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El titular de Defensa informó a la Comisión Waisman que han sido denunciados tres ex comandantes generales de la FAP. Y el actual comandante general Pablo Carbone estaría siendo investigado.

Cortando Alas
Ministro Ledesma da nuevos detalles y confirma gravísimas irregularidades en la compra de aviones.

Más de cinco horas estuvo el ministro de Defensa, general (r) Walter Ledesma Rebaza ante la comisión Waisman en sesión reservada el martes 20. Ledesma presentó un informe detallado sobre las adquisiciones de los l8 aviones MiG-29 bielorrusos, los l8 Sukhoi-25 y los tres MiG-29 modelo SE., en el que se señalaría que esta última operación demandó al Gobierno un pago de US$ l26 millones, siendo la comisión de Vladimiro Montesinos entre US$ 30 y 35 millones que fueron depositados en la cuenta del ex asesor en Suiza. Ledesma informó también que en todas las compras hubo sobrevaloración y que se ha denunciado a cinco altos oficiales de la Fuerza Aérea, entre ellos los ex comandantes generales Waldo Richter, Enrique Astete, y Elesván Bello. y los generales Rolando Magni y Rubén Mimbella. Además, están comprendidos en una investigación los generales Carlos Modenesi Cobián y Fernando Suito. También transcendió que el actual comandante general de la FAP, Pablo Carbone, está siendo investigado puesto que fue jefe de Estado Mayor cuando Richter era comandante general, secretario general del ex comandante general Astete y jefe de Estado Mayor de Elesván Bello, todos puestos de absoluta confianza.

•52 alcaldes y regidores de municipalidades de 45 distritos del país postulan al Congreso, según el Reporte de Supervisión Electoral Nº 5 de la Defensoría del Pueblo. De ellos, 37 son alcaldes, tres son tenientes alcaldes y 12 son regidores. Seis postulan por Somos Perú, cinco por Solución Popular, cinco por Unidad Nacional, cuatro por el PAP, tres por AP, dos por Perú Posible, dos por UPP-SI, dos por Renacimiento Andino, uno por Frepap y por Todos por la Victoria, respectivamente, y otros 21 por listas no determinadas.

•US$ 4'624.700 es el monto de la cooperación de la OEA para la adquisición de equipos de detección y extracción de minas y de protección personal destinados a la erradicación de minas antipersonales en la frontera peruano-ecuatoriana. Según el comandante del ejército ecuatoriano, Norton Narvaez, la erradicación de estos aparatos explosivos en una región con las características de la zona fronteriza tarda de ocho a diez años.

El directorio del BCR estaría a punto de aprobar un proyecto traído de los cabellos para reemplazar todos los billetes en circulación a un costo de US$ 120 millones, amparado en el prurito de que los actuales billetes son fácilmente falsificables. Detrás de esta movida estarían el director en representación del Congreso, Francisco Pardo Mesones, secundado por su par, Manuel Ulloa van Peeborgh. La firma que está frotándose las manos por esta licitación es la británica Thomas de la Rue, que oferta un nuevo billete con nuevos elementos de seguridad. El representante de esta empresa en la región -qué casualidad- es Juan Pardo Escandón, primo del buen Pardo Mesones.

Magistrado José García Marcelo: sus días en el TC estarían contados.

Las grabaciones fílmicas del Salón Grau en Palacio de Gobierno donde Alberto Fujimori solía despachar se habrían realizado desde un aparato VHS ubicado en la esquina del ambiente. El aparato habría sido removido en cuanto el Presidente Valentín Paniagua tomó asiento en Palacio.

Las hectáreas de coca en la década de 1990 se redujeron de 180.000 a 56.000 hectáreas, pero también colapsaron en similar nivel las de algodón. La primera mereció reconocimiento de los EE.UU., la segunda, es la demostración palpable del fracaso de la política agraria del fujimorismo.

Al parecer la hora cero está por llegarle al magistrado del Tribunal Constitucional (TC), José García Marcelo, que fue visto en un vladivideo conspirando contra el referéndum junto a Vladimiro Montesinos y al ex integrante del JNE, Walter Hernández Canelo. Sus colegas del TC han decidido tomar cartas en el asunto y esta semana designaron una comisión integrada por los magistrados Delia Revoredo, Ricardo Nugent y Luis Guillermo Díaz Valverde quienes tienen plazo de diez días útiles para emitir un informe, tras el cual no se descartaría la separación del magistrado de ese organismo. Y tras palos, cuernos. En la presentación de descargos el lunes 19 en la subcomisión que lo investiga, García Marcelo no pudo quedar peor parado. Hernández Canelo señaló que fue el magistrado del TC quien lo invitó al SIN. De este modo echó por tierra la versión dada la semana pasada por García Marcelo, según la cual se tropezó fortuitamente con Montesinos en los pasillos del SIN. Las investigaciones de esta subcomisión parlamentaria concluyen esta semana y con ella probablemente la carrera de García Marcelo.

Ex ministro Alberto Bustamante y una partitura para varias voces que suena conocida.

Tras su regreso de Washington -a donde partió tras la caída del régimen de Fujimori- a mediados de enero pasado, las esporádicas declaraciones del ex presidente del Consejo de Ministros y ex ministro de Justicia, Alberto Bustamante Belaunde, habían estado centradas sobre todo en explicar su papel en el allanamiento de las casas de Vladimiro Montesinos donde se incautaron, entre otras pertenencias, los vladivideos que luego Fujimori seleccionó a su conveniencia, y su candorosa idea del rol que cumplían éste y aquél en el régimen.

Con el correr de los días, y de los hechos, cuando su responsabilidad empezó a ser investigada por la Comisión Waisman, calificó a ésta de "espectáculo circense". Y luego, cuando su sucesor en el cargo, Diego García Sayán, hizo público el lamentable estado en el que que se encontraban los penales de alta seguridad, dirigió las baterías contra éste.

Ciertamente la actitud de García Sayán contrasta con el silencio que Bustamante Belaunde mantuvo sobre el amotinamiento de senderistas en Yanamayo en febrero del año pasado.

Pero cada vez el ex ministro está más comunicativo. Y el último de sus panegíricos, escrito con ánimo irónico y publicado -cómo no- el domingo 18 en la página editorial de Expreso, parece sintonizar con un ya conocido propósito de desacreditar al gobierno de Valentín Paniagua y a la develación de los delitos cometidos por el aparato fujimontesinista.

Pero, llevado por catártico trance, Bustamante Belaunde no repara en que el presuntamente sarcástico parnorama que pinta sobre el proceso de transición termina siendo fiel retrato del gobierno que integró.

Democracia Industrial
En la Feria del Pacífico se está trabajando 24 horas al día para que los peruanos podamos votar el 8 de abril.

Presidente del JNE, Manuel Sánchez Palacios, en el almacén de la ONPE. Derecha: Cada mesa electoral requiere de 67 ítems.

Suena a chiste, pero es cierto: Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales no tendrían presupuesto para brindar seguridad plena durante las justas electorales.

Según fuentes consultadas en la ONPE, en el ministerio de Defensa e Interior se afirma que sólo podrán acompañar a los convoyes, que esta semana empezaron a despachar material electoral, entre tres y cinco días, lo cual es claramente insuficiente.

Así las cosas, el domingo 18 partió el primer camión con material electoral rumbo a los departamentos de La Libertad y Lambayeque. El trailer fue escoltado por un patrullero y una moto, pero a lo largo del camino estas unidades fueron cediendo la posta a otras unidades.

Se trata del último escollo con el cual tropiezan los muchachos de la nueva ONPE, encabezados por Fernando Tuesta Soldevilla, ahora que se inicia la crítica etapa de despacho por aire y tierra. Pero, ciertamente, no el único.

El primero, sin duda, lo consituyó la aprobación en el Parlamento del Distrito Electoral Múltiple a fines de diciembre que recortó los plazos para organizar las elecciones de 70 días, a sólo 45.

En ese corto plazo se está diseñando el nuevo software -que ya se encuentra en la fase beta de prueba (faltan dos más) así como el despacho del material electoral a las 90.000 mesas a nivel nacional.

Sólo el abastecimiento de las mesas ya es un reto logístico: cada una requiere -ni más, ni menos- de 67 ítems: desde la urna, las actas electorales (19), los lapiceros, la tinta indeleble, los hologramas, la cinta de seguridad hasta la comida, los jugos y las galletas para los miembros de mesa.

El mantenimiento de la vasta cadena de abastecimiento sin duda demandó un esfuerzo de titanes. "Tenemos 350 personas trabajando en tres turnos durante ya tres meses", señala Blanche Arévalo, gerente de Gestión Electoral. "Es igual que una fábrica".

De hecho, la Feria del Pacífico se ha convertido en una enorme línea de producción. Ahí la ONPE ha centralizando todas sus operaciones: producción, almacenaje y oficinas que, por increíble que parezca, estaban ubicadas en un punto distinto de Lima en el proceso electoral pasado. Una industria al servicio de la democracia.