Edición Nº 1675

El Telefonazo
El incremento de las tarifas de telefonía pública ponen en cuestión el buen juicio de Osiptel.

Cuando el período poselectoral comenzaba a mostrar la serenidad del otoño, Osiptel calentó la cancha con una inusitada elevación de las tarifas de las cabinas telefónicas. Los primeros tres minutos que costaban S/. 0. 50 en la práctica se elevaron a S/. 1.00 (mejor dicho a S/. 0.80 pero las cabinas no dan vuelto). La conmoción fue de tal magnitud que las centrales telefónicas de las radioemisoras se atiborraron de llamadas de reclamos (que engrosaron los ingresos de la Telefónica). La cabeza de Jorge Kunigami presidente del Organismo de Supervisión de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), pendía de un hilo.

Alberto Bustamante, presidente de la Telefónica y Jorge Kunigami, presidente de la Osiptel.

Escribe RAFAEL HIDALGO

LA decisión de Osiptel de elevar las tarifas de los teléfonos públicos ha encendido la hoguera. Este tema fue la bandera del candidato Alan García, quién aprovechó la cita con sus congresistas electos para recordar que en febrero pasado pidió la renuncia de Kunigami. Ahora señaló que los funcionarios de Osiptel serían pasibles de una denuncia penal.

Alejandro Toledo se salió por peteneras y reclamó a las empresas de servicios públicos ser más eficientes: "El poder adquisitivo de los peruanos es muy difícil y se debe andar con cuidado".

Antes del aumento se cobraba S/. 0.30 por los primeros tres minutos y S/. 0.10 por cada minuto adicional. Ahora, Kunigami ha dispuesto que se pague S/. 0.30 por cada minuto. Es decir, si antes una llamada de 15 minutos a la enamorada costaba S/. 1.50 ahora esta llamada costará S/. 4.50 . Un aumento del 200 % que puede causar serios problemas sentimentales y económicos.

Según la Telefónica del Perú (TdelP) este reajuste se realiza luego de dos años y medio (24/9/98), y añade que más del 70 % de las llamadas duran menos de 2 minutos. El incremento promedio en su facturación sería de 11 %.

MAS QUE INFLACIÓN

No hay que ser un experto para darse cuenta que un alza de 80 % por los primeros tres minutos y 200 % por los minutos adicionales es irracional. José Távara, adjunto al Defensor del Pueblo para asuntos de servicios públicos y presidente por Perú Posible de la Comisión de Transferencia de Osiptel, dice que en este período de inflaciones bajas la elevación "es bastante más alta que la inflación y ha sido impuesta por Osiptel sin participación ciudadana".

Según TdelP, antes existían 8,032 teléfonos públicos a nivel nacional. Ahora el número es 83,480. Eso le generó a la empresa S/671 millones (US$ 194.5 millones de dólares) durante el año pasado. No es poca cosa.

Ante la cancelación de líneas y proliferación de teléfonos populares este ingreso, que antaño no era muy significativo, se ha convertido rápidamente en el 15 % del total. La decisión representará US$ 100 millones adicionales en los ingresos de TdelP. Esta alza en plena marcha de bolsillos caídos ha puesto en duda la idoneidad de los organismos reguladores para supervi-sar un servicio tan medular.

Según Osiptel, a pesar de este incremento las llamadas de dos minutos realizadas desde un teléfono público en el Perú tienen un costo menor a las de México, Ecuador, Argentina y Chile.

Herly Llerena, vocero de la Asociación de Consumidores y Usuarios (ACYU), informó que su institución interpuso un recurso de reconsideración porque Osiptel habría incumplido con el artículo 6º de la Ley de Telecomunicaciones, que establece que los usuarios tienen derecho a participar en el establecimiento de tarifas, además de plantear una acción cautelar buscando la suspensión inmediata de la ejecución de la resolución de marras.

A manera de defensa, Kunigami señaló que esta alza permitiría el ingreso de nuevos operadores. Olvidó un importante detalle. Osiptel sólo regula al operador dominante. Es decir, los demás pueden cobrar cualquier tarifa hasta que su crecimiento amerite la regulación.

El ACYU interpuso además una acción de Habeas Data para que Ospitel ventile ante la opinión pública los costos reales de la TdelP. Presentó acción de cumplimiento del contrato para que TdelP se divida según lo estipulado en dos empresas. Una de telefonía fija y otra de servicios portadores (data, Internet, cable etc.). Es decir, los añadidos que también se trasmiten por la red. Así, un mejor control evitaría que TdelP aproveche su posición dominante para competir con ventaja sobre otras empresas que suministran estos servicios.

Otra decisión trascendental es el reajuste por factor de productividad de las tarifas de telefonía fija. Osiptel ha señalado que éste se daría a partir de octubre y sería de 5.39 %. Sin embargo, el ACYU ha pedido que se postergue este plazo hasta que las cifras sean verificadas en forma más transparente.

El factor de productividad para bajar las tarifas debió aplicarse en enero de 1999. Inexplicablemente, el gobierno de Fujimori lo retardó aduciendo que TdelP adelantaría el ingreso de nuevos operadores de telefonía fija al mercado. Empero, el balance es elocuente, cero balas, cero puntos.

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