Edición Nº 1640

 

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    12 de Octubre de 2000

     

    Peter Romero vendría a asegurar que las próximas elecciones sean justas y transparentes.

    Poniendo el Ojo
    Subsecretario de Estado para América Latina visitaría el Perú en las próximas semanas. La transición es materia de análisis en Washington.

    En los últimos días y para que quede claro que EE.UU. quiere un proceso electoral distinto al anterior, se habría decidido que el número uno del Departamento de Estado para América Latina, Peter Romero y Bill Brawnfield visiten el Perú. La delegación llegaría a Lima la quincena del mes de noviembre y sostendría reuniones con el Ejecutivo y la oposición peruana. La idea es auscultar in situ el avance de la Mesa de Diálogo de la OEA y asegurar que las próximas elecciones sean justas, transparentes y limpias.
    Romero estaría a la caza de recursos ecuménicos para el proceso electoral peruano. Se tiene pensado, por ejemplo que una institución internacional privada sea contratada para capacitar al personal de la ONPE. Claro que a estas alturas nadie cree aquí que tras la salida de José Portillo, José Cavassa y sus muchachos deban ser los capacitados sino otros.
    Los recursos que serían administrados por el AID irían no sólo a la ONPE, sino también al NDI, Carter Center, Transparencia y posiblemente a otro organismo como el Consejo por la Paz. Se da por descontado que al igual que en las recientes elecciones EE.UU. contribuya significativamente con el presupuesto de la Misión de la OEA para la observación electoral.
    Por el momento todo este esfuerzo por conseguir recursos tiene un inconveniente. El primero de octubre se inició el año fiscal en EE.UU. y la ley de Presupuesto no ha sido aprobada totalmente. Eso quiere decir que para obtener fondos se recurrirá al continuing resolution por el cual, dada la situación electoral actual, los órganos estatales norteamericanos reabren un adelanto de su presupuesto hasta que la ley no se apruebe.
    La forma de pensar en el Congreso Norteamericano respecto al Perú es distinta a la del Departamento de Estado. Es de conocimiento público la carta que le envió el Senador republicano Jesse Helms a la Secretaria de Estado Madeleine Albright. La misiva, que se dice es la tercera sobre el mismo tema, refiere a que hay que asegurarse que en el Perú hayan elecciones limpias y que Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos no se conviertan en una amenaza para ese propósito. Además de la carta se desprende que EE.UU. no debe avalar el asilo de Montesinos en Panamá. (Guillermo Gonzales Arica).



    Según información de la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI), sólo los trabajos de ampliación, modernización y construcción de una segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez, cuyo proceso de concesión se encuentra en el tramo final, generarán más de 13 mil puestos de trabajo directo y consumirán, entre otros materiales, 4.5 millones de bolsas de cemento, y 27 millones de toneladas de acero, lo que significaría un 10 % de la producción anual de Cementos Lima y un 8 % de la producción nacional anual de acero.

    El consorcio minero Horizonte tiene previsto aumentar su producción en 130 mil onzas este año, lo cual significaría un incremento de 30 %. Sin embargo, la cifra podría subir debido a que tienen un nuevo proyecto donde se calculan existen 7 millones de toneladas métricas de reservas.

    La Corporación Financiera (CORFIN-Rural), que se conoce con el eufemismo de Banco Rural empezará a colocar sus créditos en el verano próximo, coincidiendo con la campaña electoral. Su capital social hasta ahora es de S/. 70 millones aportados por el Banco de la Nación y se prevé que también recibirá aportes de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y un underwriting (emisión de bonos) de COFIDE.




    CURRICULUM EN MANO

    Beatriz Ramacciotti, representante del Perú ante la OEA, estaría buscando nuevos horizontes laborales en el Banco Mundial y en el BID. Según fuentes en Washington, la búsqueda se habría hecho más intensa tras la visita de Alberto Fujimori a la capital estadounidense.

    TRAS LAS FIRMAS

    El último proyecto de ley presentado por la congresista Luz Salgado para reducir de 4 % a 2 % ( de 500 mil a unas 250 mil) la cantidad de adherentes que se necesita para inscribir un partido o agrupación política, indicaría que el Gobierno busca ahora promover la mayor cantidad de candidaturas presidenciales y listas al Congreso. Por lo pronto, Daniel Chuan, quien estuvo implicado en la falsificación del millón de firmas para la inscripción del Frente Perú 2000 que capitaneaba, ya empezó la maratónica recolección de firmas para inscribir su nuevo movimiento que hasta ya tiene nombre: Frente Democrático Perú Unido (FDPU).

     

    Ministro Gonzalo Romero: contruyendo expectativas en torno a Mivivienda.

    ACTO REFLEJO

    El martes 4, cuando se dio inicio a las sesiones de la CIDH, Helio Bicudo, su presidente, hizo una alusión al Perú. "No nos equivocamos", dijo el jurista brasileño. Y es que en junio pasado, la CIDH, en Windsor, Canadá, puso los puntos sobre las íes sobre el caso peruano. Este viernes 13 precisamente se tocarán en las audiencias sobre el Perú, los casos Greta Minaya, Lori Berenson, los ex trabajadores del Congreso cesados tras el golpe del 5 de abril de 1992, y Fabián Salazar. Se sabe que la semana pasada en un cóctel ofrecido por el decano de Derecho de la American University, Claudio Grossman, a la sazón miembro y vicepresidente de la CIDH, representantes de la misión peruana ante la OEA le indicaron al anfitrión que el tratamiento del caso Salazar podría entorpecer las conversaciones de la Mesa de Diálogo de la OEA.

    UNA VEZ MAS

    Todo hace prever que se viene el cuarto lanzamiento del Programa Mivivienda. El ministro de Industria Gonzalo Romero ha empezado a hacer los anuncios, del mismo modo que en su momento lo hicieron Jorge Baca, Víctor Joy Way y Juan Carlos Hurtado Miller. Esta vez el programa tiene como atractivo un bono de 20% para el buen pagador que requiere sólo un año, y ya no tres, de aportes al Fonavi. Sin embargo, los US$ 500 millones que se anuncian tienen hoy la misma barrera que ayer: la mayor parte de estos fondos están depositados en la banca privada y son muy difíciles de retirar desde setiembre de 1998.

    Llueven protestas, pero el ministro José Chlimper parece no prestar oídos.

    NO SE OYE PEPE

    En olor de multitudes se inició el martes 10 el paro agrario de 48 horas convocado por la Junta de Usuarios de los distritos de Riego del Perú, la Confederación Nacional Agraria, la Junta Nacional del Café, la Sociedad Nacional Ganadera del Perú, el Comité Nacional de Productores de Arroz, entre otros gremios. En suma más de 50 mil productores y campesinos a nivel nacional paralizaron sus labores.
    Según los entendidos, una medida así no se veía desde hace varios años, señal de que las cosas en el sector van de mal en peor. La campaña agrícola lleva tres meses de retraso por falta de créditos. Y el financiamiento es precisamente la base del pliego de demandas que incluye el restablecimienmto del Banco Agrario. El sistema financiero no atiende ni a 10 mil productores de los más de 1 millón 700 que registró el Censo Nacional Agropecuario de 1994.
    En loca carrera, en la víspera los ministros Carlos Boloña y José Chlimper hicieron públicos dos decretos de urgencia reconociendo la deuda agraria y restituyendo los beneficios tributarios a la importación de úrea, los mismos que un mes atrás fueron eliminados. Pero las sorpresivas medidas no lograron disuadir a los agricultores.
    Por su lado, el reconocimiento de la deuda agraria es aún materia de análisis jurídico y económico de parte de los afectados por la reforma agraria. Según Fernando Sabogal de la Asociación de Agricultores Expropiados por la Reforma Agraria (ADAEPRA), el valor de la deuda agraria es de US$ 650 millones a 1998 sin intereses, deuda calculada desde que se materializó la expropiación y actualizándose los saldos impagos.



    Sigue La Purga
    La cúpula militar sigue pasando al retiro a militares institucionalistas.

    Generales de división EP Víctor Bustamante y Carlos Tafur: al retiro con la anuencia de Fujimori.

    Los militares institucionalistas saben que la cúpula militar dejada por Montesinos sigue operativa. A pesar de su liderazgo y de que quieren un cambio en las Fuerzas Armadas, están siendo pasados al retiro y, lo que es más grave, con la anuencia del Alberto Fujimori quien es, finalmente, el que tiene que firmar la resolución de pase al retiro de estos oficiales, como es el caso del general de división EP Carlos Tafur Ganoza.
    Tafur es el único divisionario de la promoción 1967, la "José Gálvez", que podía suceder a los miembros de la promoción 1966, la "Centenario del Combate del Dos de Mayo", que deben irse a fin de año. Acaso para prevenir entuertos, la cúpula también pasó esta semana al retiro al general EP Víctor Bustamante Reátegui, miembro de la promoción 1969, denominada "La Brea y Pariñas", y número 1 del arma de Ingeniería de dicha promoción.
    Bustamante es piloto y fue director de la Aviación del Ejército. Estaba destacado como agregado militar en Canadá. A fin de año, debería ascender a divisionario al igual que el general José Huertas Torres, miembro de su misma promoción, también pasado al retiro. Ambos militares son institucionalistas y de ascender serían un obstáculo para que el general Luis Cubas Portal, el cuñadísimo, llegue a la Comandancia General.
    Otro de los que han sido invitados a pasar al retiro es el general de brigada Aníbal Valencia Barrón, miembro de la promoción 1968, la "Pedro Ruiz Gallo", a la que pertenece el general Juan Yanqui, otro de los incondicionales de Montesinos. Valencia estaba en el Consejo Supremo de Justicia Militar y se habría negado a participar y obedecer órdenes en el caso de los hermanos Aybar Cancho, cuando el proceso estaba en el fuero militar.


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