Edición Nº 1638

La OEA En la Sartén
Pero no en el fuego.

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Difícil trance el de Eduardo Latorre al explicar la memez de César Gaviria (derecha), quien intercedió personalmente en el asilo a Montesinos.

EL lunes 25 por la mañana, una furtiva lágrima asomó en los ojos de Beatriz Alva Hart, representante de Vamos Vecino y del gobierno en la mesa de diálogo de la OEA. En ese momento, Henry Pease expresaba su indignación ante la Resolución Suprema 424-2000 que aceptaba la renuncia de Vladimiro Montesinos, agradecía "sus servicios prestados" y dejaba a salvo cualquier responsabilidad del asesor.

Cerca de ella Luz Salgado también se mostraba conmovida. Y, más allá, una imperturbable Martha Chávez seguía con frialdad la escena.

A juicio de los presentes, el gesto de Alva era la mejor prueba de que el tema Montesinos, tal como era manejado hasta entonces por el gobierno, provocaba rechazos generalizados. No era para menos. Hasta la OEA, por iniciativa de su propio Secretario General, el colombiano César Gaviria, había gestionado directamente ante el gobierno de Panamá un vergonzoso "asilo" para Montesinos.

Con su actuación, Gaviria se ha llevado por delante no sólo el artículo segundo de la Convención Interamericana que regula el asilo y protección de perseguidos políticos (un documento impecable que data de 1954 y que ha servido para salvaguardar la integridad de cientos de democrátas latinoamericanos en estas décadas), sino que dejó de lado toda la tradición hemisférica en lo que a esta garantía individual se refiere.

El despropósito de calificar como "perseguido político" a Montesinos es tan burdo que la propia resolución estatal reconociendo sus méritos, y la colusión del propio Gobierno para posibilitar su salida -solicitud de asilo tramitada por el propio Premier Salas, por ejemplo-, echan por tierra cualquier argumento.

De allí que el rechazo al papel de la OEA y de Gaviria, pese a las explicaciones de Latorre, que expresaron Sofía Macher y José Luis Risco por la sociedad civil, no carece de sentido.

Lo cierto es que, expedida una nueva Resolución Suprema que reemplaza a la anterior dando sobria cuenta de la salida de Montesinos, la oposición puso lo mejor de sí para impulsar el proceso y volver al Congreso, al menos para aprobar las primeras reformas democratizadoras.

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Beatriz Alva, justa indignación vs. impunidad.

Si bien la fiscal provisional Nina Rodríguez Flores dictaminó que no había mérito para encausar a Montesinos, el ministro de Justicia se comprometió el martes 26 a que el procurador de su sector apele la decisión, llevando el caso hasta sus últimas consecuencias.

Según fue informado Jorge del Castillo, al cierre de esta edición el dictamen exculpatorio habría sido confirmado también por el fiscal superior, con lo que -además de dejar chico a Bustamante- la opinión pública tiene una razón más para cuestionar a Blanca Nélida Colán.

Pese a ello, en la mesa de diálogo se han logrado significativos avances. Ese mismo martes la oposición y el Gobierno habían llegado a un 99,9% de consenso en el tema de la desactivación del SIN, recogiendo en el proyecto inicial del Ejecutivo varios aportes de la oposición. A saber, la participación ciudadana en la comisión que desactivará el SIN, el rendimiento de cuentas a una comisión congresal creada por consenso para ese fin, dejando de lado a la presidencia de la Comisión de Defensa del Congreso, y la desactivación de sus más altos niveles.

Era un gran paso. Para el miércoles 27 figuraba en agenda la desactivación de las Comisiones Ejecutivas del Poder Judicial y del Ministerio Público, la eliminación de las normas que homologan a magistrados provisionales y permanentes, y la devolución de atribuciones al Consejo Nacional de la Magistratura.

De igual manera, al cierre de esta edición se abría el tema de la sucesión en la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, tras la renuncia de Alipio Montes de Oca. Ahí, las partes buscarían un vocal titular de la Corte Suprema, o uno jubilado, evitando personajes que no ofrezcan las garantías necesarias.

El martes, un último incidente le aclaró a Martha Chávez y a la facción dura del régimen que los cambios son inminentes. Cuando sugirió que lo acordado en la mesa sería posteriormente debatido en el Congreso -porque los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, dijo-, Del Castillo reaccionó recordándole que no participaba del diálogo a título personal sino en representación de una agrupación política comprometida con la OEA. Eduardo Latorre leyó las actas que confirman tal acuerdo, Monseñor Luis Bambarén invocó coherencia y Beatriz Alva la excusó alegando una interpretación sin mala intención. Probablemente, ésa sea la señal de que soplarían nuevos vientos (Pedro Tenorio).