CARETAS HOME PAGE

Abriéndose Paso
Aprobación de la anunciada Comisión de la Verdad a punto. Obispo de Chimbote Luis Bambarén la presidiría.

Obispo Luis Bambarén y ex Defensor del Pueblo Jorge Santistevan en el bolo.

Al cierre de esta edición, el proyecto de Resolución Suprema para crear la Comisión de la Verdad recibía los últimos toques por parte del Grupo de Trabajo Interinstitucional encargado de elaborarlo (CARETAS 1656) y estaba prácticamente en la antesala del despacho presidencial. El documento sería entregado al Presidente Valentín Paniagua al filo de las elecciones.

Tanto entre los miembros del Ejecutivo como entre los del Grupo de Trabajo crece, además, el consenso para que el obispo Luis Bambarén Gastelumendi, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, presida la Comisión. La integrarían también otras seis "personas de reconocida trayectoria ética, prestigio y legitimidad en la sociedad peruana".

Estos últimos serán elegidos por el Gabinete Pérez de Cuéllar, a propuesta del Grupo de Trabajo. En la lista figurarían el ex Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan de Noriega; el sacerdote jesuita Juan Julio Wicht; el educador León Trahtemberg; el jurista Javier de Belaunde; Pilar Coll, ex secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; y el antropólogo Carlos Iván Degregori.

También el ex premier Alfonso de los Heros; el economista Felipe Ortiz de Zevallos; el padre Joaquín García, director del Centro de Estudios Teológicos de la Amazonia Peruana; el jurista Francisco Eguiguren; monseñor Albano Quinn, ex administrador apostólico de la prelatura de Sicuani; y el padre Hubert Lanssiers. También habría sido voceado en algún momento el pintor Fernando de Szyszlo.

Asimismo, se contaría con la presencia de un reconocido psicoanalista, para lo cual se han barajado los nombres de Max Hernández y Luis Herrera Abad. Los evangélicos, por su parte, aportarían un integrante, que sería designado por el CONEP (Concilio Nacional Evangélico Peruano). Los seis elegidos serían nombrados por una Resolución Suprema, promulgada antes del 28 de julio.

Jurista Javier de Belaunde y ex director del IEP Carlos Iván Degregori también son voceados integrantes.

El proyecto establece un período de investigación que va desde mayo de 1980 hasta el 31 de diciembre del año 2000, lapso en el cual se analizarán: desapariciones forzadas; secuestros cometidos por grupos subversivos; asesinatos, torturas y otras lesiones graves; violaciones de derechos colectivos de las comunidades andinas y nativas del país como consecuencia del conflicto armado interno; y otros crímenes y graves violaciones contra los derechos de las personas.

El plazo de trabajo será de 15 meses desde su creación y podrá ampliarse por cinco meses más. La Comisión establecerá responsabilidades individuales e institucionales sobre las violaciones de los derechos humanos, y también "analizará el contexto que posibilitó tales violaciones, así como las políticas, métodos de actuación y patrones de conducta que las propiciaron".

Alejandro Toledo, Lourdes Flores, Alan García y Fernando Olivera firmaron, a lo largo del último mes, una Declaración y Compromiso, en la cual reconocen la importancia "vital" de la Comisión de la Verdad y se comprometen, de acceder a la Presidencia de la República, a dictar "medidas para su buen funcionamiento".

El más huidizo para firmar fue García, durante cuyo gobierno ocurrió la matanza de los penales. En una encuesta publicada por la revista Ideele en febrero pasado, el fogoso candidato respondió, sintomáticamente, que la Comisión debe sólo dar una explicación general y no individualizar responsabilidades.

La más presta en firmar fue Flores Nano, pero en la misma encuesta, al preguntársele por el período de trabajo coincidió en que debe empezar en 1980, aunque aclaró que "debe optarse por casos líderes". Esto, para algunos, podría significar cierta tolerancia ante la impunidad.

Una encuesta nacional sobre el tema encargada a Imasen señala que el 82,9 % de encuestados se muestra de acuerdo con la Comisión de la Verdad y un 87 % cree que el Estado debe hacer justicia a las víctimas.

•Once de los 72 candidatos al Congreso que postulan a la reelección intentan con su nueva postulación un cuarto período consecutivo en el Legislativo. Es decir, podrían convertirse, si los electores los respaldan, en los nuevos decanos del Legislativo. Seis postulan por C90/NM (Martha Chávez de Ocampo, Carlos León Trelles, Carmen Lozada de Gamboa, Andrés Regiardo, Luz Salgado y Pedro Vílchez), tres por Unidad Nacional (Xavier Barrón Cebreros, Antero Flores Aráoz y Rafael Rey) y dos por Perú Posible (Carlos Ferrero y Henry Pease).

•De los 72 congresistas que postulan a la reelección en los comicios de este domingo 8 (4,81 % del total), según cifras de la asociación civil Transparencia el 56,9 % (41) lo hacen en una lista distinta de la que integraron para llegar al Congreso en abril pasado. El restante 43,1 % (31), por su parte, postula integrando la misma agrupación por la cual fue elegido.

No sólo Alberto Fujimori realizó intenso trajín por el exterior durante su mandato. La afición, por así llamarla, también era compartida por su núcleo familiar más cercano, según se desprende del movimiento migratorio de cada uno de los hermanos Fujimori Fujimori. De ellos, el que más viajes realizó entre 1990 y diciembre del 2000 es Santiago Fujimori: registra nada menos que 54 ingresos y salidas a 17 países, entre los que figuran Aruba (19 de enero de 1993, 22 de febrero de 1994, 01 de marzo de 1994, 26 de abril de 1996 y 31 de marzo de 1999), Rusia (20 de diciembre de 1998) y cuatro viajes a Cuba. Rosa Fujimori de Aritomi, no se queda atrás. Sus destinos se reparten entre Estados Unidos, Japón y Chile. En total 50 ingresos y salidas en el último decenio. Juana Fujimori, por su parte, también ha tenido múltiples viajes: 50 en total, tres de ellos a Rusia en 1993, aunque también a Estados Unidos, Japón Chile, Egipto, entre otros. Y Pedro Fujimori, más bien monotemático, registra varias decenas de viajes a EE.UU. y un viaje a Chile. ¿Por qué viajaban tanto los Fujimori?

Congresista Pedro Morales, entrega la carta rogatoria al canciller panameño para levantamiento de cuentas de Montesinos.

El pasado 29 de marzo, la Comisión del Congreso que investiga los gastos hechos por el régimen anterior a través de los decretos de urgencia, presidida por el parlamentario Pedro Morales -e integrada por los congresistas Patricia Donayre y Carlos Blanco Oropeza-, entregó a las autoridades panameñas una carta rogatoria para levantar el secreto bancario de Vladimiro Montesinos y sus allegados. Esto incluiría a los testaferros como Juan Valencia Rosas y Alberto Venero Garrido, lo mismo que a los miembros de la empresa W-21 Intertechnique, la que le vendió los MiG-29 al Estado Peruano. El gobierno del itsmo aceptó la solicitud debido a que tanto Perú como Panamá son firmantes del Convenio Interamericano contra la Corrupción, lo que hace viable este tipo de trámites. Morales ha estimado que las cuentas a investigarse sumarían cerca de 500 millones de dólares, pero las cifras más precisas se sabrán en los últimos días, cuando realmente se proceda al levantamiento del secreto bancario.

Mufarech no sólo participó del gobierno de Fujimori, sino que respaldó la re-reelección.

Nadie hubiese podido imaginar que el ministro de Trabajo del régimen de Fujimori que asumió esa cartera en enero de 1999, sería a la vuelta de dos años el mismo que hoy se pinta como un demócrata militante y un firme defensor del Estado de Derecho, enemigo jurado de la corrupción por añadidura. En una entrevista concedida a Pedro Salinas en Canal 13 a poco de jurar como miembro del Gabinete de Víctor Joy Way, Mufarech se pinta solito.

Inquirido para definir la naturaleza del régimen fujimorista dijo entonces: "(...) hay una democracia tan amplia que ya se les pasó la mano, así que voy a poner un poco de autoridad y ahora van a decir que soy autoritario". Afirmación hecha -así, con cachita- cuatro meses después de que la bancada de C90/NM le dio el puntillazo al referéndum, nada menos.

Pero Mufarech no anduvo con rodeos. Preguntado sobre la tercera postulación de Fujimori, el hoy candidato al Congreso por Perú Posible dijo:

-(...) si él decide postular a una reelección tenga usted la plena seguridad que lo voy a respaldar y lo voy a apoyar.

-Usted me hubiera dicho, ¿es ilegal esta reelección? Yo le digo, lo vamos a respaldar y usted va a ver que el país comienza a cambiar en los próximos meses.

El único cambio inmediato -aparatoso pero no gravitante- fue el suyo, que se apartó del Gobierno y no precisamente por sus convicciones democráticas. Y a la vuelta de unos meses terminó enrolado en Somos Perú, primero, y luego de abril del 2000 en el grupo político del adversario más caracterizado de Fujimori: Alejandro Toledo.

Fraude de Alto Vuelo
Gobierno norteamericano demanda a AeroMéxico por provocar la quiebra de AeroPerú fraudulentamente.

La demanda planteada ante la Corte de La Florida pone al descubierto las maniobras lesivas empleadas por AeroMéxico, camufladas en operaciones de crédito y transferencias.

Los acreedores norteamericanos de AeroPerú han demandado a AeroMéxico ante la Corte de Bancarrota de La Florida por "inducir a la insolvencia" a la línea aérea peruana. Es decir, por provocar deliberadamente su quiebra, un acto considerado doloso.

Los cargos sustentados por James S. Feldman -administrador de Insolvencia de AeroPerú en EE.UU.- el 21 de marzo pasado se sustenta en las operaciones de créditos y tranferencias entre AeroMéxico (AM) y su subsidiaria AeroPerú (AP) entre diciembre de 1997 y marzo de 1999, fecha en que AP enterró el pico.

Según el demandante AeroMéxico esquilmó a AeroPerú, en beneficio propio y en desmedro de los accionistas minoritarios de la aerolínea peruana y sus acreedores. En ese período, AM transfirió a AP más de US$ 11,5 millones, pero AP le remitió US$ 21,9 millones.

Y a un año de la quiebra de AP, AM adelantó otros US$ 3,5 millones a su subsidiaria peruana, pero AP transfirió a la matriz US$ 14,3 millones.

Durante ese mismo periodo AeroPerú (administrada por los mexicanos) selló una alianza con Delta Airlines, quien inyectó a AP US$ 50 millones de capital fresco, mientras que sus operaciones en EE.UU. arrojaron US$ 22 millones en utilidades. Curiosamente, AeroPerú reportó US$ 62 millones de pérdidas en 1998 incrementando sus deudas en US$ 170 millones.

"Desafortunadamente nada o poco de dichos ingresos parecen haber sido utilizados por AeroMéxico para saldar las sustanciales obligaciones de AeroPerú, incluyendo las sustanciales acreencias con las entidades gubernamentales norteamericanas", señala Feldman.

Resulta que los acreedores norteamericanos que presentan la demanda son, ni más ni menos, que el Departamento del Tesoro de EE.UU., el Servicio de Migraciones, el de Aduanas, el Estado de La Florida y el condado de Miami Dale. Según ellos AeroPerú les debe US$ 20 millones por sus operaciones norteamericanas. Y consideran que AeroMéxico es la que debe pagar.

"Los pagos constituyeron una simulación o una transferencia a favor de AeroMéxico no sujeta a condiciones normales y que afectó el balance general", señala la demanda.

"Los pagos permitieron a AeroMéxico recibir más de lo que debieron recibir si (a) el caso estuviera al amparo del capítulo 7 (liquidación) del Código de Bancarrota de EE.UU., (b) los pagos no se hubieran efectuado, y (c) las deudas hubieran sido saldadas al amparo del Capítulo 11 (insolvencia) de Quiebras", señala la demanda.

En esos términos, Feldman considera que AeroMéxico -y no AeroPerú- defraudó al Fisco norteamericano y al resto de entidades.

El demandante conluye, por lo tanto, "que de conformidad con el Capítulo 11 -numerales 544 y 550- del capítulo 726 de las regulaciones de La Florida aplicables a la ley de insolvencia; la ley peruana y otras aplicables relativas a la transferencia fraudulentas, el administrador de Insolvencia tiene la facultad de exigir a los demandados (AeroMéxico) los pagos que incluyen las obligaciones sujetas a notas de pago así como el levantamiento de todo gravamen acreditado en los balances, para el beneficio de AeroPerú y sus acreedores".

Y, contrario al proceso de liquidación de AeroPerú que impulsa Indecopi en nuestro país, Feldman solicita a la Corte que el caso sea tratado en el marco de las regulaciones de insolvencia (Capítulo 11) y no de quiebras de los EE.UU. A ajustarse los cinturones. (MZD).