Edición Nº 1626

El Ají Yanqui
Humores, escosores y cambios en la diplomacia gringa respecto al Perú.

ESTE año los centenares de invitados a la recepción del 4 de julio en la Embajada de Estados Unidos escucharon con particular atención el discurso del embajador John Hamilton.
Su predecesor, Dennis Jett, había sido un diplomático inusualmente franco en sus críticas de los notorios excesos autoritarios cometidos entre 1996 y 1999 por el gobierno del Presidente Fujimori. Algunos atribuían sus comentarios tajantes no sólo a las circunstancias mismas (como la toma de Canal 2) sino a un estilo personal y al hecho de estar casado con Linda Schuster, una afamada ex corresponsal de guerra.
Otros señalaban que lo que decía Jett era un simple reflejo de la política de su gobierno -y eso era lo más probable.
Entonces, hace un año, llegó Hamilton y el estilo se morigeró. No es, por cierto, extraño que un gobierno cambie de táctica en sus relaciones con otro y utilice para ello un relevo de representantes. Antes hubo hincones y ahora sería por la buenas.
Pero entonces se inició el proceso electoral con todas sus trapacerías, y en el curso de la primera vuelta y de la segunda, del cómputo prolongado y dudoso, de las discusiones en la OEA y del nombramiento con visita de la Misión de Alto Nivel, las declaraciones del embajador cambiaron de tono en una y otra dirección, como siguiendo indicaciones dubitativas.

Embajador John Hamilton. Derecha, Estado mayor diplomático norteamericano: Thomas Pickering, Peter Romero, Arturo Valenzuela, Luis Lauredo y `Buddy' MacKay.

Por eso, esta vez, muchos se preguntaban por el énfasis que pondría Hamilton en sus palabras al celebrar la fiesta nacional de su país. Y la verdad es que, con toda la amabilidad del caso, el embajador llegó a señalar específicamente que le tocaba sobre todo al gobierno fujimorista actuar lo antes posible sobre las medidas "democratizadoras" recomendadas por la OEA, y que las operaciones cosméticas no bastarían.
Esto no estuvo mal y seguramente fue un reflejo de la última declaración emanada de la Casa Blanca a raíz del triunfo de la alternancia en México -declaración que, por cierto, coloca a nuestro gobierno en un club de apestados antidemocráticos con Cuba, Haití y Venezuela.
Quizás eso explicara la ausencia total de militares peruanos en la recepción, aunque Keiko Fujimori y el canciller Fernando de Trazegnies sí se hicieron presentes.
Pero ¿es que el gobierno norteamericano ha tenido una actitud cambiante frente al desarrollo del autoritarismo en el Perú?
Definitivamente.
Primero fue la etapa crítica de Jett, pero después, cuando el Presidente Fujimori inscribió su candidatura en vísperas del Día de los Inocentes para postular por tercera vez consecutiva al estilo de Ferdinand Marcos, la manifiesta inconstitucionalidad del acto y la batahola desatada en el Perú entre las fuerzas democráticas no tuvo registro en Washington. Un comunicado del Departamento de Estado apenas aludió a la esperanza de que en las elecciones ganara el mejor.
El Centro Carter y el DNI se aprestaron a realizar una observación electoral, pero en ese grupo no se pensó en incluir al propio Jimmy ni a algún congresista de peso norteamericano.
El gobierno fujimorista hizo gestiones entonces para que la OEA enviara su propia misión de observadores, confiado en que ésta sería pasiva y complaciente como las anteriores, y capaz de neutralizar un informe adverso del Instituto Carter. Pero la OEA tuvo problemas iniciales en armar la expedición porque el gobierno norteamericano no estuvo interesado en proporcionar los US$ 275.000 necesarios para financiar las operaciones del embajador Eduardo Stein y compañía.
Esto cambió, sin embargo, el 29 de febrero cuando El Comerció comenzó a publicar sus primicias sobre la falsificación de un millón de firmas para inscribir a Perú 2000.
El caso se convirtió en noticia de primera plana en la prensa norteamericana y fue seguida de los aprestos del régimen para reprimir judicialmente al diario -hecho denunciado en la propia asamblea anual de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Siguieron las visitas de Alberto Bustamante Belaunde a Washington, las que, según diversos analistas allá, empeoraron las cosas. El Primer Ministro se ha contagiado del estilo arrogante y cínico de nuestro ya rancio oficialismo, y éste no cae bien en todas partes. De hecho, en esas semanas ambas Cámaras del Congreso norteamericano aprobaron por voto bipartidario la Resolución 43 que pone en salmuera las relaciones políticas, económicas y militares con nuestro país.
En las semanas que siguieron, las observaciones críticas a la manipulación del proceso electoral planteadas por Stein y el Instituto Carter no sólo fueron ignoradas o burladas sino rechazadas por el candidato a la vicepresidencia Francisco Tudela como actitudes neocolonialistas.
La prensa internacional crucificó al régimen en forma virtualmente unánime, acusándolo de montar un fraude, y cuando el gobierno jugó con la idea de atribuirse un triunfo en primera vuelta, recibió el peso de las presiones internacionales más enfáticas para evitar esa provocación. En ellas participaron tanto la embajada de los Estados Unidos como las de la Comunidad Europea.
Fue ése quizás el momento cumbre en la firmeza de la posición norteamericana. Logrado el objetivo de evitar un robo electoral espectacular, el compromiso democrático pareció perder adeptos en la maraña de estamentos que constituyen el poder en Estados Unidos.
Por cierto que el lunes posterior al soliloquio del 28 de mayo emanó del Departamento de Estado una declaración que aludía a las elecciones como "no válidas". Pero el término fue aclarado al día siguiente como parte de un memorándum no oficial emitido por una vocero de turno en un día de fiesta.
También es cierto que en las discusiones en el Consejo Permanente de la OEA y posteriormente en la Asamblea General en Canadá, el embajador norteamericano ante el organismo Luis Lauredo se pronunció a favor de tomar medidas enérgicas e invocar la Resolución 1080 para llevar a cabo una reunión ad hoc de cancilleres.
Sin embargo, cuando la mayoría de la OEA se inclinó en otra dirección, el Departamento de Estado cedió y la falta de un plan operativo y un cronograma razonable en la Misión de Alto Nivel refleja la ambivalencia diplomática norteamericana y un vaivén algo desinteresado en la Casa Blanca.
Lauredo responde a las indicaciones de Peter Romero, el Subsecretario de Estado a cargo del Hemisferio Occidental. Este, junto con Thomas Pickering, el Subsecretario de estado para Asuntos Políticos, parece favorecer el plan de "democratizar" a Fujimori durante 5 años más en lugar de apoyar a la oposición en un esquema que acorte el tercer mandato del Chino -y esto quizás porque no están convencidos de la capacidad de Alejandro Toledo para juntar las piezas.
Más comprometidos con la alternancia parecen estar Harold Koh, el Subsecretario para la Democracia, los Derechos Humanos y Asuntos Laborales, y Arturo Valenzuela del Consejo Nacional de Seguridad.
Cuando el autogolpe de 1992, recuerda la profesora Cynthia Mc Clintock, el entonces Presidente George Bush llamó al Ing. Fujimori y habló con él durante 35 minutos.
Más aún, a las 24 horas de ese evento, el BID suspendió el desembolso de un préstamos de US$ 100 millones.
Nada parecido ha sucedido ahora, aunque la aprobación de la Resolución 43, y de la Enmienda 3521 en el Congreso norteamericano van en camino a acarrear problemas a la economía nacional. La 3521 establece un límite de 90 días para que el Departamento de Estado informe sobre los avances en el proceso de democratización. Como la intención del fujimorato parece apuntar en otra dirección, allí puede doler.
Por otro lado, el Congreso de EE.UU. ya ha suspendido una asignación suplementaria de US$ 42 millones. Se estima que entre 1992 y 1998 el Perú ha sido el país más favorecido de la región por la ayuda financiera norteamericana y que entre pitos y flautas el aporte para la lucha antidrogas ha estado llegando a US$160 millones.
En otras palabras, si bien el Ejecutivo duda entre consideraciones de real politique y la defensa de la democracia y los derechos humanos en el Perú, el Congreso de ese país está ya empezando a aplicar sanciones.
Al columpio de esta relación cambiante se ha añadido un peso que no podrá ser ignorado en el futuro inmediato.