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¿Libreto Conocido?
Anuncio de transferencia de Cofopri a municipios activa beligerancia de invasores.

La sincronizada acción paralizó el tránsito en la Panamericana sur durante varias horas.

Cinco días después de que el ministro de Justicia y presidente de la Comisión de la Formalización de la Propiedad Privada (Cofopri), Diego García Sayán, anunció la transferencia de Cofopri a los municipios, se desató una sincronizada marcha de los invasores que concluyó con el bloqueo de la Panamericana Sur. Cerca de mil invasores pidieron a Cofopri muy sueltos de huesos que les otorgue los títulos de propiedad de los lotes que ocupan.

El modus operandi, por cierto, trajo a la memoria movilizaciones similares digitadas por el SIN antes de los comicios pasados.

El mismo día de la manifestación, Cofopri se apuró en aclarar que el marco legal no permite formalizar invasiones sobre terrenos de propiedad estatal que se hayan producido con posteridad al 22 de marzo de 1996.

Al parecer el anuncio del ministro sobre lo que viene a ser en realidad una devolución de una atribución que le competía a los municipios (ver aparte) ha reactivado algunos intereses poco claros. El 5 de febrero de 1995 el Gobierno expropió a los municipios la capacidad de titular terrenos y entregó esa función a la flamante COFOPRI, dependiente del Ministerio de la Presidencia. Desde entonces, como lo ha señalado García Sayán, entre el segundo semestre de 1999 y los primeros meses del 2000 -en plena campaña electorera- prácticamente se duplicó la cantidad de títulos entregados. Y una vez pasadas las elecciones, las titulaciones disminuyeron a la mitad. Con lo cual queda demostrado una vez más, el uso político que se le dio a la titulación por parte de Cofopri.

• Las 18 subcomisiones del Congreso ya instaladas -dos acusadoras y 16 investigadoras- que ven los casos del ex presidente Alberto Fujimori, de cuatro ex ministros, de 18 congresistas, del ex presidente del JNE, Alipio Montes de Oca, de dos ex miembros del JNE, de dos ex fiscales de la Nación, de un miembro del TC y de dos ex congresistas, se encuentran en la recta final. A fines de febrero por lo menos cinco de ellas tienen que presentar sus informes finales, salvo que soliciten y consigan del Pleno una prórroga. Las restantes harían lo propio durante la primera quincena de marzo.

• De los 15 vídeos relacionados con el caso Montesinos que al jueves 15 llegaron al Congreso, 11 fueron enviados por la Fiscal de la Nación y los otros cuatro por el juez Saúl Peña Farfán. Asimismo ocho tienen como correlato la formulación de acusaciones constitucionales y siete fueron considerados solamente como de interés público.

Este viernes 23 se instalaría la Comisión del Congreso que le hincará el diente a la desactivación del SIN. Presidirá la comisión el congresista Marciano Rengifo, y la integrarán Andrés Reggiardo, Martha Chávez de Ocampo y Anel Townsend. Una de las principales herramientas de trabajo de la mencionada comisión será el informe que al respecto ha elaborado la Presidencia del Consejo de Ministros a cargo de Javier Pérez de Cuéllar respecto a la labor cumplida por el anterior titular del cargo, el ex ministro Federico Salas. Dicho informe, que tiene el carácter de reservado, señalaría entre otras deficiencias del encargo que recibió Salas, la ausencia de un registro del acervo documentario. Siendo así las cosas, no resulta improbable que una serie de documentos hayan sido destruidos o desaparecidos.

Hasta donde se recuerde es la primera vez que a 40 días de las elecciones generales, las sesiones plenarias del Congreso siguen su curso. Sin embargo, el presidente del Congreso, Carlos Ferrero adelantó el martes 20 que no descarta la posibilidad de que estas sesiones sean suspendidas hasta abril y que sea la Comisión Permanente la que continúe con las funciones legislativas. Actualmente están pendientes en esta Comisión 12 proyectos de ley, entre ellos el referido a la contratación de maestros. Sea cual sea la decisión que se adopte, las comisiones investigadoras y las subcomisiones seguirían trabajando hasta el fin de la legislatura.

El convenio suscrito entre el JNE y la asociación civil Transparencia para realizar un monitoreo a los gastos proselitistas de los candidatos cae como anillo al dedo en las actuales circunstancias. Y es que al parecer las inversiones proyectadas por los candidatos casi nunca calzan con lo que realmente invierten. En su proyección de ingresos y egresos de campaña que ha alcanzado al JNE, la candidata de Unidad Nacional, Lourdes Flores Nano señala que tiene proyectado invertir S/. 1'780.848, es decir US$ 508 mil, aproximadamente. Sin embargo, de acuerdo a información alcanzada por la empresa supervisora de publicidad Media Check a tarifa impresa (es decir, sin descuentos ni bonificaciones), del 1 de enero al 11 de febrero Flores ha invertido en propaganda televisiva US$ 857.746. Si consideramos que US$ 300 mil podrían corresponder a descuentos, nos encontramos con que la candidata de UN, hace buen tiempo atrás que llegó al tope de sus gastos proyectados en ese rubro.

Congresista Milagros Huamán postularía por Perú Posible aunque ahí no la quieren.

Hasta el cierre de esta edición seguía siendo candidata por Perú Posible, la congresista Milagros Huamán Lu.

Al parecer ésta habría decidido seguir contra viento y marea en sus afanes por la reelección no obstante la decisión de Alejandro Toledo y de Perú Posible de expulsarla de la agrupación y separarla de la lista parlamentaria, que por cierto encabeza en Huánuco.

De seguir adelante, sería el primer caso de una candidata que postula al Congreso por una agrupación política que no la quiere en sus filas. Como se sabe, ella se reunió con el ex asesor Vladimiro Montesinos en dos ocasiones, y recién lo admitió hace una semana, una vez que empezó a circular la versión de que existía un vladivideo con ella en el papel estelar. Hasta la fecha no hay registro fílmico del encuentro, pero el silencio que guardó los últimos meses parece ser suficientemente elocuente.

Huamán, en todo caso, tendría el camino expedito para permanecer en la carrera electoral. Aunque, claro, se presume el efecto devastador que tendría su tardía confesión en el electorado huanuqueño.

Según fuentes del JNE, la dimisión de un candidato al Congreso es un acto personal y sólo procede si es el propio postulante el que suscribe su retiro. El precedente más cercano de un caso similar es el del notario Oscar Medelius. Pero éste, a diferencia de Huamán, se vio obligado a retirarse de la contienda electoral luego de ser involucrado en el millón de firmas falsificadas para la inscripción del Frente Perú 2000. El remezón que originó, como se recuerda, fue tal que puso en apuros al régimen.

De aprobar el pleno del Congreso este jueves 22 la acusación constitucional contra el ex presidente Alberto Fujimori por los supuestos delitos de infracción constitucional, abandono de cargo e incumplimiento de funciones (CARETAS 1657), el caso pasaría a partir de entonces al Poder Judicial.

Como ha señalado el presidente del Consejo de Ministros y ministro de RR.EE., Javier Pérez de Cuéllar, el Japón sólo aceptará requerimientos que provengan de la justicia peruana. Pero hay un problema y es el de la traducción.

Sucede que no existe ningún traductor público juramentado facultado, es decir reconocido oficialmente, para realizar traducciones del español al japonés. Esta, sin embargo es una tarea que eventualmente puede solicitarse a una dependencia de la embajada japonesa.

Pero antes de que el caso llegue al Poder Judicial esta primera acusación constitucional contra Fujimori será sustentada por la comisión acusadora que preside Daniel Estrada e integran Mercedes Cabanillas y Juan Velit, este último en reemplazo de Carmen Lozada de Gamboa. Estrada no duda que el Congreso aprobará dicha acusación, para lo cual se necesita mayoría simple (es decir, calculada sobre los congresistas que asistan siempre y cuando se cumpla con el quórum reglamentario).

También el Pleno decidirá la fusión de las tres subcomisiones que investigan a Fujimori en una gran comisión, similar a la que preside David Waisman. De producirse la suma de las tres subcomisiones investigadoras, se verán siete supuestos delitos contra Fujimori: favorecimiento o encubrimiento real Vladimiro Montesinos, sustracción de pruebas, abuso de autoridad y usurpación de funciones en el allanamiento irregular de la vivienda del ex asesor, además de los tres delitos mencionados anteriormente.

Además, según el procurador ad hoc, José Ugaz, Fujimori tiene cinco denuncias penales en este momento. "A estas alturas de la investigación, era imposible que Fujimori no fuera consciente de lo que estaba haciendo su asesor. Con su omisión permitió que la corrupción llegara hasta donde llegó. Eso en términos penales se llama comisión por omisión".

Fujimori, después de casi tres semanas de mutismo, decidió hablar esta semana vía correo electrónico. Ha dicho que "fue un error político" ir a la reelección en el año 2000 y que se equivocó al no separar a Montesinos del cargo. Pero su re-reelección no fue un acto sorpresivo. Se trató de un plan premeditado. La ley de interpretación auténtica, el desbaratamiento del TC, la asfixia del referéndum, entre otras maniobras, lo confirman. (Sonia Sullón B.)