Edición Nº 1645

Limpieza a Fondo
Con el nombramiento de los representantes de la sociedad civil han quedado expeditas las instancias judiciales que intentarán poner orden en la casa.

El martes 14 en la mesa de diálogo de la OEA se llegó finalmente a un acuerdo sobre los juristas que formarán parte de los consejos transitorios del Poder Judicial y del Ministerio Público. Estas instancias, como se sabe, cumplirán temporalmente las labores de gobierno y gestión de las instituciones mencionadas. Es decir, en un plazo de 90 días deberán disponer la finalización de las funciones jurisdiccionales de magistrados y fiscales provisionales y suplentes. En otras palabras, harán que muchos jueces y fiscales sigan los pasos de Alejandro Rodríguez Medrano, separado de la Corte Suprema la semana pasada.

Además podrán derogar o modificar resoluciones administrativas de las ya desactivadas comisiones ejecutivas del Poder Judicial y del Ministerio Público. Esto, siempre y cuando cuenten con la aprobación de la sala plena de la Corte Suprema o la Junta de Fiscales Supremos.

La terna de tres juristas para el consejo transitorio del Poder Judicial es de lujo. La integran dos ex presidentes del Consejo nacional de la Magistratura, que renunciaron cuando el Congreso inconstitucionalmente les cercenó sus facultades: Carlos Montoya Anguerri y Roger Rodríguez Iturry, ambos catedráticos de la Pontificia universidad Católica, y Juan Vergara Gotelli, ex vocal de la Corte Superior de Lima y abogado procesalista sanmarquino de reconocida trayectoria. Inicialmente se propuso, entre otros, a Javier de Belaunde quien -a diferencia de otros juristas en el pasado- declinó por razones éticas pues tiene estudio de abogados abierto.

Y en el consejo transitorio del Ministerio Público, que preside la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón Navarro, representarán a la sociedad civil: el ex magistrado Manuel Balarezo Gamarra y Mercedes Vélez. Tras la designación de estos dos últimos se procederá al nombramiento del reemplazante de Carlos Bringas, quien renunció el viernes pasado (ver aparte), como representante del Ministerio Público ante el JNE. (G.G.A.).

•En medio de las correrías para aprobar las reformas electorales, la congresista Ana Monteverde (P2000) se dio tiempo para presentar la semana pasada un proyecto de ley proponiendo la instalación de mesas de sufragio en los establecimientos penales el día de las elecciones generales, para que los ciudadanos privados de su libertad que aún no han sido condenados puedan ejercer su derecho a voto. Actualmente existe un promedio de 27.500 internos en los diferentes centros penitenciarios del país, de los cuales el 54 % se encuentra en la condición de procesados. Es decir, 14.850 ciudadanos.

•En lo que va del año la inversión extranjera directa (IED) ha venido cayendo al ritmo del chino. En el primer semestre sólo ingresaron US$ 700 millones frente a los US$ 1.133 millones que ingresaron en igual período en 1998 y los US$ 1.144 millones correspondientes al mismo período de 1999.

BRINCO DE BRINGAS

Tras los insistentes pedidos de su separación, finalmente el fiscal supremo provisional José Carlos Bringas decidió renunciar a su cargo de miembro titular del JNE. Y por el tenor de su carta, su alejamiento no sólo es del órgano electoral, sino también de la función pública. El suplente de Bringas, el fiscal Edgardo Vargas Romero, es también provisional y por lo tanto está imposibilitado de asumir tal cargo. Así las cosas, la Junta de Fiscales Supremos titulares -que suman cinco- se reunirán próximamente en Sala Plena para elegir al reemplazante. El bolo fijo parece ser la fiscal Adelaida Bolívar Arteaga. Los otros cuatro son la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón Navarro, Blanca Nélida Colán, Miguel Aljovín y Pedro Pablo Gutiérrez. Estos dos últimos inhabilitados porque superan la edad límite para asumir el cargo (70 años). Bolívar Arteaga se convertiría así en la primera mujer en integrar el máximo órgano electoral. Se le conoce como perteneciente a la misma línea independiente de la nueva Fiscal de la Nación y se sabe que más de una vez tuvo opiniones encontradas con Colán Maguiño.

Subsecretario de Estado de EE.UU. llegaría a Lima el mismo día del retorno de Fujimori.

VISITA DE PRUEBA

El mismo día del regreso de Alberto Fujimori de su inesperado viaje a Brunei y Panamá, este domingo 19, llegaría a Lima el subsecretario de Estado de EE.UU. para asuntos del hemisferio occidental, Peter Romero. Con él vendrían el subsecretario de Estado para asuntos de derechos humanos, Harold Koh, el representante para América Latina del Consejo de Seguridad, Arturo Valenzuela, y Bill Brownfield, segundo de Romero. La visita se produce luego que el Departamento de Estado sugiriera a la oficina de inmigraciones de su país el retiro de la visa otorgada a Vladimiro Montesinos. La delegación gringa estará en el Perú 48 horas y tiene previsto reunirse con representantes del Gobierno en la mañana del lunes 20, y por la tarde con representantes de la oposición. La visita tiene por objeto analizar in situ el avance del proceso de reinstitucionalización del país. De acuerdo con la ley aprobada recientemente en el Congreso de EE.UU., el próximo Presidente deberá presentar a esa institución un informe sobre el equilibrio de poderes, los derechos humanos y la libertad de expresión. Lo que la delegación gringa vea aquí sin duda duda será tomado en cuenta en el informe. Antes de la partida de la delgación, fuentes en Washington han señalado que si George Bush hijo es el ganador de los comicios habría cambios sustanciales en la política exterior de EE.UU. respecto al Perú. Por ello el embajador John Hamilton sigue atentamente el conteo manual de votos en Palm Beach, Florida.

CANDIDOTE

El ministro de Economía Carlos Boloña Behr, entonado por las brisas del Mapocho ha amagado su lanzamiento como candidato a la presidencia de la República, señalando que cuenta con la ventaja de "ser académico, empresario y político, lo que le permite jugar indistintamente con estos sombreros". El titular del MEF ha deslizado la posibilidad de renunciar -al igual que el primer ministro Federico Salas- el 7 de diciembre para postularse. Pero lo cierto es que su perfil político no parece estar a la par que sus aspiraciones.

El jueves 8, en la Comisión de Presupuesto, anunció sin empacho "un cambio (presupuestal) sustancial con el recorte de los portafolios de Defensa, Interior y Presidencia manteniendo los gastos sociales de Educación y Salud añadiendo "que se ha producido un punto de inflexión para dar mayor impacto a los sectores sociales".

Sin embargo, los números indican lo contrario. Aunque los presupuestos de Defensa, Interior y la Presidencia han sido ligeramente recortados (63, 69 y 65 millones de dólares, respectivamente) mantienen sus privilegios en la torta presupuestal del 2001 ya que el gran salto presupuestal de estos pliegos se dio de 1999 al 2000.

La preocupación social de Boloña tiene pues sus límites. Por ejemplo, si bien el presupuesto del Pronaa ha sido recortado en S/. 98 millones, la tijera de recortes ha pasado de largo la deuda externa. Los pagos se mantienen inalterables en 6.638 millones de soles, que equivalen al 60 % de la partida de Economía y Finanzas (imediaperú.com 11-11-2000) y sí ha tenido reparos en el aumento de sueldos de 17 % que se dio en 1999 en el sector público.

Erre con Erre, Corrupción

Alan García y Vladimiro Montesinos: las acusaciones sin pruebas y las pruebas sin atenuantes.

En menos de un mes quedaron al descubierto varias cuentas del ex asesor, en tanto que en casi una década de investigación los signos exteriores de riqueza de AGP son endebles.

Comparadas con la acusación de Sergio Siragusa sobre los US$ 800 mil que habría recibido el ex presidente Alan García en el caso del Tren Eléctrico, las cuentas de Vladimiro Montesinos en el exterior, entre otros cargos, convierten a aquél en un chancay de a medio.

• La acusación constitucional contra AGP incluyó cuatro puntos:

-Enriquecimiento indebido en agravio del Estado. Por un lado el informe en mayoría de la comisión del Senado presidida por Miguel Vega Alvear concluyó que había indicios de un exceso de US$ 406,363 y el dictamen en minoría que hace referencia a un incremento patrimonial de US$ 37,561.

-Posible existencia de cuentas bancarias en el exterior no justificadas.

-Intervención en las decisiones relacionadas con las reservas del CBR en el BCCI que habrían dado lugar a sobornos.

-Decisión personal de reducción del número de los aviones Mirage comprados por el gobierno peruano, que podría estar aparejada con una operación de venta de dichos aviones a favor de terceros, lo que le habría generado beneficios económicos.

El fiscal de la Nación Pedro Méndez Jurado descartó los tres últimos cargos y acusó a AGP ante la segunda sala penal de la Corte Suprema únicamente por enriquecimiento indebido (CARETAS 1187). Finalmente, en febrero de 1992 la Corte Suprema archivó definitivamente su caso.

• En setiembre de 1992, transgrediendo la garantía constitucional de la cosa juzgada, el caso de AGP fue reabierto. Y luego, en 1993, ante la Comisión Investigadora del Tren Eléctrico de Lima (CITEL) el arrepentido Siragusa se refirió a la presunta entrega a AGP del papel con el número de las cuentas en las que habría depositado el soborno de éste. Y luego, en 1994, se descubrió que la cuenta en la que Siragusa hizo el depósito en Gran Caymán correspondía a la empresa Worldwide Finantial Holdings de Alfredo Zanatti. Tras la negociada entrega de éste a la justicia peruana, en vísperas de una nueva acusación constitucional contra AGP, la primera en verlo fue Martha Chávez de Ocampo. Zanatti no añadió ninguna prueba (CARETAS 1361). La nueva acusación constitucional contra García consideró cuatro delitos: negociación incompatible, enriquecimiento ilícito, concusión o colusión ilegal, cohecho o soborno (corrupción pasiva) (CARETAS 1360).

• Posteriormente, en 1995, al declarar ante el fiscal italiano Vittorio Paraggio, Siragusa denunció al ex presidente de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE), Rolando Sánchez Verdaguer por haber sido beneficiario de un supuesto soborno entre 1989 y 1990 (CARETAS 1431). Esta última versión terminó debilitando su propio testimonio: si sobornó al presidente de la AATE, cómo explicar que luego entregara a AGP el dinero en octubre de 1989 en una cita a la que éste acudió con el propio Sánchez Verdaguer.

• El escándalo Montesinos es, en cambio, concreto y contundente.

• Se tienen al menos cinco cuentas en el exterior a su nombre identificadas, y con depósitos por aproximadamente US$ 53 millones. A lo que se suman evidencias previas -que, ya se sabe, fueron ignoradas- como las reveladas en 1997 sobre sus honorarios. Respecto a AGP, en cambio, ha transcurrido alrededor de una década y no se le encuentran signos exteriores de riqueza los indicios son endebles y se limitan a puntualizar que vive en París y viaja con cierta frecuencia a Bogotá.

• Ciertamente, para cualquier efecto, da igual si determinado acto de corrupción da lugar a mil o cien mil dólares de rédito. Pero en el proceso por presunto enriquecimiento ilícito de García hubo mucho circo pero ninguna evidencia concreta. CARETAS no ha proclamado ni proclama la inocencia del ex Presidente, pero sí exige que se prueben sus delitos

• Lo concreto, en todo caso, es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la denuncia de AGP contra el Estado peruano por violar derechos constitucionales del ex Presidente -referidos a las garantías judiciales y al principio de legalidad y retroactividad- al expedir la Ley 26641, llamada Ley de Contumacia, aprobada por el Congreso en 1996 (CARETAS 1559). Esta establece que el término de la acción penal se interrumpe cuando el juez declara al reo como "contumaz". A esta ley con nombre propio se añadió en julio de 1999 la denominada Ley Antiimpunidad, según la cual no pueden ser candidatos a la Presidencia o al Congreso quienes han sido declarados contumaces (CARETAS 1576).

• Las licencias y enrevesados trámites tributarios y aduaneros requeridos durante la administración de AGP pueden haber sido caldo de cultivo para hechos de corrupción. Pero, en manos de un régimen cuya transparencia en el manejo económico ha sido semejante a la del manejo político, sólo el proceso de privatización (que asciende a la fecha a US$ 9.214 millones) deja mucha tela para cortar. Esto, para no hablar de licitaciones y otras fórmulas para la construcción de obras públicas que en muchos casos han dejado sembradas dudas y supicacias hasta hoy.

Nada de esto, sin embargo, abre las puertas para un retorno de AGP. Su gobierno fue tan desastroso que su regreso sólo serviría para resucitar al fujimorismo o lo que queda de éste.

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