Edición N† 1630

Responsabilidades

Guillermo Manuel Angulo Concha, Antonio Ludgardo Gonzales Dávalos.

EN resumidas cuentas, el primer orden de responsabilidad de los graves sucesos del 28 de julio corresponde a un régimen que ha insistido en extenderse hacia un tercer mandato inconstitucional utilizando métodos condenados universalmente y limitaciones abusivas, creando así un ambiente encrespado en el país.
Responsabilidad específica la tiene la Prefectura de Lima, que se negó primero a acceder al diálogo requerido por escrito por los organizadores de la Marcha de los Cuatro Suyos y después a autorizar un cauto recorrido propuesto que no ingresaba a la Lima Cuadrada ni se acercaba al Congreso.
De haberse establecido esta ruta, la coreografía de la protesta posiblemente hubiera seguido las características de la manifestación de la noche anterior.
Responsabilidad puntual también la tiene el Ministerio del Interior y quizás la propia Presidencia de la República, cuando decidió retirar a las unidades policiales del Centro Histórico una vez que hubo juramentado el Ing. Fujimori y después de haber estado dos o tres horas intercambiando gases por piedras con grupos de manifestantes.
Agua y gas son menos cruentos que palo y bala, y excepto algunos excesos notorios, la Policía actuó con disciplina y mesura. Pero una situación de éstas no es un té de señoritas, no faltaron golpes, heridos y canastillas disparadas al cuerpo y cabeza, o en el interior incluso de iglesias, y los ánimos estaban caldeados.

Víctor Humberto López Asca, Hugo Fernando Miranda Suárez.

La desaparición repentina de la Policía fue una clara invitación al baile y al vandalismo. Y grupos violentos de diverso calibre, incluyendo uno incendiario organizado y una canalla callejera que en una ciudad polvorín como Lima está siempre lista al pillaje, arrastró la protesta política de la Marcha hacia la trampa.
A las autoridades también corresponde la responsabilidad de no haber dotado de suficiente protección fija a instalaciones como el Banco de la Nación, el Jurado Nacional de Elecciones y las dependencias judiciales, y no haber ordenado rápidas operaciones de rescate y apoyo a los bomberos una vez que empezaron los incendios.
El retiro inicial de la Policía fue deliberado y hay indicios que la demora posterior también. Fue como si se esperara que el fuego tomara cuerpo para incinerar el prestigio de la oposición.
La campaña masiva de propaganda adversa en los medios cautivos del Gobierno, y los anuncios de posibles acciones judiciales contra dirigentes, así lo sugiere.
Al propio Alejandro Toledo se le debe responsabilizar por haber seguido diciendo hasta poco antes del 28 que con la manifestación se quería impedir que Fujimori juramentara. Era más un giro retórico que otra cosa, ya que él siempre y reiteradamente insistió en que la protesta debía ser firme pero pacífica. Sin embargo, ese giro puede haber incitado a los más exaltados.

Miguel Antonio Pariona Gonzales, Pedro Alberto Valverde Baltazar.

Responsables son también los miserables que masacraron a vigilantes inocentes, como los que aparecen en la carátula de esta edición. Pertenecen a una turba, a una barra brava extendida, difícil de controlar.
Final, pero principalmente, está el grupo pirómano especializado, que portaba armas de fuego y dinamita, según algunas versiones, y que en acciones simultáneas iniciaron los incendios mayores, trabaron a los bomberos y averiaron hidrantes.
Este grupo pudo haber sido neutralizado rápidamente por la Policía, que no lo hizo, pero ése es otro tema.
¿Quiénes lo constituían? ¿Sólo maleantes contratados o efectivos del SIN encapuchados?
Sin descartar la presencia de agentes provocadores de los servicios, hay indicios e incluso documentos gráficos que sugieren que allí hubo presencia de elementos políticos y estudiantiles.
Es, por lo tanto, responsabilidad también de los organizadores de la Marcha investigar, identificar y denunciar a estos infiltrados que desnaturalizaron en forma tan destructiva y trágica el espíritu de su justa protesta.
Es necesario encontrar a esos delincuentes y castigarlos ejemplarmente. No sólo median daños materiales de decenas de millones de dólares y la desaparición de parte del patrimonio artístico nacional, sino la vida de seis compatriotas que encontraron espantosa muerte.