Edición N† 1633

 

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    24 de Agosto de 2000

     

    Cumbre Clave
    Del ritmo del chino al samba de la democracia en cita presidencial sudamericana de Brasilia.

    Presidente Cardoso: "la democracia en un país es importante para los países vecinos".

    "Nos sentimos engañados por el Perú", comentó la semana pasada un funcionario diplomático brasileño acreditado en Washington D.C. en una reunión informal. Ocurrió después de las declaraciones de Alberto Fujimori del sábado 12, señalando que el diálogo no necesariamente se traduciría en reformas institucionales. Y en estos días, en la capital norteamericana miembros de la representación diplomática de Brasil hacían correr la bola de que en la reunión cumbre de Presidentes de América del Sur, a llevarse a cabo en Brasilia el jueves 31, el tema de la democracia se tocará a profundidad.
    Aunque el caso del Perú no forma parte de la agenda de manera precisa, se da por descontado -según versiones diplomáticas- que se tomará una posición más firme respecto al tema. Esto, en presencia del propio Fujimori, quien no obstante las circunstancias habría confirmado -según fuente de Torre Tagle- su asistencia a la reunión.
    Lo que sucede en realidad es que -como es vox populi entre los embajadores latinoamericanos representantes ante la OEA- el país clave para bloquear la aplicación de la resolución 1080 de la OEA (es decir, la convocatoria a una reunión de cancilleres americanos) para el caso del Perú, fue precisamente Brasil.
    Parece claro, en todo caso, que Itamaraty requería reparar su imagen en vísperas de una cumbre sudamericana ideada por el presidente Fernando Henrique Cardoso y en la cual el tema central, en el marco de lo que será un vigoroso impulso a una zona de libre comercio en la región con la participación de Mercosur y la Comunidad Andina, es el de la democracia.
    Ya hace un par de meses, durante la 12a reunión del Consejo Presidencial Andino, los cinco miembros integrantes expresaron "el decidido apoyo a la iniciativa del gobierno brasileño de realizar la reunión de Presidentes de América del Sur". Pero no se trata de un tema estrictamente económico el que verán los mandatarios sudamericanos, ni mucho menos.
    El liderazgo que pretende construir Brasil requiere una base sólida y consistente, y ésa es la democracia. Por eso el progresivo cambio en la posición respecto al Perú, que en realidad no es sino un ajuste con su propio discurso. En mayo pasado, mientra daba su aval a Fujimori, Cardoso se dirigía a los diplomáticos graduados en el Instituto Rio Branco con las siguientes palabras: "La democracia de cada país es importante para el avance de la democracia en todos los países. Y no puede haber retroceso".
    Pero no sólo Cardoso habría tomado distancias de Fujimori. México también lo habría hecho. Sobre todo después de la elección de Vicente Fox, que derrotó a lo que algunos consideran el más añejo (y deseado) símil del fujimorismo: el PRI.
    En ese contexto, Hugo Chávez de Venezuela, quien no posee mayores credenciales democráticas pero ha ganado las elecciones en su país limpiamente, se habría puesto de perfil. Es cierto que Chávez apoyó inicialmente a Fujimori, pero entonces era un candidato a la reelección. Conseguido el segundo mandato consecutivo, Chávez consideraría que ahora Venezuela no tendría por qué hacerle el juego a un gobierno autoritario severamente cuestionado en el concierto internacional.
    Por otra parte, como se sabe, en abril del 2001, es decir dentro de sólo ocho meses, se llevará a cabo la cumbre de las Américas en Quebec, Canadá. Nuevamente ahí los temas de fondo serán la democracia y el libre comercio. Así, la cita de Brasilia podría considerarse como una reunión preparatoria en el tema de la que se realizará en Canadá: lo que se decida la próxima semana tendrá consecuencias en lo que ocurra en abril próximo.
    "Los brasileños han sido sensibles a las críticas que se les han hecho aquí en Washington por su posición frente a Perú", dice Coletta Youngers del Washington Office on Latinoamerica (WOLA). En todo caso, la reacción regional y de la propia OEA frente al caso peruano va a depender de los resultados del diálogo entre el gobierno y la oposición, señala Youngers.
    A analistas políticos les preocupa que el gobierno peruano realice únicamente reformas cosméticas y que César Gaviria y la OEA consideren que éstas sean suficientes. En todo caso, si el gobierno bloquea o entrampa el diálogo la OEA se vería en la obligación de responder severamente de alguna forma porque si no lo hiciera se estaría disparando el pie.



    Definida la fecha de la privatización del añejo proyecto Bayóvar (21 de diciembre próximo), se espera que en el futuro el costo de fertilizantes en relación con los importados se reduzca en 30 %. Actualmente se importan US$ 60 millones al año en fosfatos y sus derivados. Según fuentes del Ministerio de Energía y Minas las reservas comprobadas en las reservas de Bayóvar es de unos 800 millones de TM con posibilidad de llegar a 10 mil millones TM, estimándose que la venta de roca fosfórica alcance los US$ 100 millones, mientras que las ventas de fertilizantes, unos US$ 300 millones.

    De acuerdo con cifras de Copri, a marzo pasado y con relación a los activos estatales a principios del proceso iniciado en 1991, estaban pendientes de privatización 65 % de la participación estatal en agricultura; el 35 % en electricidad; el 32 % en hidrocarburos; el 15 % en la industria; el 10 % en minería; y 25 % en otras áreas de la economía.


      JUGANDO CON FUEGO

    Al cierre de esta edición, el miércoles 23 los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se disponían a aprobar el reglamento que se empleará para confirmar o no en sus cargos, uno por uno, a jueces y fiscales, cuya autoría corresponde a Jorge Lozada Stambury. La conclusión del CNM se ha basado en las reuniones que sostuvieron los consejeros el miércoles 16 con los constitucionalistas Raúl Ferrero Costa, Francisco Eguiguren Praeli y Jorge Power Manchego Muñoz, y el viernes 18 con Alfredo Quispe Correa y Aníbal Quiroga -Enrique Bernales no estuvo presente porque ese día viajaba a Ginebra pero señaló su posición por escrito-, quienes opinaron unánimente que el sistema de ratificación debía aplicarse caso por caso y no colectivamente como había sugerido Jorge Castañeda Maldonado, presidente de la Comisión de ratificación del CNM. El 2 de enero del 2001 se iniciará el proceso de ratificación a 708 magistrados titulares que laboran en el Poder Judicial y el Ministerio Público, entre ellos Alejandro Rodríguez Medrano, considerado el mandamás del Poder Judicial. En todo caso, está claro que por lo pronto el CNM, donde se dice que el oficialismo controla la mayoría de miembros, ha resuelto aplicar la única atribución con la que cuenta. Como se sabe, están suspendidas sus facultades para nombrar y sancionar jueces y fiscales.


    Ministro Edgardo Mosqueira: renovada cartera y también renovada cuota de poder.

     

    CRECIENTE PODER

    Tras el anuncio de Alberto Fujimori sobre la transformación del Ministerio de Trabajo, que pasará a llamarse de Promoción y Desarrollo, queda claro que las funciones del actual ministro de Trabajo, Edgardo Mosqueira, se robustecen cada vez más. Y es que no sólo se trata de un cambio de nomenclatura, tal como lo ha anunciado Fujimori. Al nuevo ministerio se adscribirán Foncodes, el Banco de Materiales, Concytec, Prompex, Prompyme, entre otras entidades que se puedan establecer mediante decreto supremo. Se ha dicho que en el caso de Foncodes, cuyo director ejecutivo es el absalonista Ventura Napa, Mosqueira le ha arrebatado una cuota de poder a Absalón Vásquez. Pero lo cierto es que en su condición de ministro de la Presidencia Mosquera era presidente del directorio del organismo. Y se da por descontado que seguirá siéndolo. Es decir que la mudanza de un ministerio a otro incluye equipaje. En todo caso, la ratificación de Mosqueira como ministro y su presencia en la comisión "democratizadora" del Ejecutivo son indicativos de una creciente participación en las esferas del Poder.


    Carmen Lozada de la Comisión de Descentralización: obligada a dar prioridad a nueva Ley de Municipalidades.

     

    CRESPOS DESHECHOS

    Carmen Lozada de Gamboa (P2000) volvió a cargar contra las municipalidades. Esta vez, pretendiendo rebajar la jerarquía de las ordenanzas municipales. "Ignora olímpicamente la Constitución que señala que las ordenanzas municipales tienen el mismo rango que las leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso y normas regionales de carácter general, dice el abogado Ernesto Blume.
    Desde 1996 la Municipalidad Metropolitana de Lima viene haciendo frente a los recortes de diversas atribuciones a punta de ordenanzas. La 096 recuperó los parques zonales que el Congreso pretendía entregar a los distritos; la 097 restableció la disposición de los bienes municipales; la 098 aprobó el reglamento de inversión privada para la construcción de los terminales terrestres y del corredor de Javier Prado; la 121 impidió al Indecopi ordenar la derogatoria de las normas municipales; la 131 erradicó parcialmente los terminales de transporte de pasajeros del Centro Histórico; y la 133 hizo respetar el plan de desarollo metropolitano.
    La propuesta de Lozada, en todo caso, no prosperó. El martes 22, a iniciativa de Luis Guerrero (SP) la Comisión de Descentralización resolvió por unanimidad dejar de lado este tipo de proyectos y dar prioridad a la elaboración de una nueva Ley Orgánica de Municipalidades.
    La Ley vigente data de 1984, y ha sido corregida y aumentada por 48 decretos, siendo el más importante el cuestionado D.L. 776. Se ha fijado el 30 de octubre próximo como plazo para recibir iniciativas de los principales alcaldes, dejándose de lado a la AMPE que creó Guzmán Aguirre (P2000), quien -al igual que Lozada- tiene al respecto una propuesta propia.


    Un Pasivo Muy Activo

    Más novedades en las cuentas patrimoniales del ministro Carlos Boloña.

     

    Balance patrimonial de Boloña indica la existencia de un apalancamiento financiero de una relación de nueve a uno.

    EL ministro Carlos Boloña acusó la pegada -en verdad, casi una zalamería- de nuestra edición anterior sobre su cartera de deudas. Un registro más minucioso en el interior de su maletín arroja varias sorpresas de peso.
    Según Infocorp, que recoge información de la Superintendencia de Banca y Seguros, las deudas totales de Boloña y sus empresas ascienden a 14,8 millones de dólares y un millón 300 mil nuevos soles.
    Refiriéndose a CARETAS, el economista dijo a Mónica Delta, en Canal 5, el domingo último: "Cuando te dicen que solamente hay pasivos y no te miran los activos, entonces o hay mala intención o hay ignorancia". Parece haber olvidado el cuarto de los diez mandamientos que enunció en Gestión el 25 de abril de 1996: "Ten presente que los pasivos son ciertos y los activos inciertos".
    En efecto, así como es interesante mirar los pasivos, es importante examinar los activos, y de este modo tenemos que, tomando el caso de Ann Arbor Perú, el ahora ministro tiene un nivel de apalancamiento de nueve (9) a uno, ya que, de acuerdo a Infocorp, a diciembre de 1999 tenía una deuda de 7,7 millones de dólares para un patrimonio de sólo 800 mil dólares. Este es, a juicio de especialistas, un nivel inusual.
    Hay, además, sorpresas en cuanto a los activos -léase inmuebles- que ocupan instituciones como la Universidad San Ignacio de Loyola, la citada Ann Arbor Perú (Domino's Pizza), la Asociación Promotora Educativa San Carlos Borromeo, el Instituto San Ignacio de Loyola y Dos Molinos S.A.
    No son molinos de viento, puesto que en esos bienes raíces se habrían producido recientemente transferencias de propiedad, sobre todo en el caso de la Universidad.
    Era ésta una entidad sin fines de lucro y mantenía hipotecas a favor del sistema bancario por 6,3 millones de dólares, en función del inmueble de once mil metros cuadrados que ocupa en la avenida La Fontana -La Molina. Pero en abril de este año se transformó en sociedad anónima y, automáticamente, ciñéndonos a Infocorp, anuló su garantía hipotecaria. Paralelamente, aumentó en el mismo monto la garantía hipotecaria personal de Boloña, de 3,1 a 9,5 millones de dólares.
    Cabrían aquí varias interrogaciones. Teniendo en cuenta que las entidades sin fines de lucro están prohibidas de repartir utilidades, ¿habría estado Boloña lucrando con alquileres de los predios destinados a fines educativos? ¿Se habría adjudicado bienes obtenidos bajo exoneraciones vigentes para el sistema educativo?


     

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