Edición Nº 1638

LA ola de indignación colectiva que ha provocado la fuga apadrinada de Montesinos ha empujado la tendencia a exigir la dimisión inmediata de Fujimori a la presidencia de la República.

Esto se comprende desde el punto de vista de la justicia, la razón y la moral. Sin embargo, desde la perspectiva de una estrategia política que conduzca a sentar las bases de una alternativa democrática sólida, las bochornosas circunstancias del viaje del asesor y las apretadas condiciones de la permanencia del Presidente en Palacio ofrecen ventajas.

Si alguien dudaba del nivel de corrupción al que había llegado este régimen, allí está Montesinos refugiándose en Panamá cerca de los bancos. Si alguien cuestionaba el nivel de dependencia que había alcanzado el perro de la cola, allí está la resolución suprema agradeciendo los servicios del corruptor prestados a la nación. Si alguien se preguntaba por el grado de sujeción del Ministerio Público y el Poder Judicial al poder político y militar, allí está el caso archivado a pesar del delito flagrante y televisado.

Pero ¿es conveniente que este Gobierno autoritario ofrezca un espectáculo así de grotesco para justificar a sus críticos y revelar toda su entraña oscura? Claro que sí, porque esta función no ha terminado.

De aquí a las elecciones y luego a la transmisión de mando, algunos vuelcos puede dar nuestra inestable opinión pública en tiempos de singular crisis económica.

Por eso es indispensable que las responsabilidades queden claramente asignadas, y para ello lo ideal sería que Fujimori permanezca en el poder con sus vicepresidentes, así como los ministros de Economía, Agricultura, Energía y Minas, Pesquería y otros de la producción para que barajen la situación y en todo caso se frían en los problemas que el régimen ha agudizado con sus atropellos antidemocráticos.

Un personaje de prestigio como el Defensor del Pueblo podría asumir la presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de la Presidencia para evitar que los fondos del Estado vuelvan a ser usados con fines electorales, y las carteras de Defensa, Interior, Justicia y Transportes y Comunicaciones también debieran pasar a manos de independientes dotados de poderes especiales, nueva legislación y controles.

Pero todo un nuevo Gobierno interino, con un cambio de identidad completo, instalado a trompicones y sin tiempo de preparación, correría el riesgo de profundizar los problemas administrativos en una etapa tan precaria y, sobre todo, de identificar la alternativa democrática con el caos.

Entonces el fujimorato, que sigue siendo nada despreciable, culparía a la oposición con oportunismo electoral de la crisis económica y fiscal que engendró.

No, hasta las elecciones y el 28 de julio del 2001, que las responsabilidades queden claramente asignadas. El fin de fiesta es de ellos.