Edición Nº 1650
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EL levantamiento de la inmunidad del congresista tránsfuga Antonio Palomo y su inmediato encarcelamiento, es una buena señal, que muestra la disposición de acelerar la lucha contra la red de corrupción construida por Vladimiro Montesinos en la última década. Y ayudará a mejorar la percepción de la ciudadanía respecto al Congreso, la institución más desprestigiada, según la última encuesta de Apoyo.
A esto último contribuirá también la elección de Henry Pease, un parlamentario honesto y trabajador, a la segunda vicepresidencia, así como la aprobación de los proyectos anticorrupción del Gobierno y la posible rectificación en lo que al distrito múltiple se refiere.
Sin
embargo, hay temas en los que se necesita avanzar más rápidamente.
Uno de los más importantes es, sin duda, el de la lucha contra
la corrupción, que en la mencionada encuesta de Apoyo figura como
la segunda entre las demandas ciudadanas al gobierno de Valentín
Paniagua.
En ese terreno, es muy importante que el Gobierno denuncie y las autoridades judiciales procesen, a los principales responsables de la exuberante corrupción del gobierno de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, empezando por los militares.
Eso porque, en primer lugar, la fuente más cuantiosa de la rapiña de los dineros públicos descubierta hasta ahora, ha sido la compra de armas. Ese es el origen de varias decenas de millones de dólares existentes en las cuentas de Montesinos en Suiza, según han revelado las autoridades de ese país.
En segundo lugar, porque la gravedad del delito es enorme. No sólo sobrevaluaron exorbitantemente el material de guerra adquirido, sino que éste era, al parecer, de mala calidad o inservible. Eso significa que esa pandilla de delincuentes militares y civiles no sólo desvalijó las arcas fiscales, sino que dejó inerme al país ante la posibilidad de un conflicto externo.
En tercer lugar, porque la corrupta camarilla militar que cogobernó el país, es todo un símbolo de la podredumbre del régimen anterior, y de la insultante impunidad que ha caracterizado no sólo la década pasada, sino prácticamente toda nuestra historia republicana.
Ahora los ciudadanos observan expectantes al Gobierno democrático de transición y se preguntan si de veras habrá un cambio o si se repetirá la vieja historia, en que algunos sinvergüenzas de segunda categoría, como Antonio Palomo, pasan algunos días o meses en prisión, y los cabecillas permanecen impunes disfrutando de los millones que robaron a todos los peruanos.
Defraudar esas expectativas sería funesto, quizás no tanto para el Gobierno actual, sino para el futuro democrático, porque aumentaría el descreimiento y el escepticismo de la población, que ya es altísimo luego de la frustrante experiencia de la década pasada.
Por último, hay que remarcar que juzgar a los cabecillas militares de la corrupción, como el general (r) Víctor Malca por ejemplo, es perfectamente posible hoy día. No estamos ante una transición como la chilena de 1990, en la que Augusto Pinochet, al frente de una institución militar fuerte y cohesionada, impuso condiciones a la democracia, y recién años después se procesa y sanciona a los criminales.
La camarilla mafiosa de Montesinos se ha desmoronado. Todavía conservan varios de sus tentáculos, pero se les puede cercenar de un tajo si se actúa con rapidez y decisión. Precisamente -además de las razones expuestas- para evitar que sigan conspirando, intentando boicotear la transición y tratando de provocar el caos.
No hay ninguna razón entonces, para que el ministro de Defensa y el presidente del Comando Conjunto, no hagan una inmediata exposición al país respecto a las compras de armas, su monto aproximado, el estado del equipo que se adquirió, los responsables militares y civiles de la estafa, al tiempo que denuncian ante las autoridades competentes a los presuntos responsables.
No debería terminar el año sin que esa explicación, comprensiblemente preliminar, sea dada a los ciudadanos del Perú.
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