Edición Nº 1647
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Cambios
En Defensa
LA reincorporación del general Carlos
Tafur y su nombramiento como Comandante General del Ejército, ha
sido una medida acertada del nuevo Gobierno y significa el comienzo de
una positiva transformación en esa institución. Sin embargo,
se está avanzando con timidez en realizar otros cambios indispensables.
Y sobre todo, se perdió nuevamente la oportunidad para designar
a un civil al frente del Ministerio de Defensa, como es normal en todos
los países democráticos.
El general (r) Walter Ledesma es un excelente oficial, honesto, capaz e institucionalista, cualidades ausentes durante muchos años en la cúpula militar manejada por Vladimiro Montesinos. A Ledesma le truncaron injustamente la carrera en 1994 y lo encarcelaron absurdamente en 1995, con falsas acusaciones, por haber participado en la campaña de Javier Pérez de Cuéllar.
No obstante, éste era el momento de poner un civil en Defensa. El argumento que se requiere un militar en esa cartera sólo para el período de transición es errado. Los políticos civiles por lo general usan esa justificación, y se equivocan. Lo hizo Alan García en 1987, cuando se creó el Ministerio, y durante trece años siempre un militar ha estado al frente de ese portafolio.
En
este momento, la camarilla de Montesinos es muy débil y puede ser
fácilmente barrida. Era la oportunidad ideal para que un civil
ocupara ese puesto.
En realidad, hay dos problemas distintos. Uno es el de la institucionalización de las Fuerzas Armadas. Otro es el del control civil sobre las instituciones castrenses. Puede haber lo primero, pero no lo segundo, con lo cual dentro de unos años estaríamos probablemente en una situación similar.
La institucionalización de las Fuerzas Armadas implica limpiarlas, para empezar, de la camarilla que instaló Montesinos en los puestos claves. Reincorporar de inmediato a oficiales injustamente separados del Ejército, como Víctor Bustamante, José Huertas y Roberto Chiabra. Restablecer un sistema razonable de ascensos por méritos y capacidades. Investigar y poner a disposición de la justicia a los responsables de la corrupción que floreció en años pasados.
Si se hiciera todo eso y algunas cosas más, se podría volver a tener Fuerzas Armadas profesionales. Que a la vez adquirirían prerrogativas y un alto grado de autonomía respecto al gobierno civil. Así, muy probablemente, al cabo de un tiempo se repetiría el ciclo de la intervención militar.
En el último medio siglo han habido cuatro golpes militares (1948, 1962, 1968 y 1992). El Perú ha estado gobernado 29 años por militares y 23 años por civiles. Lo peor de todo es la oscilación, el péndulo, que genera una profunda inestabilidad en el lago plazo. Cada dictadura que termina implica un trauma, un cambio, un nuevo comienzo, que desgasta energías y consume años.
Evitar la participación de los militares en la política es un asunto complejo, que requiere de muchas cosas, incluyendo el que los civiles no respalden los golpes y no toquen periódicamente las puertas de los cuarteles.
Y también un adecuado control civil sobre las Fuerzas Armadas. En esto han fracasado sistemáticamente los gobiernos civiles, que se han limitado a tratar de manejar durante un período a los mandos, pero nunca han emprendido una estrategia para lograr un control institucional, como existe en todo país democrático.
Desgraciadamente, ése parece ser también el caso del Gobierno provisional de Valentín Paniagua. Será una tarea que, ojalá, emprenda el siguiente Gobierno.
En el terreno de la institucionalización se han realizado avances importantes, pero hubiera podido esperarse más. La insultante presencia de Nicolás Hermoza, Víctor Malca y Julio Salazar Monroe en la ceremonia de cambio de mando el domingo pasado, es todo un símbolo. Esos tres individuos causaron un daño enorme al Ejército, fueron acólitos de Montesinos y son sospechosos de enriquecimiento ilícito. Deberían estar investigados y procesados, si es que no presos.
Sin embargo, se exhibieron orondos en primera fila. Quieren dar la impresión que la institución castrense los protegerá de cualquier acusación. El responsable de su presencia, el general Raúl O´Connor, un ayayero y secuaz de Montesinos, cómplice de las "campañas sicosociales", debió ser pasado a retiro de inmediato. Pero sigue allí y se rumorea que será ascendido a divisionario, junto a Luis Monard, otro auxiliar de Montesinos, ambos de la promoción 1970.
En suma, lo menos que debería esperarse del nuevo Gobierno, es una profunda y rápida limpieza de la corrompida camarilla que ha controlado las Fuerzas Armadas una década y el inicio de la restauración del profesionalismo.
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