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Fugitivo Acusado
Comisión Permanente pone el caso de Fujimori en camino al Poder Judicial. Nuevos indicios sugieren que otros cargos podrían sumarse.

Fujimori tiene seis investigaciones judiciales abiertas y otras tres en el Congreso.

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el martes 13 acusar constitucionalmente al ex Presidente Alberto Fujimori por los supuestos delitos de infracción constitucional, abandono de cargo e incumplimiento de deberes.

Un día antes, el lunes 12, José Ugaz anunció que la procuraduría ad hoc a su cargo presentará una denuncia ampliatoria para comprender a Fujimori en el conjunto de delitos que se le imputan a Vladimiro Montesinos. Según Ugaz, el ex mandatario podría ser denunciado penalmente por tráfico de drogas, lavado de dinero, posibilidades de enriquecimiento ilícito y corrupción de funcionarios. Fujimori podría ser acusado bajo la figura penal de comisión por omisión, ha precisado Ugaz. A la fecha, ha dicho el procurador, Fujimori tiene seis investigaciones judiciales abiertas.

Hay nuevos indicios, como el vídeo donde la ex ministra de la Presidencia Luisa María Cuculiza cambia de camiseta, que sugiere que Fujimori y Montesinos actuaban en pared. Además están las declaraciones de Demetrio Chávez Peñaherrera, "Vaticano", referidas a que Montesinos le habría asegurado que nada se hacía sin el consentimiento del ex mandatario.

Lo cierto es que la situación de Fujimori empieza a complicarse y la protección que le brinda el Gobierno japonés podría variar.

El presidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores, Javier Pérez de Cuéllar, ha señalado que Japón no aceptará ninguna solicitud que no provenga del Poder Judicial. Y lo ocurrido a principios de esta semana es el primer paso de un derrotero que parece conducir a un requerimiento judicial al Gobierno japonés.

Corresponde a la misma subcomisión que preside el congresista Daniel Estrada acusar a Fujimori ante el pleno del Congreso. Si éste aprueba la acusación, el caso pasará al Ministerio Público, instancia que se hará cargo de formular la denuncia ante el Poder Judicial. Este abrirá instrucción contra Fujimori y llegado a este punto, el Poder Judicial estará en condiciones de solicitar la extradición del ex mandatario.

Entre tanto hay un exhorto judicial que a comienzos de año se remitió a la Cancillería de Japón para que Fujimori brinde testimonio sobre el caso del tráfico de armas. Hasta ahora no ha habido respuesta alguna. Cosa curiosa: lo mismo ha ocurrido con otro exhorto similar planteado al Japón para levantar el secreto bancario de Vladimiro Montesinos.

Circuló la versión, desmentida por Pérez de Cuéllar, según la cual los exhortos habían sido devueltos por irregularidades en la traducción.

Lo que sí es cierto es que sólo existen registrados en Torre Tagle tres traductores públicos juramentados (es decir, que cumplen con una serie requisitos) facultados para realizar traducciones autorizadas del japonés al español. Pero del español al japonés no existe ni uno. Hasta donde se sabe en este último caso el servicio suele realizarse por una dependencia de la legación diplomática japonesa. Si éste fuese el caso de los exhortos y hubiese errores en la traducción no sólo resultaría extraño sino que llamaría a suspicacia.

•Los fondos totales de los tres organismos electorales superan en un 54 % a los asignados en las elecciones del año pasado. El titular de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla, ha solicitado casi S/. 37 millones más que los asignados en los pasados comicios, en tanto que el presupuesto solicitado por el RENIEC asciende S/. 6 millones más que los que destinó el año pasado el MEF a ese organismo electoral. Celedonio Méndez, titular de éste, ha señalado al respecto que el incremento se explica porque en este proceso el organismo tuvo a su cargo el proceso de verificación de firmas.

• 24.900 nuevos soles en multas impuestas por la Dirección Municipal de Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana de Lima deberán pagar en conjunto Perú Posible, Partido Aprista, Solidaridad Nacional y Renacimiento Andino por pintar lemas en las paredes del Centro Histórico y colocar banderolas y afiches en lugares prohibidos. Respectivamente las sanciones impuestas son de: S/. 7.200, 13.200, 2.700 y 2.700.

El ministro de Justicia Diego García Sayán ha constituido un grupo de trabajo para que analice los casos que se llevan contra el Estado peruano tanto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cuya competencia contenciosa acaba de reincorporarse el país (CARETAS 1655). Las sesiones de la Comisión Interamericana se realizarán entre el lunes 26 y el viernes 2 próximos. Tras las sesiones se elegiría al chileno Claudio Grossman como nuevo presidente de la CIDH.

Comandante general EP Carlos Tafur habría develado irregularidades en compras de armas.

La fiscal Ana Cecilia Magallanes formuló denuncia el lunes 12 contra Vladimiro Montesinos, Pedro Antonio Rodríguez Medrano, (hermano del vocal) y el abogado Edgar Chirinos Medina por delito de corrupción pasiva en agravio del Estado y extorsión en agravio de los propietarios de la empresa pesquera Hayduk, Edwin y Eudocio (Olluquito) Martínez Torres y sus hijos Mildo, Myriam y Ana Isabel Martínez Montero. El banquero Dionisio Romero -quien admitió la semana pasada haberse reunido con Montesinos en las instalaciones del SIN en busca de una solución al bloqueo de las cuentas de Hayduk y nombrar a los administradores a los que se debía nombrar- fue liberado de todo cargo. La pesquera Hayduk se encuentra en efecto operativa, y cumpliendo con sus obligaciones crediticias. El caso se encuentra en el 30º Juzgado que, por vacaciones, viene atendiendo la jueza Norma Carvajal.

El martes 13 el comandante general del Ejército, Carlos Tafur Ganoza, acudió al Congreso acompañado de los generales Marcos Olivos Pacini, jefe del servicio de Ingenieria, Pablo Araníbar Salmavides, jefe de la oficina de Economía, del coronel Segundo Chávez Mori, jefe de Material de Guerra y del coronel Lucio Corcuera Menchola, jefe del servicio de Comunicaciones. Todos ellos rindieron testimonio ante el congresista Pedro Morales Mansilla, presidente de la Comisión Especial que investiga el uso de los recursos de la privatizacion y otros de la caja fiscal para gastos de Defensa al amparo de dispositivos secretos entre agosto de l990 y noviembre del 2000. Aunque se trató de una sesión reservada trascendió que los oficiales expusieron sobre las adquisiciones de armamento, equipos y otros con diversas fuentes de financiamiento. Y que en dichas operaciones se habría producido sobrevaloración, irregularidades y compras de material obsoleto.

José García Marcelo: está convencido que pese al vídeo durará hasta junio en el TC.

El jueves 1 próximo, apenas retornen de sus vacaciones, los miembros del Tribunal Constitucional (TC) decidirían la suerte de José García Marcelo, miembro del organismo que apareció en un vídeo reunido con el ex asesor Vladimiro Montesinos y el ex integrante del JNE, Walter Hernández Canelo, maquinando la liquidación del referéndum promovido por el Foro Democrático. "No actué con dolo ni culpa y por eso no renunciaré y me mantendré firme en mi trabajo hasta el 30 de junio", ha dicho García sin sangre en la cara.

Según el vicepresidente del TC, Guillermo Rey Terry alguna medida van a tomar al respecto, la cual deberá contar con cinco de los siete votos de los magistrados.

Sin embargo las sanciones a un magistrado de este órgano colegiado, anota Rey Terry, dependen directamente del Congreso de la República. Por lo pronto, existe ya un pedido del Foro Democrático para que se suspenda de sus funciones a García Marcelo por incapacidad moral y otro similar del ex congresista y candidato por UPP Javier Diez Canseco.

Mientras algunas listas parlamentarias con las justas cumplen con el mínimo legal de 30 % de cuota femenina, la agrupación Cambio 90-NM que encabeza la congresista Luz Salgado se ha dado el lujo de incluir casi 50 % de cuota de mujeres en su lista. Además de ser ellas quienes ocupan los cinco primeros lugares en la misma. De los 35 candidatos por Lima, 17 son mujeres, y cinco de ellas buscan repetir el plato.

Banderillas De Fuego
Son las que el ministro de Economía colocó en Washington. Ahora procura un aterrizaje suave en el tema de la deuda externa.

A fin de mes Silva Ruete viajaría a Europa, con el propósito de repetir la faena cumplida en EE.UU.

Finalmente el miércoles 14 se encendió el balisaje (luz para aterrizaje nocturno) del aeropuerto Jorge Chávez iluminando la firma del contrato de su concesión al consorcio Frankfurt-Betchel-Cosapi. Remontando el transitorio "mal tiempo" promovido en la Comisión de Infraestructura y Transportes del Congreso, el ministro de Economía, Javier Silva Ruete estampó su rúbrica entregando por 30 años el manejo del aeropuerto.

Para el titular del MEF, no podía ser de otro modo. Está en juego el equilibrio de la balanza de pagos y las señales al exterior que el país sigue caminando y captando inversiones a pesar de los "vladivideos".

El asesor externo de la mencionada comisión del Congreso, Julián Palacín advirtió que la Ley 27329 (que autorizó la expropiación de los terrenos) del 24/07/2000 originará obligaciones onerosas al Estado ya que se establece que se cancelará los terrenos adyacentes al aeropuerto a valor de mercado (6 millones 892 mil metros cuadrados de terreno). Antes el valor del arancel era de US$ 7 por metro cuadrado (US$ 47 millones) y ahora es 10 veces mayor (US$ 470 millones).

¿Quiénes compraron terrenos en esta zona en 1999-2000? Esa es la pregunta del año.

Según Luis Rivera Pérez presidente de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo, ahora sólo llegarán a Córpac el 50 % de los servicios de aterrizaje y despegue y el 20 % de las tarifas de uso aeroportuario. Esto, sostiene, reducirá el presupuesto de mantenimiento de las pistas de los aeropuertos de provincias en un 50 %. No menciona sin embargo que los servicios de aeronavegación seguirán siendo prestados y cobrados íntegramente por Corpac.

Quien se ha batido en defensa del contrato ha sido el ex presidente de Córpac, Francisco García Calderón Portugal, quien fuera nombrado por el ex ministro Alberto Pandolfi. El embajador Juan Garland Combe nombrado presidente de Corpac por el ministro de Transportes Luis Ortega abrió la boca y sólo duró cuatro días.

Todo indica que también en el frente externo el Gobierno ha optado por un "soft loanding" para aquietar a los organismos multilaterales e inversionistas foráneos. El ministro Silva Ruete aseguró en Washington un crédito de US$ 400 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que permitirá atender las amortizaciones de la deuda externa para este año. Adicionalmente el titular del BID, Enrique Iglesias, le ofreció otros 625 millones para este año y con su viaje de paso Iglesias le dio un empujoncito al contrato del aeropuerto Jorge Chávez manifestando que "veía con enorme simpatía esta operación".

Con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la jarana fue otra. El pasado viernes durante la cita con el director gerente, Hans Kholer hizo entrega simbólica de la Carta de Intención del 2001 que implica un nuevo acuerdo "stand by" que permitirá al MEF contar con 128 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) equivalentes a US$ 180 millones.

El jueves 8, en la Cámara de Comercio Peruano-Americana, el ministro Silva Ruete defendió su tesis de "seguros institucionales" para el desarrollo.

Silva Ruete se comprometió a fortalecer estos "seguros institucionales" con la plena autonomía de la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT), la independencia y manejo técnico del BCR, SBS e Indecopi y de los organismos reguladores como Osiptel, Osinerg, Ositrán y la CTE.