Edición Nº 1674

 

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    14 de junio de 2001

     

    Clausura con Suspenso
    Congreso 2000-2001 cierra etapa crucial con recompuesta imagen e incertidumbre sobre la fecha de cierre de la legislatura.

    Henry Pease y Carlos Ferrero tuvieron que hilar fino en un atomizado Parlamento de mecha corta.

    Hasta el cierre de esta edición aún era incierto si se ampliaba la presente legislatura del Congreso hasta el sábado 30 o si concluía este viernes 15. Pero todo apuntaba a que esta semana se pondría fin al período legislativo. Sobre todo, tras la entrega del informe de la Comisión Waisman después de siete meses de trabajo, minutos antes de que venciera el plazo respectivo (ver aparte).

    El congresista Pedro Morales que preside otra comisión investigadora había presentado un pedido de prórroga con firmas que casi se aproximaban al mínimo requerido (60). Luz Salgado, también estaba tras ese mismo propósito. "El suspenso se mantendrá hasta el mismo viernes 15 ya que hasta ese día puede surgir una moción de prórroga si se cuenta con las firmas", señaló un parlamentario.

    Sin embargo, 17 congresistas retiraron sus firmas entre el lunes 11 y martes 12.

    Con los días contados, el Congreso 2000-2001 es el de más breve existencia de la historia republicana, pero con intensa y gravitante tarea parlamentaria.

    "Este ha sido un Congreso atípico", dice Antero Flores Aráoz.

    Desde antes de su instalación, ya tenía rasgos inusuales. Más de 15 congresistas cambiaron de bancada antes de juramentar sus cargos para pasarse a las filas de Perú 2000 y otorgarle una mayoría postiza. El día de la juramentación, recibieron una lluvia de monedas en señal de rechazo e indignación de parte de sus colegas.

    Para Mercedes Cabanillas, éste ha sido el Congreso de la emergencia y el tránsito hacia la reconstrucción democrática. De hecho, durante el breve período parlamentario se conformaron tres comisiones investigadoras, la que investiga las cuentas bancarias de Vladimiro Montesinos (Waisman), la que investiga la compra de armas con fondos de la privatización (Morales), y la que investiga los asesinatos políticos y otros delitos cometidos entre julio de 1985 y junio del 2001 (Estrada). Se instalaron otras 17 subcomisiones investigadoras en la Comisión Permanente, algunas de las cuales aún no concluyen sus funciones. Se presentaron 153 acusaciones constitucionales (136 entre noviembre del 2000 y junio del 2001).

    Han desfilado por lo menos 40 ex-funcionarios de gobierno entre ex ministros, congresistas y ex congresistas, fiscales, vocales supremos, etc. Se han visto y oído por lo menos 95 vladivideos y cintas de audio. Y se han atendido 28 pedidos de levantamiento de inmunidad. Todo ello espulgando los actos de corrupción vinculados al régimen de Alberto Fujimori.

    Al parecer este frenético trajín fiscalizador le ha permitido recuperar su imagen pública. En mayo pasado, según una encuesta de Apoyo S.A. el Congreso de la República contaba con un 45 % de aprobación. Hasta el año pasado bordeaba el 10 %.

    "La historia del Perú le va a agradecer a este Congreso el haberse recortado el mandato de cinco a un año", señala Cabanillas. Pero también aprobó las reformas constitucionales planteadas en la Mesa de Diálogo de la OEA que allanaron el camino al Gobierno de transición.

    Tras la censura a la Mesa Directiva que presidía Martha Hildebrandt se produjo la elección de Valentín Paniagua como presidente del Congreso, para luego, tras la fuga de Fujimori y la declaración de vacancia de la Presidencia, asumir la Presidencia de la República. Según Cabanillas entonces una delegación de parlamentarios acudieron al domicilio de Paniagua para que acepte dicho cargo.

    Después de idas y venidas y promesas incumplidas, presidido por Carlos Ferrero este Congreso aprobó posteriormente el Distrito Electoral Múltiple (DEM), con lo cual los 24 departamentos y el Callao tendrán representantes en el próximo Congreso.

    Este Congreso también cesó las comisiones interventoras en el PJ y las universidades, restituyó en sus funciones a los magistrados injustamente separados del PJ y del Tribunal Constitucional, y dio luz verde al retorno a la competencia contenciosa de la CIDH.

    En medio de todo esto ha habido también tiempo para legislar. Se presentaron 1,894 proyectos de ley, de los cuales 170, entre leyes y decretos legales, fueron promulgados.




      El volumen de carga transportada por el ferrocarril del sur alcanzó en mayo la cifra de 61,000 TM; 22,000 TM más que las transportadas en julio de 1999 por Enafer, y 8,000 TM más que la última marca registrada en julio pasado. Cerca de un tercio de la carga corresponde al incremento comercial entre el Perú y Bolivia. Desde hace veinte meses el sistema ferroviario que une Arequipa-Juliaca-Cusco es administrado por la empresa concesionaria Ferrocarril Transandino y PeruRail.

    Tanto en la primera como en la segunda vuelta el PAP consiguió el más alto porcentaje de votos en La Libertad (55.9 % y 71.79 %, respectivamente). Alejandro Toledo, por su parte, en la primera vuelta obtuvo la más alta votación en los departamentos de Loreto (62 %) y Puno (50.22 %), mientras que en la segunda vuelta lo hizo en los departamentos de Huancavelica (71.14 %), Loreto (70.8 %) y Cusco (70.3%). En las elecciones del 9 de abril el candidato del PAP ganó sólo en dos departamentos (La Libertad e Ica), y en la segunda vuelta lo hizo, además de en estos dos, en Tumbes (54.2 %), Piura (56.32 %), San Martín (50.51 %), Lambayeque (50.18 %), Cajamarca (50.6 %) y Callao (53.81 %).

     


    SI VAS PARA TOKIO...

    Con cierta incomodidad recibió el Gobierno japonés el anuncio del Presidente electo Alejandro Toledo de tratar el tema Fujimori en su visita Japón antes de asumir la investidura. Este señaló la semana pasada que además de solicitar a ese país su respaldo al desarrollo económico del Perú, pediría -no necesariamente como asunto prioritario` la cooperación del Gobierno de Japón para que Fujimori haga frente a la justicia peruana. "Si él (Toledo) lo desea no tenemos incovenientes en mantener conversaciones cuando asuma como nuevo Presidente", señaló Yasuo Fukuda, jefe de la Secretaría del Gabinete japonés. No se sabe si cambió de opinión, luego que la Comisión Permanente del Congreso aprobó la acusación constitucional contra Fujimori (ver aparte).


    Daniel Estrada tendría que sustentar acusación contra Fujimori en el Congreso entrante.

    CONCERTACION REGIONAL

    La Macrorregión Sur, que integran autoridades municipales y empresarios de Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna no pierde la iniciativa. En ejemplar intento de concertación, ahora prepara la primera reunión de congresistas de los siete departamentos, a realizarse entre el sábado 30 y el domingo 1 próximos. Según el secretario técnico del colectivo regional Alberto Muñoz Nájar, la convocatoria a los 22 congresistas electos, que pertenecen a 8 de los 11 grupos políticos representados en el Congreso, busca plantear metas comunes y objetivos concretos, elaborando una agenda que incorpore temas propios de la Macrorregión en la nueva etapa democrática.

    ¿ACUSACION POSTERGADA?

    Al cierre de esta legislatura había quedado virtualmente definido que el Congreso entrante votará la acusación constitucional contra Alberto Fujimori, que fue aprobada el lunes 11 en la Comisión Permanente por 11 votos a favor versus 7 en contra. De aprobarse en el pleno después del 28 de julio esta acusación se sumaría a la referida al incumplimiento de funciones y abandono de cargo, que fue aprobada en marzo pasado (CARETAS 1659). Si se aprueba esta segunda, la protección que le brinda el Gobierno japonés podría empezar a hacer agua. Según Daniel Estrada, presidente de la comisión acusadora, en caso que las posteriores investigaciones judiciales encuentren responsabilidad de Fujimori en los asesinatos de La Cantuta y Barrios Altos, no cabría que se le pida comparecer ante la justicia, sino ordenar su detención.

    Ministro Eduardo Pretell y la receta para rebajar el precio de las medicinas.

    REAJUSTES MEDICINALES

    En los próximos días se promulgaría una norma del Ministerio de Salud impulsada por el titular del sector, Eduardo Pretell, mediante la cual cualquier compra de medicamentos que realice el Estado, sea exclusivamente de medicamentos genéricos. Esto, tanto para compras de empresas extranjeras como nacionales, siendo estas últimas beneficiadas en la licitación con un puntaje de abono en beneficio de la industria nacional.

    Otro mecanismo para abaratar las medicinas contemplado sería disponer la licitación por volumen, de tal manera que una sola licitación sirva para satisfacer la demanda de todos los hospitales del sector.

    De concretarse estos mecanismos se estaría reduciendo notablemente el gasto en medicinas que realizan los hogares. Según el sondeo realizado por el Ministerio de Salud en 1998, el gasto en salud representó 4.4 % del PBI o US$ 2,651 millones, de los cuales 38.5 % correspondió a gasto de los hogares, 34.4 % a los empleadores, 24.8 % al Gobierno y 2.5 % a la cooperación extranjera. Del gasto que realizaron los hogares 55 % corresponde a farmacia, 30 % a atención privada, 11 % a atención en establecimientos del ministerio de Salud y 4 % a seguros médicos.

    TRANSICION SIN BACHE

    Prolongado por un par de días el mandato del Presidente Valentín Paniagua sería éste quien coloque la banda presidencial a su sucesor, Alejandro Toledo. Al cierre de esta edición el proyecto de Ley respectivo debía ser aprobado por el pleno del Congreso, prácticamente al cierre del período legislativo.


    Arando en el Desierto
    Absalón Vásquez, el más respondón de los acusados en el caso de los tractores chinos, parece ser el más comprometido.

    Averiados tractores chinos en Huaral. Sólo 33 % de los 4,100 importados a empresa china están operativos.

    Vanos han resultado los afanes del ex ministro de Agricultura y actual congresista Absalón Vásquez por desvirtuar las acusaciones en su contra que se desprenden del informe presentado por el ministro de Agricultura Carlos Amat y León en la compra y distribución irregular de tractores chinos. A la luz de un documento conseguido por CARETAS parece claro que en su gestión como ministro avaló la regulación de un contrato de compraventa entre el Gobierno peruano y la empresa China National Constructional & Export Corporation por el monto de US$ 34'767,313. Esta operación se hizo con anterioridad al 23 de agosto de 1994, fecha en la que recién el ex ministro aprobó el contrato y autorizó su suscripción mediante la Resolución Ministerial 0505-94-AG. Es decir, primero se realizó la transacción y luego se formalizó. Esto sugiere que, violando las normas al respecto, la adquisición se realizó sin previa licitación.

    Convenientemente, Vásquez no firmó el contrato de compraventa. De manera irregular, mediante la citada resolución autorizó a la ex directora general de administración del Ministerio de Agricultura en 1994, Isabel Cornejo Rojas, a suscribirlo.

    Según el informe presentado el viernes 8 por la Inspectoría General del Ministerio de Agricultura a la Contraloría, entre los años 1992 y 2000 las pérdidas del tesoro público por la compra irregular de 4,100 tractores a la mencionada empresa china ascienden a US$ 70'331,915.00.

    Y la lista de implicados es larga.

    En ella se cuentan, además de Vásquez, Alberto Fujimori, los ex ministros de Economía y Finanzas Carlos Boloña y Jorge Camet, así como los ex titulares de Agricultura Rodolfo Muñante y Belisario de las Casas quienes permitieron en sus respectivas gestiones la distribución irregular de maquinaria a través del despacho presidencial, incurriendo ambos en el delito de omisión al deber.

    De todos los tractores adquiridos, sólo el 33 % se encuentran operativos, 30 % están hechos una calamidad y el resto (37 %) están extraviados. Usurpando funciones y en acto de abuso de autoridad, Fujimori se irrogó la tarea de entregar los tractores.

    Entre otros funcionarios, también han sido señalados como responsables de las irregularidades el representante de la empresa beneficiaria que concertó la firma del contrato, Liu Junli, el cuñado de Víctor Joy Way, Mario Troncoso Asse, quien habría fungido de representante de la empresa china, y el ex jefe de la Casa Militar de Palacio en 1995, Nazario Mercado Zedano, por complicidad en los delitos de colusión ilegal y peculado.

    El informe del Ministerio de Agricultura, cuya elaboración tardó más de cinco meses, se encuentra en manos del Poder Judicial desde el lunes 11 de junio.


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