Edición Nº 1660

Muertos Que Hablan
Exhumarán cadáveres de emerretistas abatidos en la operación `Chavín de Huántar'. ¿Se fusiló a los rendidos?

23 de abril de 1997. Fujimori se pasea, impávido, entre los cadáveres que quedaron en la residencia del embajador Aoki. La operación militar fue exitosa, pero pudo haber excesos.

CUATRO años después de la operación "Chavín de Huántar" (22 de abril de 1997), la sombra de duda sobre la manera cómo actuaron las fuerzas del orden en esa oportunidad vuelve a crecer, esta vez al punto de conducir a la exhumación de los cadáveres de los emerretistas muertos en la refriega. El asunto podría provocar, ahora sí, una seria complicación judicial para Alberto Fujimori.

Las exhumaciones se realizarán el miércoles 14 de marzo y tienen su origen en una denuncia presentada por los familiares de los fallecidos ante la Fiscalía Especial del caso Montesinos que trabaja los temas de derechos humanos, a cargo de la doctora Flor de María Alva López. La demanda, hecha con la asesoría de APRODEH, se basa en el testimonio del diplomático japonés Hydetaka Ogura, un ex rehén de la residencia del embajador Aoki.

En diciembre pasado, el funcionario dijo a la prensa: "por lo menos he visto a tres miembros del MRTA que estaban capturados vivos, pero me imagino que los mataron o asesinaron extrajudicialmente". Ogura, incluso, estaría dispuesto a venir a declarar ante la Fiscal.

Tras el rescate de los rehenes, los cuerpos de los 14 emerretistas fallecidos fueron distribuidos en cuatro cementerios en las afueras de Lima: dos en el cementerio de Pamplona Alta; cuatro en el Sindicato de Trabajadores Textiles de Vitarte; cuatro en el cementerio de Puente Piedra y cuatro en el Cementerio de Lurín. Nunca se les hizo autopsia y sólo tiempo después fueron hallados por sus deudos.

El testimonio de Ogura podría revelar que hubo ejecuciones extrajudiciales y los principales denunciados serían el ex mandatario Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y el ex comandante general del Ejército Nicolás de Bari Hermoza. Por lo pronto, ya el lunes 4 se produjo el reconocimiento de cuatro tumbas en presencia de representantes de APRODEH, la Procuraduría del caso Montesinos, la Fiscalía y los familiares de las víctimas.

Hydetaka Ogura (con lentes), diplomático japonés y ex rehén. Su testimonio sobre la presunta ejecución de algunos emerretistas fue acogida por la fiscal Flor de María Alva.

El paso siguiente serán las exhumaciones, que estarán a cargo del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF). Los peritos forenses examinarán luego los restos humanos en un laboratorio, a fin de, usando algunos reactivos químicos, determinar si hay rasgos de tortura y a qué distancia fueron hechos los disparos. Esta información se cruza con la investigación criminal, con lo cual se podría determinar si realmente se fusiló a subversivos rendidos.

Si esto ocurrió, lo declarado por el ex Presidente el 27 de abril de 1997, cuando afirmó que durante el rescate de los 72 rehenes no hubo violaciones de los derechos humanos, quedaría en tela de juicio. Su situación se complicaría dado que, en reiteradas oportunidades, Fujimori insistió en que la incursión militar fue decisión exclusivamente suya.

Se trataría de la octava denuncia penal contra el ex Presidente y además se pondría en cuestión una afirmación hecha recientemente por Masahiko Komura, ministro de Justicia japonés. El funcionario señaló que su gobierno "no extradita a los ciudadanos que no hayan cometido crímenes en su país"

Ocurre que, en el ámbito del derecho internacional, la territorialidad de la embajada o residencia del embajador de un país es una figura jurídica sui generis. La Policía, por ejemplo, no puede ingresar a esos locales, salvo con autorización del país al que pertenecen las sedes diplomáticas.

Si la residencia del embajador Aoki es considerada en el proceso como territorio japonés, Fujimori podría ser extraditado o incluso juzgado en el país del Sol Naciente. Entonces la operación "Chavín de Huántar", tan aplaudida desde el punto de vista militar, podría ser su tumba política y jurídica.

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