Edición Nº 1625

Terreno Minado
El canciller de Canadá Lloyd Axworthy fue nominado hace unos años para el Premio Nobel por sus esfuerzos por desterrar las minas antipersonales, pero esta semana, propuesta en mano y acompañado por el Secretario General de la OEA César Gaviria en una Misión de Alto Nivel para encontrar solución a la situación creada por la elección fraudulenta reciente, comenzó a pisar la arena movediza de una mecedora criolla. Su carrera arriesga una caída del palto.

Misión de Alto Nivel de la OEA.	Bienvenida limeña.

NI San Pedro ni San Pablo o el partido Perú-Ecuador y el viernes "puente" declarado parcialmente no laborable por el gobierno lograron distraer la atención sobre la presencia en Lima de la Misión de Alto Nivel de la OEA compuesta por al Canciller de Canadá Lloyd Axworthy y el Secretario General de la Organización César Gaviria.
Si la ocasión de la visita y el gesto gubernamental estaban destinados a disminuir las protestas en las calles, fracasaron en su intento.
Ya en la noche del martes 26 un grupo de unas 300 Mujeres por la Democracia fueron reprimidas con desorbitada energía y gas en las inmediaciones del Swiss Hotel en San Isidro donde se hospedaba la Misión. La propia Eliane Karp de Toledo sufrió las consecuencias.
Al día siguiente hubo más protestas en el Centro y en San Isidro, y Alejandro Toledo volvió a congregar una importante manifestación en la Plaza San Martín -hecho que fue, por cierto, estudiosamente ignorado por los Canales de señal abierta.
La presencia de la dupla Axworthy-Gaviria sirvió sin duda para galvanizar la acción de una serie de organizaciones y también agudizar la paranoia prefectural.
En la mañana del miércoles 28, por ejemplo, La Coordinadora de Derechos Humanos se reunió en el Hotel Pardo para elaborar un documento que sería entregado el jueves a la Misión y que llevaría la firma de 200 organizaciones.
Sofía Macher, Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora, dirigía la sesión, cuando repentinamente jóvenes de la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) y representantes del SUTEP pidieron la palabra. "Nos han citado a la Prefectura para el día de mañana y el viernes". En la sala nadie se sorprendió. Se trataba de una intimidación más.

LA MISION

Esa misma mañana, los miembros de la misión de la OEA miraron por la ventana de su hotel convertido en bunker, tomaron sus jugos de naranja y recibieron al Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan de Noriega.
Habían planeado reunirse primero con el presidente Alberto Fujimori, pero éste no encontró a esa hora espacio en su agenda. En realidad el ingeniero Fujimori no quería tomar desayuno, sino invitarlos a almorzar.

General PNP Alfredo Vivanco (Dinoes) comandó represión de las "Viudas de la Democracia".

El Defensor del Pueblo habló alto y claro sobre los problemas insitucionales del Perú y las deficiencias del último proceso electoral del que cuestionaban irremediablemente su legitimidad.
Samuel Abad, Defensor Adjunto para asuntos Constitucionales, hizo lo suyo. Al final quedó claro que la misión Axworthy-Gaviria traía un documento, una agenda-inventario (ver recuadro) de temas de reforma legal y constitucional para cumplirse dentro de un cronograma y en forma verificable.
También quedó claro que habría una misión técnica que haría un seguimiento al proceso con algún representante en el país.
El tema de nuevas elecciones, sin embargo, no estaba sobre la mesa.
La reunión se prolongó más de lo planeado. Apurados Axworthy, Gaviria y sus séquitos enrumbaron hacia Palacio de Gobierno. Allí el Canciller y el Secretario General entregaron el documento al Presidente Alberto Fujimori.
Se habló de que un plazo prudencial para cumplir con estos compromisos de "democratización" sería de 18 meses. Desde un inicio se observó, sin embargo, que algunos de los puntos incluyen generalizaciones de largo aliento.
Por otro lado, destacaron dos cambios constitucionales que de hecho requerirían de dos legislaturas ordinarias (un año mínimo) y del apoyo de una mayoría que el gobierno podría manipular de cualquier forma: la reunificación del sistema electoral, con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) volviendo a encargarse del proceso electoral.
La segunda modificación sería la reincorporación del distrito electoral múltiple. Concomitantemente, se llevarían a cabo elecciones regionales en cumplimiento de la Constitución vigente. El tema del asesor presidencial Vladimiro Montesinos, del Tribunal Constitucional y de los casos Ivcher, radio 1160 y Canal 13 también habrían sido tratados.
Axworthy y Gaviria plantearon que cualquier comisión "democratizadora" debería estar compuesta también por miembros de la oposición y de la sociedad civil. El desarrollo de la agenda sería progresivo.
El documento habla de una consulta popular sobre la reforma a realizarse. Un referéndum no está descartado, por lo tanto, pero nada tiene que ver con la tercera captura del poder por el fujimorismo.
Los "cancilleres fiscalizadores" de este proceso serían, más allá de la misión técnica de seguimiento, representantes de los de Estados Unidos y Canadá.
Para la tarde quedó la reunión con la oposición. La pregunta que se hacían los misioneros era si habría flexibilidad en esas tiendas. En la mañana, Toledo había dicho en RPP que no insistiría en la marcha de los cuatro suyos si había una consulta popular. Pero ¿a cuál consulta popular se refería? Sin duda a algo más sustancial que las reformas sugeridas.

¿Alguien tiene otra idea para democratizar el Perú? Con la puntería de costumbre el caricaturista peruano radicado en México, Oswaldo Sagástegui, envió el siguiente apunte. Derecha, primera reunión de la Misión de la OEA con los líderes de Perú Posible.

Así como hay dos líneas en el Departamento de Estado sobre el tema del Perú en el gobierno hay dos tendencias. Una estaría encabezada por el ex canciller Francisco Tudela, quien pretende ponerle cuello blanco y agua de colonia al régimen, cambiando de estilo y maneras. La otra línea es la de los radicales Absalón Vásquez y Vladimiro Montesinos, predispuesta a acentuar el autoritarismo. El problema estaría en las esferas militares, donde también se estarían formando dos corrientes.
A la misma hora que Axworty, Gaviria y el Presidente Fujimori almorzaban en la Casa de Pizarro, la oposición encabezada por Alejandro Toledo hacía lo propio en el Hotel César's.
Una sopa de sancochado más vino tinto calentaban la reunión. Peter Boehm había comentado a principios de semana en Canadá que la oposición peruana no era un sancochado. En realidad, la oposición parlamentaria que se reunió con la misión de avanzada dio una buena impresión. Los méritos se los llevaron Carlos Ferrero, Anel Townsend, Henry Pease y Luis Solari, encargados de la redacción de un documento sobre sus propias propuestas democratizadoras.
Los temas a plantear por parte de los grupos de oposición a la Misión Axworthy-Gaviria quedaron establecidos en un documentos redactado en inglés para beneficio del Canciller canadiense (ver recuadro). Sus firmantes son Toledo de Perú Posible, Alberto Andrade de Somos Perú, Jorge del Castillo del Apra, Luis Castañeda Lossio de Solidaridad Nacional, Henry Pease de UPP, y Valentín Paniagua de AP. A su vez, entre los presentes se dividieron los temas a exponer de la siguiente forma:
Alejandro Toledo: La falta de legitimidad de los últimos comicios y la tesis central por que debe convocarse a nuevas elecciones.
Alberto Andrade: La situación de las FF.AA. en el Perú como instrumento político, y la necesidad de fortalecer los gobiernos locales, de darle autonomía a las regiones a través de elecciones.
Jorge del Castillo:El Poder Legislativo, la bicameralidad y el distrito electoral múltiple.
Luis Castañeda: El diálogo entre la oposición y el gobierno con los miembros de la Misión de la OEA como mediadores, y el establecimiento de un cronograma.
Valentín Paniagua: La utilización del Poder Judicial como instrumento político y propuestas para superar esa situación.
A Henry Pease, quien no se encontraba en el momento de acordar los temas, le tocaría hablar de las acciones mínimas e inmediatas que debiera tomar el gobierno como "pruebas de amor" democrático.
La congresista Anel Townsend y el periodista Gustavo Gorriti hicieron hincapié sobre el tema de la libertad de prensa y la instrumentalización del Poder Judicial y los Servicios de Inteligencia contra los periodistas.
Fernando Olivera no asistió al almuerzo de la oposición. Sin embargo, Toledo informó que en conversaciones éste le había señalado que prefería mantener un perfil singular pero que no discreparía con el planteamiento conjunto. El congresista reelecto del FIM hablaría después sobre la corrupción.
Basándose en declaraciones que Rafael Rey hiciera el martes en Canal N criticando las demostraciones callejeras y otras estrategias, se supuso que el único sobreviviente de Avancemos discreparía con la oposición, pero poco después se confirmó su adhesión.
En esa reunión-almuerzo de la oposición también estuvieron presentes los congresistas Diego García Sayán , Carlos Ferrero, Harold Forsyth, Anel Townsend, el parlamentario electo Manuel Masías, el regidor Michel Azcueta, junto con Alvaro Vargas Llosa, Martín Bustamante y Aurelio Loret de Mola.
El acuerdo común de la reunión entre los representantes de la oposición fue decirle "no a la mecedora". Se debía dejar bien en claro que tenía que haber un cronograma de diálogo, una fecha para nuevas elecciones y en tiempos definidos implementar reformas inmediatas para facilitar las nuevas elecciones, y reformas a mediano plazo. Se debatió después sobre un proceso hipotético sin Fujimori y los medios legales (muy hipotéticos, por cierto) para evitar su candidatura.
Ya en la tarde la oposición fue firme en señalar que el primer punto de la democratización son las nuevas elecciones con una fecha específica Se le explicó a la Misión Axworthy-Gaviria que el proceso para convocar a nuevas elecciones no tiene por qué demorar tanto ya que existen modificaciones institucionales que pueden darse posteriormente, pero que hay otras de corto plazo e inmediata decisión. Con un compromiso político todo se puede hacer rápidamente, dijeron, en un plazo promedio de 6 meses.
El cumplimiento de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ivcher, por ejemplo, y las medidas cautelares en favor de Genaro Delgado Parker.
Pero hasta el miércoles la Misión de Alto Nivel de la OEA navegaba, a juzgar por su documento de propuestas, a más de 200 millas de distancia. (Informaciones de Guillermo González Arica).

DEJENOS entender esto bien. El gato ha vaciado la despensa y, con el jamón en la panza, ha creado una comisión con otros gatos despenseros que ofrecen proteger la despensa.
El socio ha estafado a la cooperativa y, con el dinero en el bolsillo, ha establecido una comisión de compinches que promete evitar futuras estafas.
El boxeador ha ganado la pelea con jueces comprados y, coronado campeón, ha contratado a Don King para que combata la corrupción en el pugilismo.
El gato no ha regurgitado el jamón, el estafador no ha devuelto el dinero o el boxeador la corona, pero esta semana llegó una Misión de Alto Nivel de la OEA al Perú que parece que se limitará a acariciar al gato, felicitar al estafador y elogiar el espíritu deportivo del boxeador entregándoles una lista de buenas acciones a cumplirse en el futuro que los tendrá entretenidos durante 5 años, por lo menos.
Jamón comido, plata birlada y corona de lata son cosas del pasado. Hay que pensar en el futuro y es con estos elementos ejemplares que se puede trabajar.
Quizás hasta se conviertan en los líderes de la región en el fortalecimiento de la democracia.
Si éste es el mensaje, absurdo.

La Misión en la Mecedora

Un justificado forado separa las propuestas de la OEA y de la oposición tras un primer intercambio.

AL cierre de esta edición, la Misión de Alto Nivel de la OEA había entregado a las fuerzas democráticas una propuesta de reformas institucionales a ser consideradas y debatidas -en una reunión el jueves 29- en la búsqueda de un acuerdo con el gobierno. Se trata de un documento de 29 puntos que grafica las buenas intenciones de esta Misión, pero que, igualmente, muestra su desconocimiento ante la catadura de un régimen que, en más de una oportunidad, se ha zurrado alegremente en iniciativas de este tipo.
• Si en el cenit del optimismo este documento busca un "cronograma claro para alcanzar resultados concretos y comprobables", olvida proponer un plazo o fecha límite. Con ello, el oficialismo podría interpretar líbremente que cuenta con 5 años para implementar las reformas.
Lo que ignora la dupla Axworthy-Gaviria es que una propuesta como ésta, extensa y genérica, resulta magnífica para el gobierno: seguramente fue recibida con una sonrisa socarrona en Palacio -como las que mostraban Francisco Tudela y Beatriz Ramacciotti a la salida de la Misión, más largas que la de la Mona Lisa- y como ya antes ha pasado, sin que nada finalmente suceda.
Porque tras varias Misiones en estos 8 años de autoritarismo, seguimos igual o peor.
• El documento propone reformar la administración de justicia, fortalecer el Estado de Derecho y asegurar la separación de poderes. Para ello habla de "asegurar la independencia del Poder Judicial", disolver las Comisiones Ejecutivas del PJ y "reformar el sistema de la Justicia Militar", entre otras perlas retóricas. Ni siquiera es precisa al sugerir una vía para asegurar la constitucionalidad de las leyes: pone a consideración el restablecimiento del Tribunal Constitucional mediante la restitución de los tres magistrados destituidos por el régimen, o la selección de nuevos jueces con base en un "consenso en el Congreso de todos los partidos representados".
¿Es ese "consenso" posible? Habría que preguntarle a Martha Chávez, la doctora Hildebrandt o a Ricardo Marcenaro.
• En otro pasaje, al referirse al necesario equilibrio entre Derechos Humanos y Seguridad, propone "Estudiar la posibilidad de retornar a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos". Es decir, ni siquiera insiste en la necesidad, como sí lo hacen los sectores de oposición, de retornar a uno de los más importantes tribunales de la propia OEA.
En este mismo capítulo, la Misión desliza la creación "de una Comisión Nacional Independiente que vele por el cumplimiento de los Derechos Humanos y complemente las funciones del Defensor del Pueblo". Esto, tal como suena, recortaría las funciones de la Defensoría.
• Y cuando abarca aspectos de libertad de expresión y medios de comunicación, señala, para el caso de los Canales 2 y 13, secuestrados a sus legítimos accionistas mayoritarios, "Solución a satisfacción de las partes (¿accionistas?) a los problemas de los dos canales de televisión". Si bien, a renglón seguido, se pide solución al caso Ivcher, luego se enumeran pedidos meramente declarativos sobre la independencia de estos medios.
• Donde se traduce con acierto el sentir de quienes se opusieron a la maquinaria reeleccionista, es cuando la Misión declara la importancia de reestructurar el sistema electoral, fusionando los diversos organismos existentes y garantizando capacidad de fiscalización. También se habla de establecer un distrito electoral múltiple para la elección del Congreso y de asegurar el acceso libre de todos los actores políticos a los medios de comunicación, especialmente electrónicos.
Pero aquí hay una grave omisión. Ni una palabra sobre uso de recursos públicos durante la campaña electoral y de publicidad. A juicio de muchos, una de las armas preferidas por el fujimorismo para controlar a la televisión de señal abierta.
• Tras declamar sobre fiscalización -donde al Congreso se le otorgarían funciones que difícilmente cumpliría de manera neutra-, la Misión pasa a recomendar mejoras en "Diversos aspectos vinculados al fortalecimiento de la democracia" y en la que se intentaría poner en salmuera a los Servicios de Inteligencia. Nuevamente el Congreso -¡éste Congreso!- sería el llamado a cumplir un papel protagónico.

LA OPOSICION PROPONE

A este listado generoso y sin plazo efectivo de realización, la oposición democrática, en documento firmado por Alejandro Toledo, Alberto Andrade, Luis Castañeda Lossio, Henry Pease, Valentín Paniagua y Jorge del Castillo, opone cuatro puntos -respaldados en el informe del canciller Eduardo Stein- fundamentales para garantizar la institucionalidad:
• La inmediata implementación de las recomendaciones de la CIDH sobre los medios de comunicación, incluyendo la devolución a sus legítimos propietarios de dos estaciones de televisión ilegalmente tomadas, y el fin de toda operación de asedio, interceptación telefónica y juicios a periodistas.
• La restitución inmediata de los magistrados destituidos del Tribunal Constitucional.
• El regreso del Perú a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
• La salida del asesor Vladimiro Montesinos del gobierno.
Los partidos firmantes consideran que, satisfechos estos cuatro puntos, el país estaría en condiciones de ir a un nuevo proceso electoral en condiciones equitativas.
No habría que ir a un largo proceso como el adelantado por quienes encabezan esta Misión. CARETAS considera esencial que, además de proscribir todo manejo publicitario del Estado en época de elecciones, se establezca que la ayuda humanitaria que recibe el Perú pase a manos de diversas ONGs y de la Iglesia Católica, con lo que se evitan los chantajes denunciados por los sectores más deprimidos de la población durante los recientes comicios.
Parece increíble que la OEA no se dé cuenta del gobierno con el que está negociando. El fujimorismo ha jugado por años con misiones e iniciativas, nativas y extranjeras, en nombre de la democracia. Y mientras el tiempo pase sin soluciones triunfa el statu quo, es decir, Vladimiro y compañía. (Pedro Tenorio).