Edición Nº 1676

 

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    28 de junio de 2001

     

    Cúmulo de Acusaciones
    Pondrían a Víctor Joy Way en ruta al Poder Judicial en los próximos días. Y surgen nuevos indicios incriminatorios en importaciones chinas.

    Tres distintas comisiones investigadoras del Congreso lo acusarían próximamente. Entre tanto surge la presencia de su cuñado en las importaciones de medicinas chinas.

    Este jueves 28 se presenta el informe final de la subcomisión encargada de investigar la denuncia constitucional contra Víctor Joy Way por el presunto delito de corrupción pasiva de funcionarios para sabotear el referéndum.

    Por otro lado, la comisión Morales que esta semana presentará el informe final de su investigación sobre las compras de armamento (ver aparte), también acusaría a Joy Way por suscribir en 1994, en su gestión como ministro de Economía, un Decreto Supremo que con carácter de secreto militar autorizó en 1999 a una empresa china -Catic Beijing, de la que hasta 1990 Joy Way fue su representante- la reparación de tractores chinos por el monto de US$ 18.35 millones (CARETAS 1672).

    Además Joy Way tendrá que demostrar el lunes 2, en audiencia pública, ante la Comisión Permanente el origen de los US$ 10.9 millones en cuentas en bancos suizos para evitar ser objeto de otra acusación, esta vez por enriquecimiento ilícito. Al respecto existe una subcomisión de la Comisión Permanente que la próxima semana presentará el informe final de sus investigaciones.

    Entre tanto, el nombre de Mario Troncoso Assen, cuñado de Joy Way vinculado a la operación de compra irregular de tractores chinos (CARETAS 1674) como coordinador contratado por China Agricultural Mechanical & Constructional Import & Export Corporation, también aparece ligado a las adquisiciones de medicinas chinas en similar cargo contratado por Guangdong Medicines & Health Products Import & Export Corporation.

     

    Mario Troncoso, cuñado de joy Way.

    Al respecto Troncoso dijo a CARETAS que trabajó para los citados consorcios desempeñando funciones de post venta desde 1989 hasta 1996. De 1989 a 1994 para el consorcio que Joy Way declaró ser representante hasta 1991, Guagdong Medicines & Health Products Import & Export Corporation, el mismo que suscribió el contrato de compra-venta de medicinas con el Gobierno peruano por US$ 15.39 millones entre 1992 y 1994. Y, de 1993 a 1996 para la China Agricultural Mechanical & Constructional Import & Export Corporation, que proveyó al Perú de tractores y maquinaria agrícola por un monto de US$ 23.02 millones en 1992.

    Troncoso afirmó conocer del vínculo que Joy Way dice haber mantenido sólo hasta 1990 con Guangdong Medicines & Health Products Import & Export Corporation, pero sostuvo que sus relaciones contractuales con los consorcios chinos las heredó de su padre Domingo Troncoso, quien fue gerente de 1978 a 1983 del Consorcio Médico Peruano Chino. Lo curioso es que el fundador de dicha empresa fue Joy Way.

    Por su parte el ex ministro de Salud Víctor Paredes Guerra, durante cuya gestión también se adquirieron sin licitación medicinas chinas, mencionó a CARETAS otro personaje que podría estar implicado en la compra irregular de medicamentos: el ex director de DIGEMID, Alberto Gayoso Villaflor, quien sería, según Paredes, compadre de Joy Way.

    Como director de DIGEMID, Gayoso tenía a su cargo la elaboración del petitorio de todos los medicamentos faltantes especificando su posología, como trámite previo a la compra. Paredes sostiene que bajo su gestión Gayoso, quien venía trabajando desde la gestión de Carlos Vidal Layseca, fue expulsado del ministerio luego de haber sido encontrado sustrayendo equipos médicos. Más tarde, cuando Jaime Freundt-Thurne asumió el cargo de ministro, Gayoso retomó la dirección de DIGEMID. Las mayores compras de medicamentos chinos se hicieron siendo Gayoso director de DIGEMID, bajo la gestión de Vidal Layseca (US$11.02 millones en 1990) y Freundt-Thurne (US$ 14.17 en 1994). (Rosa Bonilla)




      Según estimaciones de Apoyo Consultoría sobre la base de un portafolio de inversiones "detectables" en los próximos 18 meses en los sectores público y privado, la generación potencial de puestos de trabajo llegaría a la cifra de 98,500 con una inversión total de US$ 3,545 millones. 41,000 mil puestos de trabajo se generarían mediante la inversión de US$ 3,000 millones del sector privado, y 57,500 puestos de trabajo corresponderían a US$ 545 millones de inversión del sector público (rehabilitación de carreteras, Municipalidad de Lima Metropolitana, Sedapal y Petroperú).

    A S/. 274 millones alcanzó la demanda total del tercer tramo del Programa de Emisión de Bonos Soberanos 2001 hasta por S/. 150 millones autorizado por Decreto de Urgencia del gobierno de Valentín Paniagua. Así, se colocó la totalidad del tramo ofertado adjudicándose S/. 54 millones al Bono Soberano Junio 2003 y S/. 96 millones al Bono Soberano Junio 2004. Esta es la primera emisión de un bono a tasa fija en soles a un plazo de tres años, con lo cual se estaría generando referencias de tasas en soles para este plazo en el mercado local, incentivando la emisión de instrumentos de estas características por parte del sector privado.


    Comisión del congresista Pedro Morales oiría a Montesinos antes de entregar su informe.

    TOUR PRESIDENCIAL

    Hasta el momento 12 mandatarios han confirmado su asistencia a la ceremonia de transferencia de mando del 28 de julio. Este sería un verdadero récord nacional y una buena marca latinoamericana habida cuenta de que a la transmisión de mando del Presidente Ricardo Lagos en Chile asistieron ocho mandatarios. Entre los dignatarios que han asegurado su asistencia se cuenta el Principe de Asturias Felipe de Borbón, quien llegará a nuestra capital acompañado del canciller español Josep Piqué. Si bien la reciente gira del Presidente electo por EE.UU y Europa le ha resultado una excelente vitrina internacional, lo que se viene luego de juramentar será una agenda bastante abultada: el 17 de agosto deberá viajar a Santiago de Chile para asistir a la Cumbre del Grupo de Río. Luego, en septiembre, lo espera la Asamblea General de la OEA y, un mes después en Nueva York la Asamblea General de las Naciones Unidas. El 23 de noviembre, Lima será sede de la Cumbre Iberoamericana a la que asistirán el rey de España Juan Carlos y el presidente del gobierno José María Aznar, además de los gobernantes de todo el continente. Eso, sin contar que en febrero del próximo año se celebrará la Cumbre América Latina-Unión Europea. Por lo que se ve, hay protocolo para rato.

    OIDOS PRESTOS

    Al cierre de esta edición el congresista Pedro Morales daba casi por descontado que la Comisión Investigadora que preside acudiría a interrogar a Vladimiro Montesinos. El martes 27 Morales se reunió con el Presidente de la Corte Suprema, Oscar Alfaro para fijar la fecha de la entrevista. Trascendió que esta podría ser entre el lunes 2 y martes 3, con lo cual la entrega del informe de esta Comisión que investiga la adquisición de armas se prorrogaría. Y es que lo lógico es que con Montesinos en las manos de la justicia, se incorpore lo que el ex-asesor revele al respecto. Morales no ha sido el único que ha pedido interrogar a Montesinos. Casi simultáneamente Manuel Masías, que preside la subcomisión investigadora del autogolpe del 5 de abril, ha hecho lo propio. Si de preeminencia se trata hay, en todo caso, una diferencia entre una y otra: la Comisión Morales es una comisión investigadora aprobada por el pleno del Congreso, mientras que la que preside Masías es una subcomisión conformada en la Comisión Permanente.

     

    Efraín Gonzales de Olarte de COPRI: cortar por lo sano con Jorbsa.

    DE PRIVATIZADOR A OPERADOR

    Jorbsa Eléctrica SAC (Jorbelec), empresa del grupo Gloria, remeció esta semana el ambiente empresarial al solicitar una indemnización por daños y perjuicios al Estado del orden de US$ 100 millones, además de la devolución de los US$ 4 millones que pagó en noviembre de 1998 por el 30 % de las distribuidoras eléctricas Electrocentro, Electronorte, Hidrandina y Enosa, que adquirió en subasta pública mediante el pago de una cuota inicial del 10 % del monto ofrecido. El director ejecutivo de Copri, Efraín Gonzales de Olarte, aún no responde al anuncio de Jorbsa de solicitar que el Tribunal de Concilicación de la Cámara de Comercio de Lima resuelva la controversia surgida luego que Jorbsa decidiera hace unas semanas no ejercer su opción de compra de un 30% adicional de las cuatro distribuidoras. Pero entre tanto el MEF ha dispuesto que el FONAFE inicie acciones judiciales para retomar el control de las cuatro distribuidoras. Así, mediante medidas cautelares, en los últimos días el estado ha remotado el control de Electronorte y Electrocentro. Jorbsa ha respondido señalando que apelará en el plazo legal, pues el contrato no contempla la cesión de control en el caso de no ejercer la opción de compra del segundo tramo de 30 %. Y alega que hubo sobrevaluación de los activos de las empresas eléctricas, especialmente de las instalaciones construidas con recursos del FONAVI. A octubre de 1999, asegura Jorbsa, el valor capitalizado por Ute-Fonavi ascendía a S/. 417.6 millones, mientras que el valor de mercado de estas obras era 195.2 millones.


    La Reforma Toma Forma
    Primeros trazos de la reforma constitucional que será propuesta al Congreso entrante.

     

    Empieza la cuenta regresiva para la Comisión de Estudio de las Bases de la Reforma Constitucional del Perú. El viernes 6 el equipo de trabajo integrado por 28 juristas deberá presentar un informe preliminar ante el Consejo de Ministros. Y una semana después, el viernes 13, deberá alcanzar al Presidente Valentín Paniagua el informe final sobre sus propuestas.

    La comisión se ha subdividido en ocho grupos de trabajo con un tema y un coordinador cada uno de ellos: Derechos humanos (Samuel Abad), régimen económico (Jorge Danós); estructura del Estado (Enrique Bernales); administración de justicia (Jorge Avendaño); defensa nacional y orden interno (Ernesto de La Jara); régimen electoral (Javier Alva Orlandini); descentralización (Róger Cáceres); reforma constitucional (Jorge Santistevan).

    Cada uno de estos grupos ha presentado ya informes preliminares con las propuestas de lo que debería ser una nueva Constitución no en artículos, sino en sus bases. Estos informes vienen siendo estudiados en conjunto y de allí saldrá un consolidado final.

    Entre las principales propuestas consensuadas se cuentan las siguientes:

    En el tema de derechos humanos y procesos constitucionales:

    Eliminar la pena de muerte, incluso tratándose del supuesto de traición a la patria en caso de guerra exterior.

    Asumir la potestad punitiva del Estado y limitarla. Por ejemplo, no debería permitirse la delegación de facultades legislativas al Gobierno en materia penal.

    Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad y las lesiones graves de los derechos humanos son imprescriptibles y quedarán excluidos de los beneficios del indulto y la amnistía.

    Autorizar el voto de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

    Establecer la obligación del Estado de contribuir al financiamiento de los partidos políticos, así como el control de sus gastos por parte del JNE o eventualmente de un Tribunal Electoral.

    Reconocer la obligatoriedad y gratuidad de la educación inicial, primaria y secundaria.

    Por su parte, la propuesta de establecer una ley orgánica que diseñe un sistema de voto facultativo u obligatorio y evaluar su funcionamiento encontró algunas resistencias.

    Sobre la estructura del poder y la relación Ejecutivo-Congreso:

     

    Enrique Bernales, Jorge Avendaño y Samuel Abad.

    Establecer como requisito para ser candidato a la Presidencia que quien tenga doble nacionalidad acredite ante el JNE su renuncia a la otra nacionalidad.

    Retorno al sistema bicameral con una Cámara de diputados compuesta por 150 representantes y un Senado de 50 senadores.

    Incorporar al transfuguismo como una causal de pérdida del mandato e ingreso del accesitario.

    Comisión Permanente sin delegación de funciones legislativas.

    Eliminar una vicepresidencia de la República.

    Eliminar el voto de confianza, la estación de preguntas y la disolución del Congreso.

    Respecto al regimen económico:

    El Estado deberá tener un rol subsidiario en su participación en las actividades económicas.

    Los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales tendrán participación económica en la explotación de los recursos naturales. Los gobiernos regionales tendrán participación en el impuesto a la renta y los locales en los impuestos al consumo.

    En relación a la administración de justicia:

    Modificar el sistema de nominación de los magistrados del TC: que haya una selección de los candidatos por parte del CNM.

    Asegurar la inmunidad de los magistrados del TC por sus votos y opiniones.

    Ampliar el número de integrantes del TC de siete a diez.

    Distribuir la potestad tributaria entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y los gobiernos locales. Esto significa, participación en los ingresos tributarios del Gobierno Central.

    El endeudamiento externo e interno debe requerir autorización del Congreso.

    Establecer la proporcionalidad en el pago de la deuda pública interna y externa.

    Potenciar las atribuciones de la Contraloría.

    Sobre las Fuerzas Armadas y Policía Nacional:

    Creación del Consejo de Defensa Nacional que deberá garantizar el control democrático sobre las Fuerzas Armadas.

    Los ascensos de los altos grados debe ser atribución del Congreso y del gobierno en su conjunto y no sólo del Presidente de la República.

    Control judicial del fuero militar.

    Profesionalizar y especializar a las Fuerzas Armadas.

    En relación al régimen electoral

    Establecer un solo órgano supremo electoral: el Tribunal Supremo Electoral.

    La nulidad de las elecciones procede cuando más de la mitad de los ciudadanos no acude a votar, cuando más de la mitad de los votos son nulos o en blanco y cuando hay graves irregularidades.

    Inscripción de partidos con número de adherentes no inferior al 1% de los ciudadanos inscritos.

    Durante las campañas, los partidos tienen acceso gratuito e igual a todos los medios de comunicación de propiedad del Estado

    Y sobre el procedimiento para posteriores reformas constitucionales:

    Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum.

    La ley de reforma no puede ser observada por el Presidente de la República.

    La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Presidente de la República, con aprobación del Consejo de ministros, a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalente al 0.3 % de la población electoral con firmas comprobadas. (Sonia Sullón)


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