Edición Nº 1626

El Efecto Montesinos
Congreso de EE.UU. suspende partida de US$ 42 millones para lucha antidrogas en el Perú. Solicitan cabeza del asesor.

Escribe
GUILLERMO GONZALES ARICA

EL pasado viernes, el Perú sintió la primera pegada de las presiones económicas que nos pueden afectar. Ese día, en el subcomité de consenso de las dos ramas legislativas de Estados Unidos se aprobó un presupuesto adicional de US$ 1.300 millones para el Plan Colombia de lucha antidrogas. Días antes se había aprobado ya US$ 11.200 millones para ese fin. Pero la novedad del día de San Pedro y San Pablo es ésta: junto con los US$ 1.300 adicionales para Colombia, se decidieron adicionales de US$ 110 millones para Bolivia y US$ 20 millones para Ecuador. El Perú, al que se le habían previsto US$ 42 millones suplementarios, se quedó sin nada.
Según nuestras fuentes en Washington, el todopoderoso zar antidrogas de los Estados Unidos, general Barry McCaffrey, había anticipado el día anterior, a la sección de Asuntos Andinos del Departamento de Estado, que dirige Phil Chicola, esa importante decisión, sin duda conversada previamente en los más altos niveles del Estado norteamericano.
El gobierno peruano acusó el golpe. El sábado 1 de julio por la mañana, tras una entrevista radial, el desgastado Primer Ministro, Alberto Bustamante Belaunde, rezongó que, mientras el Perú había invitado a la Misión Axworthy- Gaviria y se preparaba "para consolidar su sistema democrático", el Congreso de Estados Unidos tenía una posición distinta a la del Departamento de Estado. Además, acalorado, negó -contra la evidencia que surge de la prensa internacional -que la Misión de Alto Nivel haya solicitado del gobierno despedir al asesor presidencial Vladimiro Montesinos.

¿Cuál es la verdad de la milanesa? Como se sabe, sólo una semana antes de esta última decisión del Congreso, el 22 de junio, el Senado estadounidense había aprobado una enmienda a la Ley de Asignaciones Presupuestales de Fondos al Exterior relativa al Perú, enmienda que establece que el Departamento de Estado deberá remitir a los Comités de Asignaciones Presupuestarias y Relaciones Exteriores tanto del Senado como de la Cámara de Representantes un informe evaluatorio de las relaciones económicas, políticas y militares de Estados Unidos con el Perú.
La enmienda exige, además, que en un término de 90 días el Presidente de Estados Unidos informe a ambas Cámaras del Congreso sobre la situación de la independencia del sistema judicial, de los Derechos Humanos y de la libertad de expresión en el Perú. La conclusión de esta enmienda es que si dicho informe señala que no hay avances sustantivos, los fondos asignados al Perú en la Ley de Presupuesto, que es aprobada antes de que termine el año fiscal norteamericano (éste vence el 30 de setiembre) no serán entregados. Pero lo que ha puesto los pelos de punta a algunos empresarios nacionales es que la enmienda también establece que se informe acerca de cuáles son las ventajas adquiridas por el Perú a partir de la Ley de Preferencias Andinas. Esta ley tiene directa relación con beneficios arancelarios. Los empresarios nacionales tienen, pues, motivos para estar preocupados.
Finalmente, la enmienda establecía excepciones. Una de ellas se refería a la ayuda antidrogas.

CAMBIO INTEMPESTIVO

¿Qué hizo cambiar de opinión al Congreso gringo en menos de una semana? Según fuentes en Washington D.C., antes de la llegada a Lima de la Misión Axworthy - Gaviria se habría llevado a cabo una reunión entre el Secretario General de la OEA, representantes del Congreso estadounidense y Arturo Valenzuela mandamás del Consejo Nacional de Seguridad. En esta reunión se habría decidido que la Misión de Alto Nivel de la OEA pidiera a Fujimori la remoción del asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Como se sabe, semanas atrás el Senado Norteamericano (CARETAS 1622) solicitó de manera formal del Departamento de Estado un informe sobre la relación de Montesinos con la vulneración de derechos humanos, amenazas a la libertad de prensa e interferencias en el proceso electoral.
El tema, por tanto, ya estaba sobre el tapete. En Washington hay quienes piensan que la guerra fría trajo consigo a aliados poco deseables y que es el momento de deshacerse de ellos. Estas opiniones son compartidas por un amplio sector de la comunidad de inteligencia norteamericana.
El miércoles 28, en la Casa de Pizarro, la Misión Axworthy - Gaviria habría hecho el planteamiento. La respuesta gubernamental es ya conocida. Al asesor nadie lo toca. La Misión no sólo habló del asesor, sino que sugirió que se deberían establecer mecanismos para ejercer un control civil sobre los servicios de Inteligencia y además crear una comisión en el Congreso que se encargue de supervisar a los organismos de Inteligencia. Bustamante Belaunde también saltó hasta el techo sobre este último punto y apeló al argumento de la seguridad nacional.
Algunos observadores en Washington opinan que frente a la reacción del Gobierno peruano, el Congreso norteamericano saltó como un resorte. Los mismos observadores comentan que la no asignación de los US$ 42 millones no impide que en el futuro, mediante otra ley, esa suma sea otorgada. Más aún, se comenta en la capital norteamericana que antes de setiembre se podría discutir esta asignación y tocar sólo el tema del Perú.
"Lo que está haciendo el Congreso norteamericano es dar mensajes", señaló un analista. Y la verdad no sólo se los están dando al gobierno peruano. No hay que olvidar que, además de la Enmienda del Senado aprobada el 22 de junio, también existe la Resolución 43, que establece que si no se producen mejoras democráticas cambiarán las relaciones militares, económicas y políticas con el Perú.
Hasta antes de la no asignación de los US$ 42 millones como ayuda suplementaria a la lucha antidrogas, se sabía de excepciones a posibles sanciones. Estas estaban referidas a asistencia para fines humanitarios, y precisamente, como se ha dicho, a antidrogas. Por tanto, no entraban en las excepciones la ayuda para proyectos militares y de intercambio de personal militar, llámese el Military International Educational Training, o los propios ejercicios militares conocidos como UNITAS. Sin embargo, a pesar de que los militares gringos en Washington tienen fastidio por estas posibles sanciones, todo ello está avaluado en menos de un millón de dólares al año. Tampoco entran en las excepciones que los directores estadounidenses en el FMI, en el Banco Mundial y en el BID voten en contra de las solicitudes de préstamos peruanos.