Edición Nº 1670

Repleto De Secretos
En la gran zona gris de los decretos secretos el ex viceministro deberá deslindar responsabilidades. Pero, también los ex ministros de Economía, entre otros, tienen mucho que aclarar.

Alfredo Jaililie: Primera baja en el MEF, tras el escándalo del desvío de los US$ 15 millones a Vladimiro Montesinos.

EL desvío de US$ 15 millones destinados a Vladimiro Montesinos, que obligó a renunciar al viceministro de Hacienda, Alfredo Jaililie, ha destapado la olla de los manejos que se cocinaron al interior del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante el régimen fujimorista. Más de US$ 1,300 millones fueron desembolsados por la vía de 21 decretos de urgencia y 23 decretos supremos con carácter de secreto que fueron emitidos entre 1995 y 2000. Según las conclusiones de la investigación que ha realizado el equipo del MEF encabezado por la abogada Beatriz Mejía Mori se ha usado de manera ilegal e irregular US$ 1,140 millones de los fondos de privatización, US$ 126 millones por transferencias de partidas presupuestales, US$ 50 millones por endeudamiento externo y US$ 17.4 millones por endeudadmiento interno.

Este equipo integrado también por el economista Jorge Chávez, el sociólogo Tomás Gutiérrez, el abogado Roger Haro y el bachiller en Derecho Neil Aranda empezó sus investigaciones el 15 de enero y prácticamente, según Mejía, han tenido que realizar un trabajo de filigrana. En algunos casos han tenido que reconstruir algunos decretos que no existen, pero que han salido a luz cuando el Banco de la Nación hizo los desembolsos respectivos.

El informe final sobre esta investigación fue entregado esta semana al presidente del Congreso, Carlos Ferrero, y en los próximos días podrían iniciarse nuevas denuncias constitucionales. Por lo pronto, el informe estima que procede formular denuncia constitucional contra Alberto Fujimori por los delitos de falsedad material y falsedad genérica, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de función, concusión, peculado, malversación de fondos, corrupción de funcionarios y enriquecimiento ilícito. Procede también la misma denuncia constitucional contra los ex ministros que refrendaron tales decretos y cuyas carteras se encargaron de su ejecución: Jorge Camet Dickmann, Víctor Joy Way, Jorge Baca Campodónico, Carlos Boloña, Efraín Goldenberg, Alberto Pandolfi, Dante Córdova, Federico Salas, Víctor Malca Villanueva, Tomás Castillo Meza, Julio Salazar Monroe, César Saucedo, José Villanueva Ruesta, Carlos Bergamino Cruz.

De acuerdo al examen que el equipo de trabajo realizó durante tres meses, en la documentación sobre la emisión y ejecución de dichos decretos de urgencia de carácter secreto se han identificado los siguientes actos irregulares:

• Emisión inconstitucional de dichos decretos de urgencia secretos.

•Inserto de declaraciones falsas en la fundamentación.

• Utilización indebida de decretos de urgencia y decretos supremos secretos para autorizar disposición de fondos que no implicaba decisión de urgente manejo financiero o económico del Estado.

 

Insólitamente un D.U. secreto por US$18 millones fue para reparar maquinarias chinas. Derecha: Ministro Silva Ruete encargó la investigación que ha puesto al descubierto malos manejos que comprometen más de US$1,300 millones. Y la cifra puede ser mayor.

• Festinación del procedimiento constitucional y legal para la expedición de decretos de urgencia y decretos supremos: sin contar con la sustentación técnica correspondiente, sin aprobación del Consejo de Ministros, sin registrarse en los sectores correspondientes, sin dar cuenta al Congreso de la República, ni a la Contraloría General de la República.

• Utilización indebida de decretos de urgencia y decretos supremos secretos para la compra concertada de armamento a empresas de origen ilícito.

• Emisión de libramientos de fondos del Estado bajo el amparo de decretos de urgencia y decretos supremos secretos que no tenían suficiente justificación, para facilitar la apropiación parcial de estos fondos a través del sector Defensa.

•Interés irregular en la emisión y ejecución de algunos decretos que evidencia claros indicios de corrupción de funcionarios.

• Ineficacia de mecanismos de control interno a nivel del MEF y del sector Defensa, sin efectuarse un adecuado seguimiento del debido manejo presupuestal ni de las adquisiciones en el Ministerio de Defensa, a través de las tres Fuerzas Armadas.

La mayor parte de los decretos secretos emitidos fueron durante la gestión de Jorge Camet. Entonces se utilizaron más de US$ 800 millones de recursos de la privatización.

Los decretos de urgencia fueron los preferentemente utilizados para las operaciones que implicaban fuertes sumas de dinero, fundamentalmente vinculadas a la utilización de los recursos de la privatización. Para la abogada Mejía se trata de decretos inconstitucionales ya que según el artículo 118 de la Constitución sólo proceden tales decretos de urgencia en casos de interés nacional y seguridad nacional. Sin embargo existe un decreto de urgencia, el 060-99 emitido cuando era ministro de Economía Víctor Joy Way, que destina US$ 18 millones para el mantenimiento de maquinarias chinas. "¿Qué interés nacional y qué urgencia ameritaba la reparación de maquinarias chinas para que sea declarado de carácter secreto?", se pregunta Mejía. "Lo que se buscaba era ocultar esas operaciones en vista de que no hubo licitación, ni convocatoria pública y como se sabe que Joy Way estuvo vinculado a determinas empresas chinas".

 

Abogada Mejía espulgó 44 decretos secretos y desentrañó multimillonarias irregularidades.

Respecto a los decretos secretos que sirvieron para autorizar el uso de recursos de endeudamiento externo para financiar compras de armas o bienes para las Fuerzas Armadas, el ex presidente del Banco Central de Reserva, Jorge Chávez, ha señalado en el informe final que "llama la atención que las Leyes de Endeudamiento Externo año a año se hayan relajado en cuanto a sus condicionalidades. Así por ejemplo, la Ley de Endeudamiento Externo del año 1999 sólo exige opinión favorable del ministro de Economía y Finanzas, cuando en los primeros años de la década exigía la opinión favorable de las unidades orgánicas competentes del ministerio, además de exigirse un informe sustentatorio, que en los últimos años muy raramente se exigió".

Según el mismo informe en varias operaciones amparadas en los decretos secretos dados en el período 1995-2000 se ha podido ver la intervención recurrente de los bancos De Lima y Wiese haciendo traslados de montos cuantiosos hacia bancos del exterior, para un grupo de empresas intermediarias en la compra de armamento. Muchos de estos fondos han sido manejados por personas o empresas que no tenían RUC o no emitían facturas con cargo a empresas en el exterior cobrándolas domésticamente. Tales entidades bancarias debían informar de oficio a la Fiscalía de la Nación y a la SBS. Esta última instancia también tendría responsabilidad por la vigilancia que de acuerdo con la Ley de Bancos debe ejercer para prevenir el lavado de dinero vía el sistema bancario.

En las tres armas se llevaron a cabo las adquisiciones sin concurso público y mayormente se contrató empresas intermediarias de empresas extranjeras con presencia legal fantasma, escasa trayectoria y dudosa procedencia.

Las compras de la Fuerza Aérea se realizaron en muchos casos a proveedores con irregularidades en la composición de la empresa o pertenecientes claramente a la red de corrupción de Montesinos. Entre las empresas proveedoras de las FF.AA. que no cuentan con RUC se han detectado: Unicom S.A., CIB &SSA, Crousillat Brothers Inc Y, trading Co. El informe señala como responsables de las compras y los pagos al mayor general Javier Pasco Valladares (director general de Economía), al comandante FAP Alfredo Landeo (director de Tesorería), al CPC Atilio Valencia (contador de Tesorería) y al mayor general Rolando Magni Flores (director de Materiales).

Otras de las irregularidades encontradas por el grupo de trabajo son las pólizas de Transporte que asumió la Fuerza Aérea. A través del decreto de urgencia 20-95, se pidió a Popular y Porvenir según los créditos documentarios, cerca de 100 pólizas de transporte, pero la compañía de seguros PyP sólo tiene registradas tres. (Sonia Sullón B.)

Triangulación En Bielorrusia
Con el Decreto secreto de mayor cuantía.

UNO de los decretos de urgencia de mayor cuantía que compromete recursos de la privatización es el D.U 028-96 del 9 de mayo de 1996. Aprobado por el Presidente de La República y el Consejo de Ministros, autorizó el desembolso de US$ 252 millones para la compra de 18 aviones MIgG-29 de Bielorrusia, con recursos de la privatización.

Se autorizó a la Dirección General del Tesoro para que a través del Banco de la Nación, constituya un depósito en el Banco Exterior S.A. de Panamá (hoy Argentaria) y se autorizó al ministro de Defensa o a quien él designe, a suscribir los contratos que se deriven del decreto. A sólo una semana de firmado este decreto de urgencia (13 de mayo) la Fuerza Aérea suscribió el contrato No I-FA-OO1-96 con la empresa W-21 Intertechnique, empresa intermediaria en el Perú de Treves Intora Association Ltda., apenas constituida el 20 de setiembre de 1995 con el fin único de realizar esta operación.

Llama la atención que en un decreto de esta naturaleza se establezca el banco extranjero en el que se debía depositar fondos por tan alto monto, cuando ni siquiera se había establecido en el mismo decreto cuál sería el destino de esos fondos.

El Ministerio de Defensa recién regularizó la compra el 31 de marzo de 1999, a través de la Resolución ministerial No 348 DE/FAP. Esta regularización estableció que la empresa proveedora sea Beltechexport Enterprise de Biolorusia, representada en el Perú por Treves Intora Association Ltda. y W-21 Intertechnique. Esta resolución fue firmada por Julio Salazar Monroe en su calidad de ministro de Defensa, con la aprobación de Elesván Bello, comandante general de la Fuerza Aérea.

El informe también señala que es curioso que el ministro de Economía de entonces, Jorge Camet, haya firmado un decreto de urgencia sin sustento técnico alguno y además haya procesado un depósito tan grande hecho a un Banco de Panamá de reputación cuestionable. Para la operación el propio viceministro de Hacienda Alfredo Jaililie participó en una misión a Bielorrusia que partió el 19 de abril de 1996, con anterioridad a la firma del Decreto de Urgencia No 028-96 con el fin de conocer los pormenores de la compra. Posteriormente se procedió sin reparos pese a que había una triangulación evidente en la venta (Beltechexport Enterprise, Trves Intora Association y W-21 Interterchnique).

Decretos al Trasluz
Montos y usos de las irregulares normas

• 14 decretos de urgencia fueron utilizados para poner recursos de presupuesto público a disposición de las Fuerzas Armadas por más de US$ 1,140 millones.

• Ocho decretos supremos sirvieron para realizar transferencias de partidas presupuestales por cerca de US$ 126 millones.

• Cuatro decretos supremos y un decreto de urgencia pusieron a disposición de las Fuerzas Armadas recursos de endeudamiento externo, por más de US$ 50 millones.

•Dos decretos supremos pusieron a disposición de las Fuerzas Armadas recursos de Endeudamiento Interno, por US$ 17.4 millones.

• Dos decretos de urgencia y dos decretos supremos determinan la exoneración del sistema de adquisición del Estado para la realización de compras de armamento a empresas intermediarias que venían operando irregularmente.

• Cuatro decretos de urgencia y cinco decretos supremos sirvieron para realizar autorizaciones que sustentaron o facilitaron operaciones por montos diversos, incluyendo aquellas vinculadas con los decretos anteriores.

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