Edición Nº 1676

¿Golpe de Timón?
El arribo del embajador peruano en el Japón sugiere nuevo manejo del caso Fujimori por parte del gobierno de Paniagua.

Gobierno de Jonichiro Koizumi ratificó esta semana por octava vez protección a Fujimori.

CONVOCADO el viernes 22 por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Pérez de Cuéllar, este miércoles 27 llegó a Lima el embajador peruano en el Japón, Luis Macchiavello Amorós. Si bien el llamado se realizó antes de la captura de Vladimiro Montesinos, todo indica que el motivo de la convocatoria sería replantear la estrategia peruana en Japón sobre el caso Fujimori. Empezando, desde luego, por el propio hecho de llamar al embajador a Torre Tagle, lo que de por sí constituye un gesto político.

Macchiavello recién se reuniría con JPC este jueves 28, quien en razón del terremoto del sábado 23 permaneció un día más de lo previsto en EE.UU.

El lunes 25, el Presidente Valentín Paniagua fue enfático al señalar que el logro de la extradición del ex Presidente Fujimori no depende de Japón, sino de normas de carácter internacional. "Si se trata de delitos perseguibles conforme a la ley de Japón y las leyes internacionales, la extradición (de Fujimori) deberá producirse a no ser que ese país decida violar las normas de carácter internacional".

Es la primera vez que el Presidente Paniagua se manifiesta de modo tan enérgico sobre la extradición de Fujimori, lo que adquiere mayor resonancia con la presencia de Machiavello en Lima.

Es cierto que a estas alturas, cuando Fujimori sólo tiene un proceso penal abierto, hablar de extradición puede parecer apresurado. En principio porque el Perú ni siquiera ha iniciado los trámites de la repatriación. El propio ministro de Justicia, Diego García Sayán, ha señalado que el actual gobierno no pedirá la extradición de Fujimori, porque antes deben agotarse las vías y los plazos en tribunales peruanos. Además, ha precisado, porque actualmente sólo se ve el delito de abandono de funciones, mas no el de la participación de Fujimori en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta que es mucho más grave. Pero esta acusación, como se sabe, aún no ha pasado del Congreso al Poder Judicial.

Una vez que llegue a los tribunales la cosa tomaría otro color, porque se trata de delitos de lesa humanidad reconocidos como tales en todas las legislaciones internacionales y que por lo tanto ameritan un pedido de extradición. A esto se habría referido Paniagua cuando señaló aquello de "delitos perseguibles".

Mientras tanto el Gobierno japonés no pierde oportunidad en ratificar su posición respecto al fugitivo Fujimori: "No hay ningún cambio en relación al ex mandatario, quien cuenta con un permiso de residencia por tiempo indefinido en este país", se apuró a decir el vicesecretario del Gabinete japonés, Shinso Abe, apenas se le consultó si la detención de Montesinos podría devenir en la extradición de Fujimori.

 

El embajador peruano en Japón, Luis Macchiavello, voló desde Tokio, convocado de urgencia por el ministro de RR.EE. Javier Pérez de Cuellar antes de la captura de Montesinos.

Lo cierto es que la suerte de Fujimori podría venirse cuesta abajo a medida que Montesinos declare sobre la participación de Fujimori en el teje y maneje de la telaraña de corrupción. Por lo pronto, apenas a un día de detenido, Montesinos habría declarado en la OCMA que fue Fujimori quien, mediante una orden ejecutoria, le ordenó grabar los vídeos de la corrupción, señalándole que todo evento que se dé en las instalaciones del SIN debía ser registrado fílmicamente para el archivo institucional.

Si en el caso de la extradición Japón ha repetido la cantaleta de que Fujimori es japonés y por lo tanto no extraditable, respecto al único proceso abierto que existe contra Fujimori, Japón ha pasado de las palabras a los hechos. Cuatro exhortos peruanos que le fueron remitidos para que Fujimori se ponga a disposición de la justicia peruana y responda por el cargo de abandono de funciones no han sido entregados. "Si así se comporta Japón con los exhortos, no hace falta imaginar la actitud que adoptará en el caso de un pedido de extradición", pronostica el vocal supremo instructor que ve el caso penal de Fujimori, José Carlos Leccaros.

Leccaros ya envió el quinto y último exhorto suplicatorio, el mismo que fue remitido al Japón por la Cancillería el lunes 25.

Las autoridades judiciales niponas actuando de minuciosa garita pusieron reparos en los términos con que el primer exhorto fue redactado.

Este primer pedido que se remonta a tres meses atrás fue remitido en los primeros días de marzo por el entonces vocal instructor que veía el caso, Miguel Castañeda Sánchez. El documento enviado solicitaba a las autoridades judiciales niponas notificar al inculpado Alberto Fujimori para que se presente ante la vocalía de instrucción "bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz". Los términos de la redacción -destacados en negritas- no gustaron a las autoridades japonesas, quienes primero guardaron mutismo al respecto; y tras dos largos meses de espera recién respondieron a través de la embajada de Perú en Japón. Pidieron que se hagan las siguientes subsanaciones:

1. Que no se incluya el término notificar sino "invitar a que concurra".

2. Que no se debía calificar a Fujimori como inculpado.

3. Que no se había señalado la ciudadanía de Fujimori.

4. Que no se debía poner "bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz", porque dicho término no existe en la legislación japonesa.

Cuando llegó la respuesta desde Japón ya se habían echado a andar dos nuevos exhortos. El segundo pedía que Fujimori fuera notificado para que señale qué bienes libres le eran embargables por S/. 5 millones y el tercero, remitido por la vocal instructora Ana María Bromley, insistía con el tenor de que Fujimori responda a la justicia peruana. Había un cuarto exhorto con el mismo motivo que estaba en Cancillería a punto de ser remitido.

Leccaros señaló a CARETAS que el quinto exhorto se realizó corrigiendo los aspectos de forma que ponía en cuestión Japón. "La diferencia es sólo en la forma porque el sentido es el mismo". Según el magistrado se trata del último exhorto ya que el plazo instruccional concluyó el jueves 21. Ahora el expediente de Fujimori se encuentra en manos del fiscal Nicanor de la Fuente (Sonia Sullón B).

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