Edición Nº 1656

Pueden Haber Habido Excesos
Explicables, según el Ministro de Justicia, por la dimensión de la corrupción, la novedad de las normas y la presión del público.

TRINIDAD Becerra está en su casa. Su hija Silvana acaba de salir de Santa Mónica. Luis Bedoya de Vivanco, favorecido con 25 mil dólares, y de quien su abogado dice no haber cometido delito penal, va preso a pesar de un certificado médico (ver nota aparte). Mientras, Eduardo Calmell del Solar, receptor de dos millones de dólares de las manos de Vladimiro Montesinos en oscura contraprestación tiene apenas una orden de comparecencia...y así.

¿Qué está pasando?, se pregunta la opinión pública. Es verdad que cada caso es diferente pero la percepción general es que hay cierta desproporción en el tratamiento de los mismos.

El ministro de Justicia, Diego García Sayán tiene una explicación: jueces y fiscales están enfrentados a un fenómeno de corrupción organizada sin precedentes -por la estructura y el tipo de personajes- y están actuando con herramientas legales relativamente recientes que, no encajan plenamente, con las tradicionales.

"Antes -dice- para detener a una persona por el delito de corrupción tenía que haber una acusación penal formal contra esa persona, es decir, una masa de elementos probatorios o de indicios suficientes para sospechar que era culpable. Ahora, la justicia puede aplicar una serie de medidas para impedir que alguien -se pruebe luego su culpabilidad o no- destruya pruebas o se fugue del país".

Esas medidas, según el ministro, están sujetas a una restricción en el tiempo -quince días- y a que sean solicitadas por el fiscal, dispuestas por el juez y frente a las cuales hay todos los recursos de apelación por parte de los abogados. Así, una detención efectiva se puede convertir, por ejemplo, en detención domiciliaria o impedimento de salida. Las garantías, pues, están escritas.

"No obstante -afirma García Sayán- frente a la magnitud del problema que se pretende resolver y con las herramientas poderosas que, efectivamente, se les da a fiscales y jueces, me parece lamentable pero perfectamente explicable que puedan haber ocurrido algunos dislates y que de pronto, en un caso que por lógica y sentido común para un observador bastaba con una detención domiciliaria, se dé el paso a una detención efectiva o al revés".

"Cada juez y fiscal tiene su propio criterio. Criterio que puede ser apelado, apoyado o criticado -asegura- y poco a poco, ya que se ha creado un mecanismo de coordinación entre fiscales, se va a conseguir que de alguna manera, respetando el criterio, se fijen criterios compartidos".

Trinidad, Silvana y Vladimiro Montesinos cuando soplaban vientos más benignos. Al lado, Silvana ha sido finalmente liberada.

Sobre el caso específico de Silvana Montesinos, le preguntamos ¿en qué medida los actos de un corrupto implican a su familia? "Tengo que ser vago -responde él- porque las investigaciones están en curso y existe la potencialidad de que uno de esos familiares sean acusados penalmente".

Y continúa: "La diferencia de alguien que está contactándose con cierta cantidad de dinero, en medio de un diálogo o concertación, para hacer algo que muy probablemente esté fuera de la ley (porque es dinero del Estado, en efectivo y no se utiliza el procedimiento normal), con que de pronto, la hija de un sindicado como delincuente, tenga una cantidad importante de dinero en su cuenta, es abismal. Sin embargo, el dolo, o la falta de dolo de esa hija, es algo que los jueces deben ponderar. Técnicamente puede estar comprometida como un eslabón de y dentro de un proceso delictivo pero, naturalmente, la falta de dolo es algo que tendría que ser considerado en su momento".

Ahora, sobre la reacción de la ciudadanía frente a la actitud del Poder Judicial de este Gobierno de transición, el ministro sostiene que, desafortunadamente, como país, no estamos acostumbrados a que aquellas personas involucradas en graves actos de corrupción sean detenidas o siquiera investigadas. "No deja de producir un fuerte impacto ver a ciertos generales presos, a ciertos blanquiñosos detenidos, no obstante, estamos hablando de un número ínfimo (21 hasta el momento) respecto a una red criminal que ha manejado centenares de millones de dólares en los últimos años". "Hay que entender además -insiste- que no significa que los detenidos y procesados sean culpables. Simplemente están siendo investigados".

Otra pregunta: El Poder Ejecutivo ¿no le podría dar una manito a ese Poder Judicial que se levanta de los escombros, en términos de asesoría, por ejemplo?

"En esencia, el Poder Ejecutivo no puede intervenir en nada que tenga que ver con el contenido de las decisiones judiciales, porque es ahí donde empieza la intromisión, aunque la intención quiera ser buena, como la de evitar excesos o uniformizar jurisprudencia", contesta.

"Lo que hemos hecho últimamente, más bien, es dar disposiciones al Ministerio del Interior para asegurar que haya el menor grado de exhibición de los detenidos y evitar actos que algunos, con razón, han considerdo vejatorios. Deseamos que el ingreso y salida de los que van a comparecer no estén sujetos al acoso de la prensa. Un acusado no se puede convertir en delincuente".

García Sayán: "Difícilmente se eliminará la corrupción, no la impunidad absoluta".

Para Pilar Aguilar, abogada y sicoterapeuta de DEMUS (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), el hecho de que algunos implicados en corrupción estén en su casa y otros en la cárcel, se debe, como lo ha dicho el ministro García Sayán, a la arbitrariedad de quienes están resolviendo los casos. "Como los jueces y fiscales rotan, cada quien aplica su criterio el día que le toca hacerlo". "Lo interesante -dice ella- es que ahora la pita no se rompe del lado más débil para que los menos poderosos terminen entre rejas. Aquí el asunto no es el color, el dinero ni el poder".

Otro punto relacionado al tema de la corrupción y que ha llamado la atención de los peruanos, ha sido la actitud de algunas de las esposas o hijos de los detenidos o implicados. Especialmente la de Trinidad Becerra quien, sin atreverse a reconocer la culpabilidad de su esposo renovó, prácticamente, su juramento matrimonial. El de permanecer de su lado en las buenas y en las malas. Y es sobre este asunto que conversamos con Pilar Aguilar.

"La mayoría de las mujeres -explica- por la forma como son educadas -no en la misma proporción ni en iguales condiciones- no tienen una vida propia, no son autónomas y no saben bien en qué mundo viven porque el marido se ha encargado de resolverlo todo".

"Pero hay niveles -continúa- pues una cosa es que tu marido te haga firmar papeles y otra cosa que te dé tarjetas doradas y que tú te lo gastes todo en un solo viaje". Ahora, lo deseable, según Pilar, es que una mujer le pregunte a su esposo, al ver tanta riqueza, de dónde sale el dinero. "El problema es que las mujeres domesticadas no pueden hacerlo pues la dependencia emocional con sus maridos es muy fuerte y no se diferencian". Lo deseable, también, es que una mujer reconozca el delito y, por cierto, apoye a su esposo.

Las mujeres, de otro lado, no están obligadas a denunciar a los maridos por lo menos legalmente. "No pueden acusar a una mujer de cómplice de su esposo, la ley no obliga, porque en un parentesco tan cercano se presupone una dependenia emocional".

"Respecto a los hijos -sostiene- el asunto es mucho más complicado pues no es usual que un joven le pregunte a su padre cómo es que lo mantiene". "Es comprensible, humano y razonable que un hijo que ha tenido buenas relaciones con su padre lo defienda, él es bueno aunque le demuestren lo contrario. Eso es lo que les permite seguir viviendo".

"Yo creo que Trinidad y Silvana se niegan a sí mismas que lo que haya hecho el padre haya sido muy grave. Quien me parece que no está actuando correctamente es la esposa de Bedoya de Vivanco. Ella sí sabía lo que había ocurrido pues ha dicho que su marido se lo contó. Sin embargo, no cree que haya estado moralmente mal".

Finalmente, ante todo lo que está sucediendo ya no se puede saber qué es más grave: el delito o el pecado. (Teresina Muñoz-Nájar).

 

Ellos Sí Se Excedieron María Luisa Choza de Corrochano de visita en el penal de San Jorge. Su esposo fue el primer detenido bajo los cargos de complicidad en el delito de corrupción de funcionarios y de tráfico de influencias. Abajo, en las mismas circunstancias, Carmen Rivas, esposa del general (r) Walter Jave. Al lado, Pilar Brescia y Ernesto Gamarra. El recibió dinero a cambio de desviar información periodística. Implicancias penales de los vladivideos.

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