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En Salmuera
De entrada una decena de magistrados no pasarían la evaluación iniciada por el recompuesto CNM.

Ex fiscal Miguel Aljovín y ex titular del JNE Alipio Montes de Oca: en ruta de salida.

La semana pasada se inició la evaluación para la ratificación o no de 79 jueces y 93 fiscales titulares de los distritos judiciales de Lima y Callao por parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Los magistrados ratificados continuarán en sus labores por siete años más, hasta un nuevo proceso de ratificación, mientras que los no ratificados se van a su casa a perpetuidad, pero pueden seguir ejerciendo la abogacía, señala Jorge Lozada Stambury, miembro titular del CNM.

La ratificación de los jueces y fiscales es una de las facultades que por ley le corresponden al CNM conjuntamente con la de nombrar y la de destituir a los mismos y que le fueron cercenadas durante el régimen fujimorista y ahora les han sido devueltas.

Estarían en situación más que complicada, aquellos magistrados que han desempeñado papeles estelares en los vladivideos: el ex presidente de la Corte Suprema de Lima, Víctor Raúl Castillo Castillo; el ex presidente del JNE, Alipio Montes de Oca, y el ex miembro del JNE, Luis Serpa Segura, así como otros que han tenido cuestionada labor funcional como los vocales supremos Luis Almenara Bryson, Pedro Iberico Más, y los vocales superiores Jaime Beltrán, Carlos Saponara y el ex fiscal de la Nación, Miguel Aljovín Swayne.

Ex presidente del JNE Luis Serpa Segura y ex presidente de la Corte Suprema Víctor Raúl Castillo.

De otro lado, trascendió que entre los magistrados que casi tienen asegurada su ratificación son Andrés Echevarríay Luis Ortiz Bernardini.

La evaluación abarca a 395 magistrados (192 jueces y 203 fiscales) a nivel nacional, quienes han sido distribuidos en cinco fases, de acuerdo a las diferentes jurisdicciones que les corresponden.

Según Lozada, son varios los elementos a tomarse en cuenta en la evaluación: el currículum vitae del magistrado, la opinión de la OCMA sobre su probidad, las denuncias de las que han sido objeto, su producción como magistrado, hasta sus declaraciones juradas, balances patrimoniales, así como sus condiciones de salud. La idea es que el magistrado sea probo, competente y que esté en condiciones de cumplir a cabalidad con sus funciones, apunta Lozada. Toda esta documentación pasa a la Comisión evaluadora la cual presenta un informe sobre cada magistrado al Pleno del CNM. Luego se somete a votación secreta entre los siete miembros uno por uno de los magistrados que van a ser ratificados. Sólo con cinco votos el magistrado consigue ser ratificado.

•De acuerdo con el primer informe público de la Comisión especial de investigación del Congreso sobre el uso de los recursos de la privatización y otros de la caja fiscal, para gastos de Defensa, al amparo de los dispositivos secretos entre agosto de 1990 y noviembre del 2000, US$ 108,43 millones fueron destinados a la compra de armamento y otros para el Ejército, US$ 105,20 millones para la Marina y US$ 778,31 millones para la Fuerza Aérea. Es decir, de los US$ 1.676,83 millones destinados a compra de armamento y otros en ese período, US$ 991,94 fueron recursos provenientes de la privatización.

•Según cifras del Gobierno de Estados Unidos, que acaba de anunciar la certificación la cooperación peruana en la lucha contra las drogas ilegales, más de 6.200 hectáreas de coca fueron erradicadas manualmente el año pasado, logrando una reducción del área cultivada de 12 %, y un total de 70 % de reducción del área de cultivo de coca en los últimos seis años. Esto, como señala el Gobierno de EE.UU., ha empujado hacia arriba el precio de la coca y ha aumentado el cultivo de la amapola, lo que sugiere cuál pudo ser el verdadero propósito del ex asesor Vladimiro Montesinos en este empeño que con tanto entusiasmo EE.UU. celebró.

Ahora que en el Congreso está bajo la lupa el uso de los recursos de la privatización, habría salido la luz la presencia de Perú Privatization Found (PPF, misterioso fondo de inversión inscrito en Gran Caimán cuyos accionistas nacionales serían parte de la flor y nata del empresariado y la tecnocracia que navegó con viento a favor en el decenio fujimorista) en los consorcios ganadores de importantes privatizaciones como Egenor (hidroeléctrica Cañón del Pato), Relapasa (refinería La Pampilla) y Siderperú, entre otros. Un dato curioso es que el representante legal de PPF que adquirió papeles de la deuda peruana y los canjeó por bonos Brady en US$ 42 millones sería Francisco Moreyra. Y Moreyra también habría participado en todas las operaciones relacionadas con el refinancimiento de la deuda externa con la banca comercial y Rusia, como asesor legal externo del entonces ministro de Economía Jorge Camet. La investigación sobre el uso y abuso de información privilegiada en la recompra de los papeles de la deuda externa puede estar a la vuelta de la esquina.

Canciller JPC asume iniciativa de la Carta Democrática Interamericana.

En los próximos días el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), reabrirá el caso Novotec, donde están involucrados los magistrados Pedro Iberico Mas, Adalberto Seminario Valle y Feliciano Almeyda Peña. A inicios de la década de los '90 ellos emitieron una sentencia contra el Estado por varios millones de dólares y luego adujeron que "firmaron sin leer la sentencia". Luego el CNM abrió proceso contra estos magistrados, pero a mitad de camino le recortaron sus atribuciones al CNM y el caso le fue arrebatado.

PREVENCION A LA CARTA

Con el propósito de poner en letras de molde un compromiso de defensa de la democracia en el sistema interamericano, el Gobierno peruano presentará ante la OEA una iniciativa para la suscripción de la denominada Carta Democrática. El propósito es evitar trances como los que vivió el Perú, cuando la participación del sistema interamericano en el reestablecimiento del Estado de Derecho puso en evidencia las limitaciones de la Resolución 1080. Esta iniciativa, con la que el Perú se propone liderar una acción protagónica y constructiva a favor de la defensa colectiva de la democracia en la región, será presentada a consideración de todos los gobiernos en la Reunión de Jefes de Estado de la OEA, a realizarse entre el 20 y 22 de abril próximo en Quebec, Canadá. La iniciativa ha sido asumida por el canciller Javier Pérez de Cuéllar, suscribirá la Carta Democrática Interamericana.

José García Marcelo, continúa en el TC como si nadie hubiese visto el vladivideo en el que conspira contra el referéndum.

Como si nadie lo hubiera visto, un mes después de haber sido exhibido el vladivideo donde aparece con Vladimiro Montesinos y el ex integrante del JNE Walter Hernández Canelo conspirando contra el referéndum, el miembro del Tribunal Constitucional (TC) José García Marcelo continúa despachando y resolviendo recursos de amparo desde el jueves 1.
Hasta ahora ninguno de los magistrados restituidos -Guillermo Rey Terry, Manuel Aguirre Roca y Delia Revoredo- han solicitado la separacion de García, como en algún momento sugirieron que harían. Al pareecer vienen sesionando con él bajo el argumento de que hay una presunción de inocencia. Actualmente García Marcelo es investigado por una subcomisión del Congreso que evalúa la denuncia constitucional interpuesta en su contra por los supuestos delitos de asociación ilícita para delinquir, abuso de autoridad, corrupción de funcionarios y omisión de denuncia.

Justamente ante este grupo de trabajo, el magistrado denunciado dijo que sólo puso puntos y comas en un documento que le entregó el propio Montesinos y cuyos alcances dijo no recordar. Pero luego se contradijo cuando reconoció que había conocido ciertas intenciones políticas para detener el proceso del referéndum organizado por miembros de la oposición, y que en algún momento Hernández Canelo discutía y se oponía a los puntos del documento. Este habría sido el borrador del proyecto de resolución de la ONPE que 19 días después de esta cita suscribió José Portillo y que sepultó el proceso de referéndum. García recordó claramente, eso sí, que asistió al local del SIN entre 10 y 15 veces.

Férreo Ferrero
Finalmente salen a la luz las reuniones de Carlos Ferrero, presidente interino del Congreso, con Vladimiro Montesinos.

Ferrero vuelve a salir bien parado al criticar el autoritarismo del régimen al que entonces pertenecía.

Tras varias semanas de especulaciones en torno a la relación que pudiera haber tenido Carlos Ferrero con el ex asesor Vladimiro Montesinos, esta semana llegaron al Congreso tres grabaciones de audio que corresponden a una reunión entre ambos personajes realizada el 31 de diciembre de 1998 en las oficinas del Servicio de Inteligencia. Contrariamente a lo que algunos esperaban, en la cinta Ferrero vuelve a salir bien parado al criticar el autoritarismo del régimen al que, por entonces, pertenecía.

Ya los "vladivideos" exhibidos hasta la semana pasada habían demostrado que Carlos Ferrero no gozaba de las simpatías ni de Montesinos ni de otros conspicuos personajes del antiguo régimen. Baste recordar los nada cariñosos epítetos con los que Luisa María Cuculiza, Víctor Joy Way y el propio ex asesor regalaban al entonces congresista (CARETAS 1659). El martes 6, las grabaciones remitidas por los fiscales a cargo del caso -en razón de su interés público, pues no se percibía comisión de delitos-, fueron difundidas por la Mesa Directiva del Congreso confirmando que Ferrero mantuvo una posición de principio mientras formó parte del fujimorato.

Algunos han criticado la cordialidad con la que Ferrero y Montesinos se trataban entre sí, o que el primero agradeciera una canasta navideña enviada por el segundo, pero esos aspectos no son los más relevantes. Tampoco que el ahora presidente del legislativo aparentemente protestara por su exclusión de reuniones o "plenitos" del antiguo oficialismo. En realidad, Ferrero mantiene el tono amable que es comprensible entre un congresista del Gobierno y el principal asesor del Presidente de la República.

En la reunión se discuten temas de política de Estado y Ferrero reclama mayor claridad y legalidad en los procedimientos que la mayoría de ese entonces utilizaba en cada legislatura. En el diálogo, Ferrero sugiere tender puentes hacia la oposición, abandonar la aprobación de leyes entre gallos y medianoche y trata de convencer a Montesinos de cuán positiva sería una actitud más dialogante del jefe de Estado, sea con los sindicatos o con los partidos de oposición.

En un momento, Ferrero le dice a Montesinos "mantengo mi lealtad al Congreso, para apoyar a Fujimori, pero no puedo, por ejemplo, ir contra la Constitución porque es algo que yo he jurado respetar y hay cosas que en mi opinión no concuerdan con ello". Su interlocutor hizo mutis.

Así, y de acuerdo a lo que se vio en un vídeo anterior, mientras numerosos congresistas de C90-NM se reunían en 1998 en el SIN para planificar el copamiento de las instituciones e ir preparando la re-reelección de Fujimori con miras al año 2000, Ferrero le pedía una cita al asesor intentando revertir los defectos del régimen y hasta recomendando la salida de Blanca Nélida Colán del Ministerio Público.

En otro pasaje, hasta le reclama por cierto control sobre los medios de comunicación y hasta le pregunta por la conversación telefónica que sostuviera con José Francisco Crousillat y en la que acordaban la línea informativa de América TV, a lo que Montesinos niega todo. "Quizás pequé de ingenuo", reconoció Ferrero tras oír la grabación.

Si bien existirían más vídeos o audios de las cinco o seis reuniones que Ferrero recuerda haber tenido con Montesinos, él mismo adelanta que no hay nada turbio por descubrir. Incluso ha pedido que cualquier documento relativo a su paso por el fujimorismo sea conocido, para acabar con cualquier tipo de especulación en el más corto plazo.

AL TATAME

Gorriti vuelve, pero aparentemente no a la política sino a un proyecto periodístico.

El varias veces galardonado periodista peruano Gustavo Gorriti retorna al país con familia y petates después de residir un buen tiempo en el exterior. Durante los últimos cinco años fue director asociado del diario La Prensa de Panamá y después director "afiliado", para burlar una maniobra del anterior Presidente de esa república, Ernesto Pérez Balladares, destinada en 1997 a expulsarlo del país por ser extranjero.

La confrontación tuvo una singular repercusión internacional, con el campeón nacional de judo Gorriti atrincherado en el diario durante tensas semanas mientras las protestas llovían desde el exterior.

Gorriti condujo a La Prensa a realizar una espectacular serie de investigaciones periodísticas, varias descubriendo corruptelas en el gobierno de Pérez Balladares. Estas cubrieron, por ejemplo, el colapso fraudulento de bancos, la contribución de narcotraficantes a las campañas presidenciales, el tráfico de visados migratorios, etc. Estos casos remecieron al régimen y uno de ellos, el del tráfico de chinos hacia EE.UU., condujo al Gobierno norteamericano a retirarle la visa al apodado `Toro' Pérez Balladares.

Hace dos semanas, sin embargo, La Prensa dio por terminado el contrato de trabajo con Gorriti. La razón: un grupo de partidarios de Pérez Balladares tomó control temporal del consejo directivo del diario.

Las críticas no se han dejado de escuchar, siendo una de las más destacadas la del afamado novelista, poeta y cáustico periodista Guillermo Sánchez Borbón. En su columna `En pocas palabras' dijo hace unos días:

"No se puede botar, de una manera tan innoble y canallesca, a un hombre como Gustavo Gorriti. ¿Para remplazarlo por quién? Pronto veremos regresar en fila india a quienes -con nidos de comején como cerebro- fueron a postrarse a los pies de Sitting Bull y le cantaron en coro alabanzas tan extravagantes, que es preciso ser no un toro sino un asno, para tomarlas en serio."

Gorriti, durante un intervalo en su carrera, fue asesor durante varios meses de Perú Posible en la turbulenta campaña del 2000. Ahora no vuelve aparentemente a la política, sino a un proyecto periodístico que no quiere por el momento revelar.

Juicio Final
El martes 20 empieza el juicio oral contra Lori Berenson.

En agosto pasado su sentencia a cadena perpetua fue anulada, al parecer por presión del Gobierno de EE.UU. Ahora la juzgará un tribunal presidido por el presidente de la Corte Superior de Lima, Marcos Ibazeta.

Tras más de siete meses de espera, el martes 20 se realizará el juicio oral contra la ciudadana norteamericana Lori Berenson, acusada desde 1995 de ser una presunta colaboradora del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). La audiencia pública comenzará a las 9 de la mañana y el escenario será una de las salas de juzgamiento del penal de Lurigancho.

El juicio estaba programado inicialmente para este jueves 8, pero fue retrasado debido a la fusión de la Sala de Bandas con la Sala de Terrorismo y por los requerimientos que implica el acondicionar el ambiente para la prensa. En el salón, con capacidad para unas 100 personas, serán instalados micrófonos, parlantes y una pantalla para facilitar la cobertura.

Según fuentes del Poder Judicial, el proceso durará aproximadamente un mes y medio y el tribunal estará presidido por el ex presidente de la Corte Superior de Lima, Marcos Ibazeta. El Ministerio Público ha pedido 20 años de prisión para la Berenson, por considerar que colaboró con las actividades terroristas del MRTA, además de brindar información para una frustrada toma del Congreso de la República.

El ministro de Justicia, Diego García Sayán, declaró a miembros de la prensa extranjera que, debido a los procedimientos judiciales peruanos, el juicio podría prolongarse hasta cuatro meses. Descartó, por otra parte, que el gobierno del Presidente Valentín Paniagua vaya a influir de alguna manera en los jueces, pues se trata de un régimen respetuoso de las leyes, que impiden cualquier tipo de interferencia en estos procesos.

La Berenson, como se recuerda, fue condenada en 1995 a cadena perpetua por un tribunal de jueces sin rostro. Entonces se le halló culpable de pertenecer a la dirigencia del MRTA e incluso de integrar un comando que intentaría tomar el Parlamento. En agosto pasado, no obstante, apenas iniciado el brevísimo tercer período de Alberto Fujimori, su sentencia fue anulada, al parecer por presión del Gobierno de Estados Unidos.

Tanto la Casa Blanca, como el Congreso y la opinión pública del país del Norte siempre consideraron que los derechos de esta ciudadana norteamericana nunca se respetaron durante el proceso que se le siguió. A ello contribuyó la intensa campaña desplegada por Mark y Rhoda Berenson, los padres de la acusada, por foros internacionales, al punto que lograron el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.