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ARTICULO
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6
de Julio de 2000 |
Lo que se Juega la
OEA
En el álgido escenario peruano, estaría
en salmuera algo más que su prestigio.
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El
ojo hemisférico recae ahora sobre lo que la dupla Axworthy-Gaviria
pueda finalmente lograr.
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YA pasaron por Lima la Misión de avanzada y la Misión
de Alto Nivel Axworthy-Gaviria de la Organización de los Estados
Americanos. Mientras se espera la anunciada instalación de una
delegación permanente del organismo hemisférico y la designación
de quien la encabezará -se menciona con insistencia a un ex canciller
latinoamericano- resulta importante indicar algunos de los hitos fundamentales
del complejo proceso originado por el fraudulento proceso electoral que
culminó el 28 de mayo pasado.
-Con la Misión Axworthy-Gaviria no sólo se juega el restablecimiento
pacífico de las instituciones democráticas en nuestro país
sino también la credibilidad de la OEA como organización
que ha asumido la defensa de la democracia y de los derechos humanos en
el Hemisferio. Una eventual pérdida de credibilidad de la OEA en
ese campo pone en juego su propia viabilidad política y la continuidad
de los aportes financieros que requiere para sobrevivir.
-Sobre los hombros del canciller de Canadá recae la posibilidad
de hacer frente a un desafío que tendrá un impacto directo
en su propio éxito o fracaso con miras a la próxima Cumbre
de Jefes de Estado a realizarse en Quebec, Canadá, en el 2001.
-¿Cuáles son las probabilidades de que la Misión
ponga al gobierno peruano en la senda de una verdadera democratización?
Una importante proporción de observadores políticos consideran
el asunto con escepticismo. Las razones que mencionan son las siguientes:
La OEA perdió el eje de su acción
al abandonar, de manera prematura e inexplicable, la consideración
del meollo del problema: la ilegitimidad de unas elecciones denunciadas
como irregulares por su propio observador y por su órgano asesor
en materia de derechos humanos (la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos). La incoherencia entre las consideraciones técnicas de
Stein y la CIDH y la renuncia a revisar el tema por parte de la Misión
Axworthy-Gaviria priva a la acción de la OEA del elemento que le
permitía proyectar su acción sobre asuntos concretos.
Al perder el ancla, las acciones de la Misión
se proyectan hacia una "nebulosa democrática" de dimensiones galácticas:
independencia de los poderes, reforma del sistema electoral, fortalecimiento
del Poder Judicial, reforzamiento de la libertad de expresión,
restablecimiento de los jueces del Tribunal Constitucional o la designación
de otros nuevos (?), etc. etc. Todo ello mezclado con asuntos prácticos
o instrumentales, en muchos casos de muy confusa formulación. Nada
más conveniente para el gobierno peruano, tal como lo señaló
CARETAS en el artículo "La Misión en la Mecedora" (Caretas
1625) que desea ver a la Misión convertida en una acompañante
"técnica" de un proceso democratizador iniciado e impulsado por
él. Como reza el bolero "pasarán más de mil años,
muchos más ..."
La "nebulosa democrática" se complementa
con otra característica de la acción de la Misión:
la falta de estrategia en materia de objetivos específicos, cronograma
y condiciones previos de cumplimiento ineludible por parte del gobierno.
Observadores con experiencia en negociaciones complejas enfatizan que
una Misión como la de la OEA no puede llegar a "explorar" el medio
sino aterrizar con exigencias mínimas y un cronograma básico,
limitándose a ajustar los detalles de ese cronograma en el terreno.
En este caso, por ejemplo, resulta obvio que la Misión Axworthy-Gaviria
ha debido poner como condición previa al inicio de sus labores
el regreso del Perú a la jurisdicción de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, la restitución plena y sin vueltas de la nacionalidad
peruana a Baruch Ivcher y la restitución de los tres miembros del
Tribunal Constitucional (con el compromiso futuro de modificar las mayorías
calificadas requeridas).En especial, debido a la falta de credibilidad
de las reiteradas promesas democratizadoras del gobierno.
¿Existen posibilidades de reencauzar las actividades de la Misión
para que logre los objetivos democratizadores que requiere la sociedad
peruana? Esto depende de la dupla Axworthy-Gaviria y también de
los cancilleres del Hemisferio. La anunciada designación de un
Jefe de Misión a instalarse en Lima sería la ocasión
para reformular la forma en que la Misión está lidiando
con la situación peruana. Algunos elementos de la reformulación
serían los siguientes:
En primer lugar, debería regresarse
a los amplios términos planteados por la Resolución 1753
de la Asamblea General de Windsor, sin eliminar la posibilidad de considerar
la legitimidad del proceso electoral peruano. En una situación
como la peruana y con el lenguaje comprensivo de la mencionada resolución,
sólo el interés del gobierno puede pretender eliminar el
tema de la legitimidad de las elecciones. Debe tenerse presente, por otra
parte, que están en marcha esfuerzos de la oposición por
provocar una nueva consulta popular.
En segundo término, debería
sistematizarse el conjunto de medidas planteadas por la Misión
Axworthy y este ejercicio debería iniciarse eliminando el término
"propuestas". El gobierno del Perú debe percibir con claridad que
si no adopta las medidas planteadas, el aislamiento internacional será
inevitable. La Misión debe dejar perfectamente en claro su voluntad
de actuar en ese sentido y abandonar el atavismo de la OEA de emplear
fórmulas amorfas ("Estudiar la posibilidad de retornar a la jurisdicción
de la Corte ..."). Este ejercicio debería incluir la exigencia
de adoptar las medidas inmediatas indicadas más arriba y la elaboración
de un cronograma realista dentro de un plazo breve, con metas intermedias
y finales verificables.
En tercer lugar, la OEA debe dotar a este
proceso de una base jurídica de acuerdo con los instrumentos que
posee. Las irregularidades del proceso electoral han debido conducir a
la aplicación de la Resolución 1080. Ante la falta de acción
en ese sentido, la Misión Axworthy-Gaviria debería recomendar
la convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores de conformidad con el artículo 61 de la Carta de la
OEA. Debe tenerse presente que éste fue el mecanismo aplicado al
régimen de Anastasio Somoza en 1978 y al de Noriega, en Panamá,
en 1989. Esta decisión regularizaría el aspecto jurídico
pues, en la práctica, el proceso que se está llevando a
cabo constituye, en sí, una Reunión de Consulta.
Uno de los promotores de la Resolución
43 y la Enmienda 3521 es el senador Jesse Helms, poderoso presidente de
la Comisión de Relaciones Exteriores de su Cámara. Curiosamente,
entre el conservador norteamericano Helms y el liberal canadiense Axworthy
existe un conflicto aparte. El Senador es coautor de la enmienda Helms-Burton
que busca sancionar en Estados Unidos a quienes mantengan relaciones económicas
con Cuba desde terceros países. Puesto que Canadá es una
de dichas naciones, Axworthy es uno de los principales críticos
de la enmienda -Helms Burton-.
En la OEA, sin embargo, tratan de evitar conflictos
con el Congreso norteamericano. Dicho cuerpo es capaz de suspender o cortar
los libramientos del aporte de los Estados Unidos a la organización.
Como constituyen el 60% del presupuesto, una interrupción de esa
naturaleza significaría un virtual deceso institucional.
Metas por Cumplir
Algunas sugerencias de la OEA no requieren largos
plazos para democratizar el país
Reformas Inmediatas
Disolución
de las Comisiones Ejecutivas, creadas con el fin de reformar el Poder
Judicial, y restaurar las leyes orgánicas del Poder Judicial y
el Ministerio Público.
Restablecimiento del Tribunal Constitucional
mediante la restitución de los tres magistrados destituidos por
el Congreso. (la otra posibilidad, menos viable, es la de seleccionar
nuevos jueces para el Tribunal Constitucional con base en un consenso
en el Congreso).
Restaurar la independencia completa
del Consejo Nacional de la Magistratura, y darle total independencia para
la selección de Jueces y Fiscales.
Estudiar la posibilidad de retornar
a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(la invocación debería ser más enfática y
no para su estudio).
Invitar a la CIDH a que realice una visita
in loco.
Solución a satisfacción
de las partes a los problemas de los Canales 2 y 13 de televisión
(que, dicho sea de paso, no pasa por un acuerdo entre accionistas).
Solución del caso de Baruch Ivcher
(recomendación taxativa).
El manejo de la publicidad estatal conforme
a la Ley de Contratación y Adquisiciones del Estado.
Reestructuración del sistema electoral.
Así, el JNE y los demás entes electorales (ONPE y RENIEC)
sean fusionados en una sola entidad electoral.
Asegurar la capacidad de fiscalización
de este nuevo órgano electoral para investigar irregularidades
y aplicar sanciones.
Los miembros del nuevo organismo electoral
deben ser nombrados en un proceso que le dé confianza a todos los
actores políticos.
Creación de un distrito electoral
múltiple.
Asegurar un acceso libre a todos los actores
políticos a los medios de comunicación, especialmente los
medios electrónicos (sobre todo en época de elecciones).
Reforma del Reglamento del Congreso para
crear una Comisión que se ocupe exclusivamente del control de los
cuerpos de Inteligencia. Los miembros de esta Comisión estarán
sujetos a una regulación especial para mantener el debido secreto.
Adecuación de la ley que regula los
servicios de inteligencia para poner fin a su participación en
actividades que no se relacionen con la seguridad nacional.
Ampliación de la participación
de autoridades civiles en el Consejo de Defensa Nacional.
De Mediano Plazo
Solucionar el problema
de provisionalidad de los jueces.
Reformar el sistema de la Justicia Militar.
Establecimiento de una Comisión Nacional
Independiente que vele por el cumplimiento de los derechos humanos y complemente
las funciones del Defensor del Pueblo (sin recortar sus atribuciones).
Establecimiento de un Plan Nacional para
la protección de los Derechos Humanos, con la asesoría del
Instituto Interamericano de los DD. HH.
Legislación que garantice el acceso
a la infomación, especialmente de medios electrónicos.
Creación de un programa de lucha contra
la corrupción.
Estudiar el inicio de un proceso de reforma
de las Fuerzas Armadas, para asegurar que los ascensos, retiros o cargos
de trascendencia obedezcan a criterios profesionales debidamente establecidos.
De Largo Aliento
Asegurar la independencia
del Poder Judicial.
Garantizar la independencia de los medios,
especialmente los electrónicos, y permitir el acceso irrestricto
a los mismos a todos los partidos políticos.
Fortalecimiento de la función fiscalizadora
del Congreso de la República.
Ampliación de la labor fiscalizadora
del Congreso con respecto a la Contraloría General de la República.
Implementación de mecanismos necesarios
y transparentes para ejercer un control civil apropiado de las actividades
de los organismos de Inteligencia y de las Fuerzas Armadas (legislación).
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