Edición N† 1630

El Calvario de los Detenidos
Para evitar que justos paguen por pecadores, las pesquisas deben llegar hasta las últimas consecuencias.

Jueves 28, 11.40 a.m. En la Capilla de la Virgen de Fátima (frente al Parque Universitario), Jorge del Castillo y otros ciudadanos intentan escapar de los gases. Afuera se desarrolla la pelea.

"Levanta la cabeza hijito, no has hecho nada", gritaba con voz quebrada el padre de Víctor Paredes, de 19 años, mientras su hijo era subido a un camión portatropas que lo trasladaría al Penal de San Jorge.
El lunes 31, poco antes de que aquello suceda, en la carceleta del Palacio de Justicia la tensión subía a un ritmo inversamente proporcional al descenso de la temperatura. Nueve manifestantes que habían sido detenidos el viernes 28 permanecían en la carceleta, a punto de ser trasladados.
Víctor Paredes Collado, Edgar Condori Chambi, Félix Flores Flores, Javier Martínez Mallauca, Raúl Canta Arroyo, Percy Ramírez Vidal (dirigente juvenil de Somos Perú), Segundo Chávez, Ricardo Meza y Saturnino Acho, habían sido anteriormente derivados de la Comisaría de Monserrate. "Cuando los trasladaron a la carceleta los tenían enmarrocados de pies y manos, como si fueran unos criminales", recordaba la esposa de Percy Ramírez.
La excesiva cautela policial no se justificaba. Si bien los detenidos pasarían pronto a la condición de acusados -Paredes lo sería por delito agravado contra el patrimonio, Condori, Flores y Martínez por hurto en una gasolinera, y el resto por atentar contra la tranquilidad pública-, mínimas condiciones de trato a quienes son presuntos autores de un delito eran de extrañar.
Cerca de las 9 p.m. el camión portatropas se estacionó a la entrada de la carceleta, y abriendo espacio entre los hombres de prensa y numerosos familiares, se procedió al traslado, enmarrocando nuevamente a los detenidos. Más adelante, un patrullero y una camioneta pick up de la Policía esperaban para escoltarlos.

A. Townsend y máscara a prueba de acusaciones en el Congreso.

Tal despliegue de seguridad no se justificaba. Según cuenta el padre de Víctor Paredes, éste fue detenido cuando huía de las bombas lacrimógenas que la Policía lanzaba en el jirón de la Unión a las 8 p.m. del viernes 28. "Una de las bombas le impactó en el pecho y entre ahogado y adolorido quiso esconderse al lado de una joyería que había sido saqueada esa mañana. Herido y todo fue llevado a Monserrate", explica.
Un sentimiento similar embargaba al abogado Eduardo Ramírez Alcázar, padre de Percy Ramírez. "Hijo, no estás solo", alcanzó a gritar mientras éste era subido al camión. Junto a él estaban varios de los compañeros de Percy en la Facultad de Economía de la Universidad San Martín de Porres, los mismos que le exclamaban "Percy, estamos contigo". Hasta allí también había llegado Federico Tong, regidor de la Municipalidad de Lima, dado que Ramírez Vidal es un reconocido dirigente de juventudes de Somos Perú
.El padre de éste asegura que a su hijo lo "sembraron". Según refiere, aquel fue capturado cuando huía de los gases lacrimógenos. Detenido, fue conducido a Monserrate y allí, mientras bajaba del patrullero, los policias lo habrían obligado a cargar un paquete. Una vez dentro de la comisaría le pidieron que abriera el paquete y encontraron en él un hacha y un extinguidor pertenecientes a los bomberos. "Un capitán de apellido Luyo le dijo que si no firmaba una autoinculpación por el supuesto robo, sería acusado por terrorismo agravado. Y él, por temor, firmó", refiere el padre.

Despliegue de seguridad, con cadenas y enmarrocamiento, para dar imagen de ferocidad. Derecha: Percy Ramírez, dirigente de Somos Perú.

Queda claro que la gravedad de éste y otros casos requiere ser esclarecidos cuanto antes.
Sin embargo, la acusación contra los detenidos la formulará el fiscal ad hoc Nilton Saavedra Luján. El mismo que fuera designado para investigar las cuatro muertes de los invasores de terrenos en Villa el Salvador en enero de este año, y de cuyo resultado no se sabe nada. Aunque sí que el fiscal Saavedra es conocido en los predios de la Oficina de Control Interno del Ministerio Público por no tener sus casos al día. Ya que recibió una suspensión de 30 días en marzo pasado a manera de sanción, resultó positivo que el Ministerio Público nombrara ocho fiscales más para que apoyaran al remolón Saavedra en sus pesquisas.

APLANADORA CONGRESAL

En el Congreso el panorama no es muy distinto. A las desaforadas voces oficialistas que claman por sanciones al "Neo terrorismo opositor" y a las invocaciones de Martha Chávez -quien se lamentaba de que no se hubiera abierto fuego contra los manifestantes del 28 matándolos-, la ofensiva llegó al Legislativo por iniciativa de Martha Moyano -recordada tránsfuga del mariateguismo- quien el sabado 29 al mediodía -con extraña celeridad- formalmente a Anel Townsend, Jorge del Castillo y hasta a Alejandro Toledo de propiciar la tragedia.
Sobre Townsend y Del Castillo penderían sanciones e inhabilitaciones en medio de un carnaval público de acusaciones lanzada por el gobierno -desde el propio Presidente- y que en nada aportan al esclarecimiento de los hechos. Las próximas horas dirán si ingresamos a una inútil "cacería de brujas" o si, oyendo el clamor de la calle, se propicia una investigación independiente y desapasionada, que arribe a conclusiones por encima del actual escenario de polarización política.

LA DEFENSORIA EN ACCION

En total, el viernes 28 fueron detenidas 207 personas. A la mayoría de ellas se les acusa por delito contra la paz pública, figura que conlleva una pena no menor de 2 años. En caso de existir agravantes, la sanción aumentaría a entre 3 y 6 años. Al cierre de esta edición la Defensoría del Pueblo informaba que ya no quedaban más detenidos en dependencias policiales. Sólo nueve personas permanecían detenidas en San Jorge y 153 tenían mandato de comparecencia, 19 habían sido puestas en libertad e, igualmente, se informó que 18 menores estaban bajo la custodia de sus padres.

Detenciones sin distingos. Derecha: Ramírez, en el penal de San Jorge, denuncia maltratos.

En todo el proceso la Defensoría cumplió una encomiable labor. Si bien la coordinación de marchas de protestas entre la Defensoría y la Prefectura de Lima data de 1998 -habiéndose producido en ese lapso 48 movilizaciones sin que se reportara un incidente-, esta vez tampoco quiso dejarse nada al azar. El 19 de julio, la Defensoría quiso hacerlo por escrito y en coordinación con Carlos Bruce, jefe de organización de la marcha.
Dado que hasta el jueves 27 las autoridades no respondían, pese a las reiteradas comunicaciones del Defensor adjunto Gino Costa, ni la Prefectura, ni la Dirección General de la Policía o el ministro del Interior dijeron esta boca es mía. Sólo la misma noche del multitudinario mitin del Paseo de la República existió una negociación entre los organizadores, la Defensoría y las autoridades, pero no se llegó a un acuerdo.
Por tanto, allí hay una raíz de responsabilidad compartida, que el análisis de los violentos hechos del 28 y la identificación de quienes participaron activamente en ellos permitirá decantar adecuadamente.
De otro lado, una fuente informaba que aquellos detenidos que aún permanecen en Seguridad del Estado -no se sabe cuántos son dado el hermetismo de esa dependencia- serían probablemente acusados por terrorismo agravado.
Por su parte, abogados de CEAPAZ y del Colegio de Abogados de Lima están revisando los casos. La Defensoría del Pueblo también está con la mira puesta en los detenidos con el fin de que casos como el de Percy Ramírez se esclarezcan lo antes posible, separando la paja del grano, y no se termine procesando a inocentes ni liberando culpables.

Tamaña Joya
El historial de Juan Carlos Mejía, comandante policial durante la marcha.

Coronel PNP Juan Carlos Mejía, los excesos no le han sido ajenos.

EL jefe operativo de la Unidad de Servicios Especiales (USE) y de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) es el Coronel PNP Juan Carlos Mejía. Y fue precisamente él quien tuvo a su cargo la seguridad del centro de Lima durante la Marcha de los Cuatro Suyos.
Este polémico personaje, apodado "Loco" entre sus subordinados, tiene un largo historial de acusaciones donde la violación de derechos humanos es moneda corriente. En 1990 se le imputó la desaparición del estudiante Ernesto Castillo Páez y, al año siguiente, el atentado con "sobre-bomba" que le costara el brazo a Augusto Zúñiga, abogado de los familiares del estudiante. Y si bien en ninguno de los casos se probó su participación, la duda siempre acompañó al oficial.
Otra de sus díscolas intervenciones tuvo lugar en 1995, cuando pretendió echar a balazos a Miguel Rincón Rincón de la residencia de La Molina en que se hallaba refugiado, sin importarle los rehenes, y en 1996, cuando la toma de la embajada japonesa por el MRTA, Mejía arrojó gas lacrimógeno al interior de la residencia. De allí a su deplorable actuación, reprimiendo abusivamente a decenas de mujeres que marchaban pacíficamente frente al Swishotel hace algunas semanas, y a la dicutible actuación policial del viernes 28, hay algunas cosas por explicar.