meses durante los cuales los ministerios no pueden publicitar sus logros en general; sólo se les permite anunciar asuntos específicos, como por ejemplo campañas de vacunación.

EL JNE EN EL BANQUILLO

El texto pone en tela de juicio a organismos como el Jurado Nacional de Elecciones que se han colocado en el ojo de la tormenta tras el escándalo de la falsificación de dos millones de firmas.
El JNE tiene cinco miembros. Uno es designado por la Comisión Ejecutiva de la Reforma del Poder Judicial (y es -en esencia- un representante del gobierno); uno por la Comisión Ejecutiva de la Reforma del Ministerio Público (otro representante del gobierno); uno por el Colegio de Abogados de Lima (que podría ser independiente con respecto al gobierno); uno por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas (que podría ser independiente); y uno por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades estatales (que tienen un sesgo gobiernista). A fines de 1997, el Parlamento modificó las normas para permitir que los jueces y fiscales provisionales votaran en la elección de los miembros del JNE, con lo que aumentó aún más la probabilidad de un sesgo a favor del gobierno. En junio de 1998, el Poder Judicial y el Ministerio Público eligieron a dos nuevos miembros del JNE, a quienes se considera ampliamente partidarios del gobierno. En mayo de 1998, se modificó la norma de mayoría del JNE con respecto a los votos requeridos para la aprobación de candidaturas, fijándola en cuatro de cinco en lugar de la anterior mayoría simple de tres.

POSIBILIDADES DE FRAUDE

Recientemente se han tomado muchas medidas pertinentes para mejorar la seguridad durante el proceso electoral, explica la doctora Cox. Se ha aplicado tecnologías recientes para dificultar el fraude. El registro de electores contiene una copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) computarizado que posee aproximadamente la mitad de la población de votantes, con una fotografía del ciudadano en cuestión. Los votos, los formularios y las actas de resultados son efectivamente imposibles de modificar o falsificar; y los resultados de las 85.000 mesas de votación se publicarán en el Internet tan pronto como sea posible, lo cual permitiría una verificación por parte de los personeros de los partidos. Sin embargo, incluso las autoridades electorales admiten la posibilidad de un fraude si los miembros de las mesas de votación fueran cómplices o coaccionados. Al cierre de la votación, sería posible falsificar firmas (o huellas digitales para los analfabetos) en las actas de los que no hubiesen votado. Acto seguido, se altera los totales en las actas.