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Apremia La Justicia
Exhorto judicial destinado al Japón estaría listo en los próximos días.

La vocal Ana María Bromley (derecha) solicitará que Fujimori se ponga a disposición de la justicia en el juicio por abandono de cargo. Otras más graves acusaciones sobrevendrían

La situación del ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori podría entrar en los próximos días a una etapa decisiva. Por un lado, en los próximos días la vocal suprema instructora Ana María Bromley tendría listo el exhorto respectivo que enviará al Japón para que Fujimori se ponga a disposición de la justicia peruana por el juicio que se le sigue por abandono de cargo. De otro lado, esta semana el Gobierno transitorio de Valentín Paniagua concedió facultades al procurador ad hoc, José Ugaz y a los procuradores adjuntos Luis Vargas, César Azabache y Ronald Gamarra para interponer acciones judiciales contra Fujimori.

De este modo, no sólo podrán intervenir en el juicio que se le sigue por abandono de cargo, sino que podrán interponer nuevas acciones judiciales. De hecho, sin tiempo que perder, Ugaz ha anunciado que su despacho investiga testimonios según los cuales el ex mandatario recibió y entregó dinero ilegal. Además, ha dicho que se ha logrado identificar que Fujimori tenía un entorno independiente y en ocasiones contrario al de Montesinos.

Los procuradores con las nuevas facultades concedidas también podrán intervenir en los futuros procesos judiciales que le esperan al ex mandatario y que suman unos 15 y se encuentran en el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Congreso. Entre ellos se incluye el de homicidio calificado (con pena entre 25 y 30 años) si se comprueba que hubo ejecución extrajudicial en el caso de los emerretistas y el de allanamiento irregular de la vivienda del ex asesor Vladimiro Montesinos. Sobre esto último, el congresista Juan Velit que preside una de las tres subcomisiones que investiga a Fujimori en el Congreso, emitió su informe final recomendando la acusación constitucional de Fujimori. Hay otras investigaciones que ya Ugaz había iniciado y que son más graves, como tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero, cuyas penas son de 25 años y cadena perpetua, respectivamente.

• De acuerdo con el estudio "Crédito rural: coexistencia de prestamistas formales e informales, racionamiento y auto-racionamiento" de Carolina Trivelli y Hildegardi Venero, publicado en la última edición de Economía y Sociedad Nº 40, boletín del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), si durante los años ochenta se colocaban fondos en el sector agropecuario equivalentes al 20 % del PBI, los montos colocados en la siguiente década, en 1996, no alcanzaron siquiera el 5 %.

• El Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES) ha evaluado alrededor de 45 quebradas o microcuencas distribuidas en la cuenca del Rímac y ha concluido que 30 son consideradas de riesgo para las cerca de 17 mil familias que se han asentado allí y que representan una población de 90 mil personas. De acuerdo a Gilberto Romero de PREDES, presentan alto riesgo por estar densamente pobladas o en proceso de poblamiento: Cashahuacra, Santa Rosa y Pampa Redonda en Santa Eulalia; La Ronda, Quirio, Pedregal, La Cantuta, Santo Domingo, Mariscal Castilla y Corrales en Chosica; Montalvo, Juan Velasco, Santa Ana y Cupiche en Ricardo Palma; Cuchimachay en Surco; Chucumayo y Payhua en Matucana.

Por primera vez en su existencia la Asociación de Oficiales Generales (ADOGEN) expulsó de su seno a dos de sus asociados. Se trata de los generales EP Víctor Malca Villanueva y Edmundo Silva Tejada, ambos prófugos de la justicia. Al primero, ex ministro de Defensa, se le han encontrado US$ 17 millones en cuentas en el exterior de procedencia dudosa, por decir lo menos, en tanto que el segundo, ex piloto de Fujimori y ex jefe de la II región militar por apenas unas horas, está involucrado en el irregular alquiler de helicópteros a las Naciones Unidas. Si bien no se trata de los únicos generales involucrados en actos de corrupción, la decisión de la directiva de ADOGEN fue adoptada tomando en consideración que son los únicos que han puesto pies en polvorosa en lugar de enfrentar a la justicia.

AGP y Andrade: reconocimiento al alcalde parece ser uno de los pocos temas consensuales de la campaña electoral.

Aunque las elecciones están previstas para abril próximo, en la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMP) ya habría consenso para que Ricardo Briceño, presidente del grupo Glencore (Perubar y Glencor Finance), tome de Augusto Baertl la posta en la presidencia del gremio. Glencore, por cierto, acaba de adquirir, mediante subasta y en US$ 18,6 millones, el 25% de las acciones de Izcaycruz (uno de los yacimientos de zinc más ricos del Perú) que aún permanecían en manos del Estado, con lo cual ha conseguido el 100% de la empresa. La Empresa Minera Izcaycruz ha programado una inversión de US$ 52,2 millones para el período 2001-2006.

Pocas veces como en este proceso electoral la figura del alcalde de Lima ha sido objeto de tal reconocimiento. Una semana después de la visita de Alejandro Toledo a Alberto Andrade, Alan García hizo lo propio. Ambos han ofrecido, en caso de llegar a la Presidencia seguir los pasos del Presidente Valentín Paniagua, quien hace unas semanas restituyó las facultades recortadas en el ámbito de vivienda y transportes (CARETAS 1658), prestando la debida colaboración al Municipio Metropolitano de Lima. AGP, para no quedarse atrás entregó a Andrade una serie de documentos relacionados con el proyecto del Tren Eléctrico, que ha pasado al ámbito de la MML (CARETAS 1659).

Santiago Martin Rivas del grupo Colina se beneficiaría de proyecto de Miriam Schenone.

El Presidente de la Corte Suprema, Mario Urrello, dispuso el martes 27 la aplicación de la sentencia de la CIDH que ordena dejar sin efectos jurídicos las leyes de amnistía 26479 y 26492 (Ley Cantuta y Barrios Altos, respectivamente).

Actualmente se encuentran detenidos el ex jefe del SIN, general EP (r) Julio Salazar Monroe, el ex jefe del SIE, general EP (r) Juan Rivera Lazo, así como los suboficiales EP Juan Pampa Quilla y Wilson Carbajal García. Hay además orden de detención de otros nueve miembros del grupo Colina. Ha trascendido que habría un militar arrepentido cuyo testimonio resultaría crucial para conocer a los autores intelectuales de los crímenes cometidos y cuyas responsabilidades podrían alcanzar a Vladimiro Montesinos y al mismo Alberto Fujimori.

Si bien el fallo de la CIDH tiene carácter de irrevisable por parte del Poder Judicial es necesario que el Congreso apruebe una ley que deje sin efecto las leyes anteriores.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición el único proyecto de ley al respecto plantea la derogatoria de las leyes de amnistía. Ha sido presentado por la congresista Miriam Schenone, y podría resultar un caballo de Troya. Según Miguel Huertas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) lo que hace falta no es una ley que derogue las anteriores, ya que de este modo la nueva norma empezaría a regir al día siguiente de promulgada, con lo cual no tendría efecto retroactivo y así el Grupo Colina y otros podrían seguir gozando de impunidad.

En Santiago de Chile, en el marco de la reunión anual del BID (CARETAS 1662), el ministro de Economía, Javier Silva Ruete, puso la pica en Flandes a referirse a la magnitud de los gastos de las Fuerzas Armadas, calificándolos como los más altos de la región. Cifras del MEF (que ahora sí incluyen las de los sectores Defensa e Interior como parte de la política de transparencia) señalan que los gastos de éstos han seguido creciendo sostenidamente tras la firma del Acuerdo de Paz con Ecuador (ver cuadro). Ciertamente, el índice gastos de Defensa como porcentaje del PBI resulta, comparado con otros de la región (ver cuadro), inferior al registrado en países vecinos como Chile y Colombia. Pero, por otra parte, resulta evidente que la participación del presupuesto de las Fuerzas Armadas en el gasto total del gobierno central continúa, aunque con ligero decremento, alrededor del 20% (ver cuadro) no obstante el recorte practicado por el gobierno de Valentín Paniagua. Y las planillas de los sectores de Defensa e Interior concentran el 32 % del gasto total en planillas del Estado, mientras que en Educación se gasta sólo el 13 %.

Prueba Crucial
Examen de absorción atómica podría determinar si hubo ejecuciones extrajudiciales a emerretistas.

Terminadas las diligencias realizadas en la Morgue Central de Lima, la atención ahora se centra en los resultados de las pruebas que se practicarán a los cadáveres de los 14 emerretistas muertos en la residencia del embajador Morihisa Aoki. Entre ellas se encuentra la de ADN, pero lo que resultará central será la prueba de la "absorción atómica".

Dicho examen, que realizan los peritos de criminalística de la Policía Nacional, sirve para comprobar si se utilizó la técnica del "cañón aplicad" (un disparo hecho de cerca) a partir del cual se podría determinar si hubo ejecución extrajudicial. Los restos de por lo menos dos emerretistas, entre ellos "Tito", serían sometidos a esa prueba.

Para ello, se toma, con unos hisopos esterilizados, una muestra de los lugares donde hay orificios de bala que sugieran un disparo a corta distancia. Si fue así, en la muestra deben aparecer plomo, antimonio y bario, que evidencian una explosión de pólvora cercana al cuerpo de la persona.

En la necropsia hecha inicialmente en el hospital de Policía "Tito" aparece con una sola bala en el cráneo. Entretanto, CARETAS recogió esta semana, de fuentes muy confiables, un detalle más sobre la presunta huida de "Tito". Uno de los ex rehenes habría observado que, mientras avanzaba escondido entre los vocales supremos, el miembro del MRTA llevaba una granada en cada mano. Esto podría mitigar la responsabilidad de quien disparó sobre él.

No hay que olvidar, sin embargo, que el ex diplomático japonés Hidetaka Ogura sostiene haberlo visto amarrado y boca abajo, lo cual sería un signo de que, con granadas y todo, fue reducido.

Pero ninguno de los ex rehenes que han pasado por la oficina de la fiscal Flor de María Alba López han declarado en ese sentido. Los cinco vocales supremos, por ejemplo -Moisés Pantoja, Alipio Montes de Oca, Luis Serpa, Hugo Sivina y Mario Urrelo, lo han negado y lo mismo habría hecho el ex viceministro de la Presidencia Carlos Tsuboyama Matsuda. En cambio, lo que habrían dicho ante la fiscal los policías que participaron en las necropsias luego de la operación sí cobra relevancia.

En dichas necropsias habría participado el comandante PNP Carlos Rebatta Espíritu, quien tiene los mismos apellidos del coronel PNP Freddy Rebatta Espíritu, ex jefe del grupo "Júpiter", la guardia de Vladimiro Montesinos. CARETAS no pudo determinar si existe algún parentesco entre ambos, o si se trata de la misma persona.

Lo que resulta claro es que hubo irregularidades en las primeras necropsias y la instancia que sugirió que se hicieran las exhumaciones (que han conducido a nuevos exámenes forenses) fue la Dirección de Tanatología del Instituto de Medicina Legal. A partir de la denuncia promovida por APRODEH, ciertamente. Lo hizo mediante 14 pronunciamientos médicos -uno por cadáver-, en los que afirma que dichas necropsias carecen de sustento científico, por lo que "se sugiere la exhumación", que fue como se reinició este caso. (Ramiro Escobar y Paola Ugaz).