Edición Nº 1641

Palabra de Doctor
El régimen de Alberto Fujimori pasó las de Caín en las audiencias sobre el caso del Perú que se llevaron a cabo en la Comisión Intermericana de Derechos Humanos (CIDH) el viernes 13. El sustentado testimonio del médico Uriel García, respaldado por una consistente carrera profesional, fue determinante en el caso del periodista Fabián Salazar. "Los bordes de la herida fueron irregulares, es decir dentados. Ello se debió a que el cirujano tuvo que "debridar" o desprender fragmentos del tejido porque había fragmentos irregulares de piel que hubieran hecho muy difícil coser los bordes". Al final, los abogados del Estado peruano ofrecieron un nuevo proceso, lo que fue rechazado por los peticionarios en razón de las pocas garantías que ofrece el Poder Judicial. El propio presidente de la CIDH, el jurista brasileño Helio Bicudo dirigió las audiencias.

ULTIMO TRAMO

Este viernes 20 es el día "D" del proyecto gasífero Camisea: es la fecha de la subasta de la fase de transporte y distribución, la única que quedaba pendiente.
Valgan verdades, el término subasta resulta un tanto ambicioso, pues sólo se presentaría un postor. Se trata del mismo consorcio que ganó la licitación de explotación del campo, integrado por Pluspetrol, Techint (argentinos ), Hunt (EE.UU.), SK (coreano), Sonatrach (argelino) y Gas Natural (español).
Por eso, antes que de licitación debería hablarse de una adjudicación directa, señala el ingeniero Aurelio Ochoa, director de Energie Consult, quien además recomienda "una prudente postergación de la subasta", porque un único postor conspira contra el consumidor, en tanto resulta obvio que ofertará el tope máximo para el transporte (US$ 0,90/millón de BTU).
Así las cosas, como lo han advertido varios analistas, el monopolio que está por adjudicarse a un consorcio liderado por Pluspetrol, demuestra que "el esquema de Hokama", que vetaba la integración vertical de la Shell-Mobil y pretendía adjudicar las distintas etapas del proceso (explotación de campo, transporte y distribución) a diversas empresas, ha resultado un rotundo fracaso.
Al final se ha vuelto al punto de partida: un consorcio de muchísimo menor envergadura ha resultado obteniendo lo que el 13 de julio de 1998 se le negó al grupo anglo-holandes-americano, uno de los top de la industria mundial del petróleo.
La diferencia de calado es significativa. Tanto que el conglomerado empresarial afrolatinocaribeamericano (Saravá dixit) hasta ahora no exhibe su capacidad para palanquear capitales del exterior. Sólo se ha limitado a realizar una serie de calistenias financieras para armar un sindicato local de bancos, liderados por Citibank y conseguir préstamos por US$ 120 millones. Esta cifra, por cierto, no sólo está muy lejana de los US$ 4.000 millones que ofreció Shell-Mobil para el proyecto (incluyendo la exportación de gas a Brasil) sino también de los US$ 400 millones que aseguró como inversión inicial para la explotación del campo.
Si bien el ministro Carlos Boloña dice que necesita de los US$ 2.600 millones que se invertirán en el proyecto para equilibrar la balanza de pagos, sería oportuno que tome nota que de ese monto sólo se gastarán US$ 780 millones en el mercado local, ya que el resto aumentará el déficit comercial porque se trata de importaciones, según afirma el consultor César Gutiérrez de Electrometric.
La fecha de la licitación ha sido precedida por no pocos accidentes en el sector. A la marea negra originada por el derrame de 7.000 barriles de Pluspetrol en el corazón del río Marañón, se sumó el anuncio -caído como baldazo de agua fría- que hicieron el lunes 16 voceros de la empresa francesa Total-Elf (el otro gigante que ha quedado en el camino) descartando su participación en la licitación. A estas alturas el ministro de Energía y Minas, Jorge Chamot, estará cruzando los dedos para que no surjan mayores sobresaltos. Algunos memoriosos han recordado que la Corte Suprema de los EEUU, por un derrame de petróleo en Alaska obligó a la Exxon a desembolsar nada menos que US$ 5.000 millones.

•De acuerdo con cifras de Transparencia publicadas en la última edición de su boletín semanal "Datos para la Democracia" poco menos de la mitad de los congresistas electos en los comicios generales de 1978 -Asamblea Constituyente incluida- a la fecha han conseguido sus curules gracias al voto preferencial. En 1978 fueron el 46 %, en 1985 (Parlamento bicameral): 26 %, en 1990 (Parlamento bicameral): 35 %, en 1992 (Congreso Constituyente): 43 %, en 1995 (Parlamento unicameral): 33 %, y en 2000 (Parlamento unicameral): 45 %. Salvo en la elección de 1978, cuando sólo hubo una preferencia, en los restantes comicios hubieron dos preferencias.

• Según cifras de Copri, Conite y otras fuentes oficiales, las inversiones futuras a junio pasado ascendían a US$ 12.447,55 millones. De este monto las cifras más elevadas correspondían a: Cambior Inc. de Canadá (US$ 2.300 millones), Southern Perú Cooper Corp. de EE.UU. (US$ 1.000 millones), el consorcio Shell, Occidental y otros de EE.UU. (US$ 768 millones), Cyprus Amax Minerals Co. (US$ 683.30 millones), Empresa Minera de Mantos Blancos de Chile (US$ 515 millones), el consorcio Repsol YPF Perú B.V. de España y Argentina (US$ 600 millones), y Cia. Minera Manhattan Sechura de Canadá (US$ 510 millones).

UNOS SE VAN, OTROS VUELVEN

A medida que se despeja el camino para las nuevas elecciones generales, a algunos congresistas del oficialismo les ha dado por anunciar que no repetirán el plato. El último de ellos ha sido Víctor Joy Way, quien se sumó a Francisco Tudela, Absalón Vásquez, quien ha dicho que se dedicará a escribir sus memorias, además del tránsfuga Eduardo Farah. Otros, en cambio, que habían tomado cierta distancia de la actividad política, empiezan a alistar su retorno. Javier Valle Riestra ha hecho público su deseo de integrar el próximo Parlamento, en tanto que Lourdes Flores Nano, por su parte, no ha descartado su participación en los próximos comicios.

 

Roberto Caldas, presidente de Asbanc: inesperado silencio ante medida que afecta el sistema de leasing.

ESTRECHO PLAZO

De acuerdo a ley, la sala plena de la Corte Suprema tiene plazo hasta el jueves 26 para reunirse y en votación secreta elegir a su representante ante el JNE. Para entonces ya debería haberse aprobado la ley que deroga la homologación de jueces y fiscales titulares con los provisionales. También la Junta de Fiscales tendrá que reunirse para elegir al reemplazante de Carlos Bringas, quien ha dicho que se alejará del órgano electoral ni bien enmiende el entuerto judicial. Esto, sin embargo, parece que tiene para rato. Entre tanto el JNE, bajo la presidencia interina de Bringas, viene preparándose para los próximos comicios en dos temas específicos:
• El proceso de revocatoria de alcaldes se realizará de manera simultánea con los comicios genrales. Esto, dice Ramiro de Valdivia, integrante del JNE, permitirá un ahorro considerable y, además, no interferirá con el proceso de transición.
• El diseño de la organización de los comicios en dos escenarios: con distrito electoral único y con distrito electoral múltiple.

AUTOMARGINACION

Llama la atención que el presidente de la Asociación de Bancos (Asbanc) Roberto Caldas no haya salido en defensa del leasing para terrenos e inmuebles (a excepción de los de uso forestal y agrícola) cuya muerte ha sido decretada tras la aprobación del proyecto de Ley en ese sentido, presentado por el ministro Carlos Boloña al Congreso. El leasing representa operaciones por US$ 2.000 millones, de los cuales US$ 800 millones corresponden a inmuebles y terrenos. Entre quienes se han librado por un pelo de los efectos de la medida se cuentan los distribuidores de autos de lujo como Euromotors, Millne y Divemotors, representantes de Audi, BMV y Mercedes Benz. Por pura casualidad, resulta que Boloña fue presidente del directorio de Divemotors hasta antes de volver al MEF. Y por cierto, al parecer como tal, se hizo propietario de un Mercedes Benz color celeste violáceo serie 500.

 

Martha Moyano: no trató la agresión de Luis Cáceres Velásquez con la misma energía con que enjuicia a Luis Guerrero.

CON OTRA VARA

Reveladoras reacciones ha generado entre algunos miembros del oficialismo el incidente protagonizado por el congresista Luis Guerrero (SP) y el conserje del Congreso, Rubén Guevara.
Según Guerrero, él sorprendió a Guevara en el sótano del Congreso cuando sacaba fotocopias de sus antecedentes policiales para ser distribuidos entre los congresistas y periodistas. Guerrero le solicitó la entrega de las fotocopias y Guevara se resistió, produciéndose un forcejeo. Guevara dice que fue agredido y Guerrero sostiene que se golpeó como consecuencia del tironeo.
La parlamentaria oficialista Martha Moyano ha anunciado que presentará una moción para que Guerrero sea suspendido por 120 días, es decir el mismo período de tiempo con el que ha sido sancionado Kouri. Según Moyano, su pedido se basa en el informe elaborado por la asesoría de la Comisión de Derechos Humanos que preside Miriam Schenone.
Cosa curiosa. Hace unas semanas el tránsfuga Luis Cáceres Velásquez agredió a la periodista Rosa Reyna, y hasta ahora no ha recibido sanción de ningún tipo. Apenas una amonestación en privado.
La Comisión de DD.HH. del Congreso, cuya oficina es prácticamente vecina a la de Cáceres, no dijo esta boca es mía cuando ocurrió el incidente. Y mucho menos la acompañaron al tópico, como sí ocurrió con el conserje.
Como cereza del pastel, otro de los promotores de la sanción a Guerrero es el tránsfuga Róger Cáceres Pérez, nada menos.

¿Se Abre una Ventana?
Ante nuevas evidencias CARETAS reitera pedido de revisión de sentencia por criticar función pública de Montesinos.

 

Director de CARETAS fue recibido por el presidente de la Corte Suprema, Víctor Raúl Castillo, quien ofreció admitir a trámite el pedido planteado la semana pasada.

Ante las contundentes evidencias de que Vladimiro Montesinos resultó ser mucho más que el Rasputín que CARETAS mencionó en 1992, el viernes 13 Alberto Borea y Enrique Zileri reiteraron el pedido de revisión de la sentencia que se le impuso a éste en agosto de 1992, cuando en esta revista se alertó sobre la inconveniencia de las funciones asignadas por este Gobierno al ex asesor.
Zileri fue condenado en 1992 a un año de prisión condicional y al pago de diez mil dólares por reparación civil en favor de Montesinos.
Ante las nuevas pruebas sobre el poder que éste ejerció en la política del país, las advertencias de CARETAS no sólo han resultado ciertas, sino que se quedaron cortas. Hasta la primera dama, Keiko Sofía Fujimori, ha reconocido el daño que ha hecho Montesinos al país.
Antes de la presentación de este nuevo pedido de revisión de sentencia, el director de esta casa editora se entrevistó con el presidente de la Corte Suprema, Víctor Castillo Castillo. Este ofreció que se admitirá a trámite el pedido para que sea evaluado por la máxima instancia judicial en los próximos días.
El primer pedido de revisión data del 6 de mayo de 1999, se basó en el vídeo de un programa periodístico donde virtualmente en tándem el asesor y el asesorado declaraban que Montesinos trabajaba las 24 horas del día en las instalaciones del SIN a tiempo completo desde 1990. Según Borea, posteriormente dos vocales supremos provisionales emitieron un informe que desestimaba esa primera solicitud de revisión de sentencia con el argumento de que la presentación del vídeo no constituía prueba de la vinculación de Fujimori con Montesinos desde 1990.
Ahora nuevamente un vídeo impulsa la renovación del pedido: el del encuentro Kouri-Montesinos que se realizó en el mismo aposento y con los mismos muebles, donde un año atrás apareció el ex asesor junto a Fujimori.
De acuerdo a Borea el pedido de revisión de la sentencia tiene que ser visto en Sala Plena y como la derogación de la norma que homologa a los magistrados titulares con los provisionales está encaminada, es posible que sólo los supremos titulares revisen la sentencia, con lo cual "no hay mal que por bien no venga".
Es de esperar entonces que una Sala Plena ahora más independiente no siga dando la razón a la sinrazón y estime conveniente la revisión de la sentencia. Después de todo, CARETAS sólo advirtió al Gobierno sobre la inconveniencia de un asesor que terminó asilado a pedido del propio Fujimori (S.S.B.).