Edición Nº 1671


 

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    24 de mayo de 2001

     

    ¿Salvando las Distancias?
    Se suspende el paro agrario por diez días. Queda pendiente un punto que sólo concierne a los agricultores de Lima.

    Ministro Carlos Amat y León: con plazo para hacer efectivos los acuerdos suscritos.

    Al cierre de esta edición la suspensión del paro agrario indefinido era virtualmente un hecho. Tras dos reuniones con el ministro de Agricultura, Carlos Amat y León, a lo largo del lunes 22, los promotores de la medida de fuerza (Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú y Conveagro) contemplaban dar un plazo de diez días al titular del sector para que haga efectivos los acuerdos suscritos en ambas reuniones. En caso contrario retomarían el paro.

    El pliego de reclamos de seis puntos se había reducido a cuatro el viernes 11 tras la reunión sostenida con el Presidente Valentín Paniagua. Y de esos cuatro, que fueron discutidos con el ministro Amat y León en una primera reunión que duró cerca de tres horas, sólo en dos se alcanzó un acuerdo satisfactorio. En la segunda reunión sostenida por la noche, uno quedó descartado y el último se sometería a discusión el miércoles 23.

    La medida de fuerza de los agricultores rompió la tregua que había conseguido el Gobierno de transición. Hace algunas semanas éste evitó que las aguas suban de nivel tras comprometerse a dejar al próximo gobierno el tratamiento de la Ley de Aguas. Pero la dinámica social que se inició en el régimen anterior continuó su marcha. En noviembre pasado, durante la gestión de José Chlimper, la Junta Nacional de Distritos de Riego del Perú había convocado a una paralización que si bien no prosperó, era ya una clara señal de malestar generalizado en el sector.

    De todas las exigencias presentadas por los promotores del paro, quedó pendiente la referida a la modificatoria del D.U. 052-2001. Al cierre de esta edición estaba previsto que el miércoles 23 se discutiría la elaboración de sus normas complementarias y reglamentarias en una comisión que, según el último acuerdo suscrito con el ministro, estaría conformada por funcionarios del sector y tres representantes de la Junta de Usuarios, de las cuencas del Rímac, Chillón y Lurín.

    Los promotores del paro exigían la derogatoria de este decreto que constituye la autoridad autónoma especial de la cuenca del río Rímac, cuyo directorio estaría presidido por cuatro representantes de Sedapal. El presidente de la Junta Nacional de Distritos de Riego del Perú, José Málaga, lo calificó de "violatorio de los derechos de las organizaciones de usuarios de agua". Al final aceptarían modificar el D.U. en lo referido a su composición, pero falta definir cómo será dicha composición.

    Fue más fácil ponerse de acuerdo en la suspensión de las acciones judiciales iniciadas por la banca privada a los productores agropecuarios deudores. Esto se haría efectivo en coordinación con el MEF y la SBS mediante la aprobación de los mecanismos para la aplicación del Rescate Financiero Agrario. Para ello se contaría con los bancos Continental, de Crédito, Santander y Wiese. También se logró un acuerdo para la protección de la producción nacional frente a la competencia de productos importados. Con este fin se instalaría en la Mesa de Concertación para el Desarrollo Agrario un grupo de trabajo especializado en la programación de las compras y la oferta de insumos de producción nacional requeridos en los programas sociales (desayunos escolares, comedores populares y vaso de leche). Este grupo de trabajo de Agricultura coordinaría contratos de compra o licitaciones entre el Promudeh (a cuya esfera pertenecen los mencionados programas) y los productores agrícolas nacionales.




      Choropampa (Chota, Cajamarca), Acobamba (Sihuas, Ancash), Cajamarquilla (Ocros, Ancash), Patambuco (Sandia, Puno) y Salcabamba (Tayacaja, Huancavelica) son los cinco distritos más pobres del Perú según el nuevo Mapa de Pobreza del Perú, elaborado por Foncodes y actualizado respecto al elaborado en 1993. De acuerdo a esta versión actualizada del citado mapa, más de 1 millón 102 mil pobladores de 201 distritos -de un total de 1,818- se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema. De los 24 departamentos, siete se encuentran en la categoría de muy pobres (Huancavelica, Cajamarca, Loreto, Amazonas, Huánuco, Apurímac y Ayacucho), ocho en la de pobres (Ucayali, Puno, Cusco, San Martín, Pasco, Junín, Piura y Ancash), cinco en la de regular (Madre de Dios, La Libertad, Lambayeque, Tumbes e Ica) y cinco en la de aceptable (Arequipa, Moquegua, Tacna, Callao y Lima).

    De los 15 vocales supremos del Poder Judicial evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), seis fueron ratificados y nueve no. De los nueve vocales superiores evaluados, tres fueron ratificados y seis fueron virtualmente destituidos. En el Ministerio Público, de los ocho fiscales supremos y fiscales adjuntos supremos evaluados, tres fueron ratificados, mientras que cinco no. De los nueve fiscales superiores, tres fueron ratificados, mientras que otros seis no pasaron la prueba. En el distrito judicial del Callao, sólo un vocal superior fue ratificado, mientras que cuatro no pasaron la prueba. 42 fiscales provinciales y fiscales adjuntos provinciales del distrito judicial de Lima fueron ratificados, y 14 no.

     


    RATIFICACION ESPERADA

    Este jueves 24 se debatirá en el Congreso el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas celebrada en Roma el 17 de julio de 1998. Este tratado no fue ratificado por el régimen fujimorista, que a través del ex ministro de Relaciones Exteriores, Fernando de Trazegnies, ordenó a la entonces embajadora en Italia, Ana María Deustua, dejar al Perú fuera de este tratado. El Gobierno de transición, gracias a la intercesión del ministro de Justicia, Diego García Sayán, ratificó el tratado y sólo se espera el sí del Legislativo para que el Perú ratifique su respaldo a la conformación de la Corte Penal Internacional.

    Presidente Paniagua instala esta semana la Mesa de Diálogo que acertadamente promueve.

    EL FAX DELATOR

    Un fax que enviaron el año pasado dos fiscales provinciales a Vladimiro Montesinos fue obtenido por el procurador José Ugaz habría sido la pista que le permitió a éste conocer que algunos magistrados del anterior régimen, cobraban adicionalmente a través de una planilla especial del SIN. Entre los documentos hallados en las diversas visitas a las instalaciones del SIN, el procurador encontró un fax firmado por las fiscales provinciales Julia Eguía Dávalos y Flor de María Mayta Luna donde éstas reclamaban a Montesinos por el retraso de sus "remuneraciones" de junio y julio del 2000. Mayta era una de las fiscales favoritas de Blanca Nélida Colán y estuvo a cargo del caso de los narcotraficantes López Paredes, y más recientemente del chuponeo telefónico. Ambas fiscales no han sido ratificadas por el CNM, con lo cual acabaron con su carrera de magistradas. Y eso que no se tomó en cuenta esta prueba. No fue necesario.

    PONIENDO LA MESA

    Antes de que se instale la Mesa de Diálogo por el Desarrollo y la Democracia propuesta por el presidente Valentín Paniagua, ya van surgiendo los primeros reparos. Nada menos que el presidente del Congreso, Carlos Ferrero, voceado para repetir el plato, pretende poner plazo de duración a la misma. Ferrero no ve a este mecanismo como un valioso instrumento de concertación, sino como una competencia a las funciones congresales. La Mesa tuvo su primera reunión el viernes 18 con la asistencia de todos los congresistas de los diferentes grupos políticos que alcanzaron la más alta votación en sus respectivas listas y representantes de Transparencia. La instalación formal de la Mesa se llevará a cabo este viernes 25 en la Casona de San Marcos, y a la cita, presidida por Paniagua, están invitados vAlan García y Alejandro Toledo así como representantes de los partidos con presencia en el Congreso.

     

    Congresista Doris Sánchez (PP): haciendo leña de la Ley Forestal.

    ASERRANDO LA LEY

    En medio del laberinto electoral, la poda experimentada por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre ha pasado desapercibida, pero no deja de ser grave. Ocurre que tras la salida de Cecilia Martínez del Solar de la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente y Amazonia del Parlamento, la nueva presidenta, Doris Sánchez, de Perú Posible, y sobre todo Giomar Seijas, de Vamos Vecino, promovieron una serie de cambios que, prácticamente, devuelven la actividad forestal a la anárquica situación de antes.

    En el proyecto original, las concesiones para la explotación se daban por subasta o por concurso público, modalidades que garantizan los planes de manejo forestal. En la Ley modificada, aprobada en el Congreso el jueves 10, se ha vuelto a las concesiones "por adjudicación directa" que antes provocaron numerosos casos de corrupción, tales como el que hasta ahora protagoniza Industrial Maderera Tahuamanu en Madre de Dios (CARETAS 1627).

    También se vuelve a las adjudicaciones de 1,000 hectáreas, que habían sido eliminadas debido al pernicioso vínculo que generaban entre los pequeños extractores y las grandes empresas. La ecuación es simple: como esas pequeñas concesiones no requieren plan de manejo, los madereros hacen numerosas subcontrataciones para no invertir en reforestación. Martínez del Solar sostiene que detrás de esto hay poderosos intereses, que se escudan en la supuesta protección del trabajo de gente humilde. Mientras esto ocurre, sigue sin aclararse el asesinato de Drago Bozzovich, el maderero más grande del país, que al parecer fue victimado por los pleitos surgidos a la sombra del caos en el que aún vive la industria forestal.


    Presos de Prisa
    En sólo tres días caen varios personajes clave de la red de corrupción de Montesinos.

     

    José Lizier fue aprehendido en Panamá en tanto que Ilan Weil Levy, derecha, fue capturado en Buenos Aires.

    Con las detenciones de José Francisco Lizier Corbetto en Panamá , de IIan Weil Levy en Argentina y del congresista Ernesto Gamarra en Lima, sumarían 53 los detenidos que se encuentran en prisión con relación a la investigación que vienen realizando la Procuraduría Ad Hoc, la Fiscalía y el Poder Judicial en torno a la red de corrupción montada por Vladimiro Montesinos Torres.

    Aún faltan capturar a más de 36 personas, entre ellos el coronel Manuel Aybar Marca, según las estadísticas de la Procuraduría que este jueves 24 hará un tercer balance de las investigaciones. Hasta la fecha hay 532 personas investigadas, 14 de ellas con arresto domiciliario y 110 con mandato de comparecencia. En los seis juzgados penales especiales hay 41 procesos judiciales. Los 50 detenidos, entre ellos militares de alta graduación y congresistas como Alberto Kouri y Juan Palomo, vinculado precisamente a Lizier, han abarrotado el pabellón de observación del penal de San Jorge que no tiene más capacidad para albergar a otro detenido. Por eso Gamarra será llevado al penal San Jorge pero a un nuevo ambiente.

    Igual suerte correría Lizier quien fue detenido el sábado 19 por la noche en el aeropuerto internacional de Tocumen en donde la nave realizaba escala técnica para dirigirse a Roma. Lizier contaba con un pasaporte italiano, porque tiene la nacionalidad italiana. Pero su nombre figuraba como buscado por la Interpol. Lizier es propietario del yate Karisma en el que fugó Montesinos el l3 de diciembre del 2000 con los miembros de su seguridad. Como descargo, Lizier señala que en ese momento Montesinos no estaba requisitoriado, que no sabía que éste estaba en el yate y que cuando se dio cuenta de su presencia fue amenazado por la seguridad de Montesinos.

    La extradición de Lizier se complica ya que no existe un tratado de extradición entre el Perú y Panamá. Las autoridades peruanas han invocado el Principio de Colaboración Internacional y han cursado copia certificada del proceso que se le sigue a Lizier. IIan Weil Levy fue capturado el lunes 21 en el barrio de La Recoleta en Buenos Aires. De 50 años, ciudadano peruano nacido en Israel, era uno de los hombres de confianza de Jimmy Stone y ambos están involucrados en la venta de armas y 3 MiG-29. La conexión entre ellos se descubrió por la investigación realizada por la fiscal Cornelia Cova quien descubrió tres cuentas por US$ 17 millones en bancos de Zurich. Weil figuraba como beneficiario de una de las cuentas la 225.334 con Montesinos. Contaba con el apoyo de Rony Lerner y se ha demostrado que la empresa estatal rusa Rosvoouzheine que vendió 3 MiG-29 era la que depositaba el dinero. Ahora Weil está a disposición del juez federal argentinov Juan José Galeano, quien está evaluando su extradición.

    La Procuraduría también informará las denuncias que se han realizado contra el ex Presidente Alberto Fujimori. Una de ellas a raíz de las declaraciones del ex ministro de Defensa, Carlos Bergamino (CARETAS 1669).


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