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Sentencia Final
Tras el fallo contra Lory Berenson, la sala que preside Marcos Ibazeta iniciaría juicio oral a emerretistas chilenos.

Cinco años y siete meses después de su detención L. Berenson enfrenta decisión judicial definitiva.

El proceso contra la norteamericana Lory Berenson llegó esta semana a su fin luego de cinco años y siete meses de detención.

La sala antiterrorista que preside el vocal Marcos Ibazeta emitió sentencia el miércoles 20 tras un proceso público que concitó la atención de la prensa nacional y extranjera. Al cierre de esta edición se desconocía el tenor del dictamen.

El proceso se inició el pasado 20 de marzo. El Fiscal Carlos Navas solicitó entonces 20 años de pena privativa de libertad para Berenson señalando la pertenencia de la ciudadana norteamericana al MRTA. A ella se le acusó de alquilar un inmueble en La Molina que era cuartel del MRTA y de haber planificado asaltar el Congreso, acción que se frustró por la captura de los emerretistas.

En l996 fue condenada a cadena perpetua por un tribunal militar sin rostro. Esta condena fue anulada a petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tras dictar sentencia contra Berenson, la sala que preside Ibazeta iniciaría el juicio oral contra los ciudadanos chilenos Juan Francisco Castillo Petruzzi, María Concepción Pincheira Sáez, Lautaro Enrique Mellado Saavedra y Alejandro Astorga Valdez. Todos ellos están siendo juzgados por el 28º Juzgado Penal en un proceso en el cual se ha nombrado como procurador a Jorge Hawie Soret.

• Con la detención del ex ministro aprista Agustín Mantilla, acusado de los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito al recibir dinero de Vladimiro Montesinos, al martes 19 existían 79 personas involucradas en la red de corrupción de Montesinos privadas de libertad: 49 reos en cárcel, 27 en situación de arresto domiciliario y 3 detenidos en el extranjero.

•Según información publicada en el última número de Ideele, revista del Instituto de Defensa Legal, y actualizada al 8 de junio, la Procuraduría Ad Hoc para el caso Montesinos realiza 23 negociaciones con personas que buscan acogerse a los beneficios del Régimen de Colaboración Eficaz. De esa cifra, 6 se refieren a la estructura de la organización de Montesinos, 6 a comisiones ilegales, 2 a fraudes financieros, 2 a manipulación judicial, 2 a retiros de fondos del Tesoro Público, 2 a campañas ilegales, 2 al control de los medios de comunicación y 1 al grupo Colina.

A casi 20 días del viernes 6, día en que la Sala Plena de la Corte Suprema elegirá al Presidente de la máxima instancia jurisdiccional, empiezan a vocearse algunos nombres de quién podría ocupar el cargo. Se menciona entre los diez vocales supremos hábiles al actual presidente encargado de la Corte Suprema, Oscar Alfaro Alvarez, a Guillermo Cabala Rossand, jefe de la OCMA, a Hugo Sivina Hurtado y a José Silva Vallejo, entre los favoritos. De ellos sólo Sivina Hurtado ya ha sido ratificado por el CNM, mientras que los otros tres todavía tendrán que pasar por el tamiz de ese organismo. Según el cronograma del CNM los tres magistrados serán entrevistados del 4 al 6 de julio, mientras que del 11 al 17 de julio el Pleno del CNM someterá a votación la ratificación o no de los tres magistrados. Como en el proceso sólo participarán los vocales supremos que en total son diez: además de Alfaro Alvarez, Cabala, Sivina y Silva, están hábiles para postular dicho cargo Walter Vásquez Bejarano, Luis Ortiz Bernardini, Roger Salas Gamboa, Javier Román Santisteban, Elcira Vásquez y Andrés Echevarría Adrianzén. Para acceder al cargo el candidato deberá obtener la mitad más uno de los miembros hábiles de la Sala Plena. Sólo votarán los titulares.

Canciller ecuatoriano Heinz Moeller y la continuidad del Acuerdo de Paz.

Con la Medalla de la Ciudad Imperial recibirá el Cusco al Presidente de la República, Valentín Paniagua este jueves 21. La distinción le será otorgada por el alcalde provincial del Cusco, Carlos Valencia, la misma que se entrega cada año a los cusqueños más ilustres.

La visita al Perú del canciller ecuatoriano Heinz Moeller -la segunda que realiza durante el gobierno de Valentín Paniagua- ha confirmado la solidez del Acuerdo de Paz, uno de los pocos logros rescatables del régimen de Fujimori. Moeller fue el primer canciller en visitar el país en este gobierno -llegó en enero pasado en visita de trabajo- y será al parecer el último que lo haga antes del cambio de mando. Moeller, que recibió de manos del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Pérez de Cuéllar, la Orden del Sol en el grado de Gran Cruz, no sólo suscribió cuatro nuevos acuerdos de cooperación bilateral. También se reunió con el Presidente electo Alejandro Toledo para continuar en la senda del desarrollo bilateral que, entre otras cosas, ha convertido al Perú en el principal socio económico de Ecuador en Sudamérica. Durante su visita, el canciller ecuatoriano inauguró en la Universidad del Pacífico la parte peruana de la cátedra binacional Germánico Salgado-Manuel Moreyra.

El congresista del PAP, Luis Alva Castro, cree haber encontrado una incongruencia en el Reglamento del Congreso en lo referido a la designación del presidente de las Juntas Preparatorias. Y ha pedido al Congreso una interpretación al respecto.

Según Alva Castro la norma respectiva señala que preside las Juntas Preparatorias el congresista más votado. Pero este mandato, sancionado para el escenario de un Congreso elegido por distrito único, no está claro con el distrito electoral múltiple.

En lo que considera una interpretación válida, y que pondría en salmuera a Anel Townsend -que obtuvo 329,970 votos preferenciales- Alva Castro propone determinar al congresista con mayor votación preferencial de todos los distritos electorales no en función de los votos obtenidos (puesto que la población electoral no es la misma en los distritos electorales), sino en función de los porcentajes obtenidos en cada circunscripción electoral.

Con ese razonamiento, presidira las juntas preparatorias Eduardo Salhuana Cavides, el único representante de Renacimiento Andino, elegido por Madre de Dios con 7,910 votos. Es decir, el 36.06 % de votos válidos en su jurisdicción, versus el 9.16 % respecto al distrito electoral de Lima de la congresista Townsend.

Consultado por CARETAS el presidente del JNE, Manuel Sánchez Palacios Paiva, señala que el sentido de la interpretación histórica se refiere al número de votos sumados aritméticamente, y que si se repasan los Parlamentos de 1990, 1985 y hacia atrás se ve que quienes han presidido las Juntas Preparatorias han sido por ello representantes de Lima.

Curul en Tela de Juicio
Nuevo Congreso definiría situación del parlamentario electo Víctor Valdez (PP) quien estaría inhabilitado para el cargo.

Un mes después de que la Corte Superior de Lima confirmó sentencia en su contra fue acreditado.

Aunque otros son los tiempos que corren, la situación del congresista electo por Ucayali Víctor Edison Valdez Meléndez (Perú Posible) tiene resonancias que remiten al fujimorato. Su caso, para ser más precisos, ha traído a la memoria el del tránsfuga Luis Cáceres Velásquez. Este, como se sabe, resultó premiado con una curul tras un cambalache de resoluciones judicial y electoral (Alejandro Rodríguez Medrano y Alipio Montes de Oca mediante, cómo no). Pesaba en su contra una sentencia de la Corte Suprema inhabilitándolo para desempeñar la función pública hasta el 3 de setiembre próximo (CARETAS 1623). Y era letra muerta.

Valdez Meléndez no ha sido condenado por peculado como el desastroso ex alcalde de Arequipa. Pero el pasado 10 de mayo, un mes antes de la entrega de credenciales a los congresistas electos, la sala de apelaciones de procesos penales de la Corte Superior de Lima confirmó la sentencia del 41º Juzgado Penal, condenándolo a dos años de pena privativa de la libertad.

No es la primera vez que Valdez tiene problemas con la justicia. En 1996 la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Lima solicitó dos años de prisión por el delito contra la libertad, en la modalidad de actos contra el pudor de dos menores de edad que entonces laboraban como presuntas masajistas en una vivienda de su propiedad. Dos años después fue absuelto por el Sexto Juzgado Penal para Procesos en Reserva.

Sobrino de Luis Valdez Villacorta (el propietario de la empresa Trensa, que embarcó en Iquitos el lote de triplay que la avioneta rusa UR-UCEDALTN-HATCH-IL-76 recogió en Iquitos luego de haber lanzado 2,500 fusiles AKM-Kalashnikov a las FARC en marzo de 1999: la operación Siberia) el congresista electo volvió a ser objeto de un proceso judicial en 1997.

De acuerdo al expediente judicial, Valdez fue abogado de María Campos Berninzon, quien fue desalojada de su domicilio en Barranco tras ser rematado su inmueble debido a una deuda no pagada. La nueva propietaria, Isabel Manco Villacorta, fue reconocida por la autoridad judicial y cambió las chapas. No obstante haber recibido las respectivas notificaciones, Valdez descerrajó la puerta de entrada e ingresó a la vivienda el 24 de octubre de 1997. Intervino entonces la Policía y en presencia de un fiscal desalojó a Valdez y luego lo denunció. El congresista incurrió, según la sentencia, en los delitos de usurpación agravada, contra el patrimonio y contra la administración pública.

A pesar de ello, el jueves 8 el JNE entregó a Valdez Meléndez la credencial de congresista electo. Insólitamente, el presidente del Jurado Electoral Especial de Ucayali, David Lecaros, desestimó el pasado 19 de febrero la tacha presentada por el periodista Luis León Piña, que adjuntaba la mencionada sentencia.

Un día antes de la entrega de credenciales, la ciudadana Olga Quintanilla presentó un recurso de oposición ante el JNE.

Luego de publicada la Resolución 473 del 23 de mayo con la proclamación de los congresistas electos, la Ley Electoral señala un plazo de tres días para que cualquier ciudadano interponga un recurso de nulidad, incluyendo necesariamente una nueva prueba que en este caso bien pudo haber sido el fallo de la sala.

En vista que esto no ocurrió, el Congreso de la República está facultado, si lo pide un congresista, para solicitar a la Corte Suprema un informe precisando si existe una sentencia en fase de oposición (a favor) o de cumplimiento (en contra) del electo congresista, y por tanto si se ejecuta o no la condena penal. Es decir, si puede o no permanecer en su curul. A la luz de los hechos, éste debería ser sino el primero, uno de los primeros temas en su agenda.