Edición Nº 1625

30 de Junio de 2000 Por FERNANDO ROSPIGLOSI

Temas Particulares

LA misión de la OEA que ha visitado el Perú, probablemente ha venido con la mejor de las intenciones para tratar de presionar al gobierno y conseguir su progresiva democratización. Pero es obvio que no va a lograr su propósito. El régimen es irreformable.
Francisco Tudela ya lo anunció hace un par de semanas en Cartagena: se pueden discutir todos los grandes problemas generales de la democracia, pero no los "temas particulares" como Vladimiro Montesinos y el Servicio de Inteligencia Nacional, Baruch Ivcher y el Canal 2. Lo mismo han repetido luego hasta el cansancio los ayayeros.
Es decir, la posición del gobierno es que se puede debatir sobre vaguedades, propuestas inocuas y promesas genéricas, pero de ningún modo abordar y resolver los únicos asuntos que realmente cuentan, como el tema de Montesinos y el SIN.
Por ejemplo, una cuestión clave es la situación del Poder Judicial, absolutamente corrompido y totalmente controlado por Montesinos. El Poder Judicial es uno de los instrumentos favoritos del régimen para chantajear congresistas, presionar a los propietarios de los medios de comunicación -y eventualmente despojarlos, como a Ivcher-, extorsionar empresarios y militares, en fin para controlar la sociedad y las instituciones.
Desde 1990, apenas llegado al poder, Montesinos empezó a tejer su red de corrupción y control sobre el Poder Judicial. Con el golpe del 5 de abril de 1992 avanzó decisivamente en dominarlo, desalojando a jueces honestos e independientes, e instalando a magistrados corruptos y manipulables.
Desde esa fecha ha habido varias reformas, una nueva Constitución, flamantes organismos como el Consejo -y la Academia- Nacional de la Magistratura. El resultado: un Poder Judicial más corrompido y más controlado.

Es ridículo creer que una nueva reforma judicial, cuyos resultados se evaluarían luego de algunos años, tendría un efecto "democratizador", que podría redundar en la independencia del Poder Judicial, si se mantiene el régimen que ha convertido esa institución en lo que es, y no se toca el organismo planificador y ejecutor del control, el SIN.
Ya Jorge Avendaño, congresista y ex Decano del Colegio de Abogados de Lima, ha advertido sobre los nuevos mecanismos de manipulación y dominación que el SIN está estableciendo, desde la Corte Suprema para abajo, en reemplazo del desgastado sistema de las Comisiones Ejecutivas y los jueces provisionales.
En suma, el problema del Poder Judicial no es el Consejo Nacional de la Magistratura, las Comisiones Ejecutivas, la provisionalidad de los jueces, la Constitución o las leyes orgánicas. El problema es la existencia de un aparato corrompido y corruptor, con poderes ilimitados e incontrolados, el Servicio de Inteligencia Nacional, que es el que ejerce el poder real y el que directamente instrumenta al Poder Judicial, el Ministerio Público, la cúpula de las FF.AA. o la Policía.
Ese es el aparato básico que estuvo detrás de la falsificación de las firmas de Perú 2000 -delito hoy día encubierto por el Congreso y la Fiscalía-; del fraude electoral; de la compra y chantaje de congresistas tránsfugas, según han revelado otros que no cedieron a las amenazas. Y ese es un "tema particular" que, según el gobierno, no puede discutirse con la OEA ni con nadie. Cuando en realidad, es casi el único tema que realmente cuenta.
Lo mismo ocurre con relación a la libertad de expresión. ¿Acaso es un problema de leyes, de reglamentos o de comisiones? El asunto concreto es el dominio que ejerce el gobierno sobre los canales de Tv. y otros medios, a través de presiones, dádivas económicas y chantajes judiciales. Es decir, mediante métodos ilegales y semiocultos.
¿Cuál es el organismo operador del control de los medios? El SIN, como quedó meridianamente demostrado en los reportajes de Rosana Cueva en octubre y noviembre de 1998 -en el desaparecido programa de Tv. de César Hildebrandt-, grabaciones donde se escucha a Montesinos dándole órdenes al dueño de América Tv. y estableciendo que él, Montesinos, será quien se ocupe de la relación en el futuro.
Y también en las denuncias efectuadas en octubre de 1999 por un grupo de trabajadores de un diario amarillo, que revelaron que los titulares difamatorios que publicaban los elaboraba el SIN, que también pagaba por ellos al propietario del pasquín.
Así, devolverle Frecuencia Latina a Baruch Ivcher y Global Tv. a Genaro Delgado Parker, por ejemplo, son asuntos muchísimo más importantes que cien comisiones democratizadoras, integradas por ministros falsarios, que mienten una y otra vez sin siquiera sonrojarse, como acaba de hacer Alberto Bustamante precisamente a raíz de la detención de Ivcher en Varsovia.
Pero ésos son precisamente los temas que el gobierno no quiere discutir y menos resolver.
Por eso hace bien la oposición en rechazar las volátiles promesas del gobierno e insistir en la única salida viable, nuevas elecciones.

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