Edición Nº 1645

Mirada a Profundidad
Defensoría del Pueblo presenta informe sobre la libertad de expresión 1996-2000.

Samuel Abad: "Hoy la libertad de expresión no puede abordarse con criterios tradicionales", como lo demuestra con largueza el documentado informe.

EL informe "Situación de la libertad de expresión en el Perú 1996-2000" que se presenta este jueves 16 es el cuadragésimo octavo que publica la Defensoría del Pueblo sobre distintos asuntos de su competencia, pero no es la primera vez que esta institución le mete el diente al tema. Una suerte de adelanto del informe estuvo incluida en el informe "Elecciones 2000. Supervisión de la Defensoría del Pueblo". Ahora, sin embargo, se trata de un documento de mayor envergadura en lo que se refiere a la libertad de expresión.

Aunque el tema no se agota ciertamente en las resonancias políticas, éstas constituyen las señales más nítidas de cómo están las cosas. Como señala el Defensor especializado en asuntos constitucionales, Samuel Abad, que tuvo a su cargo la elaboración del informe, "la libertad de expresión no puede abordarse con criterios tradicionales. Actualmente no es posible fundamentar su vigencia a partir de la constatación de la simple existencia de diversos medios de comunicación masiva, que no son clausurados, ni censurados, ni confiscados. Hay una promoción de la autocensura, una cultura del temor. Y, aparejada a ésta, una cultura del secreto que impide el acceso a la información".

En efecto, las afectaciones a la libertad de expresión han adquirido tal dimensión que son parte de la agenda de la mesa de diálogo de la OEA. Ahí están, de manera emblemática, los casos de Baruch Ivcher (Canal 2) y de Genaro Delgado Parker (Red Global y Radio 1160).

Pero, ya se sabe, el problema es mayor.

El informe pasa revista a las restricciones al acceso a la información, haciendo hincapié en la cultura del secreto, en el limitado empleo del habeas data y en las campañas de desinformación.

Así mismo, recogiendo el espíritu de la Declaración de Chapultepec de la SIP, el informe de la Defensoría le ha puesto el ojo al problema de la publicidad estatal. (Según la mencionada declaración, el uso de la publicidad estatal puede ser determinante en la libertad de expresión). Una cifra pinta el cuadro: según Abad, 60% del gasto publicitario del Estado ha estado concentrado en los canales 2 (Frecuencia Latina) y 4 (América Televisión) de la familia Crousillat, uno de cuyos miembros adquirió celebridad por su destacada participación en el video Kouri-Montesinos.

No por tratarse del más aparatoso caso de presiones, autocensura y limitado pluralismo el informe deja de abordar también el problema de la televisión de señal abierta, casos Ivcher y Delgado Parker incluidos, y de las hostilizaciones y restricciones a medios escritos como El Comercio y Liberación, y también televisivos en el caso de canal N.

Así mismo se refiere a las campañas de desprestigio y amedrentamiento de periodistas a través de la prensa chicha y de la página web de APRODEV, y a la intrusión telefónica como forma de seguimiento a periodistas, caso este último que fue denunciado entre otros por la Asociación Prensa Libre. Al respecto, Abad señala que ellos ponen en evidencia que el problema radica en que las instituciones que pueden controlar las mencionadas violaciones, simplemente se hicieron de la vista gorda.

Otros casos reseñados son los de afectaciones y amenazas al secreto profesional -por ejemplo los requerimientos judiciales y parlamentarios para revelar las fuentes de información-, la libertad de expresión en un contexto electoral, las muertes y agresiones contra periodistas -como el caso de Fabián Salazar- y la libertad de expresión y el estado de emergencia.

Caso singular es el de la vulnerabilidad de los periodistas en el interior del país. El informe cita cifras de Análisis & Desarrollo según las cuales de los 214 atentados contra la libertad de expresión registrados entre enero de 1996 y abril pasado, 129 han correspondido a provincias.

Finalmente el informe aborda los casos de las restricciones legales que afectan a la libertad de expresión, entre ellos los delitos de desacato y de apología del terrorismo.

Frente a este panorama se encuentran instituciones de autorregulación y control social como el Consejo de la Prensa y la Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social, así como diversos órganos de protección de periodistas.

Con la publicación del informe, la tarea de la Defensoría no concluye. Como un modo de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la libertad de expresión, se tiene previsto realizar campañas sobre el derecho a la información. Así mismo, está dentro de sus planes a futuro, la elaboración de una ley de acceso a la información con el concurso de los medios de comunicación. "La controversia por las franjas electorales ha puesto en evidencia que este tipo de normas sólo pueden hacerse buscando el consenso con los medios", dice Abad, quien la próxima semana asistirá como perito a la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referida al caso Ivcher.

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