Edición Nº 1632

De Apresado A Reparado
CARETAS estuvo en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Cesti. La reparación final al ex broker está a la vista y los despropósitos del Gobierno también.

Gustavo Cesti y Alberto Borea, su abogado ante la CIDH.

SIN ninguna vergüenza jurídica, Jorge Hawie, abogado del Estado Peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del ex broker de seguros Gustavo Cesti, sentenció: "No está probado que Leonor La Rosa o los estudiantes de La Cantuta se autotorturaron, lo que sí está probado es que Cesti se autoencarceló".
Un murmullo de risas se escuchó en la Sala de Audiencias de la CIDH ubicada en el barrio Los Yoses de San José. Entre los sonrientes -a quienes Hawie respondió diciendo "a mí no me da risa, sino pena"- estaba nada menos que el juez Baltasar Garzón.
Alberto Borea, por cierto, abogado de Cesti, aprovechó el derecho de réplica que luego le fue concedido para pulverizar los argumentos de Hawie recordando las tesis `marthachavenses' sobre la autodesaparición de los estudiantes de La Cantuta y otras ideas memorables.
Pero, ¿qué es lo que estaba en juego aquella mañana calurosa del pasado 9 de agosto? Se trataba de una audiencia pública para ver la reparación que Cesti debe recibir por parte del Estado Peruano, luego de que, precisamente gracias a un fallo de la mencionada Corte, fuera puesto en libertad el 10 de noviembre de 1999. Dicha sentencia fue cumplida aunque irregularmente (nunca se emitió ninguna resolución, simplemente se abrieron las puertas del presidio), por lo que no se esperaba una actitud distinta en esta nueva causa.
Del lado del Estado Peruano, además de Hawie, estaba Rolando Eyzaguirre, un joven abogado, centrado en cuestionar, a su juicio, lo desproporcionado de la suma de reparación solicitada: 32 millones de dólares, que incluyen el lucro cesante (lo que Cesti dejó de ganar), el daño emergente, el daño moral y el perjuicio a los familiares.

Los magistrados que escucharon a ambas partes alistan un fallo que podría sentar precedentes.

Borea, sin embargo, sostuvo con documentos de la Superintedencia de Banca y Seguros, cuál era el nivel de ingresos de Cesti y sus proyecciones, por lo que la suma le parecía adecuada.
El 4 de mayo de 1997, luego de una arbitraria detención, producida tras acusar de malversación a Augusto Miyagusuku y otros directivos de la financiera Popular y Porvenir, Cesti fue sentenciado a 4 años de prisión en el Fuero Militar (siendo un capitán retirado hacía varios años). El recurso de hábeas corpus presentado entonces por Borea fue tratado como una zapatilla por el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Cesti, estuvo detenido en el cuartel Simón Bolívar de Pueblo Libre desde el 26 de febrero de 1997, a pesar de que 14 días antes (el 12 de febrero) la Sala Especializada de Derecho Público, presidida por el magistrado Sergio Salas, dispuso que cese la persecución contra él. La telaraña de Popular y Porvenir, sin embargo, cuyas redes, al parecer, llegan hasta bien arriba, siguió adelante y desoyó toda sentencia judicial, incluyendo las recomendaciones de la CIDH.
Fue así que el caso Cesti llega a la Corte Interamericana y se produce la sentencia del 27 de setiembre de 1999, que dispone su liberación, pero que es acatada recién en noviembre. El 29 de enero del 2000 la Corte declara que deben cesar los embargos contra Cesti. De modo que la audiencia en la que estuvo presente CARETAS tenía como fin hacer cumplir un artículo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que dispone la reparación de quien ha sufrido error judicial por parte del Estado.
Al lado de Borea, estaba Luis Fappiano, un jurista argentino que actuaba a nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre ambos procuraban sustentar el reclamo de Cesti, sobre el cual se puede discutir el monto, pero no el fondo y la forma. Después de que la tesis del autoencarcelamiento fue expuesta en la sala, al público asistente no le quedó la menor duda de que en el Perú el Estado de Derecho ha sido puesto de cabeza. Y ello, en nombre de preservar a un régimen que se zurra, con demasiada frecuencia, en los derechos más elementales de quienes no le simpatizan.
Algunas risas más se escucharon al final de la sesión. En los próximos días se emitirá la sentencia final y todo indica que ésta será favorable al ex broker. Y es que como alguna vez señaló CARETAS, el caso Cesti no es ningún chiste (Ramiro Escobar).