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Ministro en la CIDH
Elección de Diego García Sayán como miembro de la CIDH no impide su eventual permanencia en la cartera de Justicia en el gobierno entrante.

Como comisionado del organismo interamericano no tendrá un cargo permanente ni remunerado.

Por primera vez en los más de 30 años de existencia del organismo, un peruano, el actual ministro de Justicia, Diego García Sayan, fue elegido miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sus funciones empiezan a partir de enero del 2002 y no le impedirán ejercer el cargo de ministro, salvo para el caso de la cartera de Relaciones Exteriores.

Como comisionado, García Sayán no tendrá un cargo permanente ni remunerado. Los miembros de la CIDH se reúnen por períodos de dos o tres meses en Costa Rica o Washington.

García Sayán fue elegido durante la Asamblea de la OEA con 22 votos, por encima de los candidatos de otros países y en reñidas elecciones que dejaron en el camino, entre otros a la vicepresidenta de Costa Rica, Elizabeth Odio.

En la elección cumplió destacado papel la Cancillería peruana, que según uno de los testigos del proceso, "peleó muy bien".

Según declaraciones del embajador del Perú ante la OEA, Manuel Rodríguez, la elección de García Sayán es un justo reconocimiento a su trayectoria comprometida con la defensa de los derechos humanos, el Estado de Derecho y los mecanismos interamericanos de protección. Además, jugó un papel fundamental para el respaldo de la comunidad interamericana a esta candidatura la recuperación de la institucionalidad democrática.

Junto con García Sayán fue elegido el chileno José Zalaquet, quien fue secretario general de Amnistía Internacional en su país.

Durante la cita, la asamblea general de la OEA también eligió a otra peruana, aunque para cumplir otras funciones. Se trata de la ex congresista Graciela Fernández Baca, quien fue designada como auditora externa del organismo regional.

•Un plazo de 60 días empezó a correr desde el lunes 4 para el retiro de la propaganda política de las agrupaciones que participaron en el último proceso electoral. Hasta la fecha la Municipalidad Metropolitana de Lima ha logrado retirar del Centro Histórico más de 500 banderolas de propaganda no autorizada, alrededor de 1,000 kilos de afiches y recuperó cerca de 3 mil metros cuadrados de paredes. Asimismo, ha aplicado multas a doce partidos por cometer en conjunto 155 infracciones las cuales fueron multadas con S/. 232,800. Vencido el plazo antes señalado se impondrán nuevas sanciones si es que las agrupaciones infractoras a la Ley Orgánica de Elecciones y al Compromiso de Honor suscrito por los personeros legales de los candidatos no retiran y/o borran su propaganda electoral distribuida en toda Lima Metropolitana.

•Según cifras divulgadas en el panel La Calidad del Aire en el Perú realizado el martes 5 por el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por el Dia Mundial del Medio Ambiente, con los niveles de contaminación registrados en el Centro Histórico de Lima se podría estar produciendo 11% de incremento en la mortalidad diaria, 40 % de admisiones en hospitalizaciones y consultas por enfermedades respiratorias agudas y 70 % de aumento en el uso de broncodilatadores. Los valores registrados en la estación Conaco, ubicada en la avenida Abancay, señalan valores que están entre 50 % a 300% por encima de los establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La titular de la Cuarta Fiscalía del Cantón de Zurich, Cornelia Cova, quien descubrió las cuentas de Vladimiro Montesinos en Suiza y viene investigando el origen de la fortuna del ex asesor, será una de las asistentes a un evento anticorrupción que se realizará en Lima en los primeros días de julio. El evento es organizado por Trasparencia, IPY

Víctor Joy Way: con impedimento de salida del país y a punto de ser acusado.

Este jueves 7 se realiza la primera reunión de la Comisión de Estudio de las Bases de Reforma Constitucional que tendrá a cargo proponer a más tardar el 15 de julio las eventuales reformas a la Carta Magna. Buena parte de los que integran dicha comisión tienen experiencia previa en la materia. Al menos 11 de los 28 miembros que integran ese grupo de trabajo participaron en 1998, a iniciativa del Foro Democrático, en una Comisión de reforma constitucional. Entonces, el espectro de la agenda de trabajo era un poco más amplio. Estuvo destinada a elaborar un documento base para detectar los principales problemas tanto a nivel constitucional como en derechos sociales, partidos y sistema electoral, participación ciudadana y derechos laborales. Entre los miembros de dicha comisión, además del Presidente Valentín Paniagua, concurren para similar tarea el Defensor del Pueblo en asuntos constitucionales, Samuel Abad, el ex senador Alberto Borea, el ex director de la Academia de la Magistratura, Francisco Eguiguren, el relator de la Comisión de DD.HH. de la ONU, Enrique Bernales, la congresista Patricia Donayre, el ex congresista Raúl Ferrero y los juristas Ernesto Blume, Víctor García Toma, César Valega y Baldo Kresalja.

La más seria acusación constitucional formulada contra Alberto Fujimori, relacionada con los casos de Barrios Altos y la Cantuta, que podría romper el cerco de protección que ejerce Japón sobre su persona, será sustentada antes del fin de la legislatura por el congresista Daniel Estrada. Al parecer, existiría el convencimiento en más de 60 congresistas de que hay razones para acusar a Fujimori. Por otro lado, el ex ministro de Economía Víctor Joy Way, será acusado por la comisión investigadora que preside el congresista Waisman, por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad genérica, e infracción a la ley penal tributaria.

Fernando Tuesta Soldevilla: y en noviembre se viene la revocatoria de alcaldes.

Según el jefe de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla, tres hechos contribuyeron decisivamente a la madrugadora divulgación de resultados oficiales parciales de los comicios del domingo 3. Esto es, la capacitación y asistencia de los miembros de mesa (43% más que en la primera vuelta) estimulada por una campaña que incluyó el envío de cartas personalizadas; el funcionamiento del ACRA (acopio rápido de actas), que implicó la realización de viajes con una frecuencia de hasta cada media hora desde muchos de los centros de votación a los centros de cómputo que se encontraban a una hora o menos de distancia (75 % del total se hallaron en dicha situación); y la celeridad en la digitación de actas (2.5 segundos cada una), facilitada por el diseño de las mismas y la sencillez de la elección.

La rapidez en la entrega de resultados parciales no se detuvo el domingo 3. El lunes 4 a las 4 p.m., a exactamente 24 horas del cierre de los comicios, los resultados oficiales llegaban el 92 % del cómputo; y el martes 24 a la misma hora, llegaban al 96.5 %. Para entonces 89,085 de las 91.095 actas correspondientes al total de mesas hábiles, habían sido escrutadas. De éstas 1,191 habían sido impugnadas, 802 consignadas con error material, 16 con solicitud de nulidad, y 312 observadas.

El desafío que enfrentó Tuesta Soldevilla en los primeros 5 meses de los 48 que durará su gestión -"ha tenido mucho de épica", dijo a CARETAS el jefe de la ONPE- se completará con una evaluación, para luego emprender los ajustes necesarios y proceda la consolidación del organismo.

Relaciones A Prueba
Japón felicita a Toledo y ratifica protección a Fujimori. En la agenda bilateral hay cuantioso apoyo financiero.

Gobierno de Junichiro koizumi asegura que seguirá la colaboración financiera

Las declaraciones del electo Presidente de la República, Alejandro Toledo, señalando que persistirá en los esfuerzos para que Japón ponga a disposición de la justicia peruana a Alberto Fujimori, tuvieron rápida respuesta. El lunes 4 el primer ministro japonés Junichiro Koizumi, declaró que "Fujimori no será extraditado aunque el Presidente electo, Alejandro Toledo, intente presionar sobre Tokio".

El pronunciamiento de Toledo, en todo caso, no ha sido el primero al respecto. Días antes, el presidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores, Javier Pérez de Cuéllar barajó esa posibilidad. Entonces no hubo réplica.

Pero viniendo el anuncio del mandatario del gobierno entrante, Japón ha visto por conveniente reiterar su posición. Previamente, sin embargo, el mismo lunes Koizumi felicitó al Presidente electo por su victoria, en tanto que Yasuo Fukuda, ministro secretario y portavoz del Gabinete japonés aseguró que "Japón desea continuar dando su respaldo a la democratización y desarrollo económico y social del Perú y tiene planeado aumentar las relaciones bilaterales".

Ciertamente la declaración de Toledo -que estudió unos meses en la Universidad de Wasada, Tokio, en 1984- parece tener más el perfil de una medida de presión, antes que expresar el convencimiento de una decisión política meditada. Pérez de Cuéllar ha señalado que acaba de recibir de la Embajada del Perú en Japón, el detalle de todas las reglas de este país sobre los procedimientos para tramitar la extradición. El requerimiento judicial está, evidentemente, aún en gestación.

Pero también está a prueba -con Fujimori de por medio- la continuidad del apoyo que Japón presta al Perú particularmente desde 1990. La deuda pública externa de mediano y largo plazo con el Japón es de US$ 3,058'371,000, lo que representa el 16.4% del monto total adeudado por el Perú por el mismo concepto (US$ 18,767'206,000). Además existen US$ 3,058'371,000 adeudados por créditos concedidos a través del Club de París. Por otra parte, al 31 de mayo estaban pendientes de desembolso US$ 1,851'007,000 de préstamos por US$ 2,364'716,000 ((US$ 2,164'716 sujetos a meta y US$ 200 millones no sujetos a meta). Además, a la fecha se vienen realizando negociaciones con el JBIC de Japón con la finalidad de concertar un préstamo de libre disponibilidad por un monto equivalente en yenes de US$ 800 millones.