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¿En Ruta de Salida?
No menos de cuatro vocales supremos serían destituidos tras la evaluación del CNM.

Alipio Montes de Oca. Derecha: Luis Serpa Segura.

Entre este viernes 11 y el jueves 17 el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) dará a conocer los nombres de los vocales supremos que, tras la evaluación iniciada hace varias semanas, permanecerán en sus cargos. Según trascendió, no pasarían el examen los vocales supremos Luis Serpa Segura, el ex presidente de la Corte Suprema Víctor Castillo Castillo, y el ex integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial Alipio Montes de Oca, quienes aparecieron juntos en un vladivideo con Vladimiro Montesinos.

Tampoco serían ratificados Nelson Reyes Ríos, a quien se responsabiliza de demorar las investigaciones en el Organo del Control de la Magistratura, razón por la cual varios magistrados investigados han quedado libres de polvo y paja por la prescripción de los presuntos delitos cometidos.

Otros vocales supremos cuestionados por el CNM son: Pedro Iberico Más, quien tomó parte en el escandaloso caso Novotec-BCR, y Jorge Buendía, ex integrante de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.

Pedro Iberico Más. Derecha: Víctor Raúl Castillo Castillo.

Junto con los vocales supremos Luis Ortiz Bernardini y Manuel Sánchez Palacios, Buendía fue convocado después del autogolpe del 5 de abril de 1992, siendo ratificado posteriormente por el Jurado de Honor de la Magistratura. Otros vocales supremos ratificados por dicho Jurado y que también han rendido sus pruebas ante al CNM son: Luis Almenara, Hugo Sivina, Elcira Vásquez, Javier San Román y Andrés Echevarría.

Así mismo han sido evaluados el actual presidente de la Corte Suprema, Mario Urrelo Alvarez y los magistrados recientemente reincorporados (fueron cesados después del autogolpe) Guillermo Cabala Rossand, Luis Silva Vallejo y Oscar Alfaro.

La decisión del CNM es inapelable. Y es posible que ocurra más de una sorpresa. Los vocales supremos destituidos serán reemplazados por los vocales superiores más antiguos del país. Hasta el momento son 154 los magistrados investigados de los 371, entre jueces y fiscales, cuya ratificación se definirá en los próximos días.

•Según resultados de la última encuesta de Datum a nivel nacional, Alejandro Toledo es el candidato que mejor representa a los provincianos (59 %), a los campesinos (56 %) y a los obreros y a los pobres (48 %). Alan García, por su parte, es el que mejor representa a los jóvenes (54 %), a los maestros, a la clase media y a los obreros (31 %).

• US$ 1.137 millones de los US$ 2.101 millones de inversiones previstas para este año corresponden -de acuerdo con información del MEF a marzo pasado- al sector minero (Antamina y Southern Perú, principalmente), US$ 466 millones al sector industria, US$ 253 millones a servicios (telecomunicaciones y hotelería), US$ 130 millones al sector financiero y US$ 115 a hidrocarburos (Camisea).

El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Martín Belaunde Moreyra, ha recogido la propuesta del Presidente Valentín Paniagua en favor de un acuerdo nacional y el martes 9 reunió en el Club Nacional a un grupo de especialistas para iniciar una convocatoria más amplia desde el propio CAL. Entre los convocados estuvieron el ex Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan, el general EP (r) Daniel Mora, el almirante AP (r) Alfonso Panizo, el general FAP (r) Carlos Pellegrini, el vicealmirante (r) Luis Fernando Bernales Parodi y el empresario Jaime Mur, entre otros.

Rómulo Muñoz Arce y Walter Hernández Canelo: estuvieron juntos en el JNE y en la salita del SIN y ahora estarán juntos en San Jorge.

La Sala Anticorrupción que preside la vocal Inés Villa Bonilla evaluará en los próximos días el pedido de la Procuraduría que pide revocar la decisión del juez David Loli, quien dictó orden de comparecencia al gerente general del Banco Wiese Sudameris Eugenio Bertini Vinci y el pago de una caución de S/. 100 mil. La Procuraduría pide que se dicte un mandato de detención. En la apelación también se comprende a Manuel Madelengoitia Gutiérrez y Víctor Miró Quesada Gatjens, funcionarios del banco a quienes se les fijó una caución de S/. 30 mil. Bertini es acusado de los presuntos delitos contra la administración pública y de justicia. Su situación jurídica puede cambiar en los próximos días.

Al cierre de esta edición, el ex miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Rómulo Muñoz Arce, quedó detenido por la Policía Judicial de Lima, de donde sería trasladado al atiborrado Penal San Jorge. Su detención fue ordenada por la jueza Jimena Cayo, quien lo acusa por el delito de corrupción de funcionarios. Otro ex miembro del JNE Walter Hernández Canelo, corrió la misma suerte. Muñoz Arce aparece en un vladivideo pidiéndole el oro y el moro a Vladimiro Montesinos, para él y para miembros de su familia, cuando la tercera candidatura presidencial de Alberto Fujimori dependía de la decisión del JNE. Muñoz Arce y Hernández Canelo son acusados por los delitos de asociación ilícita para delinquir, corrupción de funcionarios y abuso de autoridad.

Congresista Víctor Becerril: el servicio público entendido como el propio.

La expectativa de algunos congresistas por cobrar una indemnización de un S/. 1,5 millones por el recorte de su mandato resulta inversamente proporcional a la de muchos ciudadanos respecto a su gestión.

Por ahora sólo existe un informe jurídico del abogado Jonatan Valerio, elaborado a pedido de un grupo de congresistas encabezado por Víctor Becerril. Este fue denunciado en las elecciones pasadas por la ONPE de haber pagado a digitadores para que adulteren la votación preferencial a su favor.

Un surrealista Valerio alega que la aprobación del recorte presidencial y congresal "no fue libre y espontánea". Y menciona como antecedente el caso de los magistrados destituidos del TC, sin distinguir que fueron defenestrados arbitraria e inconstitucionalmente.

Para la Mesa Directiva el pedido no tiene asidero alguno. Según el primer vicepresidente del Congreso, Henry Pease, la decisión la tomará la Mesa Directiva, pero sólo cuando llegue un documento firmado por los parlamentarios.

Becerril ya tendría más de 50 adhesiones de todas las tiendas. Marianella Monsalve, Cecilia Martínez del Solar -quien habría dicho que se le reduzca el monto del lucro cesante si le mantienen el seguro médico familiar hasta el 2005- y Ana Monteverde serían otras activas promotoras. De Perú Posible estarían Juan Taco Tamo, quien no fue reelegido, Luis Lau Chufón quien no postuló porque la lista de PP en Piura no logró inscribirse y Burgos Montenegro. Francisco Tudela, por su parte, habría hecho saber que él no se opondrá. Fernán Altuve, que votó en contra del recorte del mandato asegura que no se sumará al pedido. También han adelantado la misma posición David Waisman y Elvira De la Puente.

¿Angel o Demonio?
Contralora Carmen Higaonna responde a los cargos en su contra y adelanta disposición a renunciar, "pero no por falsas acusaciones".

Según Higaonna su hermano fue contratado por Aduanas porque lo requerían en la Casa Militar.

La semana pasada la Comisión Permanente decidió acusar constitucionalmente a la ex jefa de la SUNAD y actual Contralora de la República, Carmen Higaonna, por los presuntos delitos de falsedad genérica y abuso de autoridad. La aprobación del informe en mayoría de la subcomisión investigadora -que suscribieron Elvira de la Puente y el tránsfuga Eduardo Farah, crítico de la supervisión de importaciones y la gestión de Higaonna en la SUNAD- fue en segunda instancia y por 12 votos a favor y dos abstenciones. La comisión acusadora, que integran los congresistas mencionados, espera la convocatoria del Pleno para presentar su acusación.

-En enero pasado usted sostuvo en CPN que su hermano Julio Higashionna no trabajó en Aduanas. ¿Insiste en su versión?

-Mi hermano fue contratado por Aduanas pero inmediatamente destacado a la Oficina de Proyectos Especiales de la Casa Militar de Palacio de Gobierno, porque antes trabajó en el Ministerio de Industrias como director de la Oficina de Defensa del Consumidor. Cuando él ingresa (a la Casa Militar) en 1991 conocía el trabajo así como al secretario general y al de proyectos especiales que además eran mis amigos, que nada tenían que ver con el Presidente. Empezó a trabajar ahí con el ingeniero Kishimoto, en un comienzo sin ser remunerado. Pero imagino que realizó un buen trabajo, porque para que se quede ellos piden el destaque. Y de acuerdo al pedido es un contrato indeterminado.

-Entonces, ¿antes de contratarlo usted sabía que lo requerían en la Oficina de Proyectos Especiales de la Casa Militar?

-Según DS Nº 009-93-PCM, un documento sustentatorio del informe de la subcomisión investigadora, esa oficina no existe dentro de la estructura militar...

-Yo qué tengo que ver si existe o no. En el documento del pedido dice que va a ser destacado a esa oficina. Esto no es problema de la jefa de Aduanas sino de la Casa de Gobierno. Ahora, en la práctica (la oficina) ha existido. Cuando yo ya no era jefa de Aduanas en mayo del 2000, Gerardo Pérez del Aguila solicita una prórroga de destaque al nuevo jefe de Aduanas.

-El tenía que controlar la mercancía que ingresaba al almacén o que salía para las adjudicaciones que hacía la Casa Militar o Palacio de Gobierno. Le ordenaban que tenía que tener listo, por ejemplo, (un lote de) 20 computadoras para repartirlas en una zona determinada, entonces él las alistaba, en presencia de personal de la Casa Militar, a cualquier hora. Una vez hechos los paquetes eran entregados a un encargado de la Casa Militar para que se los lleve.

-Sí, así como con diferentes asesores como Virgilio Gutiérrez y Manuel Vara Ochoa, pero nunca fue su jefe. Su jefe era el ingeniero Luis Kishimoto. Que Pedro Fujimori haya trabajado en APENKAI, pero no como presidente tal como él señaló ante la subcomisión, no quiere decir que mi hermano haya trabajado allí. El mismo Pedro Fujimori lo ha corroborado. El informe de la comisión sólo se basa en lo que dice un general, que sólo trabajó un mes (en la Casa Militar) a fines de 2000 y no al lado de mi hermano. ¿Por qué la subcomisión no ha llamado a los cuatro generales con quienes sí trabajó mi hermano?, ¿por qué no da fe al testimonio de quienes sí trabajaron en APENKAI y que asistieron a la subcomisión, como Julio Espinoza, Roberto Makino y el propio Pedro Fujimori, quienes tajantemente han dicho que Julio no trabajó en APENKAI?

-¿Y en el caso del señor Dulanto Casanova, quien fue ex gerente de logística de SUNAD, y fue sancionado por la propia Contraloría? Ahora él es jefe de la Oficina de Cooperación Técnica del organismo a su cargo.

-El no tuvo ninguna sanción en toda su carrera. Recién el 20 de abril de este año Aduana le comunica que estaba sancionado, pero él vino acá en setiembre de 2000. El proceso se inicia en enero y durante febrero y marzo se ha probado que no existía sanción contra él. Si se le sancionó o no eso es responsabilidad de Aduanas. El seguimiento no es responsabilidad mía. De acuerdo a la directiva 06 de la Contraloría del 2000, que existía antes de que yo llegara, cada vez que hay observaciones en un informe se le manda a la entidad correspondiente y, en todo caso, el titular es responsable de sancionar.

En octubre del año pasado usted supo de una auditoría realizada a la Contraloría, bajo la gestión de Caso Lay, por una firma representante de Price Waterhouse y Coopers correspondiente a 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998, períodos para los cuales ya se había realizado una auditoría interna. La segunda auditoría demandó el gasto de 368 mil soles. Según el informe de la subcomisión, usted no realizó una investigación.

-En octubre conversé con el actual subcontralor del tema. En noviembre inicié una acción de control de la oficina de logística. Dicen que yo omití y rehusé. Para haber omisión debe haber una denuncia, y no existió ninguna denuncia. Yo conversé con el actual subcontralor, e inicié la acción de control por motu proprio.

-Caso Lay ya hizo su descargo y se está elaborando un informe. En base a eso recién se puede hacer una acusación, antes no. Porque alguien venga con un chisme yo no voy a acusar. Si hacen todo eso para que yo me vaya, que vengan a conversar conmigo, porque están perjudicando a la Contraloría. Hay muchas denuncias pendientes que no se pueden resolver porque hay que contratar gente y la Contraloría está maniatada presupuestalmente.

-Sí, por el bien de esta institución, pero no por esas falsas acusaciones, ese acoso al que no voy a hacer caso. (Rosa Bonilla)