Edición Nº 1656
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EL lema del colectivo Sociedad Civil que sirve para titular esta columna, se ha convertido en una demanda nacional. A estas alturas, es indispensable que se den a conocer todos los videos que tengan relación con actos de corrupción y tratativas políticas filmados por Vladimiro Montesinos y sus secuaces.
El video que muestra al ex parlamentario y ex ministro aprista Agustín Mantilla recibiendo US$ 30.000 de Montesinos que, además, ofrece entregarle otra suma, continúa degradando a la clase política peruana. El dirigente del APRA se compromete a respaldar a Alberto Fujimori en las elecciones del 2000.
La inmolación de Mantilla, que inmediatamente ha salido a decir que él es el único culpable, que el partido no tiene nada que ver y que libera a todos sus compañeros de responsabilidad, lo muestra como un disciplinado militante que trata de salvar a su candidato y su organización del descrédito.
Y
eso precisamente se vuelve contra el APRA como un bumerán, al mostrarlo
como un hombre absolutamente fiel al partido. Pues como han señalado
varias personas que lo conocen, Mantilla no daría un paso sin conocimiento
de su jefe, Alan García y de un sector de su partido.
Dirigentes como Mercedes Cabanillas y Luis Alva Castro -de quien se dice que ha tenido varios contactos con el montesinismo- son implicados también en la conversación como cercanos al poder oculto. No así Jorge del Castillo, que fue quien reveló las cuentas millonarias de Montesinos en el Banco Wiese en diciembre de 1999.
Así, resultan ahora tres importantes dirigentes de partidos de oposición implicados en la red de corrupción de la mafia de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos: Ernesto Gamarra, del FIM; Agustín Mantilla, del APRA; y Luis Bedoya de Vivanco, del PPC.
El padre de este último, el respetado dirigente Luis Bedoya Reyes, ha hecho una firme defensa de su hijo. Si bien es explicable esta muestra de afecto, no es sostenible lo que ha dicho. Afirmar que en 1998 no se sabía quién era Montesinos es absurdo. No sólo la élite, sino las encuestas ya ubicaban, desde 1997, a Montesinos como el hombre más poderoso del Perú y como un individuo corrupto y repudiado por la opinión pública.
Bedoya de Vivanco no sólo recibió dinero negro de Montesinos, sino que fue beneficiario del fraude de octubre de 1998, que anuló las elecciones de Miraflores que había ganado Fernando Andrade.
Por último, es absolutamente injusto comparar, como ha hecho Bedoya Reyes, a los Andrade con Montesinos, para justificar el comportamiento de su hijo.
Pero si bien se puede entender a Bedoya Reyes que defiende a su vástago, es más difícil comprender a Lourdes Flores, que sostiene que no hay que cometer "excesos" en la lucha contra la corrupción, no deslinda con otro correligionario suyo como es Alex Kouri e incluye a Javier Bedoya de Vivanco en su lista al Congreso.
Es lo mismo que están diciendo otras personas ahora, pretendiendo suavizar la acción de la justicia. De hecho esa ofensiva está teniendo algún éxito y ha ablandado a las autoridades. El hijo de un magistrado corrupto, parte de la maquinaria montesinista del Poder Judicial, acaba de ser liberado.
A Eduardo Calmell le han levantado la orden de captura, a pesar que es obvio que ha intentado evadir la acción de la justicia.
Los candidatos que tienen amigos y correligionarios implicados están tratando de ensombrecer sistemáticamente la acción de la justicia y del gobierno. Alan García y Fernando Olivera, enemigos acérrimos, coinciden en atacar a los que luchan contra la corrupción, en particular al Ministro de Justicia Diego García Sayán.
Ellos han inventado la patraña de que el gobierno "administra este circo", como ha dicho García el martes, tratando de desacreditar las investigaciones y la exhibición de los videos.
A ellos se suman, por supuesto, los montesinistas y fujimoristas, que no cejan en sus intentos de trabar por todos los medios las investigaciones. La encubridora de criminales Martha Chávez, por ejemplo, ha arremetido contra la fiscal Ana Cecilia Magallanes y no pierde ocasión en el Congreso para obstaculizar las pesquisas.
En suma, la batalla contra la corrupción no está ganada, ni mucho menos. Está recién empezando. Si bien este gobierno ha hecho lo que jamás se había visto en el Perú, hay mucho camino por recorrer. El procurador José Ugaz calcula que las investigaciones durarán aproximadamente tres años.
Como va quedando claro, no da lo mismo cualquier gobierno. El de Valentín Paniagua está claramente comprometido en el combate a la corrupción, por eso lo atacan. Pero si el siguiente no continúa por ese camino, no sería extraño que los que hoy día ya están tras las rejas, salgan libres, y los que todavía no han sido descubiertos y encausados, queden impunes.
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El autor de esta columna es asesor de la campaña de Alejandro Toledo.
No obstante, las opiniones vertidas en esta página son, como siempre,
estrictamente personales y sólo representan el punto de vista de
su autor.
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