Edición Nº 1610

De Vuelta al Barrio
Testigo del gobierno ante la OEA en Washington, el mayor EP Ricardo Anderson Kohatsu, se libró con las justas de purgar prisión en EE.UU. por participar en la sesión de torturas a la agente Leonor La Rosa.

En San Borja Suelto de huesos, Anderson Kohatsu sale de casa limeña, aunque nunca solo. Su liberación ha causado polémica en EE.UU.

Escribe desde Washington DC,
GUILLERMO GONZALES ARICA

PASADA la una de la tarde del último lunes seis, en el quinto piso del edificio ubicado en el 1630 de Connecticut Avenue en Washington D.C. se cruzaban las siguientes frases. "¿Sabes que el gobierno peruano ha presentado como testigo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a un torturador?", preguntó la dinámica directora ejecutiva del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Viviana Kristisevic, a José Miguel Vivanco, número uno de Human Rights Watch Americas (HRW). La respuesta al vuelo fue: "¿Por qué no lo denuncias?
Se refería, por cierto al mayor EP Ricardo Anderson Kohatsu, oficial identificado por la ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejercito (SIE) Leonor La Rosa como uno de los militares que la torturaron en abril de 1997, en los sótanos del Pentagonito.
Presenciaba la escena Sofía Macher, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en el Perú.
Esta conversación, que en ese momento no revistió mayor trascendencia, sería el origen de una persecución judicial que aún no ha llegado a su fin.
La idea fue madurando durante el día. Pero no fue hasta la noche que se tomó la decisión de iniciar trámites legales para que el mayor EP Ricardo Anderson Kohatsu, torturador de la ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Leonor La Rosa, fuese juzgado en EE.UU.
Esa noche, la Asociación Prensa Libre, que durante el día había participado en dos audiencias, la primera sobre la interceptación telefónica, donde Anderson fue presentado como testigo, y la segunda, donde se expuso sobre la libertad de expresión, ofreció un pequeño cóctel. Asistieron entre otros, Coletta Youngers, Viviana Kristisevic, Sofía Macher, Ernesto de la Jara, y algunos diplomáticos del Departamento de Estado. Vivanco no llegó.
En un aparte, la congresista Anel Townsend, Beatriz Mejía, abogada de la Asociación Prensa Libre, Sofía Macher, Viviana Kristisevic y este periodista conversaban sobre las atrocidades cometidas por el torturador. Kristisevic sugirió "esa persona debería ser juzgada". "¿Dónde podemos obtener todos los documentos del caso?", preguntó. Anel Townsend respondió rápidamente, "Están en Lima y los debe tener Heriberto Benítez". Esa misma noche, Kristisevic, abogada egresada de Harvard, trabajó hasta la una de la mañana preparando el esquema legal de la denuncia. Townsend, por su parte, se comunicaría con Benítez.
La base normativa a la que apelarían los abogados del CEJIL sería una ley federal norteamericana. Esta ley es de 1992 (18USC2043A). Bajo esta norma se puede traer a juicio a personas que hayan cometido tortura, aun cuando ésta se haya realizado fuera de Estados Unidos. Es decir, da a los tribunales estadounidenses competencia extraterritorial para sancionar a aquellos que hubieran cometido ese delito de lesa humanidad. Para que se pudiera aplicar la ley, se debía convencer de ello primero al Departamento de Inmigraciones y luego al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Jueves 9. Anderson en el aeropuerto Ronald Reagan de Washington D.C. En Houston lo esperaban.

La metodología era muy simple. Si se convencía en segundo término al Departamento de Justicia de que había méritos suficientes para enjuiciar a Anderson, entonces ellos lo denunciarían ante un juez federal. Dadas las circunstancias, se corría contra el tiempo.
Lo primero que hizo CEJIL fue tratar de determinar cuándo se vencía la deadline (la fecha tope). Contactaron a un investigador privado para localizar a Anderson en Washington D.C. y así conocer el día en que partiría hacia el Perú. La mañana del miércoles 8 se llegó a establecer que el día era el jueves 9 a horas 15:35 cuando el vuelo de Continental Airlines partiría de Houston a Lima. Sirvió mucho para las pesquisas conocer la placa del auto en el que Anderson salió disparado de la OEA de las sesiones del lunes 6. Así las cosas, los primeros en ser convencidos fueron los del Departamento de Inmigraciones.
Ello sucedió después de que entrevistaron telefónica y personalmente a Luisa Zanatta en alguna ciudad de EE.UU. Ella corroboró las denuncias de tortura formuladas por Leonor la Rosa contra Anderson y, además, lo definió como un tipo violento. Zanatta dio estas declaraciones después de que Anel Townsend y Viviana Kristisevic tomaran contacto con ella. Simultáneamente, en otro continente, el FBI acreditado en Estocolmo, Suecia, también tomó declaraciones a Leonor La Rosa. Ella manifestó después de esta entrevista que confíaba en que en EE.UU. no existía el "tarjetazo" y que Anderson sería enjuiciado.
Para la mañana del miércoles 9 se contaba con el apoyo de los funcionarios de Inmigraciones. Ese apoyo era importante porque ellos tenían que detener a Anderson en el aeropuerto de Houston. Claro está que para que ello sucediese, tenían que recibir primero la orden del Departamento de Justicia. Aquí las cosas se trabaron. "Este es un caso histórico. Por primera vez en la historia judicial de EE.UU. se va a aplicar la ley federal aprobada contra la tortura en 1992, y se puede sancionar a un torturador" , decía José Miguel Vivanco de HRW a Brenda Thornton, abogada del Departamento de Justicia. "Eso es correcto, pero yo no puedo llevarles a mis jefes un caso sin las pruebas suficientes", replicó la abogada de la Sección de Terrorismo y Crímenes Violentos del Departamento de Justicia. "Yo, personalmente, le tomé una declaración en Lima, cuando ella estaba en el hospital", añadió Vivanco. "Además, acabo de llamar a Suecia y he hablado nuevamente con ella" (Ver recuadro).
¿Qué estaba pasando? Sucede que a estas alturas de manera increíble Benítez no remitía a Washington D.C toda la información que se requería. Sofía Macher y Anel Townsend tomaron al toro por las astas y se volvieron a comunicar con Lima. Esta vez una persona amiga intentaría sacar parte del expediente que se encontraba en el Consejo Supremo de Justicia Militar. Y Walter Albán recibiría la llamada de Vivanco y Townsend pidiéndole documentación de la Defensoría del Pueblo respecto al caso de Leonor La Rosa.
Finalmente, las pruebas llegaron y además de las declaraciones de las ex agentes Zanatta y La Rosa, se acreditaron el parte médico, declaraciones de La Rosa después de ser torturada, así como documentos del proceso en la primera instancia de la justicia militar, entre otros. Rocío Villanueva, defensora de la Mujer, y la Defensoría del Pueblo volvieron a cumplir.
De esta forma, Jim Reynolds, jefe de Thornton, se convenció del caso y tomaron la decisión de denunciar a Anderson. Tenían dos posibilidades: denunciarlo ante un juez federal del Distrito de Washington D.C. o ante un juez federal en Houston, Texas.

Anderson huyó de sede de la OEA en auto cuya placa dio pistas para lograr su detención. Derecha: Beatriz Mejía, Anel Townsend y Guillermo Gonzales Arica, abogada y miembros de Prensa Libre.

Inmigraciones y el FBI requerían información sobre la descripción física de Anderson. Para ello se contrató a un fotógrafo que le hiciera algunas tomas en el aeropuerto Ronald Reagan, en Washington D.C., antes de su partida a Houston. Sucede que una ciudadana norteamericana impidió que el fotógrafo realizara normalmente su labor a 30 metros de distancia del mayor del Ejército. Por ello sólo se contó con una toma, la que finalmente dio la vuelta al mundo. La tarde del jueves 6, Anderson fue detenido en el aeropuerto de Houston por personal de Inmigraciones de EE.UU.
Anderson estuvo detenido desde las 3:25 de la tarde del día jueves 9 hasta las 3:50 de la mañana del viernes 10 de marzo. Poco más de doce horas. Esta detención la ordenó el Departamento de Justicia de Estados Unidos de Norteamérica, convencido de que podía encausar a Anderson por los delitos de tortura. Cuando se aprestaban a denunciarlo ante un juez federal, Alfonso de Rivero, embajador del Perú en Washington D.C., y Beatriz Ramaciotti, embajadora del Perú ante la OEA, sacaron una carta bajo el brazo. La visa G-2 que le habían dado al mayor del Ejército, y no el pasaporte, según los diplomáticos peruanos, le confería inmunidad. El pasaporte de Anderson no era diplomático. En cambio, el tipo de visa solicitado por la Cancillería que dirige Fernando de Trazegnies, sí podía ser materia de interpretación.
En ese momento el Departamento de Justicia solicitó una opinión al Departamento de Estado. Existe un acuerdo firmado el 20 de marzo de 1975 entre la OEA y Estados Unidos sobre privilegios e inmunidades. El Departamento de Estado hizo una interpretación extensiva del acuerdo y determinó que Anderson era un representante de un Estado miembro de la OEA que estaba actuando como testigo.

Viviana Kristisevic de CEJIL y José Miguel Vivanco de HRW en plena labor.Derecha, Desde Suecia Leonor La Rosa relató al FBI como fue torturada por Ricardo Anderson.

Thomas Pickering, subsecretario de Estado, tomó la decisión de liberar a Anderson tras una reunión que se realizó a las 10 p.m. del jueves 9 en el Departamento de Estado. Ha trascendido en Washington D.C: que la decisión se tomó después de que Pickering mandara investigar el caso. Pero se sabía que el memorándum que tenía sobre su escritorio no era jurídicamente claro sobre el tema de la inmunidad. Pickering tomó, finalmente, una decisión política y no jurídica.
Medios tan serios como el Washington Post y el New York Times han cuestionado esta decisión. Los teléfonos del CEJIL no han dejado de sonar durante los últimos días. Senadores y representantes del Congreso norteamericano han requerido información sobre el caso.
El senador demócrata Leahy y el representante Tom Lantos preparaban sendas cartas al Departamento de Estado criticando su actitud. Coletta Youngers, de WOLA, también ha sido requerida por muchos congresistas para tratar este tema.
Algunos de ellos han opinado que quien debió tomar la decisión sobre el tema de la inmunidad debió ser un juez federal. O que, en todo caso, el Departamento de Estado debió tomar más tiempo para investigar y tomar su decisión final.
El esfuerzo del CEJIL, HRW y WOLA en Washington D.C. no ha sido en vano. Ha puesto sobre el tapete el tema de la impunidad en el Perú, los riesgos que corren en el exterior los violadores de los derechos humanos, y de cómo el gobierno de Fujimori es capaz de presentar como testigo ante una Corte Internacional a un torturador reconocido.

Claro y Terrible
Leonor La Rosa cuenta cómo Anderson participó en sus torturas.

ANTES de la detención temporal del mayor Anderson, José Miguel Vivanco de Human Rigths Watch se comunicó con Leonor La Rosa en Suecia, para que ella confirmara la participación del ex oficial en las agresiones.
-¿Qué papel jugó Anderson en las torturas que usted sufrió?
-Fue uno de los que me quemaron las manos, la espalda, los pies. De los que me golpearon en el estómago, la cabeza. También fue uno de los que me violó y me obligó a que yo firme un documento culpando al coronel Wilson Aguilar.
-O sea que Anderson no sólo estuvo en la habitación donde la estaban torturando, sino que era uno de los...
-Uno de los partícipes, como el que lideraba el grupo.
-¿Por qué le pedían que firmara un documento para culpar al coronel Aguilar?
-Porque yo debía llevar al coronel a un hotel donde había audífonos e iba a ser escuchado y no lo hice. El coronel sabía cómo trabajaban dentro del Servicio de Inteligencia. Hasta ese entonces pensaba que yo era una empleada civil no militar. Pero yo venía laborando como infiltrada en el Hospital Militar, con el cargo de relacionista pública.