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24
de Agosto de 2000 |
Cumbre Clave
Del ritmo del chino al samba de la democracia en cita
presidencial sudamericana de Brasilia.
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Presidente
Cardoso: "la democracia en un país es importante para los
países vecinos".
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"Nos sentimos engañados por el Perú", comentó
la semana pasada un funcionario diplomático brasileño acreditado
en Washington D.C. en una reunión informal. Ocurrió después
de las declaraciones de Alberto Fujimori del sábado 12,
señalando que el diálogo no necesariamente se traduciría
en reformas institucionales. Y en estos días, en la capital norteamericana
miembros de la representación diplomática de Brasil hacían
correr la bola de que en la reunión cumbre de Presidentes de América
del Sur, a llevarse a cabo en Brasilia el jueves 31, el tema de la democracia
se tocará a profundidad.
Aunque el caso del Perú no forma parte de la agenda de manera precisa,
se da por descontado -según versiones diplomáticas- que
se tomará una posición más firme respecto al tema.
Esto, en presencia del propio Fujimori, quien no obstante las circunstancias
habría confirmado -según fuente de Torre Tagle- su asistencia
a la reunión.
Lo que sucede en realidad es que -como es vox populi entre los embajadores
latinoamericanos representantes ante la OEA- el país clave para
bloquear la aplicación de la resolución 1080 de la OEA (es
decir, la convocatoria a una reunión de cancilleres americanos)
para el caso del Perú, fue precisamente Brasil.
Parece claro, en todo caso, que Itamaraty requería reparar su imagen
en vísperas de una cumbre sudamericana ideada por el presidente
Fernando Henrique Cardoso y en la cual el tema central, en el marco
de lo que será un vigoroso impulso a una zona de libre comercio
en la región con la participación de Mercosur y la Comunidad
Andina, es el de la democracia.
Ya hace un par de meses, durante la 12a reunión del Consejo Presidencial
Andino, los cinco miembros integrantes expresaron "el decidido apoyo a
la iniciativa del gobierno brasileño de realizar la reunión
de Presidentes de América del Sur". Pero no se trata de un tema
estrictamente económico el que verán los mandatarios sudamericanos,
ni mucho menos.
El liderazgo que pretende construir Brasil requiere una base sólida
y consistente, y ésa es la democracia. Por eso el progresivo cambio
en la posición respecto al Perú, que en realidad no es sino
un ajuste con su propio discurso. En mayo pasado, mientra daba su aval
a Fujimori, Cardoso se dirigía a los diplomáticos graduados
en el Instituto Rio Branco con las siguientes palabras: "La democracia
de cada país es importante para el avance de la democracia en todos
los países. Y no puede haber retroceso".
Pero no sólo Cardoso habría tomado distancias de Fujimori.
México también lo habría hecho. Sobre todo después
de la elección de Vicente Fox, que derrotó a lo que
algunos consideran el más añejo (y deseado) símil
del fujimorismo: el PRI.
En ese contexto, Hugo Chávez de Venezuela, quien no posee
mayores credenciales democráticas pero ha ganado las elecciones
en su país limpiamente, se habría puesto de perfil. Es cierto
que Chávez apoyó inicialmente a Fujimori, pero entonces
era un candidato a la reelección. Conseguido el segundo mandato
consecutivo, Chávez consideraría que ahora Venezuela no
tendría por qué hacerle el juego a un gobierno autoritario
severamente cuestionado en el concierto internacional.
Por otra parte, como se sabe, en abril del 2001, es decir dentro de sólo
ocho meses, se llevará a cabo la cumbre de las Américas
en Quebec, Canadá. Nuevamente ahí los temas de fondo serán
la democracia y el libre comercio. Así, la cita de Brasilia podría
considerarse como una reunión preparatoria en el tema de la que
se realizará en Canadá: lo que se decida la próxima
semana tendrá consecuencias en lo que ocurra en abril próximo.
"Los brasileños han sido sensibles a las críticas que se
les han hecho aquí en Washington por su posición frente
a Perú", dice Coletta Youngers del Washington Office on Latinoamerica
(WOLA). En todo caso, la reacción regional y de la propia OEA frente
al caso peruano va a depender de los resultados del diálogo entre
el gobierno y la oposición, señala Youngers.
A analistas políticos les preocupa que el gobierno peruano realice
únicamente reformas cosméticas y que César Gaviria
y la OEA consideren que éstas sean suficientes. En todo caso, si
el gobierno bloquea o entrampa el diálogo la OEA se vería
en la obligación de responder severamente de alguna forma porque
si no lo hiciera se estaría disparando el pie.
Definida la fecha de la privatización
del añejo proyecto Bayóvar (21 de diciembre próximo),
se espera que en el futuro el costo de fertilizantes en relación
con los importados se reduzca en 30 %. Actualmente se importan US$ 60
millones al año en fosfatos y sus derivados. Según fuentes
del Ministerio de Energía y Minas las reservas comprobadas en las
reservas de Bayóvar es de unos 800 millones de TM con posibilidad
de llegar a 10 mil millones TM, estimándose que la venta de roca
fosfórica alcance los US$ 100 millones, mientras que las ventas
de fertilizantes, unos US$ 300 millones.
De acuerdo con cifras de Copri, a marzo
pasado y con relación a los activos estatales a principios del
proceso iniciado en 1991, estaban pendientes de privatización 65
% de la participación estatal en agricultura; el 35 % en electricidad;
el 32 % en hidrocarburos; el 15 % en la industria; el 10 % en minería;
y 25 % en otras áreas de la economía.
JUGANDO
CON FUEGO
Al cierre de esta edición, el miércoles 23 los miembros
del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se disponían a aprobar
el reglamento que se empleará para confirmar o no en sus cargos,
uno por uno, a jueces y fiscales, cuya autoría corresponde a Jorge
Lozada Stambury. La conclusión del CNM se ha basado en las
reuniones que sostuvieron los consejeros el miércoles 16 con los
constitucionalistas Raúl Ferrero Costa, Francisco Eguiguren
Praeli y Jorge Power Manchego Muñoz, y el viernes 18
con Alfredo Quispe Correa y Aníbal Quiroga -Enrique Bernales
no estuvo presente porque ese día viajaba a Ginebra pero señaló
su posición por escrito-, quienes opinaron unánimente que
el sistema de ratificación debía aplicarse caso por caso
y no colectivamente como había sugerido Jorge Castañeda
Maldonado, presidente de la Comisión de ratificación
del CNM. El 2 de enero del 2001 se iniciará el proceso de ratificación
a 708 magistrados titulares que laboran en el Poder Judicial y el Ministerio
Público, entre ellos Alejandro Rodríguez Medrano,
considerado el mandamás del Poder Judicial. En todo caso, está
claro que por lo pronto el CNM, donde se dice que el oficialismo controla
la mayoría de miembros, ha resuelto aplicar la única atribución
con la que cuenta. Como se sabe, están suspendidas sus facultades
para nombrar y sancionar jueces y fiscales.
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Ministro
Edgardo Mosqueira: renovada cartera y también renovada cuota
de poder.
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CRECIENTE PODER
Tras el anuncio de Alberto Fujimori sobre la transformación
del Ministerio de Trabajo, que pasará a llamarse de Promoción
y Desarrollo, queda claro que las funciones del actual ministro de Trabajo,
Edgardo Mosqueira, se robustecen cada vez más. Y es que
no sólo se trata de un cambio de nomenclatura, tal como lo ha anunciado
Fujimori. Al nuevo ministerio se adscribirán Foncodes, el Banco
de Materiales, Concytec, Prompex, Prompyme, entre otras entidades que
se puedan establecer mediante decreto supremo. Se ha dicho que en el caso
de Foncodes, cuyo director ejecutivo es el absalonista Ventura Napa,
Mosqueira le ha arrebatado una cuota de poder a Absalón Vásquez.
Pero lo cierto es que en su condición de ministro de la Presidencia
Mosquera era presidente del directorio del organismo. Y se da por descontado
que seguirá siéndolo. Es decir que la mudanza de un ministerio
a otro incluye equipaje. En todo caso, la ratificación de Mosqueira
como ministro y su presencia en la comisión "democratizadora" del
Ejecutivo son indicativos de una creciente participación en las
esferas del Poder.
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Carmen
Lozada de la Comisión de Descentralización: obligada
a dar prioridad a nueva Ley de Municipalidades.
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CRESPOS DESHECHOS
Carmen Lozada de Gamboa (P2000) volvió a cargar contra
las municipalidades. Esta vez, pretendiendo rebajar la jerarquía
de las ordenanzas municipales. "Ignora olímpicamente la Constitución
que señala que las ordenanzas municipales tienen el mismo rango
que las leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados,
reglamentos del Congreso y normas regionales de carácter general,
dice el abogado Ernesto Blume.
Desde 1996 la Municipalidad Metropolitana de Lima viene haciendo
frente a los recortes de diversas atribuciones a punta de ordenanzas.
La 096 recuperó los parques zonales que el Congreso pretendía
entregar a los distritos; la 097 restableció la disposición
de los bienes municipales; la 098 aprobó el reglamento de inversión
privada para la construcción de los terminales terrestres y del
corredor de Javier Prado; la 121 impidió al Indecopi ordenar la
derogatoria de las normas municipales; la 131 erradicó parcialmente
los terminales de transporte de pasajeros del Centro Histórico;
y la 133 hizo respetar el plan de desarollo metropolitano.
La propuesta de Lozada, en todo caso, no prosperó. El martes 22,
a iniciativa de Luis Guerrero (SP) la Comisión de Descentralización
resolvió por unanimidad dejar de lado este tipo de proyectos y
dar prioridad a la elaboración de una nueva Ley Orgánica
de Municipalidades.
La Ley vigente data de 1984, y ha sido corregida y aumentada por 48 decretos,
siendo el más importante el cuestionado D.L. 776. Se ha fijado
el 30 de octubre próximo como plazo para recibir iniciativas de
los principales alcaldes, dejándose de lado a la AMPE que creó
Guzmán Aguirre (P2000), quien -al igual que Lozada- tiene
al respecto una propuesta propia.
Un Pasivo Muy Activo
Más novedades en las cuentas patrimoniales del ministro
Carlos Boloña.
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Balance
patrimonial de Boloña indica la existencia de un apalancamiento
financiero de una relación de nueve a uno.
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EL ministro Carlos Boloña acusó la pegada -en verdad,
casi una zalamería- de nuestra edición anterior sobre su
cartera de deudas. Un registro más minucioso en el interior de
su maletín arroja varias sorpresas de peso.
Según Infocorp, que recoge información de la Superintendencia
de Banca y Seguros, las deudas totales de Boloña y sus empresas
ascienden a 14,8 millones de dólares y un millón 300 mil
nuevos soles.
Refiriéndose a CARETAS, el economista dijo a Mónica Delta,
en Canal 5, el domingo último: "Cuando te dicen que solamente hay
pasivos y no te miran los activos, entonces o hay mala intención
o hay ignorancia". Parece haber olvidado el cuarto de los diez mandamientos
que enunció en Gestión el 25 de abril de 1996: "Ten presente
que los pasivos son ciertos y los activos inciertos".
En
efecto, así como es interesante mirar los pasivos, es importante
examinar los activos, y de este modo tenemos que, tomando el caso de Ann
Arbor Perú, el ahora ministro tiene un nivel de apalancamiento
de nueve (9) a uno, ya que, de acuerdo a Infocorp, a diciembre de 1999
tenía una deuda de 7,7 millones de dólares para un patrimonio
de sólo 800 mil dólares. Este es, a juicio de especialistas,
un nivel inusual.
Hay, además, sorpresas en cuanto a los activos -léase inmuebles-
que ocupan instituciones como la Universidad San Ignacio de Loyola, la
citada Ann Arbor Perú (Domino's Pizza), la Asociación Promotora
Educativa San Carlos Borromeo, el Instituto San Ignacio de Loyola y Dos
Molinos S.A.
No son molinos de viento, puesto que en esos bienes raíces se habrían
producido recientemente transferencias de propiedad, sobre todo en el
caso de la Universidad.
Era ésta una entidad sin fines de lucro y mantenía hipotecas
a favor del sistema bancario por 6,3 millones de dólares, en función
del inmueble de once mil metros cuadrados que ocupa en la avenida La Fontana
-La Molina. Pero en abril de este año se transformó en sociedad
anónima y, automáticamente, ciñéndonos a Infocorp,
anuló su garantía hipotecaria. Paralelamente, aumentó
en el mismo monto la garantía hipotecaria personal de Boloña,
de 3,1 a 9,5 millones de dólares.
Cabrían aquí varias interrogaciones. Teniendo en cuenta
que las entidades sin fines de lucro están prohibidas de repartir
utilidades, ¿habría estado Boloña lucrando con alquileres
de los predios destinados a fines educativos? ¿Se habría
adjudicado bienes obtenidos bajo exoneraciones vigentes para el sistema
educativo?
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