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Edición Nº 1663 |
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Revolcando Revocables
EXISTEN varios caminos para revocar a un alcalde corrupto, que no pasan necesariamente por las vías legales aunque tarde o temprano tengan que llegar a ellas. La ley, en este caso particular, debería ser como la astronomía, si los postulados que rigen la conducta de los cuerpos fallan, éstos deben cambiar. Así, los vladivideos determinan como termómetros infalibles, ya sea por número o calidad, el nivel de indignación que producen los y las supernovas de la corrupción: los alcaldes hipotecados que ven placenteros en la insuficiencia del Código Penal, la tímida penitencia que tendrán que llevar a cabo para exculparse de sus pecados. Al igual que en las marchas y movilizaciones que dieron pie a la deposición de Fujimori, las protestas que se realizan para destituir a los alcaldes corruptos tienen que ver, en muchos casos, con una brega simbólica, que funciona perfecto cuando la vía jurídica parece agotarse. Legalmente es necesario que los vecinos recolecten el 25 % de las firmas de los electores, que en Miraflores serían alrededor de 30 mil, y en el Callao la friolera de 121 mil. Otra alternativa es que en un Acuerdo de Sesión de Consejo, los regidores convengan para declarar la vacancia del alcalde, situación a todas luces improbable dada la filiación "oficialista" de gran parte de los regidores de cada comuna. Lo último es que el alcalde tenga un proceso penal abierto con mandato de detención pero, a pesar de la flagrancia de algunos de los casos, el Código Penal no cataloga varios de los actos que a cualquier conciencia le resultan inmorales y sucios. En ese caso, lo que queda es la respuesta de la ciudadanía que
al final es la única que ajustará cuentas con sus alcaldes.
El burrito moralizador es uno de los casos en el que el ingenio se pone
al servicio de la protesta. Tradición andina impecable e implacable
hasta nuestros días, la autoridad corrupta es puesta en una mula,
en la cual se aleja del pueblo ante la mirada y repudio de los vecinos.
Tal vez no resulte tan contundente como la toma del municipio, como ha
sucedido en San Juan de Lurigancho -sino que lo diga Chiroque, que ha
encontrado refugio encerrándose en un baño-, aunque sí
igual de efectiva que las protestas que realizan continuamente organizaciones
gremiales, comedores populares y la ciudadanía general del Callao.
¿Qué pasaría ante la destitución de los mentados alcaldes? Germán Kruger y Sally Moreno, tenientes alcaldes respectivos de Miraflores y el Callao, se verían obligados a asumir la alcaldía. Pero esto no parece amenguar las expectativas creadas en los vecindarios. Los vecinos miraflorinos, organizados en el Comité por la Dignidad de Miraflores, agrupación conformada por grupos como La Resistencia, Salvemos Miraflores y la Asociación de Comerciantes y Propietarios de dicho distrito, no aceptarán un gobierno municipal como éste, cuya credibilidad está totalmente debilitada. "Nosotros tenemos entendido que sólo los vídeos que tienen significación íntima no van a ser vistos, pero sí los que tienen relación con delitos o son de interés público, ¿por qué éste tiene interés público?, porque ha habido un fraude electoral", declara Nora Bonifaz, presidenta del citado comité. Las sospechas de que Montesinos haya tenido que ver directamente con la anulación de las primeras elecciones y la realización de las complementarias, se refuerzan con el hecho de que el vídeo de Bedoya no se muestre a la opinión pública. Si todo el proceso fue viciado serían necesarias nuevas elecciones. En el Callao, por su parte, los vecinos tampoco aceptarían que Sally Moreno asuma la alcaldía, ya que ella es la única que ha manifestado su apoyo expreso a Alex Kouri. En cualquiera de los casos el problema de gobernabilidad sería inevitable. Y, como afirmara Bedoya de Vivanco en una entrevista en 1999, "no hay nada peor que desmoralizar a un pueblo, la falta de sanción y la impunidad ante la ley son un grave atentado contra la ética y la moral del país". A lo dicho hecho; y a lo hecho pecho. (Jerónimo Pimentel).
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