Edición Nº 1626

 

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    ARTICULO

    6 de Julio de 2000

    Lo que se Juega la OEA
    En el álgido escenario peruano, estaría en salmuera algo más que su prestigio.

    El ojo hemisférico recae ahora sobre lo que la dupla Axworthy-Gaviria pueda finalmente lograr.

    YA pasaron por Lima la Misión de avanzada y la Misión de Alto Nivel Axworthy-Gaviria de la Organización de los Estados Americanos. Mientras se espera la anunciada instalación de una delegación permanente del organismo hemisférico y la designación de quien la encabezará -se menciona con insistencia a un ex canciller latinoamericano- resulta importante indicar algunos de los hitos fundamentales del complejo proceso originado por el fraudulento proceso electoral que culminó el 28 de mayo pasado.
    -Con la Misión Axworthy-Gaviria no sólo se juega el restablecimiento pacífico de las instituciones democráticas en nuestro país sino también la credibilidad de la OEA como organización que ha asumido la defensa de la democracia y de los derechos humanos en el Hemisferio. Una eventual pérdida de credibilidad de la OEA en ese campo pone en juego su propia viabilidad política y la continuidad de los aportes financieros que requiere para sobrevivir.
    -Sobre los hombros del canciller de Canadá recae la posibilidad de hacer frente a un desafío que tendrá un impacto directo en su propio éxito o fracaso con miras a la próxima Cumbre de Jefes de Estado a realizarse en Quebec, Canadá, en el 2001.
    -¿Cuáles son las probabilidades de que la Misión ponga al gobierno peruano en la senda de una verdadera democratización? Una importante proporción de observadores políticos consideran el asunto con escepticismo. Las razones que mencionan son las siguientes:
    La OEA perdió el eje de su acción al abandonar, de manera prematura e inexplicable, la consideración del meollo del problema: la ilegitimidad de unas elecciones denunciadas como irregulares por su propio observador y por su órgano asesor en materia de derechos humanos (la Comisión Interamericana de Derechos Humanos). La incoherencia entre las consideraciones técnicas de Stein y la CIDH y la renuncia a revisar el tema por parte de la Misión Axworthy-Gaviria priva a la acción de la OEA del elemento que le permitía proyectar su acción sobre asuntos concretos.
    Al perder el ancla, las acciones de la Misión se proyectan hacia una "nebulosa democrática" de dimensiones galácticas: independencia de los poderes, reforma del sistema electoral, fortalecimiento del Poder Judicial, reforzamiento de la libertad de expresión, restablecimiento de los jueces del Tribunal Constitucional o la designación de otros nuevos (?), etc. etc. Todo ello mezclado con asuntos prácticos o instrumentales, en muchos casos de muy confusa formulación. Nada más conveniente para el gobierno peruano, tal como lo señaló CARETAS en el artículo "La Misión en la Mecedora" (Caretas 1625) que desea ver a la Misión convertida en una acompañante "técnica" de un proceso democratizador iniciado e impulsado por él. Como reza el bolero "pasarán más de mil años, muchos más ..."
    La "nebulosa democrática" se complementa con otra característica de la acción de la Misión: la falta de estrategia en materia de objetivos específicos, cronograma y condiciones previos de cumplimiento ineludible por parte del gobierno. Observadores con experiencia en negociaciones complejas enfatizan que una Misión como la de la OEA no puede llegar a "explorar" el medio sino aterrizar con exigencias mínimas y un cronograma básico, limitándose a ajustar los detalles de ese cronograma en el terreno. En este caso, por ejemplo, resulta obvio que la Misión Axworthy-Gaviria ha debido poner como condición previa al inicio de sus labores el regreso del Perú a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la restitución plena y sin vueltas de la nacionalidad peruana a Baruch Ivcher y la restitución de los tres miembros del Tribunal Constitucional (con el compromiso futuro de modificar las mayorías calificadas requeridas).En especial, debido a la falta de credibilidad de las reiteradas promesas democratizadoras del gobierno.
    ¿Existen posibilidades de reencauzar las actividades de la Misión para que logre los objetivos democratizadores que requiere la sociedad peruana? Esto depende de la dupla Axworthy-Gaviria y también de los cancilleres del Hemisferio. La anunciada designación de un Jefe de Misión a instalarse en Lima sería la ocasión para reformular la forma en que la Misión está lidiando con la situación peruana. Algunos elementos de la reformulación serían los siguientes:
    En primer lugar, debería regresarse a los amplios términos planteados por la Resolución 1753 de la Asamblea General de Windsor, sin eliminar la posibilidad de considerar la legitimidad del proceso electoral peruano. En una situación como la peruana y con el lenguaje comprensivo de la mencionada resolución, sólo el interés del gobierno puede pretender eliminar el tema de la legitimidad de las elecciones. Debe tenerse presente, por otra parte, que están en marcha esfuerzos de la oposición por provocar una nueva consulta popular.
    En segundo término, debería sistematizarse el conjunto de medidas planteadas por la Misión Axworthy y este ejercicio debería iniciarse eliminando el término "propuestas". El gobierno del Perú debe percibir con claridad que si no adopta las medidas planteadas, el aislamiento internacional será inevitable. La Misión debe dejar perfectamente en claro su voluntad de actuar en ese sentido y abandonar el atavismo de la OEA de emplear fórmulas amorfas ("Estudiar la posibilidad de retornar a la jurisdicción de la Corte ..."). Este ejercicio debería incluir la exigencia de adoptar las medidas inmediatas indicadas más arriba y la elaboración de un cronograma realista dentro de un plazo breve, con metas intermedias y finales verificables.
    En tercer lugar, la OEA debe dotar a este proceso de una base jurídica de acuerdo con los instrumentos que posee. Las irregularidades del proceso electoral han debido conducir a la aplicación de la Resolución 1080. Ante la falta de acción en ese sentido, la Misión Axworthy-Gaviria debería recomendar la convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de conformidad con el artículo 61 de la Carta de la OEA. Debe tenerse presente que éste fue el mecanismo aplicado al régimen de Anastasio Somoza en 1978 y al de Noriega, en Panamá, en 1989. Esta decisión regularizaría el aspecto jurídico pues, en la práctica, el proceso que se está llevando a cabo constituye, en sí, una Reunión de Consulta.
    Uno de los promotores de la Resolución 43 y la Enmienda 3521 es el senador Jesse Helms, poderoso presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de su Cámara. Curiosamente, entre el conservador norteamericano Helms y el liberal canadiense Axworthy existe un conflicto aparte. El Senador es coautor de la enmienda Helms-Burton que busca sancionar en Estados Unidos a quienes mantengan relaciones económicas con Cuba desde terceros países. Puesto que Canadá es una de dichas naciones, Axworthy es uno de los principales críticos de la enmienda -Helms Burton-.
    En la OEA, sin embargo, tratan de evitar conflictos con el Congreso norteamericano. Dicho cuerpo es capaz de suspender o cortar los libramientos del aporte de los Estados Unidos a la organización. Como constituyen el 60% del presupuesto, una interrupción de esa naturaleza significaría un virtual deceso institucional.


    Metas por Cumplir
    Algunas sugerencias de la OEA no requieren largos plazos para democratizar el país

    Reformas Inmediatas
    Disolución de las Comisiones Ejecutivas, creadas con el fin de reformar el Poder Judicial, y restaurar las leyes orgánicas del Poder Judicial y el Ministerio Público.
    Restablecimiento del Tribunal Constitucional mediante la restitución de los tres magistrados destituidos por el Congreso. (la otra posibilidad, menos viable, es la de seleccionar nuevos jueces para el Tribunal Constitucional con base en un consenso en el Congreso).
    Restaurar la independencia completa del Consejo Nacional de la Magistratura, y darle total independencia para la selección de Jueces y Fiscales.
    Estudiar la posibilidad de retornar a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la invocación debería ser más enfática y no para su estudio).
    Invitar a la CIDH a que realice una visita in loco.
    Solución a satisfacción de las partes a los problemas de los Canales 2 y 13 de televisión (que, dicho sea de paso, no pasa por un acuerdo entre accionistas).
    Solución del caso de Baruch Ivcher (recomendación taxativa).
    El manejo de la publicidad estatal conforme a la Ley de Contratación y Adquisiciones del Estado.
    Reestructuración del sistema electoral. Así, el JNE y los demás entes electorales (ONPE y RENIEC) sean fusionados en una sola entidad electoral.
    Asegurar la capacidad de fiscalización de este nuevo órgano electoral para investigar irregularidades y aplicar sanciones.
    Los miembros del nuevo organismo electoral deben ser nombrados en un proceso que le dé confianza a todos los actores políticos.
    Creación de un distrito electoral múltiple.
    Asegurar un acceso libre a todos los actores políticos a los medios de comunicación, especialmente los medios electrónicos (sobre todo en época de elecciones).
    Reforma del Reglamento del Congreso para crear una Comisión que se ocupe exclusivamente del control de los cuerpos de Inteligencia. Los miembros de esta Comisión estarán sujetos a una regulación especial para mantener el debido secreto.
    Adecuación de la ley que regula los servicios de inteligencia para poner fin a su participación en actividades que no se relacionen con la seguridad nacional.
    Ampliación de la participación de autoridades civiles en el Consejo de Defensa Nacional.

    De Mediano Plazo
    Solucionar el problema de provisionalidad de los jueces.
    Reformar el sistema de la Justicia Militar.
    Establecimiento de una Comisión Nacional Independiente que vele por el cumplimiento de los derechos humanos y complemente las funciones del Defensor del Pueblo (sin recortar sus atribuciones).
    Establecimiento de un Plan Nacional para la protección de los Derechos Humanos, con la asesoría del Instituto Interamericano de los DD. HH.
    Legislación que garantice el acceso a la infomación, especialmente de medios electrónicos.
    Creación de un programa de lucha contra la corrupción.
    Estudiar el inicio de un proceso de reforma de las Fuerzas Armadas, para asegurar que los ascensos, retiros o cargos de trascendencia obedezcan a criterios profesionales debidamente establecidos.

    De Largo Aliento
    Asegurar la independencia del Poder Judicial.
    Garantizar la independencia de los medios, especialmente los electrónicos, y permitir el acceso irrestricto a los mismos a todos los partidos políticos.
    Fortalecimiento de la función fiscalizadora del Congreso de la República.
    Ampliación de la labor fiscalizadora del Congreso con respecto a la Contraloría General de la República.
    Implementación de mecanismos necesarios y transparentes para ejercer un control civil apropiado de las actividades de los organismos de Inteligencia y de las Fuerzas Armadas (legislación).


     

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