Edición Nº 1650

A Mano Limpia
Defensor del Pueblo Walter Albán perfila cómo serán la supervisión electoral y el diseño de la Comisión de la Verdad.

Con siete años de experiencia en la defensa de los derechos humanos en la Comisión de Acción Social de la Conferencia Episcopal y tres en la Comisión Andina de Juristas, Walter Albán ingresó a la Defensoría del Pueblo en 1996. Por concurso público se convirtió en primer adjunto del organismo. Cuando se cumplió su período de gestión, en julio de 1999, volvió a postular y a ser elegido. Encargado de pilotear el organismo desde la renuncia de Jorge Santistevan de Noriega el pasado viernes 1, Albán tiene tareas delicadas que cumplir antes de entregar la posta a quien elija el Congreso. Pero lo conveniente sería, argumenta Albán, que esto ocurra después del 28 de julio próximo: el consenso indispensable para elegir a su sucesor obligadamente debe corresponder a la recomposición del espectro político.

"Diferir la discusión más amplia para el nuevo Congreso y ahora ir al Distrito Múltiple."

Entrevista SERGIO CARRASCO

UN timbrazo telefónico interrumpió -casi al final, valgan verdades- la entrevista. Lo llamaban para informarle algo referido la detención de Ollanta Humala. En esos ajetreos, entre otros como los relativos a la constitución de la Comisión de la Verdad, transcurre la agenda de Walter Albán. No obstante la recargada labor mantiene sin embargo su aplomo, y con él respondió a CARETAS.

-¿Qué papel le toca cumplir en las próximas elecciones a la Defensoría del Pueblo?

-Antes de la segunda vuelta electoral, en mayo pasado, identificamos las condiciones para que las elecciones fueran limpias, transparentes y permitieran contar con autoridades legítimamente establecidas. Se referían a garantizar la neutralidad de los funcionarios públicos, el debido uso de los recursos del Estado, garantías para el acceso equitativo a los medios de comunicación, y la confianza que había que tratar de desarollar en las instituciones que tienen a cargo el proceso electoral, ONPE sobre todo. También está el tema de promover una vigilancia ciudadana para defender estos derechos de participación política no sólo el día de las elecciones. Hoy el contexto es otro, pero son los rubros en los cuales la Defensoría tendría que actuar.

-¿Por qué se abandona la tarea de observación electoral?

-No nos preocupa ahora tener presencia en los centros de votación, vamos a tratar de mantener más bien una actitud vigilante a través de las oficinas descentralizadas de la ONPE y dejar que sea la propia sociedad civil la que haga esta tarea de supervisión directa en centros de votación y mesas.

-La postulación de Jorge Santistevan de Noriega obliga a la Defensoría a exhibir con mayor razón su neutralidad.

-Ciertamente sería explicable que haya algún nivel de suspicacia sobre el tema, pero en rigor la Defensoría tiene una posición muy clara en este sentido que ha sido incluso preconizada en su momento por el propio doctor Santistevan. Si queremos supervisar la administración del Estado tenemos que predicar con el ejemplo y en este caso con mayor cuidado. Por esa misma razón hemos publicado la semana pasada una directiva de lo que esperamos sea la actuación de todos los funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Neutralidad que tiene que ver con todos los candidatos pero sobre todo con el doctor Santistevan.

-¿Cuál es la posición de la Defensoría sobre el tema del distrito electoral?

-Nosotros estamos a favor de un Distrito Electoral Múltiple. Los ciudadanos deben tener capacidad de ejercer un efectivo control de quienes ejercen autoridad por delegación, por elección en este caso, y ciertamente lo que mejor se acerca a eso es un Distrito Electoral Múltiple. En algún momento se ha mencionado que la Defensoría del Pueblo hubiera avalado una postura diferente en la Mesa de Diálogo y esto no ha sido así. Las actas que se han suscrito en cada oportunidad dan cuenta de nuestra asistencia y de que somos testigos del debate y de cuáles han sido los acuerdos a los que los partidos llegaron.

"Si queremos supervisar (las elecciones) tenemos que predicar con el ejemplo y en este caso (la postulación de Jorge Santistevan) con mayor cuidado", dice el Defensor del Pueblo.

-¿Qué le parece la fórmula de transacción del Distrito Electoral Mixto para elegir una Cámara?

-Se trata de responder a la expectativa ciudadana. Y lo que parece rechazado desde todo punto de vista es el Distrito Unico. Lo demás es un tema a discutir porque mezcla aspectos políticos con técnicos y otro tipo de consideraciones. Algunos sostienen con razón que habría que ir mejor a dos Cámaras. Pero hay que reconocer que nos encontramos en circunstancias especiales. No se podría aspirar a hacer toda una reforma del sistema político en estas circunstancias y con elecciones convocadas para el 8 de abril. Para no complicar más las cosas habría que diferir una discusión de mayor alcance para el nuevo Congreso y ahora ir al Distrito Múltiple.

-Ya está en proceso de constitución una Comisión de la Verdad. ¿Qué espera de ella?

-El Gobierno ha convocado a un grupo de trabajo para que haga una propuesta para una Comisión de la Verdad. En este grupo de trabajo va a participar el Ejecutivo a través de varios sectores, la Defensoría del Pueblo y también la sociedad civil, también han sido invitadas las Iglesias católica y evangélica, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Allí se va a expresar cuál podría ser la tarea de la Comisión de la Verdad, el mandato, los plazos, de qué se va a ocupar exactamente, cuál sería su composición. El hecho es que no se puede ir a una reconciliación nacional si no hay verdad ni justicia. Hay muchas cosas que han quedado sin conocimiento de la opinión pública

-¿Qué período debería abarcar la Comisión de la Verdad?

-Se ha planteado que el período debería comprender todos los hechos que han implicado grave vulneración de los derechos humanos desde 1980 hacia adelante. El grupo de trabajo tiene previsto funcionar 90 días. Es un tiempo razonable para que en 90 días se haga el diseño de lo que sería la Comisión de la Verdad propiamente.

-El ex Defensor solicitó al Congreso, a través de la entonces primera vicepresidenta Luz Salgado, postergar la elección de su sucesor hasta la instalación del Congreso 2001-2006. ¿Ha habido alguna respuesta oficial?

-No, no. Han habido algunas opiniones en distintas direccciones. En algunos casos señalando que lo mejor sería continuar con el procedimiento regular en este caso, que sería que se convoque a un concurso para reemplazar al titular y este Congreso sea quien nombre al Defensor del Pueblo. Pero han habido otras opiniones, que me parece son más razonables, de que sería mejor diferir esto para que sea un nuevo Congreso. Se trata de elegir a un titular por cinco años, y este Congreso estará en funciones por un período corto de tiempo.

-El procedimiento para la elección del Defensor requiere tiempo y, finalmente, un consenso expresado en al menos 80 votos. ¿Cree esto posible en un Congreso como el actual?

-Lo importante sería entender que la Defensoría del Pueblo tiene un equipo consolidado, y que no habría razones para pensar que diferir esta decisión podría generar algún tipo de complicación con la actuación de esta institución.

-Es, sin embargo, un equipo algo menguado. Se han ido con el ex Defensor algunos de los principales colaboradores de su gestión.

-Al respecto hay que ser bastante claros. El Defensor apenas se ha ido con dos personas y quizá se vaya una más, pero el equipo de la Defensoría es bastante más amplio. Incluso antes de que tomara esta decisión, su intención fue que la opción que él tomara debía afectar en lo mínimo o no afectar la continuidad de la tarea que venimos desarrollando.

-Si este Congreso decide elegir a su sucesor, por los plazos que dispone la ley el proceso ocurriría en plena campaña electoral...

-No sería el mejor clima para desarrollar un debate que siempre es importante para seleccionar a quien debe surgir de un consenso en el Congreso de la República. La modificación de todo el plano político se va a ver mejor reflejada en un nuevo Congreso. Este será el ambiente adecuado para la discusión necesaria que permita elegir una autoridad para los próximos cinco años con el más amplio respaldo. La discusión propia de toda campaña electoral no genera condiciones favorables para que esta decisión pueda ser tomada en los términos más aconsejables.

-¿La postergación de la elección de su sucesor no crea un vacío legal?

-No. En el caso de renuncia se produce un cese y corresponde al primer adjunto asumir las funciones del Defensor del Pueblo. Esto es lo que ha ocurrido. Como primer adjunto tengo un mandato que se cumple en julio del 2002. Lo que también dice la ley es que producida la vacancia hay 30 días para convocar a un concurso. Pero no se establece cuándo tiene que ser éste porque eso es parte de un proceso, que está en función del consenso que se debe tener en el Congreso antes que de plazos establecidos rígidamente.

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