Edición N† 1643

La Cofradía del Poder Judicial
Se volteó la tortilla en la Mesa de Diálogo, pero se mantienen vínculos montesinistas en el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Parecen rezarle a San Vladimiro, pero conforman la cofradía montesinista en el Poder Judicial. Blanca Nélida Colán (1) Fiscal de la Nación, Carlos Hermoza Moya (2) presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Jorge Castañeda, vicepresidente de dicho organismo y Alipio Montes de Oca (4), ex presidente del JNE y posible candidato a la presidencia de la Corte Suprema.

ESTA semana, la Mesa de Diálogo de la OEA fue escenario de una batalla más por lograr la autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público: conseguir que todos los nombramientos en los que habían votado magistrados provisionales fueran revisados. Así se aspira a destejer la telaraña montada por Vladimiro Montesinos para controlar ambas instituciones, con el voto y favor de los provisionales.

Sin embargo, eso no ocurrió.

La ley que deroga la homologación (paridad) entre magistrados titulares y provisionales soluciona en parte el problema, pero no es suficiente. Y si bien la norma que desactiva las Comisiones Ejecutivas del Poder Judicial y del Ministerio Público aprobada el martes 31 termina con el mandato de David Pezúa (secretarioejecutivo del Poder Judicial), mantiene a Blanca Nélida Colán (1) como Fiscal de la Nación.

Ella, desafiando a los que piden su remoción, dio un trato displicente a la retahíla de denuncias planteadas la semana pasada contra Vladimiro Montesinos por múltiples organizaciones de Derechos Humanos. Los controvertidos fiscales Víctor Hugo Salvatierra -de vergonzosa actuación en los casos de la interceptación telefónica y Popular y Porvenir- y Nina Rodríguez Flores -que desestimó procesar al ex asesor tras del video del soborno-, fueron elegidos para investigar las 7 denuncias. Luego, y consciente del papelón, se les reemplazó por las fiscales Magda Atto y Jackeline del Pozo.

El tema de los provisionales es crucial. Y mientras no se resuelvan los asuntos pendientes en el Poder Judicial, las elecciones corren el riesgo de carecer de las garantías del caso. Por ejemplo, tras la norma aprobada y la devolución de atribuciones al Consejo Nacional de la Magistratura (materia de una nueva norma a discutirse en la OEA), este organismo -con Carlos Hermoza Moya (2), su presidente, y otros discutidos miembros como el vicepresidente Jorge Castañeda (3)-, tendría el camino allanado para convertir en titulares a gran parte de los actuales jueces provisionales. Con ello, el montecinismo sin duda mantendría su nefasta influencia.

La cofradía mantiene aceitada la maquinaria. Tanto que Alipio Montes de Oca (4), renunciante presidente del JNE hace dos meses y vocal titular supremo, hoy alista su candidatura a la presidencia de la Corte Suprema, como si de un magistrado intachable se tratara. Pese a todo, el martes 31 se lograron dos avances. Por un lado, la edad máxima para magistrados y fiscales se fijaba en 70 años -como era antes de abril de 1992-, y de ese modo salían de la Junta de Fiscales Supremos (que preside Colán y nombra al Fiscal de la Nación), Miguel Aljovín y Pedro Pablo Gutiérrez. Con ella quedaban sólo Nelly Calderón y Adelaida Bolivar, opuestas ambas a Colán, con lo que su situación se volvería bastante incómoda.

También la ley que deroga la homologación, publicada ese mismo día en El Peruano, dispone en su artículo quinto que los magistrados provisionales no pueden desempeñar cargos de representación. Así, según interpretación de las fuerzas de oposición, José Carlos Bringas, el cuestionado representante del Ministerio Público en el JNE dejaría, el jueves 2, este órgano electoral. Así, toca al JNE declarar la incompatibilidad y solicitar a la Junta de Fiscales Supremos -en el que Blanca Nélida ya no tendría mayoría-, elegir un sucesor. Se especula que Adelaida Bolívar podría ser la elegida.

Igualmente, el JNE está a la espera de que la Sala Plena de la Corte Suprema -ahora compuesta sólo de vocales titulares-, elija a su representante quien, de acuerdo a ley, presidirá el Jurado. La elección podría ser el jueves 2, de no mediar percances, tras el feriado por el Día de los muertos.

Ese mismo día, la vocación democratizadora del fujimorismo pasará por la prueba ácida de ratificar en el Congreso las reformas constitucionales sobre el acortamiento de los mandatos presidencial y congresal, en segunda legislatura. De suceder algún nuevo entrampamiento, es seguro que el Diálogo se paralizaría, quizás definitivamente.

Aquí, el Congreso tiene la palabra.

"Pierdan cuidado, Blanca Nélida Colán tiene los días contados", señaló un entusiasmado opositor a la salida del Hotel Country, y haciendo mutis sobre la estrategia a seguir.

Mientras tanto, la injerencia de Montesinos en la judicatura se mantiene. El mismo martes 31, el juez de Derecho Público Víctor Martínez Candela aceptó una acción de amparo para que éste siga ejerciendo su profesión de abogado, licencia suspendida por el Colegio de Abogados de Lima tras el escándalo del soborno a Kouri.

Hasta la semana pasada, la Mesa de Diálogo había conseguido avances. El viernes 27 el caso Ivcher parecía ver la luz, pese a que las cosas aún no están del todo definidas (el Ejecutivo, al cierre de esta edición, no emitía la Resolución Suprema a la que se había comprometido y que anula el despojo de su nacionalidad peruana). Con Gaviria se había volteado la tortilla del entrampamiento, pero en el Poder Judicial aún hay cosas por definir.

OTRA DE POPI.

La subcomisión encargada de redactar la reforma del sistema electoral (ver nota aparte), había llegado a una serie de consensos para ser aprobados en la Mesa de Diálogo. Entre otros puntos, la reducción en el número de firmas requeridas para participar en las elecciones era un tema importante, en especial para un sector de la oposición.

Se había arribado al convencimiento de que la barrera del 5% que actualmente establece la ley sea reducido al 2% del padrón total de electores. Cuando se discutía este punto y se habían aprobado 6 artículos de la norma (nuevo sorteo de miembros de mesa, acreditación de personeros y solución de tachas e impugnaciones), el FIM, por boca de su representante, el ex diputado Fausto Alvarado, puso objeciones a este punto del proyecto.

A juicio de un observador, lo que sucedió fue inaudito.

Los representantes de las fuerzas democráticas, la sociedad civil y el gobierno habían arribado a un consenso y como tal fue propuesto en la mesa. Pero una desinteligencia del grupo de Fernando Olivera entrampó la discusión, dándole el pretexto perfecto al gobierno para dilatar los acuerdos de ese día y motivando el malestar de todo el bloque opositor.

Mantener la barrera del 5% dejaría fuera de carrera (u obligaría a buscar nuevas firmas) a Acción Popular, Solidaridad Nacional, Unión por el Perú y Avancemos, y esa parecía ser la tentación en la que caía el FIM. Como no hubo más avances (Alvarado dijo que debía consultar con su partido antes de aceptar el pedido) la sesión quedó allí y la incomodidad fue evidente. Se espera que antes de la próxima reunión en el Hotel Country -programada para este viernes 3- la oposición lime asperezas con Olivera para avanzar en la aprobación de los demás temas.

Increíblemente, la solución de este torpe impasse depende de Popi.

Por lo demás, el Congreso estudia la posibilidad de una sesión extraordinaria, este lunes 6, para seguir aprobando las normas de la Mesa de Diálogo, dado que el plazo máximo para convocar a elecciones vence el miércoles 8 y los asuntos electorales deberían quedar saneados para esa fecha (PTN).