Edición Nº 1611

Walter Hernández, José Carlos Bringas, Alipio Montes de Oca, Rómulo Muñoz y Ramiro Valdivia: cancelaron el registro del Frente Independiente Perú 2000 para no afectar la alianza.

A la Medida
JNE reconstituyó alianza Perú 2000 festinando trámites favoreciendo así al oficialismo.

El escándalo de la falsificación de firmas entró a una segunda etapa con la aparición de nuevos testigos, la implicación de un funcionario de ONPE en el caso y las crecientes presiones internacionales para esclarecerlo.
El gobierno decidió entonces sacrificar a dos de los implicados -Oscar Medelius y Daniel Chuan- y retirar al Frente Independiente Perú 2000 de la alianza Perú 2000, para tratar de limitar las consecuencias del escándalo.
El jueves 16 el JNE emitió tres resoluciones: dos de ellas aceptando las renuncias de Medelius y Chuan y otra cancelando la inscripción del Frente Independiente Perú 2000 en el registro de organizaciones políticas y, a continuación, declarando que la alianza Perú 2000 queda conformada por Cambio 90, Nueva Mayoría y Vamos Vecino (Resolución 377-2000-JNE).
Esta decisión, según los expertos, no tiene sustento legal y sólo busca favorecer al Presidente-candidato.
• Lo que pide el Frente Independiente Perú 2000, según el texto de la mencionada resolución, es "apartarse de la campaña". No se conoce el texto de la carta de Chuan, que nadie ha publicado. Eso lo interpreta el JNE y separa al Frente de la alianza. Sin embargo la cancelación resulta a todas luces improcedente e ilegal.
Hasta el momento no se ha demostrado judicialmente que el Frente Perú 2000 falsificó las firmas, ni el JNE ha investigado el tema. Y la Ley Electoral, en su artículo 87, señala que se considera vigente la inscripción de los partidos políticos "siempre que hayan obtenido un porcentaje de votación no menor del cinco por ciento a nivel nacional en el último proceso de elecciones generales".
Es decir, el JNE que preside Alipio Montes de Oca ha hecho algo que nadie le ha pedido y que no está contemplado en la ley. ¿Por qué?
•Si el Frente Independiente Perú 2000 salía de la alianza Perú 2000, pero mantenía su inscripción -como debería ser- la alianza hubiera debido cambiar de nombre en arreglo al artículo 89 de la Ley Electoral. Y así toda propaganda del gobierno para lo que los publicistas llaman posicionar el logotipo y la nueva marca se derrumbaría.
Es decir, si existía el Frente Independiente Perú 2000 -reconocido el 15 de diciembre pasado-, la alianza Perú 2000 -reconocida el 25 de ese mes- no podía llevar el mismo nombre.
• Según los expertos, es muy discutible que una alianza electoral pueda deshacerse por el simple pedido de una de las partes y rehacerse por exclusiva decisión del JNE. El artículo 98 de la Ley Electoral señala que "la solicitud con el acuerdo de alianza, en cada caso, es suscrita por los presidentes o secretarios generales y los representantes de los órganos directivos de cada uno de los partidos o agrupaciones, en el caso de constitución de alianza", entre otros requisitos.
Para deshacer una alianza y formar otra estos requisitos son los mismos. Pero ese trámite no se realizó. Según el JNE, lo único que hubo fue un "escrito" del personero de la alianza Perú 2000, acompañado de una carta de Chuan.
En suma, una vez más parece que el JNE actúa no en función de las normas y procedimientos, sino de las necesidades políticas del Presidente-candidato.

•   Según la última encuesta nacional con cédula de votación de Datum, aplicada a 5 mil personas, para Presidente se registraron 80 % de votos válidos y para el Congreso sólo 53 %. Es decir, las dificultades para emitir correctamente el voto para el Congreso por falta de la debida educación electoral, son evidentes.

  Aproximadamente 6.3 millones de escolares -según el especialista Joe Linares Gallo- atiende el sistema educativo nacional, de los cuales el 85,5 % son atendidos por la educación pública. El número total de docentes llega a 285 mil, de los cuales el 76 % son educadores del sector público, en tanto que el número de colegios es aproximadamente 41 mil, de los cuales 80,6 % son del sector público. Incluyendo los centros de educación inicial, la cifra llega a poco más de 50 mil. Y de todos ellos, el 61,3 % se encuentra ubicado en el área rural.

PROFAM
Esta semana se lanza el primer ladrillo, en algún lugar al sur de Lima cuya ubicación se guarda como secreto militar. Se trata del primer trazado de 20.000 lotes, cada uno de 7 m de ancho por 13 m de largo. La adjudicación no vendrá acompañada de títulos. Estos recién se entregarán al año, una vez certificado que el adjudicatario mora en el lugar. Presidencia y Vivienda debaten si debe habilitarse una "ciudad" o dos -la primera en el cono sur y la segunda en el cono norte. El número de inscritos en Profam supera los 700.000 personas. Aunque ya surgieron problemas en el registro.

MANIOBRA RAPIDA
Por boca del propio José Portillo, la ONPE dio a conocer hace unos días la posibilidad de que el organismo a su cargo realice un conteo rápido, paralelo al que realizarían, cada una por su lado, la misión de la OEA y Transparencia. Sin embargo, el lunes 20 empezó a desdecirse. Ese día manifestó, ante las objeciones que alegan que ONPE no puede dar sino resultados oficiales, que el organismo a su cargo podría prescindir del conteo rápido y que daría los resultados oficiales a las 48 horas de culminado el proceso. Lo curioso de todo este asunto es que en comicios anteriores ONPE no ha hecho conteo rápido. ¿por qué el súbito interés? Analistas políticos especulan que esto se debe a que se buscaría así una oportunidad para enmendar a Transparencia. Esta daría una proyección de los resultados poco después de la culminación de las elecciones, y ya en 1995 demostró que su resultado era virtualmente el mismo que el oficial.

 

Obispo Luis Bambarén y el explícito respaldo de los obispos a los observadores.

CURAS SIN SILENCIO
Las desafortunadas declaraciones de monseñor Juan Luis Cipriani acerca de los observadores electorales desataron la tormenta en la Conferencia Episcopal Peruana (CEP). Obispos de otras diócesis del país habrían mostrado su molestia, en público y en privado, por esta patinada, pero la principal ira santa provino del obispo Luis Bambarén, presidente de la CEP. El martes 21, tras reunirse con los miembros del Centro Carter, rechazó "totalmente" los cuestionamientos a la calidad moral y personal de los observadores, con lo que desautorizó sin ambages las palabras de Cipriani. Por añadidura, la CEP hizo pública la Carta Pastoral "Elecciones Generales y Responsabilidad Etica", en uno de cuyos puntos resalta la "confianza en la fiscalización del proceso". Más claro ni el agua bendita. El asunto se complica en vista de que la ONPE, por boca de José Cavassa, ha solicitado que la CE vigile las actas electorales del 9 de abril. No se sabe todavía cuál será la reacción de los obispos, pero es seguro que el debate en torno a qué actitud tomar frente a estas controvertidas elecciones está en su punto.

 

Violeta Mori: méritos de la sociedad conyugal para acceder a la libertad condicional.

EN RUTA DE SALIDA
Han transcurrido cerca de tres semanas desde que Laura Bozzo entrevistó vía microondas desde el Penal de Santa Mónica a Violeta Mori, esposa de Carlos Manrique, ex presidente de Clae. La ocasión era propicia: días antes el Presidente Fujimori se había referido a Alejandro Toledo como el candidato "vinculado a la trafera Clae". A Mori al parecer le tocaba decir que efectivamente el candidato de Perú Posible había trabajado con su esposo. Dos semanas después, desde prisión Manrique ratificó a través de una carta la versión.
Cumplido el libreto ahora Mori intenta su libertad condicional.
Según el abogado Edgard Chirinos, su defendida está en el derecho de solicitar este beneficio: ha cumplido con las dos terceras partes de su condena, además de los requisitos de buena conducta y tratamiento psicológico. Pero el argumento que más peso tendría, es el que Mori y Manrique cumplieron muy bien su papel.
Este viernes 24 la Corte Superior decidirá si procede el pedido. A fines de enero de este año el 17º Juzgado Penal de Lima rechazó el pedido de libertad condicional. En esa oportunidad el juez Walter Castillo desestimó el pedido debido a que la Mori no había cumplido con pagar los S/. 50 millones de reparación civil que se le impuso en 1997, cuando fue condenada a seis años de prisión. También en marzo de 1999 el fiscal superior Arquímedes Pesantes rechazó el pedido de libertad condicional.
Mori, quien a la fecha sigue sin cumplir con dicho pago, purga prisión desde el 2 de noviembre de 1994. Así, según su abogado, de todas maneras saldría en libertad a fines de este año si no procede el beneficio en trámite.

 

Leonor La Rosa y dramático testimonio que es denuncia y, a la vez, voz de alerta para el 9 de abril.

Escribe
GUILLERMO GONZALES ARICA

n Ante un auditorio de casi dos centenares de personas, entre ellas Emilio Nieto, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM, Enrique Otero, vicerrector de la universidad Juan Carlos I, Mario Vargas Llosa, personalidades del mundo académico español, periodistas de la prensa internacional y estudiantes, la semana pasada la ex agente del SIE, Leonor La Rosa, advirtió a la opinión pública internacional del fraude que se avecina. Esto basada en su experiencia en los comicios de 1995.
El video con su testimonio fue mostrado por Alvaro Vargas Llosa, quien se trasladó hasta Suecia diez días antes para hacerle una entrevista a la ex agente, en un foro organizado por el movimiento de Defensa de la Democracia en el Perú y la mencionada universidad para tratar el tema del proceso electoral en nuestro país.

Guillermo Gonzales Arica y Alvaro Vargas Llosa, moderadora y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y fiscal español Carlos Castresana, quien impulsó el caso Pinochet.

"Las votaciones están controladas. El cambio de ánforas que hizo el gobierno de Fujimori en 1995 fue algo normal. Para esto cooperan las Fuerzas Armadas y policiales. El control de las elecciones está bajo el mando de estas fuerzas. En 1995 los miembros del Servicio de Inteligencia participamos en el proceso. Yo actué como miembro de mesa ante la ausencia de los titulares. Los de inteligencia ocupábamos ese lugar. Todo lo tienen controlado la policía y los militares", sostuvo.
Junto con Alvaro Vargas Llosa participaron como expositores el fiscal español Carlos Castresana y quien escribe esta nota.
Castresana, quien impulsó el caso Pinochet, se refirió por su parte a la falta de independencia de las instituciones peruanas, en especial la del Poder Judicial, y fustigó la forma como se han llevado juicios en contra del debido proceso en el país. "En el Perú hay una democracia de papel", definió.
Por otra parte, en el video, La Rosa se refirió además a las torturas sufridas a manos del mayor EP Ricardo Anderson Kohatsu, además de otros tres torturadores. "Tengo lesionada la médula y problemas con la irrigación cerebral. Si me mantengo sentada disminuye el oxígeno que irriga mi cerebro, me baja la presión y pierdo el conocimiento. Por ello debo estar siempre recostada". Tras estas palabras de Leonor La Rosa, el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ubicada a 15 kilómetros de la capital española, enmudeció. Las imágenes de la ex agente postrada en un sillón movilizada por una especie de grúa mecánica daba a los asistentes la impresión de que algo no funciona bien en el Perú.
"La mano derecha la tengo inutilizada a raíz de las torturas. Hace mes y medio me operaron para hacerme un implante. Lamentablemente no hubo resultados positivos. Los tendones de tres dedos de esa mano fueron calcinados cuando me torturaron. Soy tetraplégica, el resto de mi cuerpo no se mueve, salvo la mano izquierda pero de forma descoordinada", relató La Rosa.
Cuando Alvaro Vargas Llosa realizó la entrevista filmada no imaginó, por cierto, que en otro continente, días más tarde Anderson Kohatsu se salvó por un pelo, en Houston, Estados Unidos, de ser procesado por el delito de tortura. Como se sabe, una visa solicitada por la Cancillería que dirige Fernando de Trazegnies, y las gestiones del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Bustamante, evitó que Anderson sea encausado por la justicia norteamericana.