Edición Nº 1671

El Peso del Poder
Alejandro Toledo puede ser el próximo Presidente del Perú, pero le aguardan problemas de estabilidad política y personal.

Escribe CESAR LEVANO

EL Perú es un país presidencialista, según lo prescribe la Constitución de 1993, confeccionada a la medida de Fujimori y su ansia de poder personal. El peligro es que esa Carta pueda servir para apuntalar un poder arbitrario de alguien como Alejandro Toledo que, por encima de su programa en seis volúmenes, no oculta que lo que más quiere es ser Presidente.

En realidad, también la Constitución democrática de 1979 prescribía un sistema que giraba en torno al primer mandatario. En este caso se trataba de una reacción respecto a experiencias recientes, que habían conducido a hondas crisis de gobiernos civiles y democráticos. José Luis Bustamante y Rivero había sido derrocado por Odría luego de un enfrentamiento con un Congreso adverso y dividido, que llegó a producir una "huelga" parlamentaria de la derecha. Fernando Belaunde fue desalojado del poder, pese a su origen democrático, en buena cuenta porque no había podido enfrentarse airosamente a la oposición parlamentaria aproodriísta.

En general, América Latina tiende a los sistemas presidencialistas, quizás aleccionada por experiencias de países parlamentaristas europeos, en los que quien gobierna es el presidente del Consejo de Ministros, sujeto a los vaivenes del nombramiento, la aprobación y la eventual censura del Congreso.

"El presidencialismo tiene sus ventajas", nos explicó el constitucionalista Francisco Eguiguren Praeli. "El problema es que tienen que establecerse contrapesos reales, actuantes, que no figuren sólo en la letra de la Constitución o de las leyes".

Más que quitarle atribuciones al Presidente, explica Eguiguren, lo que hay que hacer es otorgarlas a otras instituciones, por ejemplo los gobiernos regionales y locales. También garantizar la autonomía del Poder Judicial, de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal de la Magistratura.

No resulta extraña, en esa búsqueda de contrapesos, la idea de restaurar el Senado, que en la Constitución de 1979 era la rama legislativa que no podía ser disuelta. La Constitución fujimorista establece que el Presidente puede disolver el Congreso, "si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros". Eguiguren plantea que la disolución sea posible, aún sin que haya habido censura, pero no en el primero ni en el último año del período presidencial.

Otra propuesta del jurista es la de establecer la renovación periódica del Congreso. Esto permite tomarle el pulso a la opinión pública. Si un Presidente ha perdido apoyo, los parlamentarios que entran a mitad del período presidencial reflejarán el nuevo estado de ánimo público. Si el Presidente mantiene popularidad, pero ha perdido apoyo parlamentario, la renovación puede proporcionarle las fuerzas de refresco.

Hay que precisar que la renovación del Parlamento por tercios ha existido durante largo tiempo en el Perú, y no mejoró la sustancia de las cosas. En el fondo, la institucionalidad democrática es más una cuestión de cultura cívica o cultura a secas. Aquí es decisivo el papel de los partidos, de los gremios y de los sindicatos, institución que, curiosamente, no agrada a Toledo ni a ciertos intereses que lo apoyan. Uno de éstos dijo la otra noche en el Canal N, que Alan García había planteado la idea totalmente "surrealista" de restablecer la jornada de ocho horas. He ahí un pensamiento digno de fines del siglo XIX o inicios del XX.

Y DESPUES DEL 3 DE JUNIO, ¿QUE?

Si Toledo resulta Presidente por la voluntad de los ciudadanos, le será relativamente fácil constituir una alianza para gobernar, que le será imprescindible puesto que no tiene mayoría parlamentaria propia. Puede contar de antemano con los congresistas del Frente Independiente Moralizador y, quizá, con los de Unidad Nacional de Lourdes Flores.

Allí surgen los problemas. En primer lugar, el Perú, particularmente por las condiciones económicas y sociales que padece y por la experiencia amarga del fujimontesinismo, necesita de acuerdos y concordancias que se basen en principios y valores. Al país le pueden ser fatales repartijas de ministerios, empleos gubernamentales y embajadas sólo para hacer supuestamente gobernable un país que de ese modo resultaría moralmente desestabilizado.

Otro problema que va a afrontar Toledo, a corto o mediano plazo es la heterogeneidad de su bancada parlamentaria. En el supuesto de que surja una iniciativa aprista respecto a las ocho horas, por ejemplo, ¿con quién se van a alinear Jorge Mufarech y Henry Pease?

Los "partidos" surgidos de aluviones coyunturales o en torno a caudillos improvisados no han llegado a buen puerto en el Perú, y han dejado atraso en todos los órdenes. Basta recordar los casos de la Unión Nacional Odriísta, que desapareció antes que su fundador, o el del Movimiento Democrático Pradista, que era más pradista que movimiento.

Toledo carga una pesada cruz de mentiras y silencios. Ha llegado a inventar circunstancias trágicas sobre la muerte de su señora madre, que falleció de cáncer y no bajo el peso de la tragedia de Ancash en 1970. No ha rendido un balance transparente de los 700 mil dólares enviados al exterior por su sobrino Coqui, y debe una explicación sobre el millón de dólares de George Soros. Puede que a éste le haya dado cuenta cabal. ¿Podrá darla también a los ciudadanos peruanos, una vez que se acomode en el sillón presidencial?

Las relaciones de Toledo con el Poder Judicial son relaciones peligrosas. No sólo por el caso de su hija real o supuesta, sino por muchos otros, de los que se hace referencia en esta edición. Hay que desear que no caiga en la tentación de presionar a la justicia, en beneficio propio.

Un problemón para Toledo es el que le plantean sus promesas electorales. Por ejemplo, la cuadratura del círculo que significaría dedicar 30 por ciento del presupuesto nacional a la educación al mismo tiempo que reduce impuestos.

Juan J. Linz, tratadista de derecho, planteaba, en un estudio publicado por la Comisión Andina de Juristas, una realidad dilemática que Toledo puede enfrentar, si es elegido:

"No es siempre fácil ser simultáneamente el Presidente, digamos, de todos los chilenos y de los trabajadores; es difícil ser a la vez el elegante y cortés señor de La Moneda (residencia oficial del Presidente chileno) y el orador demagógico de los mítines masivos en el estadio de fútbol. Es probable que muchos votantes y elites claves piensen que jugar el segundo papel signifique traicionar al primero. ¿No debería el Presidente, como cabeza del Estado, ubicarse al menos de cierta manera por encima del partido de modo que pueda ser el símbolo de la nación y la estabilidad de su gobierno?"

El problema para nosotros es saber si Toledo puede garantizar no sólo la estabilidad del país, sino su propia estabilidad.

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