Edición Nº 1641

19 de Octubre de 2000 Por FERNANDO ROSPIGLOSI

Impunidad ¿Para Quién?
EL gobierno ha roto el diálogo auspiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA) con varios pretextos, aunque el más voceado es que están exigiendo una amnistía para los militares, que debería ser incluida en la Constitución.
Supuestamente se trataría de dar garantías a los uniformados que violaron los derechos humanos en la guerra antisubversiva. De esa manera, dicen que pretenderían obtener algo similar a lo que consiguieron las FF.AA. en Argentina, Chile y Uruguay en las transiciones a la democracia.
Esa sin embargo es sólo una pantalla para encubrir el verdadero objetivo: lograr impunidad para los ladrones y narcotraficantes, militares y civiles, que se han enriquecido ilícitamente en la última década, incluyendo por supuesto a Vladimiro Montesinos. Es decir, pretenden usar como barrera de protección a las instituciones castrenses, para esconder detrás a la pandilla de delincuentes que han robado a manos llenas todos estos años. El asunto tiene varios aspectos.
El primero, la violación a los derechos humanos. Las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y torturas, masivas y sistemáticas, se practicaron aproximadamente hasta principios de los años '90, básicamente en el campo. Después decrecieron sustancialmente, porque los movimientos subversivos en derrota se trasladaron a las ciudades.
Luego de la captura de los cabecillas del MRTA y SL a manos de la Policía en 1992, disminuyeron radicalmente las acciones subversivas. Y también las violaciones a los derechos humanos practicadas por las FF.AA.
Otro es el caso de las operaciones realizadas específicamente por los servicios de inteligencia en la primera mitad de los '90, como las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, donde si bien intervinieron militares, actuaron bajo la dirección de Montesinos.
Todos estos actos fueron amnistiados por la ley N°ree; 26479 de junio de 1995, preparada por Montesinos y fundamentada en el Congreso por Francisco Tudela. El increíblemente amplio artículo primero de esa ley dice que se concede amnistía general:
"al personal Militar, Policial o Civil, cualquiera que fuere su situación Militar, Policial o Funcional correspondiente, que se encuentre denunciado, investigado, encausado, procesado o condenado por delitos comunes y militares en los Fueros Común o Privativo Militar, respectivamente, por todos los hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo y que pudieran haber sido cometidos en forma individual o en grupo desde mayo de 1980 hasta la fecha".
Como se puede observar, la ley incluye también a civiles, militares en retiro (Vladimiro Montesinos) y a delitos comunes. Y la definición es tan vaga, que cualquier cosa puede considerarse como derivada u originada o consecuencia de la lucha contra el terrorismo.
El asunto es si existe esa ley que cubre hasta junio de 1995 ¿para que quieren otra si desde esa fecha hasta ahora no hay muchos casos de violaciones a los derechos humanos? Es obvio que lo que están tratando de lograr es impunidad para los casos de coimas, robos, mal uso de recursos públicos y narcotráfico.
Y, con una definición más extensa incluso que la de esa ley, lograr proteger a todos los civiles y militares que han delinquido en la última década.
Así, cuando Martha Chávez, cada vez más involucrada por los Aybar Cancho en negocios ilícitos, se convierte en agente promotora de la amnistía, no sólo está protegiendo a criminales de uniforme como viene haciendo desde hace años, sino está tratando de salvar su propio pellejo.
Un segundo aspecto, es el referido a la efectiva protección que puede brindar un dispositivo legal a los facinerosos. Como se está comprobando recientemente en los casos de militares chilenos y argentinos que han violado los DD.HH., esas normas finalmente no les son muy útiles, tanto en sus países cómo en las naciones democráticas.
En el caso de otros delitos, como tráfico de drogas y armas, y apropiación de los dineros del Estado, difícilmente serán protegidos por mucho tiempo por una ley o dispositivo constitucional. Un tercer aspecto, por último, es la pretensión de entrampar la transición al poner sobre la mesa una norma que es, evidentemente, inaceptable para la oposición, tratando de condicionar las elecciones a la aprobación de ese dispositivo.
En suma, claramente un torpedo lanzado desde Panamá con el evidente propósito de petardear las posibilidades de retorno a la democracia, y generar el caos.

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