Edición Nº 1634

31 de Agosto de 2000 Por FERNANDO ROSPIGLOSI

Nuevo Perjuicio

NO se sabe si Alberto Fujimori habrá negociado algo bajo la mesa con el gobierno norteamericano, pero el nuevo juicio a Lori Berenson va a tener un costo político que, en la situación precaria en la que se encuentra, lo va a afectar fuertemente.
Las explicaciones que han dado Fujimori y sus auxiliares, los ministros de Justicia y Relaciones Exteriores, son tan increíbles como ridículas. Decir que eso muestra la autonomía de los tribunales militares, sólo puede suscitar carcajadas y darle copioso material a humoristas como Nicolás Yerovi.
Porque nadie tiene la más mínima duda que los sumisos jueces militares, han acatado una orden de Vladimiro Montesinos para tomar esa "autónoma" decisión, seguramente contraviniendo sus propias opiniones, ya que es obvio que un nuevo proceso a la Berenson, implica una desautorización a sí mismos.
Alberto Fujimori y sus asistentes han intentado justificar la decisión aduciendo exquisiteces jurídicas, que un gobierno dictatorial como éste jamás ha respetado. Y han contradicho centenares de declaraciones del propio Fujimori y otros miembros del gobierno que, en años anteriores, negaron enfáticamente la más mínima posibilidad que se revisara la situación de Lori Berenson.
La verdad es que Berenson, cómo casi todos los que fueron juzgados y sentenciados por tribunales militares, carecieron de las más elementales garantías. Esos juicios fueron una farsa, con la sentencia anticipada de antemano.
Lo cual no quiere decir, por cierto, que todos los acusados fueran inocentes. El asunto es que a los inculpados no se les permitió el derecho a la defensa y a un proceso imparcial.
En el caso de Berenson, hay pocas dudas de su culpabilidad, aunque también es verdad que ella, como muchos otros, recibieron penas desproporcionadas en relación al delito que cometieron.
Pero al gobierno le importan un comino todas esas consideraciones. La decisión de procesar a Berenson en el fuero civil, es exclusivamente política y está relacionada con el completo aislamiento internacional en que se encuentra, y las presiones a las que está sometido, sobre todo de parte de los Estados Unidos.
Con esa medida posiblemente pretenden aliviar esas presiones y mostrar que están dando pasos positivos. Sin embargo, a estas alturas, es poco probable que la maniobra cumpla su cometido.

En primer lugar, todo el mundo descubre ahora segundas intenciones en cada acción del gobierno. Nadie cree que actúe de buena fe.
Cualquier medida del gobierno no es tomada en serio hasta que tenga un resultado concreto. En este caso, ya el Departamento de Estado de los EE.UU. advirtió que los tribunales civiles que la juzgarán no son independientes. Es decir, de inmediato se sospecha que todo podría ser sólo un juego: pasarla del fuero militar al civil, que igual la condenaría.
En segundo lugar, disposiciones como ésta empiezan a agrietar uno de los más preciados títulos del gobierno, la inflexibilidad en todos los terrenos, pero sobre todo con el terrorismo. Y no faltarán quienes se lo echen en cara, como ya está haciendo Fernando Olivera, que antes respaldaba al gobierno en esa postura intransigente.
Adicionalmente, varios gobiernistas han quedado descolocados y tímidamente se han atrevido a manifestar su disconformidad. Eso es también una novedad.
En tercer lugar, dará pie a que cobren fuerza demandas como la de un nuevo juicio para los cuatro ciudadanos chilenos, cuya situación es muy similar a la de Berenson, aunque Fujimori se empeñe en establecer sutilísimas diferencias en las que nadie -ni él- cree.
En última instancia, lo que favorece a Berenson es el hecho de ser ciudadana de un país poderoso y eso es una realidad flagrante.
En cuarto lugar, el tema de los chilenos trae aparejado el del retiro de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esa decisión del gobierno, por la que tuvo que pagar un precio, ahora aparece como completamente absurda y le será cada vez más difícil defenderla.
La verdad es que el gobierno se apartó de esa instancia para evitar cumplir resoluciones de la CIDH sobre Baruch Ivcher, el Tribunal Constitucional y otros casos, que ya se veían venir, usando como pretexto a los chilenos. Ahora no tiene excusa alguna.
Lo peor de todo, para Fujimori y Montesinos, es que posiblemente el tiro les salga por la culata nuevamente, como acaba de suceder con la denuncia del tráfico de armas para las FARC. Es decir, lo que han hecho les acarreará más perjuicios que beneficios.

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