Edición Nº 1643

Y las Trabas Electorales
Apenas empezada la discusión de la reforma electoral surgieron diferencias ya superadas.

Latorre y Chelew de la OEA y Paniagua apurando el paso en semana crucial.

ESTE viernes 3 la Mesa de Diálogo de la OEA entrará de lleno a tocar el tema de las reglas que regirán el proceso electoral.
Durante los últimos días, Valentín Paniagua y Jorge Del Castillo, en representación de la oposición, y Martha Chávez de Ocampo y Luz Salgado, por el oficialismo, habían venido delineando el proyecto de modificaciones a la Ley Orgánica de Elecciones que empezó a verse el martes 31 en la Mesa de Diálogo. Esto, con el concurso de Francisco Diez-Canseco, miembro de la comisión en representación de la sociedad civil, quien convocó como asesores a expertos en temas electorales, como Fernando Tuesta Soldevilla y la Asociación Transparencia.
Ese día, como se sabe, sólo se vio un punto y el tema quedó congelado por diferencias de opinión. Estas surgieron en el seno de la oposición por el inesperado cambio de parecer de Fausto Alvarado (FIM) en relación al porcentaje de firmas requeridas (2%) para inscribirse (ver aparte). Convenientemente Fernando Olivera no asistió a esa reunión.
Dicho porcentaje se utilizaría también para reconocer la vigencia de inscripción de agrupaciones independientes, partidos o alianzas. Es decir, se consideraría vigente la inscripción siempre que hayan obtenido no menos del 2% del voto válido a nivel nacional en el último proceso electoral.
El proyecto que ha presentado la subcomisión de la Mesa de Diálogo tiene dos partes: una de 15 puntos sobre los cuales había consenso, y otra con temas que aún son materia de discusión. Un par de temas -el voto preferencial y el distrito múltiple- quedaron excluidos para ser tratados directamente en la Mesa de Diálogo.
Entre los primeros se señala que:
• Las elecciones del próximo 8 de abril, serían conducidas por un nuevo jefe de la ONPE. El Consejo Nacional de la Magistratura lo elegiría, a partir de una terna que sería propuesta por el Congreso de la República.
• Los jefes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), los funcionarios de las mismas y los coordinadores de los locales de votación serán designados por el jefe de la ONPE mediante concurso público.
• El RENIEC será el encargado de la verificación de las firmas de adherentes, asumiendo la función que en las elecciones pasadas cumplió la ONPE.
• La ONPE definirá las "franjas electorales" -espacios de propaganda electoral-, en los medios de comunicación televisivos públicos y privados que tengan cobertura nacional, en un espacio diario de dos horas (entre 6 y 7 de la mañana, y entre las 6 y las 10 de la noche) y 45 días antes de las elecciones, que se distribuirán equitativamente y sin costo alguno a las organizaciones que participen en los comicios. La difusión electoral de publicidad distinta a la mencionada queda prohibida.
En cuanto a las diferencias subsistentes entre el gobierno y la oposición se refieren fundamentalmente a:
• La imparcialidad informativa del Estado. La oposición ha propuesto que se suspenda, desde la fecha de convocatoria de elecciones, la realización de publicidad estatal en cualquier medio público o privado, salvo en caso de necesidad o utilidad pública, y previa autorización del JNE. En caso de incumplimiento, el JNE dispondrá la suspensión de la propaganda política y se sancionará a los responsables.
• La realización de encuestas a boca de urna. No se ha llegado a establecer si serán proscritas, pero el gobierno hace todo lo posible para que ello suceda. A contrapelo de esto, sobre la publicación de encuestas se establecería que los medios de comunicación podrían difundir o publicar las mismas hasta dos días antes de la elección (la ley vigente establece 15 días). Otros consideran que sólo deberían realizarse hasta una semana o 10 días antes de la elección. Y únicamente se podría realizar y publicar encuestas cuatro horas después de terminada la votación el día 8 de abril.
• El registro de las listas congresales, hasta el 18 de enero de 2001.
Respecto a los temas que han sido considerados de fondo -el voto preferencial y el distrito electoral- hay complicaciones adicionales a las consideraciones técnicas. Según Fernando Tuesta Soldevilla, el problema es que las reformas se dan en un clima de cálculo político. Se discute el voto preferencial y la votación por lista cerrada. Tanto Tuesta como Transparencia, habrían aconsejado que se trabajara sobre la base de la segunda opción. Ello, dicen, para fortalecer a los partidos. Sus críticos han argumentado que, por el momento, esto no sería posible pues no hay una ley de partidos ni los mecanismos para la realización de elecciones primarias en las respectivas agrupaciones políticas. Por tanto, serían las cúpulas de los partidos las que se encargarían de asegurar la elección de sus favoritos. Los absalonistas habían hecho correr la bola que Salgado y Chávez querían votación cerrada. Este habría sido un motivo adicional para la división del oficialismo en el Parlamento. En la oposición, la totalidad de los partidos políticos están por el voto preferencial.
El distrito electoral es motivo de similar controversia. La oposición plantea elevar el número de congresistas a 180 y el establecimiento del distrito electoral mixto: 126 elegidos por distrito electoral múltiple, y 54 por distrito electoral único. El Ejecutivo estaría dividido: hay quienes quieren mantener el status quo, en tanto que por ejemplo el presidente de la comisión democratizadora, Alberto Bustamante, propuso la instauración del distrito electoral múltiple. A la luz de las propuestas presentadas por el JNE, Transparencia, el Ejecutivo, y el congresista Henry Pease, el sistema electoral múltiple daría una amplia ventaja a quien obtenga la primera mayoría absoluta entre las listas que participan en la elección.
Tal como ha empezado la discusión del tema electoral, no obstante los preacuerdos alcanzados, nada asegura que este viernes 3 las diferencias no se profundicen y los consensos se desvanezcan. Este, sin embargo, es un escenario que, por otra parte, tiene en contra el factor tiempo debido al acortamiento de los plazos con los que se comprometió el gobierno. (Guillermo Gonzales Arica)