Edición Nº 1644

Vientos De Fronda
Nueva Fiscal de la Nación juramenta anunciando combate frontal a la corrupción mientras se multiplican acusaciones a jueces y fiscales digitados. Pero quedan otros que aún siguen intactos.

La renuncia de Blanca Nélida Colán al cargo de Fiscal de la Nación y la batería pesada disparada desde Palacio contra Alejandro Rodríguez Medrano, al parecer el verdadero mandamás del Poder Judicial que ya era investigado por el Congreso desde hace dos semanas, han desbaratado el nervio central de la intervención en el sistema judicial. Y la juramentación de una Fiscal de la Nación, Nelly Calderón, que reúne, ahora sí, los requisitos para el cargo y anuncia una lucha frontal contra la corrupción, abre el camino para una indispensable labor de saneamiento. No obstante su importancia, se trata apenas de las primeras enmiendas. La limpieza a fondo se producirá una vez que el Consejo Nacional de la Magistratura empiece a hacer uso de sus devueltas atribuciones evaluando y destituyendo a jueces y fiscales y, por otra parte, se designen e instalen las comisiones transitorias de administración del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Antes de juramentar al cargo, la nueva Fiscal de la Nación se reunió con el procurador. Luego, su candente discurso:"Seremos inflexibles en defender la legalidad".

MARCANDO distancias juramentó el lunes 6 la nueva Fiscal de la Nación, Nelly Calderón, y anunció en las narices de su predecesora, Blanca Nélida Colán, que trabajará "con mano muy firme para erradicar la corrupción y a malos magistrados que no tienen reparos en quebrantar claros mandatos constitucionales y legales en beneficio propio".

Calderón es abogada graduada por la Universidad de San Marcos e ingresó al Ministerio Público en 1981 como asesora de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Posteriormente fue designada fiscal superior titular ante la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, hasta que en 1993 fue nombrada fiscal suprema titular por el Jurado de Honor de la Magistratura que presidió el hoy canciller Fernando de Trazegnies. Hasta ser elegida Fiscal de la Nación por la junta de fiscales supremos, Calderón tenía el cargo de fiscal suprema en lo contencioso administrativo.

Colán se vio obligada a renunciar al cargo de Fiscal de la Nación menos de 24 horas después de conocerse la noticia de las cuentas de más de US$ 48 millones del ex asesor Vladimiro Montesinos y de la investigación judicial que se lleva a cabo en el cantón de Zurich. Antes, hace unas semanas, Colán se apartó de la secretaría ejecutiva del Ministerio Público.

Aunque continúa como fiscal suprema, las cosas se le complican. Ahora enfrenta una denuncia que han presentado ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) la congresista Anel Townsend y el periodista Guillermo Gonzales Arica por haber incurrido presuntamente en grave inconducta funcional. Colán adelantó opinión a favor de Montesinos cuando el narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, "Vaticano", quien denunció que pagaba cupos por US$ 50 mil al ex asesor del SIN.

Los denunciantes señalan además que Colán utilizó el sistema ad hoc de fiscales para poner a buen recaudo al ex asesor.

Juez provisional Percy Escobar, investigado por la OCMA y el Ministerio Público.

Otra de las fiscales que se encuentra en difícil trance es la fiscal provisional Nina Rodríguez, que archivó la denuncia contra Montesinos por soborno al congresista Kouri. Ella ha sido suspendida en el cargo, mientras dure la investigación que le sigue la Fiscalía Suprema de Control Interno por el presunto delito de prevaricato e inconducta funcional. De este modo, la fiscal titular, Jacqueline del Pozo, titular de la decimosexta Fiscalía, ha tomado a cargo la denuncia contra Montesinos por corrupción de funcionarios. Del Pozo anteriormente se desempeñó como fiscal adjunta en los casos de acoso a los candidatos presidenciales en 1995, y de tráfico de armas y actualmente es fiscal ad hoc para delitos electorales.

Pero no sólo los cimientos ocultos del Ministerio Público han sido removidos, también en la Corte Suprema empiezan a asomar las labores de saneamiento. El vocal supremo provisional Alejandro Rodríguez Medrano, a quien se le consideraba el poder oculto en el Poder Judicial, tiene diez días de plazo para presentar sus descargos a la subcomisión del Congreso que lo investiga por la supuesta presión que ejerció contra la fiscal Sonia Medina en el proceso judicial de Canal N. Según Beatriz Alva Hart, presidenta de la subcomisión, a fines de noviembre ésta estará en condiciones de emitir el informe final.

A diferencia de Colán, todo indica que Calderón no se cruzará de brazos ni le temblará el pulso.

A ello se suman los dedos acusadores del ministro de Justicia, Alberto Bustamante y de Alberto Fujimori. Aquél, como si los ojos se le hubiesen abierto de pronto ha dicho que "es una situación escandalosa la que se vive el Poder Judicial porque todo el mundo creía que Víctor Raúl Castillo era el presidente de la Corte Suprema en términos reales, pero resulta que un vocal superior titular, Alejandro Rodríguez Medrano, era el que tenía el manejo de los sectores más importantes del Poder Judicial". Rodríguez Medrano no se ha quedado cruzado de brazos y ha devuelto la envenenada pelota al Ejecutivo acusándolo de manipular una serie de casos vinculados al narcotráfico vía la emisión de normas y resoluciones supremas. Y ha mencionado las referidas a indultos, concedidos en marzo de este año a 21 internos procesados, incluidos dos inculpados en narcotráfico que tenían sólo dos meses en prisión, y otro que favoreció a un miembro de seguridad de `Los Camellos'. Además de otra norma que favoreció a los directivos y accionistas de Hayduk.

Por su parte, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y el Ministerio Público decidieron investigar al cuestionado juez provisional de Derecho Público, Percy Escobar Lino, por presunto delito de prevaricato en el caso de la transferencia de acciones de la empresa minera Milpo, que puso en riesgo la seguridad jurídica de todas las operaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Lima. En 1997 un fallo de Escobar permitió que la administración de Canal 2 (Frecuencia Latina) pase a manos de los hermanos Mendel y Samuel Winter, y en 1998 suspendió la resolución de la Municipalidad de Lima que prohibía la construcción de la fábrica Lucchetti.

Pero aún hay algunos brazos ejecutores del poder político dentro del sistema judicial que falta desarticular para romper con el circuito cerrado que allí opera. Entre ellos: Sixto Muñoz Sarmiento quien ha tenido a cargo todos las acciones de amparo de Ivcher, la fiscal provincial, Hilda Valladares, y Raúl Lorenzzi Goycochea, de la Sala Superior de Derechos Tributarios, entre otros. (Sonia Sullón)