Edición Nº 1657

Mirada A Fondo$
A la luz de los "vladivideos", la transparencia en el financiamiento de las campañas se ha convertido en asunto de primer orden.

Escribe SONIA SULLON B

¿Cuánto cuesta una campaña electoral? ¿Quiénes son los que financian los afanes electorales? ¿ Y cómo lo hacen? A escasos dos meses de las elecciones generales existe una legítima preocupación de los electores por saber el origen de los fondos que utilizan los candidatos para su propaganda electoral.

Hay razones de peso para estar preocupados. El electorado ha quedado particularmente sensible, tras conocerse el caso de Agustín Mantilla, quien dice haber destinado los US$ 30 mil que recibió de Vladimiro Montesinos para la campaña del PAP; del congresista Ernesto Gamarra, quien recibió dinero para, según dijo, destinarlo a la campaña de su esposa Pilar Brescia, que entonces postulaba a regidora por el movimiento Salvemos Miraflores; y el del alcalde de Miraflores Luis Bedoya de Vivanco, quien reconoció haber recibido de Montesinos "una pequeña contribución" (US$ 25 mil). Todos fueron grabados. Pero qué tal si no existieran los vídeos que lo prueban. Posiblemente ni en sueños los electores que votaron por tales candidatos hubieran imaginado estas oscuras transacciones.

Así, el asunto del financiamiento de las campañas electorales (CARETAS 1652) adquiere en las actuales circunstancias urgente atención.

Hasta el momento sólo la agrupación Unidad Nacional (UN) que lidera Lourdes Flores Nano ha presentado su proyección de ingresos y egresos durante la campaña de la fórmula presidencial. Según este documento alcanzado al JNE el jueves 8, los ingresos de dicha agrupación ascienden a S/. 2,35 millones, mientras que los egresos o gastos de campaña llegan a S/. 2,34 millones.

En la proyección de gastos de UN, figura en primer lugar el rubro correspondiente a la publicidad en los medios: S/ 1'780.848, seguido de los gastos de personeros (S/. 257.069) y en tercer lugar los referidos a las movilizaciones (S/. 151.629).

En cuanto a las fuentes de ingresos, la mayor parte del financiamiento corre por cuenta de las "donaciones" (sin especificaciones), que ascienden a S/. 1'249.500, seguido de "otros ingresos" (S/. 785.400) -ver facsímil.

Si bien esta iniciativa de la candidata de UN es loable, quedan algunas dudas. Para empezar, cuál es el destino de los S/. 15 mil de superávit. Además no se sabe, si es que Flores ha incluido en el rubro de "otros ingresos" a los que recolecta la banquera y ejecutiva del JP Morgan, Susana de La Puente quien e-mails mediante, encabeza una cruzada pro fondos para la ex congresista y Poppy Olivera. Vale todo, es el lema. Olivera, por su parte, ha emplazado al candidato Alejandro Toledo para que responda "por su cercanía con León Rupp, un hombre -dice Olivera- que quebró el Banco de la Industria y la Construcción (BIC) en 1981 y que ahora está en su entorno más cercano".

Sin embargo, el hermetismo respecto a cuánto se gasta y quiénes son los que financian cada campaña electoral es la regla general y sólo la funcionaria del JP Morgan ha reconocido su papel de recolectora de fondos.

Y sin duda el dinero que corre no es moco de pavo. El candidato chileno Joaquín Lavín gastó cerca de US$ 51 millones en una campaña proselitista que no le dio el triunfo. Pero, en el Perú saber cuánto cuesta una campaña electoral es poco menos que secreto de Estado. La Ley de Elecciones peruana que obliga a los grupos políticos a presentar sus gastos proselitistas es sólo un saludo a la bandera: de las 11 agrupaciones que participaron en las elecciones pasadas, hasta la fecha sólo cuatro han alcanzado al JNE sus gastos de campaña (Alianza Perú 2000, Somos Perú, Avancemos y FIM).

La alianza que postuló a Alberto Fujimori, tras una campaña electoral que duró más de un año con las pantallas de televisión reventando con su propaganda, y medio Perú -incluidos los cerros- invadido con sus pintas proselitistas, declaró haber gastado apenas US$ 5 millones. Es decir, la décima parte de lo que gastó Lavín en Chile que tiene la mitad de la población electoral del Perú. Pero el ministro de Economía, Javier Silva Ruete, ha dicho que US$ 2 mil millones se habrían gastado en la campaña de Fujimori.

Y entre los que no se tomaron la molestia de acatar la ley electoral están Perú Posible y el APRA, los mismos que se encuentran en nueva carrera electoral. Si estuvieran en México, los líderes de ambos grupos políticos ya hubieran sido tachados de participar, por no obedecer la legislación electoral.

 

Boloña encabeza los mayores gastos de publicidad en televisión, seguido de Olivera.

¿QUE HACER?

Según Rafael Roncagliolo, secretario técnico de la asociación civil Transparencia, han presentado al JNE una propuesta para realizar conjuntamente un seguimiento a los gastos que realizan los candidatos (monitoreo a la propaganda en televisión, radio y diarios, en lo cual Transparencia tiene experiencia). Esto permitirá comparar los gastos declarados con lo que se puede inferir ha sido el verdadero gasto. Para ello, sugiere Roncagliolo, la ARTV debería alcanzar los porcentajes de descuento aplicables al avisaje político en televisión.

Y es que el JNE parece estar atado de manos. El presidente del máximo organismo electoral, Manuel Sánchez Palacios, dice que como no hay sanción, la norma se pasa por alto. "El tema al menos debería ser reglamentado", reconoce.

Sucede que hasta ahora los escasos candidatos que cumplen la ley se limitan a presentar sólo un papel que consigna la cifra de la supuesta inversión proselitista. No hay detalle de los rubros de gasto, en qué tiempo lo gastaron, ni las fuentes de financiamiento. Una vez que la información llega al JNE, a sus miembros no les toma ni un minuto conocerla y ahí queda todo. Ellos tampoco tienen forma de corrobar la cifra declarada.

Cosa distinta es en México, por ejemplo. Allá el Instituto Federal Electoral (IFE) contrata a una empresa privada para que se encargue de auditar la información que los partidos proporcionan. En Chile, de otro lado, el Instituto Federal Electoral de ese país instala un equipo multidisciplinario compuesto por contadores, jueces y especialistas en indagar sobre movimientos bancarios a nivel electrónico, etc., para realizar auditorías y balances detallados con la información que los partidos les hacen llegar. Además se obliga a los partidos a que presenten un informe preliminar de gastos antes de las elecciones y no 60 ó 90 días después de realizarse éstas, cuando ya se eligió al Presidente y los parlamentarios, sin saber quién los financió.

Fuente: MEDIA CHECK S.A.C.,tarifas impresas (sin descuentos ni bonificaciones)

¿QUIENES FINANCIAN?

En la actual campaña electoral, según información de Media Check S.A.C. a precios de tarifa fría (esto es, sin descuentos ni bonificaciones) del 1 al 27 de enero, el FIM ha invertido en propaganda televisiva US$ 428.437, el PAP US$ 104.200, Acción Popular US$ 84.285, y Solución Popular US$ 65.375. ¿Quién pagó la factura? Vaya a usted a saber.

La propuesta de las franjas electorales gratuitas, dice al respecto Racagliolo puede resultar muy funcional al respecto. Pero, por cierto, no como operará en estas elecciones. Lo conveniente, dice Roncagliolo, es que vaya acompañada de la prohibición de la propaganda electoral, como sucede en Brasil y Chile. De este modo -asegura Roncagliolo- se logra mayor independencia respecto de los grupos de poder.

"No es malo que los empresarios financien las campañas de los políticos. Lo malo es que esto sea secreto y pueda dar lugar a negociaciones bajo la mesa", dice Roncagliolo. El empresario Carlos Bruce, jefe de campaña de Perú Posible en Lima y Callao, señala que la búsqueda de financiamiento durante el régimen de Fujimori fue más que complicada. "Las colaboraciones de empresarios y personas naturales se realizaban con la condición de que fueran secretas, de lo contrario las represalias corrían por cuenta de la SUNAT", dice. Pero con la caída del fujimorato los peligros de represalias desaparecieron.

Sin embargo, en la mayoría de países el anonimato es la condición para algunos empresarios que financian campañas. En Argentina, por ejemplo, una ley permite al empresario obligar al grupo político que financia que guarde su identidad en secreto hasta por tres años. Esto es grave, señala el argentino Christian Gruenberg, director del Programa de Poder Ciudadano, quien hace poco estuvo en Lima invitado por Transparencia. "Muchos grupos empresariales ven como una gran oportunidad la necesidad que tienen los partidos para recolectar los fondos de campaña. Y es que el apoyo en el financiamiento no es gratuito, tiene sus condiciones, que se pueden traducir en leyes posteriores que los beneficien o en la posibilidad de no pagar impuestos".

Para Roncagliolo el problema adicional es que hay algunos empresarios que no sólo financian a un candidato sino hasta dos y esto puede no ser muy bien visto por los electores.

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